BALANCE SOCIAL Y MERCAD0 DE TRABAJO
BALANCE SOCIAL Y MERCADO DE TRABAJO
I7.I. Ocupación
Con el fin de efectuar una comparación entre Córdoba, Buenos Aires y el país en promedio, en el gráfico 17.1 se reproduce la tasa de desocupación de cada una de estas tres jurisdicciones para el período 1974 / 1997. Se puede apreciar que desde comienzos de la década de 1990, Córdoba ha aumentado el desempleo en forma continua.
En el transcurso de la década de 1970, Córdoba presentó una tasa de desocupación superior a la del promedio país y del Gran Buenos Aires, mientras que en la década siguiente los niveles de las tres jurisdicciones fueron similares. Por el contrario, en la década de 1990 el desempleo del Gran Córdoba se ubico por debajo del presentado en las otras jurisdicciones.
Entre mayo de 1997 y mayo de 1996, Córdoba sufrió un incremento en las cifras de desempleo mientras que en el total país y el Gran Buenos Aires éstas disminuyeron, posicionando a la ciudad de Córdoba como la jurisdicción con mas alta tasa de desocupación de las expuestas en el gráfico 17.1.
En el gráfico 17.2 se expone idéntica comparación pero respecto a Gran Rosario (Santa Fe) y Gran Paraná (Entre Ríos). Se puede apreciar que, a excepción de la segunda mitad de la década de 1970, Gran Córdoba muestra niveles de desocupación inferiores a las otras dos jurisdicciones. A partir de 1995, la tasa de desempleo de Córdoba se ubicó por encima de la de Paraná. Sin embargo, recién en la última medición de mayo de 1997 supero la correspondiente al Gran Rosario.
Si la comparación se efectúa entre las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, se observa que de acuerdo a las cifras del mes de mayo del corriente año, esta última presentó un comportamiento más parecido a Rosario que a la capital de nuestra provincia. La tasa de desocupación se redujo al 14,2%, uno de los porcentajes más bajos del país.
Los motivos de la diferencia en la evolución de los índices deberían buscarse, en primer término, en los efectos del fuerte ajuste que viene realizando el sector público provincial desde fines de 1995. Asimismo, se deberían investigar las consecuencias de la caída en el número de los permisos de construcción, en un año en que el sector tuvo una tasa de crecimiento, a nivel país, de alrededor del 23%. De igual manera, es necesario analizar el comportamiento del empleo en el sector comercial como consecuencia de los profundos cambios observados en la estructura del mismo.
En el gráfico 17.3 se compara la tasa de desempleo entre las dos principales ciudades de la Provincia. La tendencia de la desocupación en Río IV ha sido totalmente contraria a la del Gran Córdoba, disminuyendo sostenidamente desde fines de 1995.
A la creciente tasa de desocupación de Córdoba, se le suma una disminución permanente en la tasa de empleo (población ocupada respecto a la población total) en la presente década. Esta tasa bajó a 31,6% en octubre de 1996 contra 35,8% que había alcanzado en octubre de 1991, implicando un decrecimiento del orden del 12% en el período.
Esta caída importante en la cantidad de puestos de trabajo en los últimos años trajo como consecuencia una disminución en la participación de la provincia de Córdoba dentro del total del país, decreciendo desde un 7% en 1994 hasta un 6,4% en el primer trimestre de 1997, tal como se refleja en el cuadro 17.1.
Córdoba es la quinta jurisdicción del país con mayor número de empleos, siendo superada sólo por Capital Federal, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Analizando la composición de la población desocupada a mayo de 1995, en el Gran Córdoba se observa que el 34,4% eran jefes de familia, personas que antes de perder su trabajo aportaban el principal sustento económico al hogar.1 Entre 1991 y 1995, la tasa de desocupación entre los jefes de familia aumentó del 4,1% al 11,2%.
La consecuencia directa de esta situación es la desestructuración de la familia por la pérdida del rol paterno, que generalmente es el encargado de aportar el sustento económico al hogar.
Por otro lado, del total de mujeres que buscan empleo, el 30,4% es la primera vez que intentan obtener un salario. Sólo un porcentaje mínimo de mujeres desocupadas son jefes de familia, ya que más del 80% son esposas e hijas que buscan colaborar con el presupuesto básico familiar.
Otro fenómeno es la masiva incorporación de los hijos al mercado laboral. En este sentido, el 40,7% de los hombres y el 45% de las mujeres desocupados ocupan este lugar dentro del grupo familiar.
Los denominados jefes de familia ven dificultada su reinserción laboral ya que compiten con sus propios hijos por los puestos de trabajo. Una prueba de ello es el hecho de que en Córdoba, los menores de 29 años representan el 51,3% de quienes buscan trabajo y la oferta laboral está dirigida principalmente a ellos.
Se puede decir que la acumulación de capital humano, a través de la educación, es un determinante fundamental para la condición de empleo y de pobreza de una persona. Los jefes de hogar son quienes muestran en forma más destacada este hecho, ya que su inserción laboral y su consiguiente ingreso determina fuertemente la situación de pobreza de su hogar. Por ello es que los planes de empleo y capacitación laboral deberían dar prioridad a los jefes de hogar considerando el fuerte efecto de los ingresos de los mismos en la familia.
Continuando con el análisis de las causas de la elevada tasa de desempleo en la ciudad de Córdoba, también debe señalarse la influencia que tiene el poco uso por parte de las empresas privadas de las nuevas modalidades de contratación de empleo flexible. Si se analiza la cantidad de este tipo de contratos por habitante, Córdoba es la provincia con menor nivel per cápita del país.
Estos factores negativos superaron ampliamente los efectos positivos sobre la oferta de puestos de trabajo por la radicación de importantes empresas industriales en nuestra Provincia. Sin embargo, no cabe esperar que estas inversiones de tipo industrial constituyan importantes generadoras de empleos, ya que se caracterizan por ser capital intensivas y por requerir una baja cantidad de personal, que cuente además con un cierto nivel de calificación.
Al respecto, se puede apreciar en el cuadro 17.2 que, a pesar de aumentar un 7,8 % la producción total del sector industrial entre el segundo y el tercer trimestre de este año, el personal total ocupado se incrementó en un 3,1%, es decir, menos de la mitad.
La mayoría de las ramas industriales presento esta misma evolución. Solo en el rubro Maderas y Maq. de Uso Gral. y Esp. la incorporación de personal creció en mayor medida que la producción. Asimismo, el rubro Calzados y Cueros, si bien fue la rama que mayor recorte de empleados encaro (1,75%), sufrió una caída de su producción notoriamente superior, aproximadamente del 20%.
1«Jefes de Hogar, los padres del desempleo» – La Voz del Interior, domingo 09/03/97 – Sección Economía, pág. 8E.
Por el contrario, la rama industrial que mayor incorporación de personal presentó fue la automotriz, con un 8,43%, si bien esta proporción representó alrededor de un tercio del incremento en el volumen de producción. A los fines de paliar la situación de desempleo por la que atraviesa una gran parte de la población, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha diseñado un programa de capacitación laboral para quienes se encuentren desempleados por un lapso mayor a 8 meses, trabajadores, directivos y profesionales de PyMEs. El programa cuenta con un presupuesto de $8 millones para la Nación en su conjunto, de los cuales $450 mil serán destinados a Córdoba. Las otras dos jurisdicciones que recibirán mayores fondos son Buenos Aires y Santa Fe2.
El programa consiste en el otorgamiento de becas de capacitación laboral de entre $80 y $160 mensuales durante un período máximo de 1 año, para la puesta en marcha de proyectos que contemplen necesidades locales. Apunta al sector de trabajadores desocupados mayores de 35 años, especialmente a la población desempleada con necesidades básicas insatisfechas.
Por otra parte, el Programa Trabajar ll implementado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el segundo semestre de 1997, tiene asignado aproximadamente $11 millones, de los cuales poco mas de $3 millones serán transferidos por la Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral de la Nación y los $8 millones restantes serán aportados por la Provincia y los municipios3. Se prevé la generación de 3.000 puestos de trabajo.
El programa tiene por finalidad proveer de recursos a emprendimientos, siendo los principales los vinculados con la infraestructura vial, provisión de agua potable, electrificación rural, sistema de riego, construcción de viviendas y alumbrado público, entre otros.
2 «Vienen fondos para capacitación laboral» Diario La Mañana de Córdoba, 10/07/ 1997.
3 «Trabajar ll en Córdoba: aprobaron 3.000 puestos» Diario La Mañana de Córdoba, 15/07/ 1997.
Otro de los planes anunciados, es el encarado por el Gobierno Nacional que beneficiaría a 7.500 desocupados del Gran Córdoba, en tanto que los potenciales beneficiarios en toda la Provincia serían 13.0004.
El programa apunta a jefes de hogar desocupados mayores de 45 años y con cargas sociales, subsidiando los sueldos ($150 mensuales el primer año y $100 mensuales el segundo) a quienes sean empleados por PyMES con un contrato estable en tiempo completo.
Finalmente, se analiza en el Gráfico 17.4 la tasa de actividad de la Provincia de Córdoba, juntamente con la correspondiente al total del país y al Gran Buenos Aires. Esta tasa mide la población económicamente activa sobre el total de la población.
Se puede observar que la tasa de actividad del Gran Córdoba es substancialmente menor al promedio nacional. Cuando se analiza su evolución, Córdoba presenta una tendencia descendente desde mediados de 1995.
Por otra parte, el gráfico 17.5 compara las tasas de actividad de Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Paraná. Se puede apreciar que Gran Córdoba se ubica en un punto intermedio, con una tasa de actividad superior a la de Gran Paraná pero por debajo de la prevaleciente en el Gran Rosario.
En síntesis, si se analizan todos los indicadores de ocupación y empleo, Córdoba se encuentra en una situación desfavorable debido a que su tasa de desocupación es alta y su tasa de actividad y su tasa de empleo son bajas.
4 «Nuevos planes de empleo llegan a 7.500 cordobeses» Diario La Mañana de Córdoba, 18/09/ 1997.
I7.2. Educación5
l7.2.l. Educación y Desarrollo Económico
Existe una estrecha relación entre el nivel educativo y el progreso económico y social. La educación favorece el desarrollo económico y social, disminuyendo la pobreza, mejorando los niveles de vida de la población y posibilitando el crecimiento y la distribución de los recursos
económicos de forma más equitativa. Un mayor nivel de educación tiene una fuerte influencia en aspectos tales como la salud, la nutrición, la natalidad y la mortalidad de la población. Por supuesto, se está considerando a la educación como inversión y no meramente como un servicio.
La inversión en educación -sobre todo primaria y secundaria- permite una acumulación de «capital humano», el cual se constituye en la clave para el crecimiento económico y el incremento en el nivel de los ingresos. Esta incidencia en el desarrollo económico de un país, es más significativa cuando se produce en aquellas naciones con sistemas económicos que cuentan con mercados competitivos en bienes y factores de producción. «Estos mercados son resultado de la estabilidad macroeconómica, el buen funcionamiento de los mercadas de trabajo y la apertura al comercio internacional y a las corrientes de tecnología”6. Y los cambios tecnológicos aumentan con mayor rapidez a medida que el nivel de educación y capacitación es más alto.
El impacto de la educación sobre el nivel de productividad puede observarse comparando la diferencia de ingresos, a través del tiempo, de las personas con y sin un tipo determinado de educación, con el costo total de producir dicha educación. Esta medida se conoce como la tasa de rentabilidad social de la inversión en educación. Por ejemplo, si esta tasa alcanza al 10%, significa que cuando se invierten $100.000 en educación, habrá un beneficio anual de $10.000 durante toda la vida del graduado medio, por encima de lo que la misma persona habría obtenido sin la inversión.
5 En base al trabajo no publicado, «La Educación como factor de Desarrollo Económico», elaborado por este Instituto con la participación de la Lic. Marta Siebert, agosto 1997.
6 Banco Mundial: «Prioridades y estrategias para la educación», Banco Mundial, Washington D.C., 1996, pág. 21-22.
En este sentido, es importante mencionar la diferencia entre la tasa de rentabilidad social y privada de la educación. En el cálculo del rendimiento privado se consideran los costos que un individuo paga efectivamente por su educación. Mientras que desde el punto de vista social, debe tenerse en cuenta lo que realmente cuesta al conjunto de la sociedad educar a una persona.
Como en la mayoría de los países la educación está fuertemente subvencionada, el costo social es mucho más alto que el costo privado. Cabe destacar que la tasa de rentabilidad social debería incluir todas las externalidades vinculadas a la educación, o sea aquellos beneficios secundarios que afectan a la sociedad en su conjunto, pero que el individuo no percibe. Por las dificultades de medición y valuación, las externalidades no se incorporan en el cálculo de la tasa de rentabilidad social, por lo que se produce la subestimación del verdadero rendimiento social de la inversión en educación. Como se aprecia en el cuadro 17.3, las tasas de rentabilidad de la educación son muy altas en los países de ingreso bajo o mediano, debido a que allí la instrucción primaria y secundaria no alcanza a ser universal.
