CALIDAD INSTITUCIONAL PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE, JUSTO Y DEMOCR�TICO

CAPÍTULO 8: CALIDAD INSTITUCIONAL PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE, JUSTO Y DEMOCRÁTICO217

En la actualidad, existe un consenso generalizado acerca de la importancia de la calidad institucional como factor clave para el desarrollo sustentable de un país. Ahora bien, para que el desarrollo sea sustentable, justo y democrático es necesario que todos los sectores que conforman una sociedad estén comprometidos en la construcción de lo público. Estado, ciudadanía y mercado constituyen un triángulo que puede ser virtuoso si cada uno cumple su rol articulando las potencialidades de cada sector en pos de un proyecto común de sociedad. Por consiguiente, contribuir al mejoramiento de la calidad institucional es un desafío no sólo para el Estado sino también para la ciudadanía y el mercado.

8.1 Introducción

El presente capítulo se propone realizar algunos aportes con relación al estado de situación de la calidad institucional en Argentina, con especial referencia al caso Córdoba. Para ello, se desarrolla el enfoque general desde el cual se entiende la construcción de lo público como resultado de la interacción entre Estado, ciudadanía y mercado.

Para analizar la calidad institucional desde el Estado se toman como principales dimensiones el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la accountability social y la promoción de la participación ciudadana desde el Estado; entendiendo que estas dimensiones son centrales para pensar la interrelación del mismo con la sociedad civil y el mercado.

Con relación a la sociedad civil se hace referencia al concepto de capital social y los indicadores que dan cuenta de su nivel de desarrollo en nuestro país. En lo que respecta al mercado se analiza el rol de la empresa desde los conceptos de responsabilidad social empresaria y ciudadanía corporativa.

Por último, se hace referencia al concepto de ciudad como bien público y a las iniciativas ciudadanas desarrolladas a partir de esta visión, las cuales se orientan a generar mejores condiciones para la interrelación entre los tres sectores. Para finalizar se apuntan algunos desafíos pendientes para afianzar la calidad institucional.

8.2 La construcción de lo público resultante del triángulo virtuoso: Estado, ciudadanía, mercado

La construcción de qué es lo público y qué es lo bueno o deseable para una sociedad, no son definiciones universales y estáticas, sino que son construidas por las sociedades y van cambiando en el devenir histórico. Por ejemplo, en la década del ‘90 del siglo XX, prevaleció una visión que defendía la necesidad de contar con un Estado pequeño que interfiriera lo menos posible en la regulación económica y social. Desde esa postura se entendía que el desarrollo socioeconómico se realizaría de manera más eficiente si se dejaba librado a las fuerzas del mercado, siendo necesaria la intervención del Estado sólo en los márgenes para garantizar la seguridad y paz social. En ese modelo, la esfera de

217 El capítulo estuvo a cargo de la Ing. Marcela Mondino, Gerente de Programas de Fundación Avina. La autora agradece los

comentarios de Alejandro Rojo Vivot – Fundación AVINA – y Virginia Romanutti – Nuestra Córdoba ‐

lo público quedaba entonces reducida, privilegiándose en muchos casos la gestión privada de los bienes públicos en pos de una mayor eficiencia. En la actualidad, existe una reivindicación de la fun-ción reguladora del Estado como un componente importante para el desarrollo económico y social; no ya pensando en el modelo del Estado Benefactor sino en un Estado «equilibrador-distribuidor²¹⁸. Así, la definición de qué se entiende por lo público-estrechamente relacionado con las funciones que se le atribuyen al Estado se ensancha en tanto se concibe al Estado no sólo como proveedor de bie-nes públicos sino también como garante de la protección social y promotor de la productividad y el empleo. Ahora bien, la construcción de lo público²¹⁹ y la posibilidad de lograr un desarrollo justo, democrá-tico y sustentable no es competencia exclusiva del Estado, sino que involucra a todos los sectores que conforman una sociedad. Por ejemplo, una plaza como espacio público está disponible para el uso y disfrute de todos los habitantes sin distinción alguna. El gobierno municipal tiene la obligación de realizar el mantenimiento de ese espacio, la población utilizará la plaza para recrearse, para reali-zar deportes, para protestar, como también puede ser un escenario para la delincuencia. Entonces la manera en que se la utilice también va a definir el sentido que se le otorga al mismo. Por consi-guiente, si bien el Estado es quien tiene la responsabilidad de garantizar la provisión de los bienes públicos, la construcción de lo público transciende la esfera del Estado y comprende a toda la socie-dad.

