ASPECTOS SOCIALES
1.11 ASPECTOS SOCIALES
1.11.1 Mercado laboral
En un contexto de estancamiento en el nivel de actividad económica, es de esperar que se sientan las repercusiones en el mercado laboral y así lo reflejan los indicadores tradicionalmente utilizados para analizar la evolución de dicho mercado. En el Cuadro 1.29 se puede observar la evolución de las tasas de actividad140, de empleo141 y de desempleo142 entre los años 2010 y 2012, a partir de los resultados de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) cuyo relevamiento se lleva a cabo en el tercer trimestre de cada año. A diferencia de lo que sucedía anteriormente, entre los últimos dos años el crecimiento del empleo fue tan solo de 0,1 puntos porcentuales lo cual es un reflejo de la baja capacidad del mercado para emplear a las personas dispuestas a trabajar, que en 2012 representaron el 45,3% de la población total. Por otro lado, en la tasa de desempleo se encuentra otro indicio negativo ya que, luego de evidenciar un continuo descenso desde el año 2003, la misma se incrementó del 7% al 7,4% en el 2012.
Si se profundiza un poco más en el análisis de una problemática tan relevante como el desempleo, se puede observar que el fenómeno afecta con distinta intensidad a las personas según su edad y género. Se destaca que los segmentos de la sociedad más afectados son los conformados por mujeres y jóvenes menores de 30 años (ver Gráfico 1.111). Puntualmente, el 19,5% de las mujeres y el 11,9% de los varones de entre 14 y 29 años dispuestos a trabajar estaban desempleadas en el tercer trimestre de 2012 (último dato disponible).
140 Tasa de actividad: porcentaje de la población económicamente activa sobre la población total.
141 Tasa de ocupación o empleo: porcentaje de la población ocupada sobre la población total.
142 Tasa de desempleo: porcentaje de la población desempleada sobre la población económicamente activa.
En contraposición, las personas que cuentan con una ocupación pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, quienes tienen una ocupación plena (trabajan como mínimo 35 horas semanales) mientras que, por el otro, están quienes se encuentran en una situación de subempleo (trabajan menos de 35 horas semanales). Estas últimas suelen ser identificadas con empleos de menor calidad y pueden estar disconformes con su empleo y/o desear trabajar más horas. Advirtiendo este hecho, se puede considerar de manera conjunta a las personas que no consiguen empleo con aquellas que trabajan menos horas de las que desean a los fines de aproximar una medida de desempleo más cercana la realidad. De esta manera, se estima una desocupación cercana al 14% y se observa que la misma aumentó 1,7 puntos porcentuales desde el valor más bajo registrado en la serie (primer trimestre de 2012), tal como se observa en el Gráfico 1.112.
1.11.1.1 Informalidad
A los fines de explorar un poco más respecto de la calidad del empleo, se advierte que la tasa de asalarización143 continúa aumentando, alcanzando el 80% de los ocupados en el tercer trimestre de 2012 luego de incrementarse en 165 mil personas con respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, el 96% de este incremento correspondió a empleados que no se encuentran registrados como trabajadores formales. Por consiguiente, la informalidad, expresada a través del porcentaje de asalariados a los cuales no se les efectúa descuento jubilatorio, comienza a mostrar indicios de la existencia de un deterioro en la calidad del empleo. Como se puede observar en el Gráfico 1.113, se produjo una modificación en la tendencia decreciente que evidenciaba la misma, incrementándose en 2,7 puntos porcentuales desde el valor mínimo alcanzado en el primer trimestre de 2012 (32,8%).
143 Tasa de asalarización: porcentaje de ocupados que perciben un salario entre el total de ocupados
La informalidad es una de las problemáticas más graves que presenta el mercado laboral argentino y se caracteriza por representar empleo desarrollado fuera del marco normativo legal, sin los derechos ni beneficios que el mismo provee. Sus efectos negativos repercuten tanto en el bienestar de los trabajadores como en el crecimiento económico.