Las tasas de rentabilidad son más altas para la educación primaria, seguidas de las correspondientes a la educación secundaria y superior. En casi todos los países, las tasas de rentabilidad en todos los niveles de educación son superiores al costo de oportunidad a largo plazo del capital, estimado en 8% a 10%, en términos reales, lo que hace que la educación en general sea una excelente inversión. Estudios recientes dan cuenta de la importancia de la educación primaria para el crecimiento. En tal sentido, países con alto crecimiento económico realizaron fuertes inversiones en este sector con el fin de universalizar la tasa de escolaridad en dicho nivel.
La educación superior también influye en el crecimiento, ya que, a través de la investigación y la capacitación avanzada que allí se desarrollan, distribuye los conocimientos generales y especializados para ocupar puestos importantes en el gobierno, en las empresas y en las profesiones.
En consecuencia, la educación debe, por un lado, satisfacer la creciente demanda de capacitación de los trabajadores, formando las capacidades básicas, sobre todo en los niveles educativos primario y secundario. Y debe, también, respaldar la ampliación permanente del caudal creciente de conocimientos, a través de la educación superior y de posgrado.
I7.2.2. Teoría sobre el Capital Humana
Gary S. Becker en su libro «Capital Humano»7 destaca la importancia de la educación para promover el desarrollo económico. El término invertir en capital humano describe el proceso de mejorar la calidad de la fuerza laboral. Los pioneros en este campo han sido T. W. Schultz, Milton Friedman, Jacob Mincer.
El concepto de Capital Humano no sólo implica inversiones en educación, entrenamiento laboral, desarrollo de habilidades personales y otras formas de conocimiento por parte de los individuos y las empresas, sino también es útil para comprender los grandes cambios de la
economía mundial en lo que se refiere a inequidad, crecimiento económico, desempleo, comercio exterior, etc. La preocupación se debe centrar en analizar si el Estado provee la cantidad y calidad adecuada de educación.
La inversión en Capital Humano responde, al igual que la inversión en bienes, a criterios económicos. El análisis del Capital Humano asume que la escolarización incrementa las ganancias salariales y la productividad principalmente, proveyendo el conocimiento, las habilidades y las herramientas para el análisis de los problemas.
La expansión del conocimiento científico y tecnológico aumenta el rendimiento del trabajo y de otros insumos productivos. La aplicación sistemática del conocimiento científico en la producción de bienes ha incrementado el valor de la educación. El aprendizaje adquirido a lo largo de la vida de los individuos contribuye a la maximización de su bienestar.
Incrementos persistentes en el crecimiento del ingreso se relacionan con grandes incrementos en la educación y capacitación de la fuerza laboral, Edward Deninson (1985) en un estudio para los Estados Unidos, encuentra que durante el período 1929-1982 los aumentos en la escolaridad del trabajador promedio explican casi un cuarto (25%) del crecimiento del ingreso per cápita. El resto permanece inexplicado por las dificultades para medir los efectos de los incrementos salariales a través del tiempo en la salud, el aprendizaje en el trabajo y otros.
Los sobresalientes resultados económicos de Japón, Taiwán y otras economías asiáticas, en las últimas décadas, ilustran la importancia del capital humano en el crecimiento económico. Estas naciones, con carencia de recursos naturales, crecieron rápidamente, respaldados por trabajadores bien educados y entrenados, con un gran empuje de la fuerza laboral. No es casual que el sistema de empleo tradicional8 haya surgido en las grandes compañías japonesas justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando éstas comenzaron a invertir fuertemente en la capacitación de sus empleados.
7 Becker, Gary S. l993.»Human Capital : a theoretical and empirical analysis with special reference to education» 3° Edición.
8 En el sentido de que emplean a los trabajadores de por vida, con un alto sentido de lealtad hacia la firma.
I7.2.3. Evolución y Rendimiento del Capital Humano
La educación de la fuerza de trabajo en América Latina ha tenido un comportamiento positivo desde 1960, pero sin embargo, su tasa de crecimiento fue menor a la de los países del sudeste asiático, tal como se puede observar en el gráfico 17.6.
Es importante señalar la dispar evolución que mostraron los distintos niveles de instrucción formal. En el Sudeste Asiático, se observa un incremento mayor de la educación primaria y secundaria que en América Latina. Por el contrario, el total de universitarios aumentó más en América Latina. Sin embargo, para realizar un análisis más profundo habría que considerar el comportamiento de la calidad educativa.
Como consecuencia de lo anterior, la brecha educativa se incrementó, alcanzando en la actualidad aproximadamente un promedio de dos años para el continente (Banco Mundial 1996). Cabe aclarar que esta variable surge de la diferencia entre el nivel educativo teórico de la fuerza laboral de un país, en base a su grado de desarrollo, y el nivel de instrucción real. Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, es probable que en los próximos 10 años, la educación promedio de la fuerza laboral se incremente del promedio actual de 5 años a 6,8 años. De esta forma el crecimiento de la región aumentaría en 1% como mínimo y se lograrían importantes reducciones de la pobreza. El BID remarca continuamente la necesidad de mejorar la educación para reducir la pobreza y el desempleo. Estudios realizados por este organismo, afirman que si el ciclo escolar se prolonga un año, la tasa de crecimiento de la región subiría a 6,5%. Si las políticas de restructuración se combinan con un mayor esfuerzo educacional, de aquí a 10 años el ingreso per cápita de América Latina podría incrementarse un 20%, y en dos décadas, hasta un 50% mayor, que si no se implementan estas estrategias. Las madres con mayor nivel de educación, proporcionan mejor nutrición y salud a sus niños. Además, muestran un mayor interés en que sus hijos reciban un nivel de instrucción adecuado. Estos dos factores influyen positivamente en el rendimiento de los niños en edad escolar. Por otro lado, un mayor nivel de instrucción posibilita reducir la desigualdad en la distribución del ingreso y en el nivel de pobreza, tal como se verá en el punto siguiente (Educación y Distribución del Ingreso).
Asimismo, la educación tiene un impacto favorable en el comercio exterior. Ello se debe a que generalmente las industrias que exportan productos manufacturados utilizan tecnología de avanzada y el nivel de capacitación de la fuerza laboral es uno de los factores determinantes de su localización.
En síntesis, la inversión en educación es económicamente atractiva, y si se tienen en cuenta las externalidades positivas anteriormente mencionadas, la rentabilidad se incrementa substancialmente. Sin embargo, se debe recordar que los beneficios son a largo plazo y que, en los primeros años, el proyecto requiere de un importante esfuerzo. Pero este fuerte incremento en la formación de capital humano, le posibilitaría a la región reducir la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso y, por ende, converger con una mayor velocidad a los estándares de vida de los países desarrollados.
I7.2.4. Educación y Distribución del Ingreso
I7.2.4.I. Educación y Distribución del Ingreso en América Latina
Otro análisis interesante, resulta de determinar la influencia del nivel de educación en la probabilidad de pertenecer al 20% de la población con menores recursos. Tal como se puede apreciar en el cuadro 17.4, en el caso de las personas sin educación, dicha probabilidad es del 56% promedio, para los países considerados. En cambio, para las personas con nivel universitario completo, la probabilidad promedio se reduce al 4%.
Se destaca la gran dispersión existente entre países. En Guatemala, una persona sin educación tiene una probabilidad del 36% de pertenecer al 20% de la población con menores ingresos; mientras que en Panamá la probabilidad es del 83 %. En los restantes niveles de educación, la relación posee una mayor variabilidad. Pero, en todos los casos, se observa la misma tendencia.
Lo anterior muestra la importancia de la educación como variable explicativa de la inequitativa distribución del ingreso en América Latina. Además, cabe destacar la naturaleza de esta variable en relación a las restantes variables consideradas (sexo, empleo, edad), ya que la misma es determinada, en la mayoría de los países estudiados, por el sector público. En este sentido, implementar un correcto funcionamiento de la educación pública es una de las políticas mas adecuadas para lograr un sistema con mayor equidad.
I7.2.4.2. Educación y Distribución del Ingreso: el caso de Córdoba
Al analizar la situación de pobreza de una persona vemos que ésta tiene una notable relación con su nivel educativo. Como se menciona en el cuadro 17.4 del punto anterior, en Argentina la probabilidad de caer en el grupo del 20% de la población con menores ingresos alcanza un 43%.
Se define como pobre aquella parte de la población perteneciente a los hogares que no logran la satisfacción de los estándares mínimos vinculados con la capacidad de subsistencia, hacinamiento, condiciones de vivienda, servicios sanitarios y educación. A partir de estos indicadores se conforma un índice compuesto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
También es posible medir la intensidad de la pobreza según si los hogares cuentan con solo una NBI (pobreza moderada), o con 2 o más NBI (pobreza extrema). En el aglomerado del Gran Córdoba, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares de octubre 1994, el 13% de los hogares presentaban Necesidades Básicas Insatisfechas. Así, el 9,2% eran hogares de pobreza moderada y el 3,8% vivían en pobreza extrema. Según un informe de la Secretaría de Programación Económica de la Nación9 sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas, al considerar la importancia que asume cada indicador de privación para el conjunto de hogares con NBI del Gran Córdoba, se observa que: el 48,4% no tenía instalación de baño con arrastre de agua, el 39% presentaba hacinamiento, el 32,1% habitaba en viviendas inconvenientes, el 20,7% presentaba problemas en cuanto a la capacidad de subsistencia (ingresos), destacándose sólo un 1,9% de los hogares con NBI que tenían algún niño en edad escolar que no asistía a la escuela.
Sin embargo, la educación es un factor determinante cuando se analiza la situación de pobreza de una persona. La EPH de octubre 1994, revela que cerca del 50% de la población con NBI mayor de 6 años cuenta con niveles educativos inferiores a primaria completa. Mientras que entre los que no poseen NBI, esta proporción es mucho menor, siendo un 21,3%, como lo muestran las cifras del cuadro 17.5. Si se realiza un análisis inverso en base a los datos del cuadro 17.5, y se considera el nivel de educación mínimo alcanzado, tomando aquellas personas que poseen estudios secundarios incompletos o superiores, se observa que el 60,5% de la población sin NBI ha alcanzado el nivel medio o estudios superiores, mientras que dentro de la población con NBI esta proporción es sólo del 27,3%. En un marco aún más restrictivo, considerando a quienes completaron los estudios secundarios o alcanzaron niveles superiores, las proporciones son del 36,9% de la población sin NBI y 6,7% de aquellos con NBI.
9 «Las Necesidades Básicas Insatisfechas en el interior del país según la EPH» Joaquín Caminos, Fabiana Rubistein, Jorge Vibes. Secretaría de Programación Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Abril 1996.
Asimismo, se puede mencionar que el 74% de los adolescentes del aglomerado asisten a la escuela, es decir, tienen posibilidades de elevar su nivel educativo. Pero los adolescentes pobres están en desventaja, siendo sólo un 51% los que asisten a la escuela. En este tramo de edad es donde la deserción escolar toma mayor importancia, alcanzando el 48% de los adolescentes pertenecientes a hogares con NBI. Lo que resulta aún más grave es que del grupo de adolescentes pobres que desertaron, un 20% no finalizó la primaria y un 50% sólo llegó a completarla.
La consideración del nivel educativo más alto alcanzado por alguno de los cónyuges es útil para evaluar la posibilidad de superar la condición de pobreza. Un 80% de la población que pertenece a hogares cuyos padres nunca asistieron a la escuela tienen necesidades básicas insatisfechas. De estos hogares con NBI el 30,8% tiene niveles inferiores a primaria completa y sólo un 12,1% presenta al menos uno de los cónyuges con secundaria completa o superior.
I7.2.5. Inversión en Capital Humana
Al momento de analizar la importancia qe cada país brinda a los aspectos sociales de su población, es fundamental considerar la inversión que el Estado destina a este sector. En el cuadro 17.6 se presenta la relación entre el Gasto Público y el Producto Bruto Interno de cada grupo de países para 1980 y 1990. La participación del gasto total dentro del PBI disminuyó para el grupo de ingresos medios altos y bajos, mientras que se vio levemente incrementada para el grupo de países industrializados.
Por otra parte, la proporción del gasto social en el PBI del grupo de ingresos bajos sufrió una disminución, desde un 7,52% en 1980, hasta un 6,93% en 1990. Por el contrario, en el caso de los países de ingresos altos y medios altos, esta relación se vio incrementada entre ambos períodos, desde un 22,52% hasta un 23,40%, y desde un 13,10% hasta un 13,31%, respectivamente. Esto destaca el mayor esfuerzo de los países de ingresos medios y altos por mejorar el nivel de vida y disminuir la pobreza de su población.