En este marco se entiende que es necesario partir de una visión relacional que tenga en cuenta cuá-les son los roles que cumplen el Estado, la sociedad civil y el mercado en la construcción de lo públi-co. El filósofo Bernardo Toro desarrolla las posibles articulaciones entre los sectores y las conse-cuencias que de ellas se derivan, concluyendo que sólo la articulación de los tres sectores hace po-sible los derechos humanos para todos, a la vez que la actuación aislada es sinónimo de caos y que la vinculación parcial entre algunos de ellos genera corporativismo, populismo o deslegitimación según los actores intervinientes como se detalla en el Esquema 8.1.

²¹⁸ Castelazo José. Fortalecimiento de la Gobernabilidad democrática, Revista de Administración Pública, Número 110 Enero-Abril, 2004, Instituto Nacional de Administración Pública, México, pág. 139.

²¹⁹ Se utiliza el concepto desarrollado por José Bernardo Toro y Martha C. Rodríguez: Lo público es aquello que conviene a todos, de la misma manera, para la dignidad de todos. La Comunicación y la movilización social en la construcción de bienes públicos, 2001, para el Banco Interamericana de Desarrollo, Washington DC, p. 20.

Entonces, cabe a cada uno de los sectores revisar su rol y legitimidad, identificando dificultades y potencialidades de trabajo conjunto para pasar de las agendas paralelas a la visión y acción colectiva. “Por cierto, ninguno de los tres actores en esta conjunción de sistema democrático, modelo capitalista y esquema globalizado concentra suficiente poder como para monopolizar los paradigmas que marquen las pautas de comportamiento de toda una sociedad”220.

8.3 Calidad Institucional resultante del triángulo virtuoso: Estado, ciudadanía y mercado

Si la construcción de lo público es una responsabilidad compartida entre Estado, ciudadanía y mercado, no es posible analizar la calidad institucional teniendo en cuenta solamente el desempeño del Estado. Generalmente cuando se habla de calidad institucional se hace referencia a aquellas cuestiones relacionadas con la calidad de los gobiernos o la posibilidad de desarrollar un buen gobierno. De este modo, se incluyen como elementos centrales la existencia de un marco para la gestión pública basado en el imperio de la ley, el desarrollo de un sistema de Administración de Justicia ecuánime y eficiente, la calidad de los procesos electorales, el control existente entre los distintos poderes públicos, la transparencia presupuestaria, el modo de funcionamiento de la cosa pública, entre otros. Sin embargo, si se tiene en mente una visión relacional de los tres sectores que conforman una sociedad, se comprende que la ciudadanía y el mercado también contribuyen a la calidad institucional de un país. Una ciudadanía informada, que monitorea las acciones de gobierno, que participa de la vida pública, puede aportar a mejorar la gestión estatal. Del mismo modo, si el sector empresario desempeña sus actividades de manera inclusiva y sustentable teniendo en cuenta no sólo la rentabilidad de los negocios sino también el desarrollo del entorno social en el cual se inserta, estará contribuyendo a la construcción de lo público.

8.3.1 Estado

De acuerdo a esta concepción relacional del funcionamiento de los tres sectores, no puede pensarse la calidad institucional del Estado de manera aislada. Así, un Estado abierto y transparente, que recepta las demandas sociales y dialoga con los distintos sectores, tendrá mayores posibilidades de éxito en la puesta en práctica de un proyecto de desarrollo sustentable. En contraposición, un gobierno que se encapsula y toma decisiones únicamente en base a la legitimidad derivada del voto, seguramente encontrará mayores resistencias y no logrará construir un proyecto común de desarrollo.