Tal irregularidad lesiona derechos fundamentales del trabajador y su familia. Es un problema heterogéneo que incide sobre un amplio rango de personas: desde quienes están excluidos del mercado laboral y marginados de los mecanismos formales de protección social, como así también sobre aquellas personas que viviendo en condiciones socioeconómicas aceptables eligen por voluntad propia evadir obligaciones tributarias y laborales como los aportes a la seguridad social.
A pesar de esta heterogeneidad, la concentración de la informalidad es marcada en los tramos inferiores de la distribución del ingreso. Según datos basados en la EPH del segundo trimestre de 2012, siete de cada diez trabajadores informales se encuentran entre el 50% de la población más pobre según el Ingreso per Cápita Familiar (IPCF de aquí en adelante), mientras que solo tres pertenecen al 50% más rico. Adicionalmente, en el Gráfico 1.114 puede observarse que la tasa de informalidad varía desde el 74,8% en el decil más bajo de la distribución del IPCF hasta el 14,9% en el decil más alto de la misma.
Otro aspecto a destacar, es el perfil que prevalece entre los trabajadores informales, el cual se puede analizar a través de la relación que existe entre el nivel educativo de los trabajadores y la calidad del empleo que consiguen. Se puede esperar que quienes carezcan de una buena formación educativa tengan menores posibilidades laborales y terminen aceptando, ante la escasa oferta, un trabajo de baja calidad. La mayor proporción de trabajadores que se desempeñan dentro del mercado laboral informal no han completado sus estudios secundarios (suman más del 57%). En contraposición, el 29,4% de los empleados formales tienen incluso un título universitario (ver Gráfico 1.115).
Entre las consecuencias de una inserción laboral precaria se encuentran la inestabilidad laboral, el acceso desigual a la protección social y a la cobertura de salud y las brechas salariales entre los trabajadores formales e informales. Con respecto a esta última, cabe mencionar que un empleado registrado percibe un salario de bolsillo superior al de un empleado informal. En el Gráfico 1.116 se expone la evolución del índice de salarios, el cual capta la senda de crecimiento de los mismos evidenciando una brecha entre las actualizaciones a los empleados registrados y no registrados en continua expansión.
Por el lado de los empleadores, esta insuficiencia en la creación de empleo de calidad no solamente es el reflejo del pobre desempeño del nivel de actividad económica, sino que también tiene que ver con aumentos salariales que no tienen su origen en aumentos de productividad sino más bien en la necesidad de restablecer el poder adquisitivo deteriorado producto de la inflación, y con aumentos de otros costos laborales (impuestos sobre los salarios, litigiosidad). Estos factores generan incentivos negativos hacia la creación de empleo formal.
Por consiguiente, en esta etapa de estancamiento en el crecimiento económico, se debe poner especial atención en la prevención de la expansión del fenómeno de la informalidad laboral, colocándola como una de las prioridades de las políticas económicas y sociales. Se destacan medidas de implementación concretas como el Plan Nacional de Regularización
del Trabajo, el Régimen Especial para el Servicio Doméstico, el Monotributo Social, el Programa de Simplificación Registral y las campañas de sensibilización en los medios de comunicación. Sin embargo la informalidad, por ser un problema estructural y heterogéneo demuestra ser un núcleo duro de atacar. El diseño de políticas que eviten la propagación y, más aún, reduzcan la informalidad deben ser el resultado de un compromiso del Estado, las empresas, los trabajadores y sus gremios, que aseguren una contracción de la precariedad en el tiempo brindando protección social y comprometiendo a mejoras en la productividad.
1.11.1.2 Empleo registrado por sectores
Ante un enfriamiento de la economía, las repercusiones sobre el mercado laboral formal son más moderadas que sobre el informal. Esto es así producto de los importantes costos que puede representar el despido de un trabajador. Frente a tal situación, la primera respuesta de los empleadores es reducir las jornada laboral, las horas extras e incluso disminuir las nuevas contrataciones, es decir, la creación de puestos de trabajo. Así, entre el tercer trimestre de 2012 y el mismo período del año anterior la creación neta de empleo fue de 68.842 puestos que representan solamente el 0,9% del total del empleo registrado, la inferior en los últimos años. A su vez, el sostenedor de la creación de empleo fue el sector público, ya que el mismo contribuyó en la generación del 87,2% de estos nuevos empleos.