Dentro de cada rubro social no se presentan grandes variaciones, a excepción de Vivienda, donde los países de ingresos medios altos y bajos experimentaron notables incrementos. La participación del rubro Educación sobre el PBI se vio disminuida en los tres grupos de países, destacándose Argentina con un aumento desde un 2,90%, en 1980, hasta un 3,33%, en 1990.
Esto evidencia un crecimiento en la inversión de nuestro país para mejorar el nivel de instrucción de los habitantes. Como se puede observar en el cuadro 17.7, la participación del Gasto Social en el Gasto Público ha aumentado en los 3 grupos, principalmente en los países de ingresos medios altos pasando desde un 39,50% hasta un 45,59%. Dentro del gasto social, el rubro Vivienda fue el que más se incrementó, principalmente en los países de ingresos bajos.
Entre 1980 y 1990, Argentina aumentó la relación Gasto en Educación sobre Gasto Público Total, aproximadamente un 24%, en comparación con Chile y Uruguay que disminuyeron esta relación. Esta tendencia creciente de incrementos en el gasto dedicado a educación, demuestra el especial interés sobre los aspectos educativos en los que se ha puesto énfasis en los últimos años. No obstante, se debe destacar que la eficiencia juega un rol muy importante dentro del gasto público.
La ineficiencia en la asignación de los recursos permite explicar la falta de los materiales educativos y del equipamiento adecuado, la insuficiencia y deterioro de la infraestructura, la desactualización en la capacitación de los docentes y otras falencias del sistema educativo. Por otro lado, la falta de participación de la comunidad, junto con una escasa capacidad de influir en las decisiones, también han permitido que ciertos objetivos educativos hayan sido desviados.
No sólo es necesario incrementar la participación del gasto educativo en los presupuestos, sino que también debe ser aplicado eficientemente. La CEPAL ha estimado que, para Latinoamérica en su conjunto, el costo adicional de implementar una estrategia de mejoramiento de la calidad de la educación escolar y preescolar alcanza el 3,9% del PBI, es decir, que la participación del gasto en educación en la región se tendría que duplicar, para alcanzar dicho objetivo.
Para poder apreciar con mayor claridad la relación existente entre el nivel de ingreso y el nivel de educación, se expone el gráfico 17.7, relacionando el PBI per cápita y las tasas brutas de matriculación secundaria, para un conjunto de países de América Latina y el Caribe. Tal como se esperaba, existe una relación positiva entre estas dos variables. Ello se debe a que una mayor tasa de matriculación secundaria implica un nivel de capacitación más elevado, que se vincula favorablemente con el nivel de productividad de la mano de obra, y a su vez, con el PBI per cápita.
Otro punto importante a analizar, es la relación entre el cociente de los ingresos de las personas con un mayor nivel de estudio y los individuos con una menor instrucción y la tasa de analfabetismo. En teoría, cabría esperar que en un país con altas tasas de analfabetismo las personas capacitadas ganen, en términos relativos, más que en aquellos países con una tasa de analfabetismo menor. Esto se debe a que en el primer caso los recursos humanos calificados serían relativamente más escasos, y por lo tanto, su retribución sería mayor. En el largo plazo, esta situación incentivaría a la población a alcanzar niveles de instrucción superiores. En el gráfico 17.8 se puede apreciar esta para algunas países de América Latina y el Caribe, reflejándose la relación directa existente entre estas dos variables.
I7.2.6. Rendimiento de Ia Educación en Argentina
En primer lugar, se analiza la evolución de la relación entre el nivel de ingreso de la población y el grado de educación que la misma presenta a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el período 1980-1996. En segundo término, se considera el rendimiento de los distintos niveles de educación.
Para estudiar la relación entre el nivel de ingreso y el grado de educación alcanzada entre 1980 y 1996, se utilizan los datos de la EPH para el Gran Buenos Aires. Se calculó un ingreso mensual promedio por nivel de educación y se lo actualizó según el Índice de Precios Mayoristas Nivel General, para lograr series comparables.
En el gráfico 17.9 se puede observar cómo fue evolucionando esta relación para el período considerado. Existe una relación directa entre el grado de educación alcanzado y los ingresos mensuales obtenidos. Entre 1980 y 1989 se aprecia una sensible disminución en la pendiente de la curva. Por el contrario, a partir de 1991 esta tendencia se revierte y la pendiente comienza a incrementarse. Esto estaría indicando que desde 1991, el mercado incrementó la demanda de recursos humanos con mayor grado de capacitación, resultando compatible con el creciente nivel de apertura de la economía y el mayor grado de competitividad de la misma.
En el cuadro 17.8 se puede apreciar el ingreso promedio de la población económicamente activa en el Gran Buenos Aires, durante los primeros seis años de la década del ’90, el valor actual del ingreso incremental si se accede al nivel de educación inmediato superior para un período de 10 años, y el incremento de los ingresos para los distintos niveles de educación.
Tal como se puede esperar, los ingresos se incrementan conforme aumenta el nivel de educación. Sin embargo, se destacan los incrementos resultantes de completar el ciclo primario y secundario. Probablemente esto se deba a la estructura de pago del personal, que solo retribuye por niveles completos.
Asimismo, es sorprendente el aumento del 41,6% en los ingresos como consecuencia de haber completado el nivel universitario. Esto estaría indicando una falta de recursos humanos con mayor grade de instrucción.
Para hacer más gráfico el diferencial del ingreso, se considera el siguiente caso: un individuo sin educación obtuvo una retribución mensual promedio de $ 325 durante los primeros seis años de la década del ’90, mientras que una persona con nivel universitario obtuvo $ 1.064. Esta diferencia en el ingreso mensual, al cabo de solamente 10 años, alcanza los $ 79.121.
I7.2.7. Indicadores Internacionales
A continuación, se realiza una comparación de los principales indicadores educativos, tomando como ejemplo entre los países industrializados, a Japón, Alemania y Estados Unidos, y analizando la situación de algunos países latinoamericanos.
Para poder describir comparativamente la realidad educativa de un país es útil comenzar por uno de los indicadores mas significativos, cual es la tasa de analfabetismo de adultos. Dentro de Latinoamérica, Argentina se encuentra en una posición destacada con un 3,7% de analfabetos mayores de 15 años, sólo superada por Uruguay con un 2,7% y seguida por Chile, que presenta un 4,8 %, Por otro lado y con grandes falencias al respecto, se encuentra Brasil con un 16,7% de adultos analfabetos. Al intentar analizar los niveles educativos de una nación, se consideran los indicadores presentados en el cuadro 17.9. Argentina presenta 13,2 años de permanencia en la escuela, encontrándose mas cercana a las cifras alcanzadas por los países industrializados que a las correspondientes a los restantes países de Latinoamérica expuestos. La universalización del acceso a escolaridad básica, es uno de los fenómenos más transcendentes de esta última década, gracias a la cual prácticamente todos los niños ingresan a la escuela primaria, observándose altas tasas de escolarización neta para este nivel. Lamentablemente, este proceso no ha podido evitar que las tasas de deserción escolar continúen siendo altas. Así, se destaca como va disminuyendo el porcentaje de alumnos que culminan los distintos niveles. Un ejemplo de ello es Brasil, donde sólo 1 de cada 4 niños logra finalizar el nivel básico. En el cuadro 17.11 se expone el porcentaje de niños que culminan cuarto grado y la tasa de completación primaria.
Las comparaciones entre países de Latinoamérica en los aspectos educativos ponen de manifiesto como los países más rezagados y necesitados de reformas a Brasil y Paraguay. Sin embargo, y en general para toda la región, el proceso de transformación educativa recién comienza y aún quedan muchos aspectos no sólo cuantitativos, sino, principalmente cualitativos, por mejorar, siendo estos últimos los más difíciles de medir.
A continuación, en el cuadro 17.10 se expone información acerca de la cantidad de científicos y la inversión del gobierno en ese área para determinados países.
Si bien la información es para diferentes períodos, resulta interesante comparar la gran diferencia existente entre la cantidad de recursos humanos científicos y técnicos de los países latinoamericanos y países industrializados, tales como Alemania, Japón y Estados Unidos. Esto, en parte, se puede explicar por la importancia que cada país asigna a este rubro.
Así, se observa que Argentina destina sólo un 0,3% de su PBI a Investigación y Desarrollo, mientras que Japón y Alemania dedican un 3% y 2,6%, respectivamente. Chile, presenta un 0,8% para el mismo caso, destacándose así los esfuerzos que continuamente se deben realizar en este sentido.
Además, la cantidad de científicos e ingenieros por millón de habitantes de los países industrializados llega a ser entre 10 y 16 veces superior a la proporción existente en nuestro país. A su vez, Chile presenta cifras similares al respecto y supera a Brasil por más del doble.
El presupuesto destinado a educación en EE.UU es el 5,5% del P.B.l. del 4,8% en Alemania y del 4,7% en Japón, mientras que en Argentina representa el 3,8% del P.B.l.. Sin embargo, se observa que si nuestro país desea elevar el nivel educativo de toda la nación es indispensable incrementar los esfuerzos presupuestarios en este sentido y mejorar a su vez la eficiencia del gasto público (ver Inversión en capital humano).
I7.2.8. Argentina: Una Visión Detallada de la Situación Educativa
Para realizar un análisis de la evolución del nivel educativo de la población argentina adulta, en el cuadro 17,11 se comparan las tasas de acceso y completación de los distintos niveles educativos según los tramos de edades, en base a los Censos Nacionales de Población y Vivienda del INDEC para 1980 y 1991.
En una primera lectura se puede afirmar que mejoraron las tasas de acceso y completación en todos los niveles educativos, y para cada tramo de edad10. Se destaca un importante aumento en las tasas de completación en promedio para la población mayor de 15 años, de modo que, en el nivel secundario, se incrementó en más de la mitad y, en el nivel terciario, prácticamente se duplicó.
Analizando la situación de la población entre 20 y 24 años para cada censo, se observa que, para el nivel primario, la tasa de acceso sufrió un pequeño incremento del 0,5%, mientras que la tasa de completación aumentó un 10%, pasando del 81,3% en 1980 al 89,3% para 1991.
Dentro del nivel secundario, la evolución fue aún más favorable. Los incrementos de las tasas de acceso y completación fueron del 26% y 38%, respectivamente. En cuanto al acceso universitario, este último varió desde el 14,3% en 1980, hasta el 26,1% en 1991, es decir, se inscribieron en la universidad u otros estudios terciarios un 83% más de personas entre 20-24 años.
Si se analiza con mayor detenimiento la evolución de la educación mediante comparaciones entre tramos de edades en ambos censos. Así, en base a los datos del Censo de 1980, se puede observar que una persona entre 45 y 49 años presentaba una tasa de acceso y completación del nivel primario del 95,2% y del 61%, respetivamente; mientras que, para el tramo de edad correspondiente a los 20 y 24 años, las mismas ascendían al 97,8% y 81,3%. Para este mismo caso, según datos del Censo de 1991, las tasas de acceso y completación primaria eran del 94,6% y 72,1% para el tramo 45-49 años y, para los 20-24 años, eran del 98,3% y 89,3%, respectivamente. Se destaca entonces, por una parte, una mayor diferencia entre las tasas de acceso para estos tramos de edad en 1991, lo que indicaría un mayor énfasis en la educación a edades tempranas. Por otra parte, se observa una menor diferencia entre las tasas de completación, lo que sugiere que habría también un mayor apoyo a la educación adulta para que éstos terminen el nivel primario.
10 A excepción de la tasa de acceso del tramo 45-49 años que cayó del 95,2% en 1980 al 94,6% en 1991.
Si se toma el mismo ejemplo pero a nivel secundario, se puede observar que las tasas de acceso y completación, según el Censo de 1980, eran del 23,8% y 14,8% en el tramo 45-49 y, para los 20-24 años, alcanzaban los 49,9% y 30,1%, respectivamente. Mientras que, para el Censo de 1991, dichas tasas varían entre un 35,8% y un 23,1%, hasta un 63,0% y un 41,5% considerando iguales tramos de edades, indicando que durante el período analizado se incrementaron las tasas de cobertura y completación en este nivel educativo. En el caso del nivel terciario, igualmente la evolución fue favorable. Por lo tanto, se puede afirmar que, según estos parámetros, el nivel de educación, ha mejorado. Al realizar un análisis de la situación educativa de las provincias argentinas, se detectan grandes disparidades educacionales y surgen razones suficientes para impulsar la tarea conjunta, para poder ampliar la capacidad educativa no sólo en términos cuantitativos sino mas bien cualitativos.