Claro está que los aspectos a considerar para medir la calidad institucional de un Estado son múltiples. En este apartado se toman como criterio para delimitar el contenido del mismo, aquellas dimensiones que resultan claves para el impulso de la interacción entre Estado, mercado y sociedad civil. Para ello se desarrollarán las siguientes dimensiones:

Acceso a la información pública
Rendición de cuentas
Accountability social
La promoción de la participación ciudadana desde el Estado

²²⁰Carlos March, Dignidad para Todos pág. 77. 2009, Temas Grupo Editorial.

En este sentido, Argentina tiene un importante desafío por delante si se considera los datos resultantes de un estudio desarrollado en la región que nos indica que el grado de transparencia percibida del Estado con una escala de 1 a 100 en Argentina es de 45, siendo el promedio para Latinoamérica de 47²²¹.

8.3.1.1 Acceso a la información pública (AIP)

La transparencia constituye un requisito institucional fundado en el principio republicano que obliga a los funcionarios a rendir cuentas de sus acciones. Al mismo tiempo, el acceso a la información pública es un derecho básico que es condición necesaria para poder ejercer otros derechos. Es fundamental tanto para garantizar la transparencia de los gobiernos y evitar así la corrupción, como para hacer posible la participación ciudadana. Esto implica tener en mente una visión amplia de lo que se entiende por información pública, incluyendo no sólo el presupuesto público y las declaraciones juradas de los funcionarios, sino también, por ejemplo, información sobre las políticas públicas que se implementan, sus objetivos, resultados logrados, etc²²².

Para que los ciudadanos puedan exigir mejores políticas públicas necesitan contar con información confiable acerca de su desarrollo que les permita evaluarlas eficientemente. Asimismo, la disponibilidad y acceso a información estadística confiable constituye un aspecto fundamental no sólo para elaborar diagnósticos precisos sobre la realidad del país, la provincia y la ciudad, sino también planificar acciones tanto a nivel estatal como en los otros sectores.

²²¹ Surge de la pregunta: ¿qué tan transparente considera Ud. al Estado de su país?; dónde 1 es “nada transparente” y 100 es “completamente transparente”.

²²²Una referencia importante es La Ley Modelo Interamericana aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su artículo 11 identifica las clases de información que debe ser difundida de manera proactiva por los Estados, disponible en: http://www.rti‐rating.org/pdf/Ley%20modelo%20OEA.pdf.

A nivel nacional el acceso a la Información Pública está regulado por el decreto nacional N°1172/03, que si bien significó un avance respecto de la situación anterior, presenta serias limitaciones para implementar de manera adecuada el AIP²²³.

En Córdoba, “tanto la Ley Provincial 8.803 como la Ordenanza Municipal 11.877 definen el concepto de información pública como aquella documentación que sirve de base o se vincula a un proceso de toma de decisiones conducentes a un acto administrativo. Esta concepción restrictiva de información, por un lado exige que el solicitante conozca el acto administrativo específico con el cual se relaciona la información que solicita. Por otro, deja fuera una gran parte de la información, ya que no siempre aquella que está en manos del Estado se encuentra directamente relacionada con un acto administrativo”²²⁴.

Uno de los indicadores centrales de calidad institucional surge de los niveles de cumplimiento de las normas, tanto por parte de la población en general como por los responsables de los poderes públicos. En Córdoba, de acuerdo a los datos aportados por la red ciudadana Nuestra Córdoba²²⁵, se concluye que existen numerosos aspectos a mejorar para lograr un efectivo acceso a la información. Se destacan como principales falencias el bajo nivel de respuesta a las solicitudes y los, en algunos casos excesivamente largos, plazos de respuesta.

Por cierto, Nuestra Córdoba para poder implementar los Indicadores Ciudadanos 2011 que refieren a distintos aspectos que hacen a la calidad de vida en la ciudad, presentó 100 solicitudes de información a distintas dependencias del Concejo Deliberante, gobierno municipal y provincial. Del análisis de los niveles de respuesta y los procedimientos vigentes para el acceso a la información pública en la administración local y provincial‐ incluidos en el Gráfico 8.2‐ se puede concluir que el nivel de respuesta efectiva por parte del Estado, es decir, con entrega de información, es bajo; representando un 22% para el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y 42,1% para el gobierno provincial. Asimismo se observa que un 30% de las respuestas del DEM fueron de tipo administrativa. Esto implica que se respondió por medio de cédulas de notificación solicitando que se justifique el objeto del pedido y se precise “cuál es el proceso de toma de decisiones en marcha conducente a un acto administrativo en particular, o cuál es la gestión de gobierno que justifica el objeto de su pedido”226. Asimismo, cabe remarcar que los niveles de respuesta fueron variados de acuerdo a la dependencia o secretaría.