En el Gráfico 1.117 se observa que desde el tercer trimestre de 2011 se registran menores tasas de crecimiento en la creación de empleo tanto en el sector privado como en el público, siendo más leve en este último. Se destaca que dentro del sector privado la creación de empleo registrado fue prácticamente nula, representando el 0,1% del total de los puestos de empleo de dicho sector. Tal situación se pone en evidencia también en el Gráfico 1.118, a partir del cual se profundiza el análisis por tipo de actividad.
La baja creación de empleo que se evidenció entre el tercer trimestre de 2012 y el mismo período de 2011 fue el resultado de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la creación neta de empleo se dio en los sectores de servicios mientras que, por el otro, los sectores asociados a la producción de bienes conjuntamente con las Actividades Inmobiliarias fueron destructores netos de empleo. Los sectores más perjudicados por la situación económica fueron la Construcción, que redujo el empleo en un 3,8% (16.115 puestos menos), y la Agricultura, que lo hizo en un 2% (6.689 puestos menos).
1.11.1.3 Salarios
Otra cuestión preponderante en el mercado laboral es la lucha salarial existente para mantener e incluso aumentar el salario real en contextos inflacionarios. Si se hace un análisis de los acuerdos salariales alcanzados en las paritarias 2012 se observa que los aumentos promedio rondaron el 23%, porcentaje inferior a lo que se reclamaba (26% promedio), pero superior al tope que pretendía el gobierno a comienzos del año (18%).
Sin embargo, tal aumento no alcanzó para compensar completamente la pérdida del poder adquisitivo, ya sea que se considere la inflación medida por el gobierno de San Luis (23,7%) o la relevada a través del índice Congreso (25,6%).
En relación al año previo, la negociación salarial desembocó en aumentos salariales de menor magnitud ya que en 2011 los mismos habían rondado el 27%. En el Gráfico 1.119 se presenta el porcentaje de aumento salarial acordado por los principales gremios en 2011 y 2012.
Un aspecto a destacar es que los acuerdos salariales del año 2012 se caracterizaron por una reducción en su período de vigencia. Debido a la inflación y al mayor alcance del impuesto a las ganancias (por la falta de actualización del mínimo no imponible y los límites de cada categoría en un contexto inflacionario), muchos gremios reclamaban para fin de año una reapertura de la negociación o, al menos, el pago de una bonificación especial. Tal situación se plasma nuevamente de cara a la negociación 2013, ya que los principales gremios pujan por dos paritarias al año como mecanismo para cubrirse de la incertidumbre que genera el escenario inflacionario en el cual se encuentra el país.
1.11.2. Pobreza
La pobreza es la situación social y económica caracterizada por la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas humanas, tanto físicas como psíquicas. Se manifiesta por la carencia de los recursos necesarios para el sustento digno del nivel y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la medición de la pobreza abarca aspectos conceptuales y metodológicos variados con lo cual puede ser abordada desde distintas perspectivas (Feres y Mancero 2001).
Por un lado, el enfoque más utilizado para la medición del fenómeno es el de la “Línea de la Pobreza” (LP), basado en la escasez de recursos, a partir del cual se considera como pobres a aquellas personas cuyo ingreso no resulta suficiente para alcanzar el nivel de vida considerado como mínimo. Por otro lado, el enfoque de las “Necesidades Básicas Insatisfechas” (NBI) se basa primordialmente en la concepción de la pobreza como necesidad y no importa si los individuos poseen o no ingresos para satisfacerlas sino que éstas hayan sido cubiertas efectivamente.
En cuanto al primero de los enfoques mencionados, para determinar la cuantía de la pobreza en el territorio se recurre a indicadores monetarios, comparando los ingresos de las familias con el costo de una canasta básica de bienes y servicios. En este sentido, se considera que una persona está en situación de pobreza cuando su nivel de ingreso no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total (CBT), definida como la línea de la pobreza.