Si se analizan las tasas de analfabetismo presentadas en el cuadro 17.12 al final del capítulo, se destaca la reducción lograda entre 1980 y 1991, habiendo caído el promedio nacional desde el 5,8% hasta el 3,7%. Estas disminuciones se observaron en todas la provincias argentinas, en algunas con mayor intensidad que en otras. Pero todavía se encuentran provincias donde las tasas de analfabetismo alcanzan niveles muy altos, tales como Chaco (11,3%), Corrientes (9,3%), Santiago del Estero (8,6%), Misiones (8,3%) y Formosa (8,2%). Las menores tasas de analfabetismo del país se encuentran en Capital Federal (0,7%), Tierra del Fuego (1,1%), Santa Cruz (2,2%), Buenos Aires (2,3%) y Córdoba (3,2%).
En el cuadro 17.12 al final del capítulo se presentan las tasas netas de escolarización para los niveles primario y secundario, para 1980 y 1991. El notable aumento en estas tasas no sólo muestra un mayor acceso a los niveles educativos, sino que es un indicador de que la educación está siendo recibida a la edad correspondiente. Así, para el promedio nacional la tasa neta de escolarización primaria varió desde un 90% hasta un 96%, mientras que para el caso secundario, este aumento fue desde el 42% de 1980 hasta el 59% en 1991.
Sin embargo, todavía estos niveles pueden ser mejorados. Córdoba se encuentra muy próxima al promedio nacional en el nivel primario, siendo notable el logro obtenido en el nivel secundario, cuyo incremento fue del 47% de 1980 al 64% en 1991. A pesar de ello se encuentra muy lejos de los niveles de Capital Federal (82%). Para toda la nación, desde el punto de vista de las tasas de acceso, el desempeño ha sido muy bueno y, por tramo de edades relevantes, ha evolucionado favorablemente. En todos los casos los incrementos en las tasas de acceso en la última década han sido significativos, como se puede apreciar en el cuadro 17.13 al final del capítulo.
En nuestro país, de cada 100 personas mayores de 24 años, 97 están escolarizados en el nivel primario (completan el ciclo 74), 38 acceden al secundario (finalizan 26) y 12 ingresan al nivel superior, ya sea terciario o universitario (desertan 3), y concluyen los estudios solo 9. De
modo que entre el ingreso al nivel primario y la finalización de los estudios superiores, abandonan 88 de cada 100. Y entre el ingreso a primaria y la finalización del secundario, abandonan 71 de cada 100 alumnos en edad escolar.
Si se llevan estos guarismos a la provincia de Córdoba, se observa que para la población mayor de 15 años, 96 personas de cada 100 acceden al nivel primario, superando este nivel 75 personas. De estos últimos, sólo 47 alumnos ingresan al nivel medio, superando 27 el mismo. De modo que, entre el ingreso a la escuela primaria y la culminación del ciclo secundario, desertan del sistema educativo 69 alumnos. Viéndolo de otra forma, de cada 100 niños que comienzan su escolaridad a los 6 años, sólo 27 terminan el nivel medio.
Trasladando estos índices a provincias postergadas de nuestro país, como Formosa, Chaco, y Misiones, se aprecia que la situación se hace terriblemente crítica. En Formosa, del 90% de los alumnos que ingresan al nivel primario, el 62% supera el nivel (deserta el 28%). Del 34%
que acceden al nivel secundario, egresa sólo el 17%. La deserción al finalizar el nivel secundario llega al 83%, de modo que de cada 100 alumnos que deberían terminar sus estudios en los plazos previstos o en las edades correspondientes, solo lo hacen 17.
Es de destacar que, en lo que se refiere a acceso y superación de ambos niveles (primario y secundario), los guarismos más altos corresponden a Capital Federal y Tierra del Fuego. Además, cabe destacar que sólo Córdoba y Santa Fe superan la tasa de completación secundaria del promedio nacional (25,6%), siendo éstas del 27,2% y 26,2%, respectivamente.
En el cuadro 17,14 expuesto al final del capítulo se muestra la cantidad de edificios, establecimientos, docentes y alumnos, dentro del sector estatal y privado, para el total nacional y por jurisdicción. El sector estatal representa más del 75% en cada uno de ellos.
La relación alumnos por docente pude ser observada en el cuadro 17.15 al final del capítulo. El promedio nacional indica que en el nivel primario hay un docente por cada 18 alumnos y en el secundario, uno por cada 10 alumnos. Las provincias donde los docentes deben atender a un mayor número de alumnos son Buenos Aires, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Cabe aclarar que se han tomado los docentes en actividad, para evitar las distorsiones que puede presentar este indicador. Sin embargo, no es siempre muy veraz el hecho de señalar que un menor número de alumnos por docente representa una mayor calidad, ya que están en juego aspectos de la eficiencia del sistema educativo.
El rendimiento puede ser analizado mediante el grado de incumplimiento de las diferentes etapas de cada nivel educativo. Así, se observa que la tasas de deserción escolar, si bien han disminuido, todavía se encuentran en valores muy altos. La proporción de alumnos que abandonan o desertan (no ingresan al nivel siguiente o abandonan antes de la finalización de un ciclo) es del 7% en alumnos de primaria, del 16,7% en secundaria y del 3,1% en el nivel superior. A ello se agregan otros datos alarmantes, como son los ingresos tardíos al nivel correspondiente por edad, sobre todo al primario y las repitencias que se concentran en el nivel secundario de enseñanza. Ver cuadro 17.16 al final del capítulo.
Si se considera como variable “proxi» de la calidad educativa a las estadísticas sobre el porcentaje de alumnos repitentes relevado por la Red Federal de Información Educativa, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, encontramos que en Capital Federal el 8,8% de los alumnos del nivel secundario, repiten el año escolar (1996), en Corrientes el 12,0%, en el Chaco el 12,9% y en Formosa el 13,5%. Si se aplica el mismo ejemplo para el nivel primario, la dispersión entre provincias se agrava notoriamente. En Capital Federal, este porcentaje asciende al 2,4%, en el Chaco al 10,9%, en Formosa al 12,3% y en Corrientes al 15,0%.
Una mayor aproximación a una medida de calidad educativa estaría dada por los resultados del Operativo Nacional de Educación realizado todos los años desde 1993. En los cuadros 17.17 y 17.18 expuestos al final del capítulo se pueden observar estos resultados para las pruebas de Lengua y Matemática realizadas en séptimo grado de la escuela primaria y quinto año del secundario, en cada jurisdicción.
La escasa retención del sistema educativo argentino, además de las condiciones de calidad, atracción, eficacia, etc. que debería ofrecer, está íntimamente vinculada al nivel cultural y socio-económico de la población, con franca tendencia a expandir los guarismos, en la medida en que la ausencia de escolarización y la ineficiencia del sistema se acentúen.
Se puede apreciar un desaprovechamiento de los recursos humanos, pérdidas económicas substanciales por la inversión que supone el sostenimiento del sistema educativo ineficiente, un crecimiento de la población cada vez más alejada de los niveles esperados de educación y, finalmente, el agravamiento de todas estos corolarios en regiones o provincias de nuestro país menos desarrolladas. Si bien es cierto que en este siglo -y particularmente en la última década- se ha experimentado un incremento notable de las tasas de escolarización en todos los niveles, también es verdad que ello no alcanza para solucionar los graves problemas que enfrenta la educación en nuestro país. Así, los desequilibrios regionales no han sido superados, como tampoco las diferencias entre tasas neta y bruta de escolarización, que tienen su origen -entre otras cuestiones- en las repitencias, los atrasos y la deserción.
Todos los niveles educativos en nuestros país adolecen de la misma problemática, aunque con distintos matices. Así, el nivel primario, si bien posee la tasa máxima de acceso, se advierte en él un ingreso tardío con respecto a la edad ideal (6-12 años) y altas tasas de deserción, las que se concentran en los sectores más pobres de la sociedad. A ello se agregan las diferencias regionales en cuanto a la apropiación de contenidos, empleo de material didáctico, tecnología educativa, número de docentes por establecimientos, problemática social y cultural, etc. Las repitencias no sólo afectan el normal desenvolvimiento de los alumnos en el sistema, sino que también dificulta la continuidad de los estudios en el nivel medio. Finalmente, se puede señalar como significativo el costo adicional que la asistencia al nivel implica para la familia (libros, transporte, material) y el hecho de que ésta no puede contar con sus hijos para aportar dinero al magro ingreso mensual.
En el nivel medio -y a medida que se asciende en el sistema educativo las dificultades Aumentan- ocurre algo muy similar al nivel anterior. Si bien las tasas de acceso son significativamente menores, las altas tasas de deserción se profundizan por el arrastre del nivel anterior en cuanto a rendimientos y los costos de oportunidad para permanecer en el sistema son mayores. Mientras que en este nivel se agrega un elemento nuevo, cual es la segmentación del sistema (en un mismo nivel se brindan servicios educativos de distinta calidad) y la desarticulación con la escuela primaria (se hace difícil el cambio de nivel y el sistema no prepara para evitar que la situación sea traumática). Esta desarticulación se vincula, además, con el financiamiento de los ciclos: mientras que en primaria el 80% está en manos del Estado, en el nivel medio este porcentaje se reduce al 50%. A lo que se agrega la ubicación geográfica de los establecimientos estatales y privados, la mayoría de los cuales se concentran en zonas de niveles socioeconómicos medios y altos.
Finalmente, en el nivel superior, se mantienen y profundizan las dificultades señaladas para el nivel medio, con el agravante de los serios problemas que enfrenta el nivel en estos momentos, no sólo en cuanto a calidad, sino también por la masificación de los estudios, el bajo nivel de rendimiento de sus alumnos, los hechos de corrupción detectados en sus claustros, la escasa confiabilidad que reina en la sociedad y en el sector productivo respecto al bajo nivel de sus egresados y la falta de academicidad de sus planes de estudio. Los estudiantes arrastran las dificultades descriptas en los niveles anteriores, y la universidad, en particular, no puede solucionarlas ni tampoco estimula para una tarea de autocrecimiento de sus alumnos. Es por ello, entre otras causas, que el nivel cuaternario casi no está desarrollado en nuestro país: el título de grado sigue siendo la meta máxima del sistema.
I7.2.9. Conclusiones
Es un imperativo categórico integrar geográficamente el país a través de la educación. Ello implica que ésta llegue a todos los lugares de Argentina, por remotos que ellos sean, con la misma calidad, eficacia y eficiencia de los grandes conglomerados urbanos. Solo así se podrá hacer efectiva la igualdad de oportunidades, y todos los argentinos estarán en situación para aspirar al logro de aquellas metas que las propias capacidades señalen. La educación juega un rol fundamental en la distribución del ingreso, ya que constituye la variable que explica una parte significativa de la inequidad total. Si a ello se le agrega que el empleo también es un importante determinante de la mala distribución y que, a su vez, está altamente relacionado con el nivel educativo, resulta impostergable el compromiso de contribuir al mejoramiento de la educación.
La inversión en capacitación responde a los mismos criterios económicos que la inversión en capital. Es por ello que una economía abierta, integrada y competitiva con un entorno sociopolítico favorable, que permita recibir los beneficios de una mayor y permanente capacitación, incentivará a la población a invertir en niveles de formación crecientes. Como se observó, en Argentina se da una relación positiva entre el nivel educativo y el nivel de ingresos, la cual se ha intensificado en los últimos años debido a la mayor apertura e integración de la economía. En este sentido, se destacan los grandes saltos en los incrementos de los ingresos de aquellos individuos que completaron el nivel medio y superior.
El aumento experimentado por la matrícula en todos los niveles del sistema educativo no implica una mejora en la calidad del mismo. Sería necesario ampliar la capacidad estructural y pedagógica de la escuela, de modo que no sólo garantice la permanencia en el sistema (disminuir los porcentajes de deserción), sino eleve el rendimiento medio de los alumnos y evite las repitencias, estimule el ingreso en las edades previstas, etc. Habría que tomar medidas concretas que promuevan la igualdad de oportunidades, federalicen la educación y la hagan llegar a todos los habitantes de la nación con un alto grado de calidad y eficiencia, para lo cual sería menester -entre otros- cambiar el concepto de la educación como gasto, para considerarla una real y redituable inversión a mediano y largo plazo. Habría que estimular la inversión en capacitación para preparar a los trabajadores para desempeñarse con eficiencia, pero también para revertir la desconfianza existente en el sistema formal de educación. Por lo cual, sería imprescindible dar participación a todos los sectores de la sociedad en la formulación de la política educativa y de los contenidos. Cuando las personas, las sociedades o las entidades privadas participan en la organización y gestión de la educación, se sienten responsables de la misma y dedican sus esfuerzos al logro de los objetivos propuestos.
Habría que elevar el nivel de rendimiento de nuestra escuela. Para ello se podrían tener en cuenta los siguientes aspectos:
* Promover la competitividad, tanto a nivel institucional en las distintas unidades escolares, cuanto a nivel personal en los alumnos.