²²³Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Informe Regional del Estado de Situación de Acceso a la Información Pública, 24 de octubre 2011, pág. 8. Diversas organizaciones de la sociedad civil están promoviendo la sanción de una ley que establezca “mecanismos claros para que la ciudadanía pueda reclamar y recibir información pública”. Campaña Saber es un Derecho, http://www.saberesunderecho.org/sabermas.html.

²²⁴Red ciudadana Nuestra Córdoba, Indicadores Ciudadanos 2011, pág. 49, disponible en www.nuestracordoba.org.ar

²²⁵Reúne a organizaciones sociales, universidades, empresas y ciudadanos de Córdoba. Es un ámbito de acción colectiva plural, no partidario, autónomo en relación con los gobiernos en todos sus niveles y abierto a todas las personas y organizaciones que compartan sus principios y objetivos y que estén dispuestas a contribuir a su realización.

²²⁶ Red ciudadana Nuestra Córdoba, Indicadores Ciudadanos 2011, pág. 49, disponible en www.nuestracordoba.org.ar.

En cuanto a los plazos de respuesta, si bien las normativas vigentes establecen diez días hábiles, prorrogables por única vez a otros diez días hábiles, en la práctica estos no siempre son respetados, observándose las mayores dificultades en el Departamento Ejecutivo Municipal. «El plazo de res-puesta en los casos en los que se entregó o se puso a disposición información (dieciséis respuestas), osciló entre un mínimo de once y un máximo de 110 días hábiles. Ninguna respuesta fue recibida dentro de los diez días hábiles establecidos por la normativa»²²⁷.

En el caso del gobierno provincial el plazo de respuesta varió desde los tres hasta los 69 días hábi-les. De esta forma, la Dirección de Estadísticas y Censos, respondió las solicitudes que le fueron pre-sentadas con plazos de tres, siete y veinte días hábiles. Policía Judicial brindó la información a los nueve días, el Tribunal de Conducta Policial en un plazo de 49 y la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa en 69 días»²²⁸.

²²⁷Red ciudadana Nuestra Córdoba, Indicadores Ciudadanos 2011, pág. 55 disponible en: www.nuestracordoba.org.ar

²²⁸ lbíd, p. 56.

8.3.1.2 Rendición de cuentas

“El concepto de rendición de cuentas o accountability refiere a la obligación que en las democracias representativas tienen los funcionarios de gobierno y los representantes de responder por el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus atribuciones, atender los reclamos de la ciudadanía y actuar en consecuencia, y hacerse responsables tanto de sus acciones y decisiones como de las consecuencias de las mismas. Pueden distinguirse tres tipos de accountability: la vertical electoral, que es producto de la realización de elecciones limpias y periódicas; la horizontal, que resulta de la división de los poderes públicos y los controles mutuos que entre ellos operan (O´Donnell, 2004); y la social (Smulovitz, 2001) que es la que los medios de comunicación y la sociedad civil organizada ejercen por fuera de los períodos electorales y de manera constante y sectorizada”²²⁹.

A continuación se refiere al control horizontal entre los distintos poderes de gobierno y luego, a la accountability social.

Los datos más actualizados existentes provienen del estudio llevado a cabo por CIPPEC en el marco del proyecto “Indicadores de Calidad Institucional para las Provincias Argentinas”, que forma parte de la iniciativa “Evaluaciones Subnacionales de Buen Gobierno” liderada por Global Integrity en Argentina, Perú y Ecuador²³⁰. Los indicadores de rendición de cuentas reflejan la medida en que los poderes del Estado provincial gozan de independencia efectiva y están sujetos a mecanismos de control; se observaran la rendición de cuentas de los poderes del Estado de la provincia de Córdoba, que se refieren a:

1. Existencia y funcionamiento de regímenes de control patrimonial y conflicto de intereses para los funcionarios de cada uno de los tres poderes del Estado provincial.