A su vez, la indigencia representa una situación de pobreza más extrema y se mide por el porcentaje de la población que con sus ingresos no logra cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual se define como línea de la indigencia.
Al intentar cuantificar el fenómeno de la pobreza en Argentina, resuena la controversia en torno a los precios y productos contemplados en el cálculo del valor de las canastas por parte del INDEC. Por esta razón, en la presente sección se presentarán adicionalmente los datos relevados por organismos privados especializados en el tema.
En el primer semestre de 2012, la CBT relevada por el organismo oficial costaba en promedio $1.465,70 mientras que la CBA costaba $662,21 para una familia tipo144. De tales valores se desprende que el 4,8% de los hogares argentinos es pobre mientras que el 1,8% se encuentra, incluso, en una situación de indigencia.
Estas cifras distan considerablemente de lo que miden organismos no oficiales como el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODESA-UCA) y el entro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES). El primero de ellos relevó, para el año 2011 una CBT de $2.224,80 y una CBA de $1.112,40. Tales valores determinaron que la pobreza alcanzaba al 13,6% de los hogares mientras que el 3,3% se encontraba incluso en una situación de indigencia.
En el caso de CIPPES, determinó que la CBT para una familia tipo en el conurbano bonaerense costaba en promedio $3.323,49 y la CBA $1.503,84 (segundo trimestre de 2012). A partir de la definición de estos valores para las líneas de la pobreza e indigencia y de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se puede inferir que la pobreza alcanzaba al 18,8% de la población argentina mientras que el 4,7% se encontraba, incluso, bajo una situación de pobreza extrema en el segundo trimestre de 2012.
Alternativamente, puede medirse la pobreza a partir de un enfoque estructural basado en las necesidades. El mismo consiste en determinar el porcentaje de hogares que tienen insatisfecha alguna necesidad básica. Así, un hogar será clasificado como poseedor de NBI si cumple con al menos una de las siguientes condiciones: i) hacinamiento crítico, hogares con más de tres personas por cuarto; ii) vivienda, hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria, etc.); iii) condiciones sanitarias, hogares carentes de inodoro; iv) asistencia escolar, hogares que tienen al menos un niño en edad escolar que no asiste a la escuela; v) capacidad de subsistencia, hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y en los que el jefe tiene bajo nivel educativo (dos años o menos del nivel primario). Por consiguiente, la construcción del índice integra las cinco variables mencionadas y para obtener un resultado preciso deben relevarse todas en el mismo momento, por lo cual la medición de la pobreza mediante este enfoque queda sujeta a la realización de censos poblacionales. En el Cuadro 1.30 se presentan los datos correspondientes a los últimos censos realizados
144 Una familia tipo es aquella conformada por un matrimonio y dos hijos.
en Argentina. Se puede observar que el porcentaje de hogares con alguna privación básica se ha reducido a lo largo de los años, pasando de ser igual al 16,5% en el año 1991 a 9,1% según lo relevado por el último censo, realizado en el año 2010.
La provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires evidencian el menor nivel de pobreza del país. En la primera, específicamente, el porcentaje de hogares con NBI se redujo desde el 12,8% al 6% entre 1991 y 2010. Por otro lado, los mayores porcentajes de NBI relevados por el censo 2010 se evidencian en las provincias del norte argentino: Formosa
(19,7%), Salta (19,4%) y Chaco (18,1%).
1.11.3 Distribución del ingreso
Históricamente, el nivel de ingresos ha sido la variable empleada para medir el bienestar de la sociedad puesto que representa la capacidad económica. En general, las políticas públicas provocan modificaciones en el nivel de ingreso y en la distribución de los mismos, afectando de ese modo el nivel de satisfacción que genera a los miembros de la sociedad.
La distribución del ingreso en un país es desigual cuando un sector o grupo poblacional se apropia de una proporción del ingreso mayor que el resto, quedando de esta manera en ventaja económica con respectos al resto de la población. Similarmente, se da cuando la proporción que se apropian difiere entre sectores, es decir, está asociada a la dispersión de
la variable en la población. Una situación hipotética de equidad es aquella en la que todos los miembros de la población reciben el mismo ingreso per cápita, lo cual no es frecuente.