* Revalorizar el rol y la función del docente, no sólo a través de la siempre postergada compensación salarial, sino también con una debida capacitación y un reconocimiento público y privado de su trascendente misión en la formación de las generaciones futuras.
* Favorecer la excelencia, premiándola incluso con logros concretos, pues de nada vale esforzarse por un nivel de calidad superior si luego, al tiempo de entrar en el mercado laboral o aún dentro del mismo, ello no se traduce en beneficios para los respectivos portadores, tales como distinciones, premios, mayor nivel de ingresos, exigencias, etc.
* Resignificar el valor de la escuela como el lugar en el que se imparte la educación que exige el mundo globalizado actual, pero también donde se da una continuidad entre hogar, escuela y trabajo, y donde se aprenden y se encaman los valores del hombre.
Si bien es necesario priorizar la Educación General Básica porque ella comporta la formación general del ciudadano, no por ello se deberían descuidar los otros niveles. A pesar de haberse extendido la obligatoriedad de la educación a nueve años, sigue siendo imprescindible, como ya fue mencionado, superar el nivel secundario o polimodal. En este sentido, el Estado debería hacer un esfuerzo mayor para proveer no solo la cantidad, sino también la calidad adecuada de educación.
I7.3. Salud11
I7.3.I. EI Sistema de Salud en Argentina
En el cuadro 17.19 se observa el gasto de cada agente interviniente en el sistema de salud de nuestro país durante 1993, (sector público, sector de la seguridad social y sector privado). Cabe aclarar que las cifras expuestas corresponden a la clasificación del «gasto en salud de bolsillo», que comprende la compra de servicios, el pago de coseguros, de medicamentos o alguna otra intervención vinculada a la salud. Se estimaron en base a la consulta realizada en diversos trabajos de investigación sobre el tema12. En primer lugar, se encuentra el sector privado con un total de S 7.700 millones, seguido por el sector de la seguridad social con $ 6.676 millones. El sector público destino al área salud $ 3.998 millones, un 40% menos que las obras sociales y aproximadamente la mitad del gasto del sector privado.
Con respecto a la participación porcentual de cada grupo, se puede apreciar que el 42% del gasto en salud corresponde al sector privado, la Seguridad Social presenta el 36% y el sector público un 22%.
Dentro del total del gasto del sector público, el 75% lo realizan los gobiernos provinciales, el 16% los municipales y el 9% el gobierno federal. Esto demuestra la descentralización realizada a favor de las provincias.
11 En base al trabajo no publicado «La salud y el Desarrollo Económico y Social: Algunos Indicadores y Características», elaborado por este Instituto con la participación de la Dra. Liliana G. Padre y el Cr. Luis A. Norte, noviembre 1997.
12 «Cuaderno de Economía N° 18», Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
Cabe agregar que en 1996, el ANSSAL (comprendiendo el rubro obras sociales no incluidas) realizó un gasto de $ 3.494 millones mientras que los recursos erogados por el INSSJyP crecieron a $ 2.713 millones y las obras sociales provinciales gastaron $ 1.414 millones13.
Acumulando estos tres conceptos, en 1996 el gasto del sector seguridad social ascendió a $7.621 millones en comparación con el presentado en 1993, de $ 6.676 millones.
Por su parte, el gasto en salud del sector público en 1996 alcanzó la suma de $ 5.530 millones. Desagregado por niveles gubernamentales, se puede decir que el gasto del Gobierno Nacional fue de $ 660 millones, el correspondiente al Gobierno Provincial fue de $ 4.226 millones y el del Gobierno Municipal alcanzó $ 644 millones.
Respecto al sector privado, no se pudieron obtener cifras más actualizadas. En el cuadro 17.20, se observa que en 1993 la cantidad de habitantes con algún tipo de cobertura en nuestro país ascendía aproximadamente a 25,4 millones de personas, lo cual representa el 76% de la población. Casi la totalidad correspondía a afiliados a las obras sociales mientras que sólo el 9% de los habitantes aportaba al sistema privado. Se estima que la cantidad de personas que poseían doble cobertura (dos obras sociales o una obra social y una prepaga) ascendía al 7,6% de la población total.
Por último, el 24% de los habitantes del país queda sin cobertura, debiendo recurrir al sector público ante cualquier problema relacionado con su salud.
I7.3.I.I. Sector Público
El objetivo prioritario del sector público es atender los requerimientos de la población sin cobertura. En la provincia de Córdoba, este segmento asciende a 504.000 personas, es decir, el 18,62 % de la población.
13 Secretaria de Política Económica. DNPGS.
El desenvolvimiento del sector presenta serios problemas de gestión, derivados de la carencia de una estructura gerencial y de una excesiva centralización administrativa. Su política de asignación de recursos no fomenta modificación o cambio de gestión, recurriendo a largas esperas o retaceando servicios ante la insuficiencia de recursos.
La necesidad de revertir la crisis resultante de la atomización y organización administrativa deficiente y fundamentalmente, el imperativo de dar respuesta al incremento de demanda producido en los establecimientos públicos, impulsaron al Gobierno de la Provincia a encarar en 1995 una profunda reforma del sector. Los ejes principales de la transformación giran sobre:
• Transferencia del Primer Nivel de Atención Sanitaria a las Jurisdicciones Municipales: ello implica el traspaso de establecimientos Hospitales Vecinales, Dispensarios y Puestos Sanitarios a Municipios del interior de la Provincia.
• Red Hospitalaria Integrada e Integral: que posibilite el funcionamiento del sistema escalonado de atención sanitaria con establecimientos de complejidad creciente para evitar la superposición de esfuerzos y gastos entre jurisdicciones.
I7.3.I.2. Sector de Ia Seguridad Social
Su objetivo principal es el suministro de servicios de atención médica a los trabajadores en relación de dependencia y a sus familiares directos. Actualmente, existen alrededor de 270 obras sociales en el país, las cuales funcionan como unidades independientes unas de otras y brindan servicios a alrededor de 8,5 millones de personas. Existen grupos de distinta naturaleza, sindicales, mixtas y de personal de dirección.
Entre las principales causas de sus problemas estructurales pueden citarse la sistemática modalidad de dar cobertura a toda nueva forma de oferta prestacional, el alto gasto y/o desvíos en la administración de las entidades, la falta de políticas coordinadas para abordar la contratación de servicios y la merma en los recursos provocada por el aumento de la desocupación y reducción de aportes patronales.
En lo coyuntural, el desborde en el incremento de la tecnología, el elevado número de profesionales médicos y el crecimiento anárquico de la oferta de servicios llevaron a las instituciones a un serio desequilibrio financiero y a la acumulación de un fuerte stock de deuda, a lo que debe sumarse la falta de satisfacción del afiliado respecto a la calidad de los servicios.
Como intento de superar la gravedad de la crisis que afecta al sector, el Gobierno Nacional encaró un plan de reforma y transformación del sistema que permita el fortalecimiento de las instituciones a través de mecanismos que promuevan la eficiencia:
a) Plan de asistencia financiera por parte del Estado Nacional y del Banco Mundial. El proyecto cuenta con $ 375 millones aportados por el Banco Mundial y $ 300 millones por el Estado.
Hasta agosto de 1997, 90 obras sociales, con un total de 7,7 millones de afiliados, habían solicitado el ingreso al Programa de Reconversión. De ese grupo, 10 habían recibido ya el desembolso y 6 habían sido calificados para recibirlo. Las restantes aún se encontraban en proceso de evaluación.
b) Programa Médico Obligatorio (P.M.O.). Aprobado por el Decreto 492/95, bajo la forma de régimen de asistencia obligatorio que deben suministrar la totalidad de los Agentes de Seguros de Salud y Obras Sociales a sus beneficiarios.
c) Posibilidad que los afiliados puedan cambiar de Obra Social. Por primera vez en la historia de las obras sociales sindicales, los afiliados tienen la posibilidad de elegir la institución que les brindará atención.
En una primera etapa, esta desregulación sólo alcanza al sector sindical, que involucra la atención de 3,7 millones de argentinos, aproximadamente la mitad de la población afiliada a alguna obra social. El plazo para ejercer la opción de cambio en 1997 venció el 30 de abril. De acuerdo a información proporcionada por ANSSES, se aceptaron 141.000 cambios de afiliación.
Ponderando la cifra total de trabajadores que expresaron su voluntad de cambio con la masa de aportantes al sistema, se concluye que no resulta significativa ni concordante con el nivel de insatisfacción que muestra su población beneficiaria. Ello puede obedecer a diferentes motivos, entre los que se pueden mencionar la insuficiente información sobre la cantidad y calidad de los servicios que brinda cada Obra Social y el temor a la pérdida del apoyo del gremio, cuya obra social se abandona, en caso de conflicto o despido.
De todas maneras, se pueden citar a las Obras Sociales Duperial Orbea y de Empleados de Comercio (O.S.E.C.A.C.) como las que encabezan el ranking de receptoras con 25.616 y 9.999 afiliados, respectivamente. Como contrapartida, la Obra Social de la Asociación Bancaria encabeza el ranking de los que mayor cantidad de afiliados perdieron (10.297).
En la provincia de Córdoba, la Delegación del ANSSES receptó 4.759 formularios de cambio, habiéndose observado la particularidad de pases en masa por parte de trabajadores de la misma empresa a otra institución.
Por otra parte, el Decreto 640 del P.E.N. desregula las obras sociales del personal de dirección, permitiendo a sus afiliados optar por la institución a la que desean aportar. Las mismas concentran alrededor de 250,000 afiliados titulares y su aporte representa unos $600 millones anuales. En este ámbito se producirán importantes impactos en las políticas de cobertura y comercialización para poder ampliar o mantener la cartera de aportantes.
I7.3.I.3. Sector Privado
Comprende empresas de medicina prepaga, compañías de seguro de salud, mutuales y hospitales clínicas.
Existen aproximadamente 200 empresas de medicina prepaga que cubren más de 2 millones de personas con un gasto de US$ 1.500 millones anuales. El gasto promedio por beneficiario es de $ 54 por mes14.
Desde hace algunos años, las firmas de medicina prepaga han venido atravesando una difícil situación debido a un conjunto de factores. Entre los principales se pueden nombrar el incumplimiento o retraso en los pagos de las obras sociales con las que trabajan, la falta de recursos para incorporar nueva tecnología y la recurrencia a créditos con altas tasas de interés y elevados costos fijos. Por otra parte, el valor INOS del arancel se mantiene estable desde la vigencia de la Ley de Convertibilidad en 1991 mientras que los salaries, cargas sociales y medicamentos que los sanatorios deben pagar han aumentado durante el periodo. Esto ocasionó en algunos casos, el cierre de numerosas instituciones y en otros, una reducción considerable de su capacidad operativa.
A ello se suma el ingreso al mercado de importantes compañías internacionales, que producirán en forma inevitable la formación de alianzas, absorciones y fusiones entre las prepagas que pretendan permanecer en el mercado. Las opciones consisten en alianzas, convenios de prestación de servicios complementarios o en el gerenciamiento privado de los servicios de salud de los sindicatos16. Asimismo, algunas optaron por ampliar su penetración en el interior, renovar sus sucursales y abrir nuevas bocas. Otro tipo de negociaciones ya concertadas ha sido la compra de participación de prepagas en obras sociales.
Actualmente, las empresas de medicina prepaga son sociedades comerciales, sin ningún control especial por parte del Estado. Por este motivo, existe un proyecto de ley cuyo objetivo es regularlas17. Esta regulación figura en el acuerdo de reforma de la salud firmado con el
Banco Mundial, siendo una de las condiciones para que el Gobierno reciba el tercer tramo del crédito de US$ 375 millones otorgado por esa entidad internacional para la reconversión del PAMI y de las obras sociales.
En el texto del citado proyecto se propone que sea la Superintendencia de Servicios de Salud la encargada del control del sector. Por otra parte, se fija un capital mínimo, el cual asciende a $250.000 para las empresas que están en funcionamiento y a $500.000 para aquellas que ingresen al mercado con posterioridad a la sanción de la ley. Asimismo, se exige la constitución de una reserva no inferior a un mes de facturación y un margen de solvencia en relación al patrimonio neto, que será determinado por la autoridad de control. Otro tema que incluye el proyecto es el reconocimiento o no por parte de las prepagas de las enfermedades preexistentes de los afiliados.
Existen otros interesados en intervenir en el nuevo sistema, quienes pueden reunir las exigencias financieras necesarias para permanecer en el mercado, tales como los operadores de seguros de vida o pensión, los bancos y los fondos de inversión. Ya hay casos de asociaciones entre AFJP y compañías de seguros con empresas de medicina prepaga.
14 «El Financiamiento de los Hospitales Públicos» por Silvia Montoya y Manuel Willington – Revista Estudios, octubre / diciembre 1996.