2. Diseño y funcionamiento de los dispositivos fundamentales del sistema de pesos y contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

3. Existencia y efectivo funcionamiento de dos agencias clave: el organismo de control externo del sector público provincial (típicamente un tribunal de cuentas o una auditoría general) y el ombudsman o defensor del pueblo de la provincia.231

Rendición de Cuentas en Córdoba

El estudio ya citado del CIPPEC concluye que en la categoría “rendición de cuentas de los poderes del Estado provincial” que la Jurisdicción presenta dos grandes debilidades:

²²⁹ CIPPEC, Indicadores de calidad institucional para las provincias argentinas. El caso de la provincia de Córdoba, Documento de Trabajo N° 41, marzo de 2010, p. 17. Los indicadores que presenta el estudio fueron elaborados a partir de la información obtenida en entrevistas a diferente actores claves de cada una de las provincias y de la revisión de la normativa vigente en cada jurisdicción.

²³⁰ Cabe aclarar que en esta sección se reproducen los datos y análisis del citado estudio tanto a nivel global de las distintas provincias como para el caso de Córdoba en particular.

²³¹ CIPPEC. Hacia una agenda de buen gobierno. Mapa de la calidad institucional en las provincias argentinas. Documento de Trabajo N° 47, agosto de 2010, pág. 33.

la ausencia de una norma que regule adecuadamente el conflicto de intereses para los funcionarios públicos, y la falta de autonomía del Tribunal de Cuentas.

Tampoco en Córdoba se ha dado todavía una ley de ética pública o similar que regule en forma acabada el conflicto de intereses para los funcionarios públicos y los agentes del Estado provincial. Esta carencia constituye una importante debilidad en términos del funcionamiento de las salvaguardas básicas contra la corrupción.

Otro desafío prioritario detectado en esta dimensión es la falta de autonomía efectiva del Tribunal de Cuentas respecto del Poder Ejecutivo de la provincia. Esta situación es fundamentalmente producto de defectos de diseño institucional que no permiten garantizar la independencia de la agencia de control externo²³².

Poder Ejecutivo Provincial

A su vez el informe citado de CIPPEC evalúa que la Provincia en la dimensión “rendición de cuentas” se ve negativamente afectada por el hecho de que el conflicto de intereses prácticamente no está regulado. La única obligación que existe en la legislación es la de presentar declaración jurada patrimonial y financiera al asumir y cesar en los cargos. Si bien el acceso a las mismas por parte de los ciudadanos es muy fácil (ya que se encuentran disponibles en el sitio Web de la Provincia), la ley no exige que las declaraciones juradas sean auditadas. No hay en la legislación provincial un régimen para los obsequios y cortesías, incompatibilidades, ni restricciones para ocupar posiciones en el sector privado una vez abandonada la función pública. Asimismo no posee un código o ley de ética pública, si bien existen proyectos en la legislatura, pero que no han tenido aún tratamiento favorable.

²³²CIPPEC, Indicadores de calidad institucional para las provincias argentinas. El caso de la provincia de Córdoba, Documento de Trabajo N° 41, marzo de 2010, pág. 32.

Otro factor que deteriora el Estado de la rendición de cuentas del Ejecutivo Provincial es el hecho de que las funciones oficiales de su Gobierno no se mantienen del todo separadas y distintas de las funciones del partido que gobierna. Esto se evidencia en el hecho de que no hay impedimento alguno para que el Gobernador ejerza efectivamente la presidencia o dirección de su partido. Tampoco existen mecanismos efectivos para limitar el uso de la publicidad oficial durante las campañas electorales, ni para el control efectivo de los orígenes del financiamiento de los partidos políticos, como ya se ha visto. Por último, cuando el partido de gobierno posee mayoría propia en la legislatura los pocos mecanismos de accountability que existen no funcionan de manera eficiente.

Rendición de cuentas del Poder Legislativo provincial

La ausencia de legislación sobre conflicto de intereses afecta también la evaluación de los mecanismos de rendición de cuentas a los que está sujeto el poder legislativo. Los legisladores sólo están obligados a presentar una declaración jurada al asumir y cesar en los cargos, éstas son de carácter público pero la ley no exige que sean auditadas. Los legisladores provinciales no están sujetos a restricciones para ocupar cargos en el sector privado una vez que terminan sus funciones y tampoco están sometidos a un régimen formal con respecto a los regalos y cortesías.