Este aspecto es de importancia debido a que aún cuando una economía se encuentre en crecimiento, si el fruto del mismo es apropiado totalmente por el sector de mayor poder económico, no logrará reducir los niveles de pobreza y empeorará la posición relativa de aquellos grupos marginados. Generando de esta manera una situación de tensión en la sociedad.
Existen distintas medidas para valorar la distribución del ingreso de un país, destacándose entre ellas el Coeficiente de Gini (CG). El mismo se calcula a través de la comparación entre la Curva de Lorenz (indicativa de la distribución del ingreso del país) y una línea hipotética de equidistribución, es decir, que supone que la distribución del ingreso es igualitaria entre todos los individuos. Tal indicador asume valores entre cero y uno, y representa una situación de mayor desigualdad en los ingresos cuanto más cercano se encuentre al último valor.
En el Gráfico 1.120 se observa la evolución de la distribución del ingreso per cápita familiar desde el año 2003 a la actualidad. Se aprecia que desde entonces se ha tendido hacia una mejora en la misma. Sin embargo, luego del aumento registrado por el indicador en el tercer trimestre de 2012 (0,434) respecto al segundo (0,418) y advirtiendo que no hay una mejora
significativa en términos interanuales (el CG fue de 0,437 en el tercer trimestre de 2011) se pone en duda la continuidad del avance hacia una sociedad más igualitaria. La misma conclusión se desprende del análisis de la evolución de la brecha de ingresos, medida como el cociente entre el ingreso del percentil 90 de la distribución del ingreso y el del percentil diez.
Tal medida indica, por ejemplo, que en el tercer trimestre de 2012 el ingreso más bajo del 10% más rico de la población era 8,4 veces superior al ingreso más alto del 10% más pobre.
En un escenario en el que el mercado laboral formal comenzó a mostrar debilidades para emplear nuevos trabajadores, se incrementó el trabajo informal e incluso aumentó el desempleo, traduciéndose en menores ingresos para los trabajadores, es de esperar que se produzca un deterioro en la distribución del ingreso. Por esta razón se profundizará en el análisis del tema.
Alternativamente, se puede examinar el ingreso medio de los distintos deciles de la población. En el Gráfico 1.121 se advierte que en el tercer trimestre de 2012 el IPCF promedio fue igual a los $2.238. Sin embargo, existen importantes disparidades dentro de la población ya que éste varía desde $330 en el decil más pobre hasta $7.034 en el 10% más
rico, generando una brecha de 21,3 veces entre ellos. Se puede observar también que el 70% de la población tiene un IPCF inferior al promedio.
Adicionalmente, un análisis de los ingresos acumulados permite notar que el 50% del total es apropiado por el 20% más rico. Tal situación resulta en una muestra más de las fuertes disparidades existentes en la sociedad.
Un aspecto que se encuentra fuertemente vinculado a la distribución del ingreso es el nivel educativo de los individuos. Generalmente, es de esperar que quienes alcanzaron mayores niveles de estudios sean los que se hallan en una mejor posición relativa en términos de ingresos. Esto se da en las dos direcciones, es decir, por un lado tener mayores estudios le permite a una persona alcanzar un empleo de mayor calidad y, por consiguiente, un mayor ingreso. Por otro lado, también se puede esperar que quienes tienen mayores ingresos cuenten con más posibilidades de continuar sus estudios y no se verán presionados a abandonarlos por la necesidad de salir al mercado laboral. Esto se observa con claridad en el Gráfico 1.122. Más del 80% de los individuos que se encuentran en el cuartil de más bajos ingresos tiene incompleto el nivel secundario mientras que en el cuartil más alto este grupo solamente representa el 36%. Adicionalmente, dentro del cuartil de ingresos superiores, el 26,5% tiene estudios universitarios completos en contraposición al 2% y 5,2% que representan en los cuartiles de menores ingresos.