15 «Salud: la crisis se evidencia en Tribunales» por Marta Páez, Comercio y Justicia, 26 de mayo de 1997.
16 «La batalla empieza por arriba»- Revista Mercado Córdoba, octubre 1997.
17 “La Salud en discusión» por Ismael Bermúdez – Clarín, Domingo 5 de octubre de 1997.
I7.3.2. Indicadores del Mercado de Servicios de Salud
I7.3.2.I. Internacional
En el presente apartado se desarrolla una comparación de los principales indicadores representativos del sector salud entre un grupo de países latinoamericanos y ciertos países desarrollados con el propósito de ubicar a Argentina en el contexto internacional.
El cuadro 17.22 al final del capítulo compara los recursos económicos, humanos y de infraestructura hospitalaria con los resultados obtenidos en materia de salud, expresados mediante la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer. En segundo término expone, para el mismo conjunto de países, indicadores sociales relativos a la vivienda y a la educación, expresados a través de la tasa de acceso de la población al agua potable y a servicios de saneamiento y la tasa de analfabetismo.
Se puede apreciar que dentro de Latinoamérica, Argentina es el país que tiene mayor gasto en salud expresado como proporción de su PBI. Asimismo, es el que posee menor cantidad de habitantes por médicos, por enfermera y por cama disponible en establecimientos. Sin embargo, a pesar de obtener valores satisfactorios en los indicadores de salud, los mismos son superados por Chile y Uruguay, países que ofrecen menos recursos económicos, profesionales y camas disponibles.
México prácticamente iguala la esperanza de vida alcanzada por nuestro país, siendo que destina al sector salud una proporción significativamente menor del PBI, que posee el doble de habitantes por médico y 8 veces más personas por cama.
Se puede observar que el gasto en salud de Argentina en términos de su PBI es mayor que en los países desarrollados, sólo superándolo Estados Unidos. Por otra parte, no se encuentra a niveles muy distantes de los países desarrollados en los indicadores de cantidad de población por médico o por cama, a excepción de Japón. Sin embargo, la esperanza de vida de nuestro país es inferior entre 4 y 7 años a la correspondiente a las naciones de mayor desarrollo, mientras que la tasa de mortalidad infantil es entre 3 y 4 veces mayor.
Por último, si se incluye en la comparación algunos países del Sudeste Asiático, se puede apreciar que en éstos el gasto en salud tiene una participación inferior y que los habitantes por médicos y camas son mayores. Esto justifica la menor esperanza de vida al nacer y la mayor tasa de mortalidad infantil, principalmente en Indonesia y Tailandia.
Por otra parte, se puede observar que en cuanto al acceso al agua potable, Argentina se encuentra entre los niveles más bajos en Latinoamérica, ubicándose solo por encima de Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, en relación al acceso de la población a servicios de saneamiento, Argentina se posiciona entre los que mayor cobertura ofrece.
Los países desarrollados registran coberturas cercanas al 100% en ambos indicadores, presentando niveles de mortalidad infantil y esperanza de vida notoriamente más satisfactorios.
En el caso de los países asiáticos, existe una marcada diferencia entre Corea del Sur contra Indonesia y Tailandia, presentando las primeras tasas de acceso próximas a 100% y valores de los indicadores del sector salud más satisfactorios.
Respecto a la tasa de analfabetismo, Argentina, Chile y Uruguay muestran una menor magnitud, manteniéndose en niveles levemente superiores a los correspondientes a países industrializados. Se destaca Bolivia y Brasil con tasas cercanas al 20%.
Cabe aclarar que los indicadores incluidos en el cuadro brindan una medida cuantitativa de los recursos físicos, humanos y económicos con los que cuenta el sector salud pero nada informan respecto a la calidad de los servicios prestados y a la eficiencia en el manejo del gasto en salud.
A continuación, en el cuadro 17.23 se efectúa la comparación entre Argentina y Chile. Se puede apreciar que en 1995 nuestro país presentaba prácticamente el doble de PBI per cápita que nuestro país vecino. Asimismo entre 1990/1995, Argentina dedicaba al sector salud una mayor proporción del PBI, alcanzando un 10,6% en contraposición con el 6,5% que mostraba Chile.
En cuanto a los recursos humanos del área, se observa que Chile posee 2.150 habitantes por médico contra 330 para el caso de Argentina. Dicho de otro modo, esto implica que nuestro país posee casi 6 veces más de médicos per cápita que el país transandino. Lo mismo sucede con respecto a la población por cama, aunque la diferencia en este caso es menor.
Si se analiza la información relativa a la infraestructura en viviendas, se puede afirmar que el porcentaje de población con acceso a agua potable en Argentina es inferior al chileno. Lo contrario sucede en el caso de la población con acceso a servicios de saneamiento, donde Chile presenta 83% de cobertura mientras que nuestro país muestra un 89%.
En función de estos indicadores analizados, resulta sorprendente observar que los resultados obtenidos en materia de salud distan de ser los esperados. En efecto, en Argentina la esperanza de vida al nacer es menor en aproximadamente dos años y medio a la de Chile mientras que la tasa de mortalidad infantil asciende prácticamente al doble.
En definitiva, queda claro que la cantidad de recursos invertidos, ya sea monetarios, físicos o humanos, no garantiza la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. Todavía existe mucho camino por recorrer en materia de salud en nuestro país.
I7.3.2.2. Nivel Nacional
En un intento de ubicamos dentro de la realidad nacional, se realiza un breve análisis de la situación de la salud en las distintas regiones de nuestro país. En el cuadro 17.24 expuesto al final del capítulo se puede apreciar un conjunto de indicadores de recursos sanitarios, resultados en cuanto a esperanza de vida, mortalidad infantil y morbilidad, junto con varios indicadores socioeconómicos.
Buenos Aires y Capital Federal son las que se encuentran en mejor situación, seguidas por la Región Central, y por último las provincias del norte. La mayor cantidad de médicos se concentra en Buenos Aires y Capital Federal, seguidos por la Región Central. El Noreste es la región que cuenta con la menor cantidad de médicos por habitante. Analizando la cantidad de establecimientos con internación y camas disponibles, la Región Central presenta un promedio de 15,8 establecimientos por cada 100.000 habitantes y 5,23 camas por cada 1.000. Buenos Aires y Capital Federal poseen el menor promedio de establecimientos (6 por cada 100.000 hab.) pero la disponibilidad de camas alcanza las 4,42 unidades cada 1.000 habitantes.
Por otra parte, en el Noreste se observa una alta proporción de establecimientos pero con una menor disponibilidad de camas, mientras que Cuyo muestra una baja proporción en ambos indicadores. Tanto la esperanza de vida al nacer como la mortalidad infantil asumen niveles insatisfactorios en las provincias del norte, mientras que el resto se encuentra en niveles aceptables que aún podrían ser mejorados.
Buenos Aires y Capital Federal poseen la mayor cobertura de red cloacal pública alcanzando un 43,5% en 1991, seguidos por la Patagonia y Cuyo. La Región Central se ubica en los últimos puestos, ya que cubre sólo el 21,6% de su población con conexión a la red cloacal.
Por otra parte la proporción de la población con acceso al agua potable es bastante elevada en todas las regiones, superando el 60%, excepto en el Noreste donde es sólo un 43,3%.
La región con mayores NBI es el Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) con un 27,6%, seguida por el Noroeste con un 27,3% de hogares con NBI, mientras que el resto se ubica por debajo del promedio nacional (16,5%), destacándose la Región Central con el menor porcentaje (13,1%).
El nivel educativo de la población es otro factor importante. Se destaca la tasa de analfabetismo que presenta su menor proporción en Bs. As. y Capital Federal, con sólo un 2% de la población que no sabe leer ni escribir. Le sigue la Región Central con un 3,4%, apenas debajo del promedio nacional (3,7%), Y el Noreste con el peor desempeño (8,5% de analfabetos). Como conclusión, se puede afirmar que las provincias más ricas son las que presentan mejores indicadores tanto en los aspectos socioeconómicos, como en los recursos sanitarios disponibles y en los resultados sobre la población en el área de la salud.
I7.3.2.3. Provincia de Córdoba
A continuación, se realiza un análisis por departamento de una serie de indicadores del sector salud. El cuadro 17.25 expresa la cantidad de establecimientos y camas en 1995 en función de los habitantes de cada departamento.
Se puede observar que el promedio provincial de establecimientos sin internación asciende a 33,5 por cada 100.000 habitantes y con internación a 19,4. Las únicas excepciones a esta mayor presencia de los establecimientos con internación se encuentran en los departamentos de General Roca y Rio Segundo.
Sobremonte, Minas, Pocho y Rio Seco, son los departamentos con mayor cantidad de establecimientos sin internación, mientras que Capital, Río Cuarto y Río Segundo son los que tienen menor cantidad.
Con respecto a las camas por cada 1.000 habitantes, se puede apreciar que la provincia de Córdoba alcanza un índice de 6,1. Este promedio es superado por los departamentos de Sobremonte, Tercero Arriba, Punilla, Unión, Santa María, Marcos Juárez, Río Seco, Pocho y Juárez Celman y San Justo.
Como contrapartida, San Alberto, Roque Sáenz Peña y Río Primero presentan los menores niveles de camas por cada 1.000 habitantes.
A los fines de poder realizar un análisis de los recursos humanos dedicados a la salud y efectuar una comparación entre departamentos teniendo en cuenta su tamaño, se confeccionó el cuadro 17.26. En el mismo se expone para 1996 la cantidad de habitantes por médico y por especialista. En la provincia de Córdoba, hay 260 habitantes por cada médico y 567 por cada especialista.
A continuación, en el cuadro 17.27 se expone, para el período 1971-1996, la tasa de mortalidad infantil. Los datos se presentan consolidados en períodos quinquenales a partir de 1971.
De esta manera, las cifras se consideran más confiables desde el punto de vista estadístico ya que evidencian tendencias exentas de variaciones aleatorias. Con el objeto de no desaprovechar los datos de los últimos años, a partir de 1991 se los promedia por trienio o cuatrienio, dependiendo de la disponibilidad de los mismos. Por último, se incorpora información sobre 1996 brindada por el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud de Córdoba.
La tendencia general en la Provincia durante el período fue descendente. A pesar de esta disminución, en 1996 departamentos tales como Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, General Roca, Gral. San Martin, Rio Segundo, San Javier, Santa María y Unión reflejaron un aumento en el indicador respecto al periodo anterior. De todas maneras, no se puede afirmar que la tendencia se haya revertido.
I7.3.2.4. Salud y Desarrollo de la Población
Finalmente, se expone un conjunto de gráficos que reflejan la relación del estado de salud de un individuo con otros aspectos sociales y con la disponibilidad de recursos en el área. La salud repercute en diversos aspectos de la vida de un individuo. A su vez, la misma es afectada por las condiciones en que habita, su vivienda, sus ingresos y los de su familia, el nivel educativo alcanzado, etc..
En el gráfico 17.10 se evidencia la relación positiva existente entre la tasa de mortalidad infantil en 1991 y el porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas para el mismo año en los departamentos sobre los cuales se pudo obtener esta información.
Esto demuestra en qué medida la situación de pobreza y las condiciones de vida de la población influyen sobre su estado de salud. Un hogar donde duerman más de cuatro personas por cuarto, o no existan instalaciones sanitarias, o no cuente con retrete, perjudica en forma considerable la salud de sus miembros, ya que facilita la incubación y transmisión de enfermedades y no permite cumplir con los hábitos mínimos de higiene.
Por otra parte, se analiza la asistencia escolar de la población de 5 años o más, la cual representa la proporción de habitantes que asiste actualmente o que asistió en algún momento a la escuela. Este indicador brinda una medida aproximada de la situación educativa en cada departamento. En el gráfico 17.11 se compara la relación existente entre la asistencia escolar y la mortalidad general de la población. Se puede apreciar que la misma es inversa, lo cual implica que mientras mayor sea la proporción de población que concurre o concurrió al sistema educativo, menor será la tasa de mortalidad del departamento.
En el gráfico 17.12 se analiza la cantidad de establecimientos por cada 100.000 habitantes. Se puede apreciar que no existe una relación marcada entre ambos indicadores, siendo ésta levemente negativa. Esto implica que aquellos departamentos que presentan una mayor cantidad de establecimientos por cada 100.000 habitantes, registran tasas de mortalidad infantil levemente inferiores.
En el gráfico 17.13 se utiliza para la comparación la cantidad de camas por cada 1.000 habitantes. Se puede apreciar que la relación es levemente inversa tendiendo a una línea plana, demostrando que los departamentos con una mayor disponibilidad de este recurso físico presentan una menor tasa de mortalidad infantil, aunque las mejoras no son substanciales.
Se destacan Cruz del Eje y Totoral como los departamentos con mayor mortalidad infantil, contando con un número inferior de camas en relación a sus habitantes. En un punto intermedio se ubican la capital provincial, Río Cuarto, General San Martin y Minas, entre otros. Resulta sorprendente observar que este último departamento muestra niveles cercanos de mortalidad a los de Capital, siendo que esta última posee una mayor cantidad de profesionales y establecimientos.
Tercero Arriba es el que mayor número de camas por habitante registra mientras que su tasa de mortalidad infantil es similar a la de los departamentos de Ischilín, Tulumba y San Alberto, en los cuales la cantidad de camas por habitante es entre 3 y 10 veces menor.
En el gráfico 17.14 se analiza la relación entre la mortalidad infantil y la cantidad de médicos de cada departamento. Se puede observar una relación levemente inversa, prácticamente nula, lo que implica que mientras mayor sea la cantidad de recursos humanos profesionales por habitante, la tasa de mortalidad de los niños de 0 a 1 año disminuye en forma tenue.
Debido a que la capital provincial presenta valores extremos de médicos por habitantes, fue excluida del análisis a los efectos de eliminar su influencia en la relacién. Este departamento presenta una saturación de médicos, por lo cual el índice de mortalidad infantil no se ve disminuido por una cantidad adicional de recursos humanos.
En el gráfico 17.15 se realiza idéntico análisis pero con respecto a los especialistas. También en este caso la relación es prácticamente nula, con una pendiente levemente más negativa que la presentada en el caso de los médicos.
También en este caso se eliminó el departamento capital, por contar con una cantidad sumamente elevada de especialistas por habitantes en comparación con las demás zonas analizadas.
Del análisis del presente apartado se desprende que una mayor cantidad de recursos humanos y de infraestructura hospitalaria no provocan mejoras substanciales en la salud de la población. Por el contrario, se observa que la influencia de indicadores tales como el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas y la asistencia escolar de la población influyen en forma marcada en el estado de salud. Esta conclusión resulta interesante a la hora de diseñar y enfocar las políticas a aplicar en el sector y de administrar el gasto social.
I7.4. Seguridad Pública
En el cuadro 17.28 se expone la tasa de delincuencia para el país y las provincias. Este indicador expresa la cantidad de delitos denunciados de todo tipo18 por cada 10.000 habitantes.
18 Incluye homicidios dolosos, contra las personas, contra el honor, la honestidad, el estado civil, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública, la fe pública, juegos prohibidos, contra la ley de estupefacientes, y delitos previstos por leyes especiales.
Se puede observar que entre 1980 y 1995 la tasa de delincuencia empeoró, aumentando un 150% en el total del país. Las provincias que incrementaron en gran medida este indicador, incluso en mayor proporción que el país en conjunto, fueron Capital Federal, Neuquén, Salta y San Luis. Por el contrario, Formosa disminuyó en un 3% su tasa de delincuencia y Santiago del Estero, La Pampa, Chaco y Tucumán fueron las provincias con menores incrementos.
En 1995, Capital Federal, Neuquén, Salta, Jujuy, Mendoza y Córdoba presentaron las tasas de delincuencia más altas, superando un nivel de 300 delitos por cada 10.000 habitantes (a excepción de Córdoba que alcanza 296,6). En el mismo año, Formosa, Buenos Aires, Entre Ríos y Misiones mostraron los menores valores del conjunto de provincias, notablemente inferiores al promedio nacional.
El gráfico 17.16 concentra la comparación de las tasas de delincuencia desde 1980 a 1995 en el total país y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se puede observar que a nivel nacional, la delincuencia aumentó durante la década de 1980 hasta 1989, año a partir del cual comenzó a disminuir. Sin embargo, en 1992 reinició el sentido ascendente sin interrupciones hacia 1995. En este año alcanzó el valor más alto de los últimos 15 años.
Córdoba, con una tendencia similar a la presentada en el promedio país, se ubica en todos los años por encima de esta tasa nacional. Santa Fe también muestra niveles de delincuencia mayores que el total país, pero inferiores a los de Córdoba. Por otra parte, en la presente década el aumento en el indicador no ha sido de grandes magnitudes. Por último, Entre Ríos se encuentra bajo la media del país durante el período, permaneciendo prácticamente estables los niveles presentados desde 1990.
El cuadro 17.29 expone una clasificación de los delitos en cinco grandes grupos y la participación de cada uno dentro del total en 1980, 1985, 1990 y 199419. Se puede observar que en Argentina la tasa de delitos denunciados aumentó de 81 por cada 10.000 habitantes a 182,8 en 1994, lo que implica un crecimiento del orden del 125% en el período.
19 «En Argentina, el crimen paga» por Lucas Navarro. Revista Novedades Económicas/ abril 1997.
En todos los años expuestos, la gran mayoría de los delitos fueron contra la propiedad, superando el 60% de participación. Le siguen en importancia los hechos ilícitos dolosos contra las personas, los que representaron aproximadamente un 12%.
Entre 1990 y 1994 disminuyó la participación de los delitos contra la propiedad (pasaron de representar un 72% a un 63%) mientras que los hechos delictivos contra la libertad aumentaron, duplicando su proporción dentro del total. Aquellos delitos previstos por leyes especiales, que participaban con un 10% en 1980 bajaron a un 5% en 1994. En las demás clasificaciones no ha habido grandes variaciones en su participación sobre el total.
Analizando la provincia de Córdoba en particular, vemos en el gráfico 17.17 la composición de los delitos denunciados20. También en este caso los delitos contra la propiedad son los principales, con un 68% de participación. Le siguen en importancia los delitos contra las personas (culposos y dolosos), asignándose el 12% restante a los demás tipos de hechos ilícitos.
20 «Córdoba Violenta: Opciones de Prevención» por Guillermo Israilevich. Revista Novedades Económicas. Abril 1997.
Por último, el cuadro 17.30 muestra los delitos cometidos en 1996 en cada departamento de la provincia de Córdoba, información que proviene de la Policía de la Provincia. A nivel provincial, la cantidad de delitos ascendió a más de 106.000, siendo Capital, Río Segundo, Punilla y Río Cuarto los departamentos con mayor delincuencia en valores absolutos.
Si se expresan estos delitos en función de los habitantes de cada departamento en 1996 (según estimaciones del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba), vemos a la provincia con un promedio de 360 delitos por cada 10.000 habitantes.
Río Segundo es el que en peor situación se encuentra, seguido por Punilla, Capital, San Javier y Minas. Por el contrario, Colón, Juárez Celman, Totoral y Unión son las que menor delincuencia presentan en relación a sus habitantes.
Respecto al total de delitos de la provincia, una baja proporción (en promedio un 35%) fueron esclarecidos. En los departamentos de mayor concentración poblacional el porcentaje de delitos que pudieron ser esclarecidos es notoriamente menor que en el caso de departamentos con pocos habitantes. Esto refleja la dificultad de encontrar los responsables de los hechos ilícitos en localidades de mayor urbanización.
Si se compara la cifra del total provincial en 1996 del cuadro 17.30 con la correspondiente a Córdoba expuesta en el cuadro 17.28 para 1995, se podría decir que la tasa de delincuencia paso de 297 a 362 por cada 10.000 habitantes, es decir, un incremento del 20% entre ambos años. Cabe aclarar que las cifras de los dos cuadros provienen de distintas fuentes, sin embargo, se utilizan como una medida aproximada del crecimiento de la delincuencia en los últimos años.
I7.5. Villas de Emergencia en la Ciudad de Córdoba
La situación económica de nuestro país ha provocado importantes cambios en la población, los cuales se ven reflejados en todos los sectores sociales, incrementando las situaciones de extrema pobreza. Algunos sectores de clase media de la población se han visto arrastrados a situaciones de necesidad, tendiéndose a una concentración de la riqueza en una menor cantidad de personas.
Estas transformaciones afectan también el interior de las villas de emergencia y su conformación poblacional, ya que muchos de los nuevos pobres se asientan en ellas como último refugio, creando nuevas pautas de relaciones internas21. A continuación se desarrollan brevemente dos extensos trabajos realizados por el Servicio Habitacional y de Acción Social (Sehas) para las villas de emergencia ubicadas dentro del Ejido Municipal de la Ciudad de Córdoba en 1993 y 1994.
Según este informe, existen dos características básicas que definen a las villas de emergencia: las condiciones de precariedad (en cuanto a las características de la vivienda, instalaciones de agua y energía eléctrica) y la ilegalidad de su asentamiento en un terreno que no es de su propiedad.
Por otra parte, se denominan barrios carenciados a aquellos que, si bien habitan en condiciones de precariedad, son propietarios de la tierra que ocupan. Estos barrios no han sido objeto del estudio del Sehas.
I7.5.I. Características de las Villas
Al momento de analizar la cantidad de villas de emergencia, existen distintas fuentes de información que brindan datos que no coinciden entre sí, debido no sólo a los momentos del tiempo en que se realizaron los estudios sino principalmente a los criterios utilizados en el análisis, los cuales no se mencionan en la mayoría de los casos.
Estas diferencias en los datos se muestran en el cuadro 17.31, donde se aprecia que la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba es la que mayor cantidad de villas de emergencia registra. No son tan disímiles las tasas de evolución ya que oscilan entre 45% y 55% aproximadamente.
21 «Las Villas de Emergencia en Córdoba». Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS). 1993. y “Estudio Diagnóstico de las Villas de Emergencia de la Ciudad de Córdoba». Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba y Servicio Habitacional y de Acción Social. Diciembre 1994.
El Sehas plantea dos criterios de identificación de las villas:
1. Criterio de Unidad Geográfica: se considera a una villa como el asentamiento de población en un lugar geográfico delimitado, que no presenta marcadas divisiones por elementos físicos o materiales, por lo que puede ser considerado físicamente como una unidad en sí mismo.
2. Criterio de Identidad Comunitaria: se considera a una villa en función de la identidad y sentido de pertenencia de sus integrantes con independencia de la unidad geográfica. Este sentimiento de comunidad está basado en razones de origen, fecha de arribo, etc.. En función de esto, dentro de una villa según el criterio de unidad geográfica pueden existir varias villas desde el punto de vista de la identidad comunitaria.
A continuación, se expone en el cuadro 17.32 la información cuantitativa recabada por esta institución en función de ambos criterios.
Hemos seleccionado para el análisis el criterio de la unidad geográfica, a los fines de poder realizar comparaciones homogéneas con otras fuentes y por considerar que es el que mide la cantidad real de villas de nuestra ciudad.
El número de villas estimado para 1992 por esta fuente es superior al de las anteriores. Sólo los valores brindados por la Municipalidad son similares, haciendo suponer que existiría una mayor semejanza entre los criterios y metodología adoptados por ambas. Dadas las diferencias mencionadas en la información según los organismos, no resulta válida la comparación en el transcurso del tiempo entre diversas fuentes. Esto se refleja en el cuadro 17.33 en las grandes variaciones en la tasa de evolución 1980/1992 y 1980/1994 según la fuente considerada para 1980.
A pesar de estas diferencias importantes, lo interesante es resaltar que la cantidad de villas ha aumentado desde la década pasada. Para analizar la ubicación de las villas en la ciudad de Córdoba, se la ha dividido en cuatro zonas que toman como eje central a la Plaza San Martín: Noroeste, Noreste, Sudoeste y Sudeste.
El gráfico 17.18 indica que la distribución de las villas de emergencia dentro de la ciudad de Córdoba es bastante uniforme, con una leve mayoría en el Noroeste y en el Noreste. Acumulando los porcentajes, la zona norte concentra el 55% de las villas de la ciudad mientras que el 45% restante se ubica en la zona sur.
En el gráfico 17.19 se analiza la antigüedad de las villas con el objetivo de intentar relacionar la creación de este tipo de asentamientos con el contexto social, político y económico del momento.
El 43,37% de los asentamientos surgieron hace mas de 25 años, época caracterizada por una acentuada migración de la población rural hacia zonas urbanas provocada por la industrialización del país desde la década de 1940. La década de 1970 fue el período donde menor fue la constitución de nuevos asentamientos, representando sólo un 14,46% del total. Si se acumulan los porcentajes de los últimos 15 años, es decir desde fines de la década de 1970, se puede decir que se generó un 42% adicional de villas, fruto de la fuerte crisis económica que vivió el país y por ende la provincia.
Las villas de mayor antigüedad están ubicadas al norte de la ciudad mientras que las más recientes se asientan en la zona sur, debido al menor valor relativo de las tierras en esa zona y al traslado de las familias de mayor nivel económico al norte de la ciudad. El gráfico 17.20 expone la cantidad de familias que habitan en las villas.
En un 37% habitan 30 familias o menos, es decir, son asentamientos pequeños. Si se acumulan las villas donde habitan menos de 100 familias el porcentaje asciende a un 61% mientras que el 39% restante comprende más de 100.
La mayoría de las villas pequeñas son de poca antigüedad, ubicándose al sur de la ciudad mientras que aquellas que poseen gran cantidad de familias se formaron en promedio hace 35 años y se localizan en la zona norte.
Con respecto a la propiedad del terreno donde se instalan estas villas de emergencia, un 70% son de propiedad del Estado, un 14,5% son privados, un 13,3% son propiedad mixta del Estado y de privados. El 2,4% restante son en parte propios y en parte fiscales.
Esto implica que, a pesar de que la proporción de terrenos de particulares no es baja, un gran porcentaje de los problemas del acceso a la propiedad de las tierras está en manos del Gobierno.
Es importante considerar la posibilidad de los habitantes de una villa de emergencia de acceder a centros asistenciales de salud, determinado por la distancia entre el mismo y la villa.
Se consideró en relación a cada villa el centro asistencial más cercano, salvo cuando existieran dos centros próximos a la misma villa, en cuyo caso también fue incluido. Un mismo centro asistencial puede corresponder a mas de una villa, por lo que los números no indican la cantidad de establecimientos sino la frecuencia de relaciones de distancia de los centros más cercanos a cada villa.
El cuadro 17.34 muestra que un 45% de los centros asistenciales están a una distancia de entre 5 y 15 cuadras de una villa. Aproximadamente un cuarto de los establecimientos se ubican a menos de 5 cuadras de algún asentamiento marginal mientras que el 30% restante se encuentra a más de 15 cuadras, lo que implica una dificultad de acceder a servicios de salud. Es importante resaltar que se debe cubrir con nuevos servicios algunas zonas de la ciudad, dado que los integrantes de las villas son los que concurren en mayor medida a los hospitales públicos por su carácter de gratuito. Con respecto a las zonas, las ubicadas en forma más favorable son las del Sudoeste mientras que el Noroeste es el más perjudicado.
Por último, en el cuadro 17.34 también se analiza la cercanía con centros de educación. En este caso se consideraron los establecimientos educacionales más cercanos en relación a cada villa. Al poder corresponder un mismo centro a más de una villa, los números reflejan la frecuencia de relaciones de distancia de los centros más próximos a cada una de las villas.
Se puede apreciar en el cuadro las relaciones mencionadas. Se observa que la mayoría de los centros educativos se encuentran a una distancia de entre 5 y 15 cuadras. Si se le agrega el porcentaje que se ubica a menos de 5 cuadras, obtenemos un 80% de establecimientos escolares posicionados a menos de 15 cuadras de una villa. Por último, un 20% de los establecimientos educativos se encuentran a más de 25 cuadras.
Tomando a la distancia como el principal factor que posibilita el acceso a la educación de los pobladores de un asentamiento de emergencia, vemos que los pobladores están en mejores condiciones de acceder a la educación con respecto al caso de los servicios de salud. La zona norte, especialmente la noreste, presentan déficits en relación al sector educación.
I7.5.2. Características de los Habitantes de Villas de Emergencias
Con respecto a la población que habita en las villas, se puede apreciar en el cuadro 17.35 que según el Censo Nacional el incremento entre 1980 y 1991 fue del orden del 56%. Si se compara con el crecimiento del 19% de la población total de la ciudad de Córdoba en el mismo período, se puede afirmar que se produjo un crecimiento en la pobreza de nuestra ciudad.
Según la Municipalidad de Córdoba entre ambos años el número de familias asentadas en villas de emergencia se vio incrementado en más de un 110%.
La cantidad de habitantes según los datos de la Policía de la Provincia de Córdoba son notoriamente superiores a los brindados por el INDEC.
Por su parte, el Sehas afirma que la cantidad de familias en las villas en 1992 ascendía a 9.906, lo que lleva a 49.530 individuos (a razón de 5 personas por familia), cifra superior a la presentada por el Censo Nacional de Población y Vivienda en 1991.
Si se tienen en cuenta los datos recabados por el Sehas en sus estudios, el cuadro 17.36 indica que el crecimiento en la cantidad de villas entre 1992 y 1994 fue del 18%, siendo superior el incremento de los habitantes.
El gráfico 17.21 muestra la estructura por edades de la población habitante en villas. La proporción de jóvenes es elevada, representando los menores de 18 años más del 55% del total de habitantes. Esto influye fuertemente en el promedio de edad de la población en villas, que alcanza a 20,75 años.
Por otra parte, existe una distribución igualitaria entre hombres y mujeres, con el 50% de la población cada uno.
Con respecto a la cantidad de miembros por familia, se puede decir que un 70% de las familias se compone de entre 3 y 7 personas, llegando a un promedio de 5,31 integrantes por familia.
Un 78% de las familias se constituyen por el núcleo mínimo de padres e hijos (familia nuclear) mientras que el 22% restante son familias ampliadas, es decir que junto con el núcleo básico habitan abuelos, hijos casados, familiares o amigos.
Es importante también analizar las características de los jefes de hogar. El gráfico 17.22 indica que los hogares con padres solos, sin cónyuges representan sólo el 6% de los hogares (principalmente son mayores de 35 años) mientras que las jefas de hogar mujeres solas alcanzan al 15% de las familias (generalmente son mayores de 25 años).
La situación que se presenta en forma más frecuente es la de padres y madres no casados, seguida por la del matrimonio casado, siendo comúnmente las edades de la pareja de entre 25 y 44 años en ambos casos.
En cuanto al lugar de nacimiento de los jefes de familia y sus cónyuges, se puede decir que aproximadamente un 85% proviene de la provincia de Córdoba (poco más del 60% de la capital y el 20% del interior). El resto proviene de distintos puntos del país, en su mayoría de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Salta .
Si se analizan los países cercanos, los jefes de familia provienen principalmente de Colombia y Bolivia. El porcentaje de cónyuges de origen extranjero es bajo, lo que nos lleva a concluir que una gran parte de los jefes del hogar forma sus familias con personas de nuestro país.
Muy importante es la situación de documentación de las familias, donde se da que en el 54% de los casos todos los integrantes poseen documentos de identidad mientras que en el 22% sólo un miembro no tiene el documento en regla. En el 20% varios o todos los integrantes de la familia no tienen documentación en regla (vencida, deteriorada, en trámite) y en e14% restante nunca fue inscripto en el Registro Civil.
Con respecto a la educación, si se considera un nivel básico de alfabetización, se puede afirmar que el porcentaje de población en villas que sabe leer y escribir es elevado, alcanzando al 91% del total. La mayor proporción de personas que tienen este conocimiento se encuentra en los jóvenes de entre 14 y 19. Los mayores de 60 años son aquellos que menor alfabetización han mostrado.
El cuadro 17.37 indica los niveles de escolaridad alcanzados o completados por los habitantes de las villas, según las edades. Se puede apreciar la gran diferencia existente entre los accesos a la escolaridad primaria en comparación con la secundaria y con la superior.
Dentro de la primaria, vemos que si bien es alta la proporción de niños que alcanzan este nivel, el grado de completación es muy bajo si se observa que sólo un poco más del 30% de los jóvenes de entre 14 y 18 años y sólo el 39% de los mayores de 18, lo completaron. Si se expresan estos porcentajes en términos de la población total, se obtiene que el 21% concluyó la escolaridad primaria.
Con respecto al nivel secundario, el 25% de los jóvenes de 14 a 17 años accedieron a él; sin embargo, si se observa el porcentaje de personas mayores de 18 que finalizó este nivel es de sólo el 2%, es decir el 1% de la población total de las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba.
Los niveles educativos superiores presentan tasas de acceso muy bajas mientras que la conclusión alcanza a una proporción sumamente limitada (0,25% y 0,05% de la población total, respectivamente).
Los jóvenes de 14 años y más representan el 53% de la población total en villas de emergencia. Dentro de ese grupo, es alta la proporción (40%) de no económicamente activos, es decir que no tienen empleo ni lo están buscando. En este grupo se ubican principalmente los jóvenes de 14 a 18 y los mayores de 50 años. Ver gráfico 17.23.
El restante 60% del grupo, que son los económicamente activos, se divide en un 30% de trabajadores en forma independiente continua, un 13% también independiente pero discontinua, un 9% está empleado en relación de dependencia mientras que el 8% restante no tiene trabajo pero lo está buscando.
En las familias con menores de entre 14 y 17 años, en el 30% de los hogares éstos trabajan. En aquellas familias en las que hay menores de 14 años, sólo en el 1,5% de los casos trabajan estos niños.
El cuadro 17.38 analiza detalladamente los sectores en los que trabajan las personas habitantes de villa mayores de 14 años. Se refleja que la actividad donde se ocupan en mayor medida estas personas es en la construcción y en el servicio doméstico.
Un aspecto importante es la retribución que perciben por su trabajo, lo cual define su poder adquisitivo, planificación de consumo, etc.. Es importante tener en cuenta que esta información es relativa ya que no siempre estos datos son brindados por los beneficiarios con la debida precisión. El cuadro 17.39 muestra que aproximadamente la mitad de los que trabajan reciben una contraprestación mensual inferior a los $300. Otro 40% se ubica en la escala de $ 300 a $ 500 mientras que sólo el 10% gana más de $ 500. Esto conduce a un ingreso promedio mensual de $ 282.
A continuación, el cuadro 17.40 expone idéntico análisis que en el caso anterior pero en relación a los ingresos de la familia, donde se observa que el intervalo donde se ubica una mayor parte de las familias es en el de $ 300 y $ 500. El promedio de ingresos para las familias asciende a $ 353.
I7.5.3. Características de las Viviendas
En relación a las características de construcción de las viviendas, se han utilizado tres factores para evaluar su precariedad: techos, paredes y cimientos. De esta manera, se observaron 3 categorías:
a) Villas con viviendas semiprecarias: a pesar de que la construcción no cumple con las normas vigentes, se consideran en buen estado por los materiales utilizados. Los techos son de chapa, ladrillo-viguetas o cemento, las paredes son de ladrillo o bloques asentados en barro solo o mezclado con cemento y la mayoría posee cimientos. En esta categoría se ubica el 14,5% del total de villas de la ciudad.
b) Villas con viviendas precarias: los techos son sólo de chapa, las paredes son de ladrillo asentados en barro y no tienen cimientos. En esta categoría se encuentra la mayoría de las villas de emergencia de Córdoba, 84,3%.
c) Villas con viviendas muy precarias: el estado general es muy deteriorado, utilizando para los techos y paredes, materiales no adecuados para viviendas, tales como cartones, nylon, cajones y maderas de desecho, presentando como última característica la inexistencia de cimientos. En esta categoría se posiciona el 1,2% restante.
Del análisis del acceso de la villa a agua potable, se puede clasificar también en semiprecaria, precaria y muy precaria.
a) Semiprecaria: poseen una red provisoria de agua con autorización de la Dirección de Agua y Saneamiento, con picos distribuidos ya sea con frecuencia que permita el acceso de los habitantes de la villa, o con picos en cada vivienda. Un cuarto de los asentamientos se ubica en esta categoría.
b) Precaria: tienen dificultad para obtener el agua, ya que si existen redes provisorias, no cuentan con la aprobación de DAS. Para el acceso directo, los pobladores de la villa recurren a soluciones como picos, mangueras, etc. La mayoría de la población, poco más del 50%, se concentra en esta clasificación.
c) Muy Precaria: el acceso al agua es muy difícil, debiendo realizar grandes esfuerzos para obtenerla, acarreándola desde lugares vecinos. En esta categoría encontramos al restante 25% de las villas.
Es alto el porcentaje de villas en situación de precariedad y de suma precariedad (75% en conjunto), influyendo negativamente en la salud de la población.
Por último, se analiza un tercer factor utilizado para evaluar la precariedad de las viviendas instaladas en las villas de emergencia de nuestra ciudad, la conexión de energía eléctrica. En este caso, se elaboraron 3 categorías:
a) Categoría A-autorizada: poseen servicio de luz autorizado por EPEC, con medidores generalmente colectivos. En este grupo localizamos al 14,5% de las villas.
b) Categoría B-no autorizada: debido a que no se encuentran en condiciones económicas de acceder a la conexión autorizada por EPEC, obtienen la energía eléctrica colgándose del tendido de redes mediante la extensión de cables sin observar ninguna medida de seguridad. En esta categoría se ubica el 83% del total de viviendas.
c) Categoría C-sin energía eléctrica: debido a su ubicación no tienen posibilidad de colgarse de los tendidos de cables, por lo cual no cuentan con servicio alguno. El restante 2,5% de las villas se encuentran en este grupo.
El porcentaje de asentamientos sin conexiones de energía eléctrica es elevado para una ciudad como la de Córdoba. Las cifras mencionadas en los últimos tres aspectos reflejan la situación de desventaja en que se encuentra este sector de la población, con relación a la satisfacción de sus necesidades básicas, medida a través del acceso a servicios elementales.