Es importante resaltar que el acceso a los documentos y procesos legislativos por parte de los ciudadanos es muy abierto en la Provincia de Córdoba. La normativa que regula este tema está concentrada principalmente en la Ley de Acceso al Conocimiento de los actos del Estado (Ley 8803). En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los documentos y los registros del proceso legislativo en un plazo de tiempo y costo razonables. Mucha de esta información está disponible en el sitio Web de la Legislatura, como por ejemplo los proyectos en trámite. Los dictámenes de comisión, los registros de las votaciones y las versiones taquigráficas son accesibles por trámite personal, al igual que los diarios de sesiones. No existe, sin embargo, una práctica regular o consolidada respecto del uso de audiencias públicas²³³.

Rendición de cuentas del Poder Judicial provincial

Según la normativa, existen procesos transparentes tanto para la selección de los jueces con competencia en la Jurisdicción como para la confirmación de los mismos, los cuales son responsabilidad del Consejo de la Magistratura Provincial. Los jueces, según las fuentes consultadas, son frecuentemente seleccionados teniendo en cuenta los requisitos profesionales. El Consejo de la Magistratura abre en efecto las convocatorias para los cargos judiciales al menos una vez al año, realiza los concursos y elabora los órdenes de mérito respectivos que luego eleva al Poder Ejecutivo Provincial (PEP). En general se puede afirmar que se trata de un mecanismo transparente y competitivo.

Los miembros del Poder Judicial están obligados a fundamentar sus decisiones y lo hacen en la totalidad de los casos. Asimismo, existen agencias disciplinarias para la Justicia Provincial. Una de ellas es el Ministerio Público Fiscal, entre cuyas funciones se encuentra custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante aquéllos la satisfacción del interés social. Asimismo es el Jurado de Enjuiciamiento, donde “los magistrados y funcionarios del Poder Judicial no sujetos a juicio político, pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo ante un Jurado de Enjuiciamiento, al solo efecto de su destitución, fundado en las causas que la autorizan, con actuación del Fiscal General” (Artículo 159, Constitución Provincial). Según la ley, estas agencias están protegidas de interferencias políticas, a través del procedimiento para nombramiento y de la duración y remoción de los titulares. No obstante, en la práctica inician pocas investigaciones, aun cuando es necesario, y suele ser permeable a las influencias políticas. El procedimiento es muy complicado y dificulta el inicio de investigación y, por ende, la imposición de sanciones.

²³³ Ibíd, p. 18.

Institución Provincial de Auditoría Externa

En la Provincia, lo más aproximado que existe a una institución de auditoría externa es el Tribunal de Cuentas (TCP); sin embargo, no está claro que se trate de una instancia de control realmente independiente dado que dos de los tres miembros que lo componen siempre responden a la mayoría legislativa constituida por el partido de gobierno.

Desde la investigación realizada para el estudio CIPPEC han constatado que la agencia produce informes, pero que estos no son periódicos, no están formalmente establecidos y no son de fácil acceso, aun cuando el Tribunal de Cuentas está incluido en la Ley 8803 de publicidad de los actos del Estado. El Tribunal no cuenta con una página web a través de la cual se dé cuenta de sus actividades y se pueda acceder a sus informes.

Las fuentes consultadas sostienen también que, en la práctica, el Gobierno provincial no actúa sobre la base de las investigaciones que realiza el Tribunal de Cuentas; su trabajo es de control administrativo y de la legalidad de la ejecución del gasto y nunca se generan medidas correctivas a partir de las constataciones fehacientes. Por lo que se ha podido indagar en diferentes entrevistas, no es habitual que las agencias de la Administración Pública Provincial tengan en cuenta los informes del TCP para corregir procedimientos o decisiones. Si bien la ley habilita al TCP para iniciar investigaciones en forma independiente, en la práctica esto no ocurre y, en general, no inicia investigaciones de ningún tipo sin el consentimiento del Ejecutivo provincial²³⁴.

Defensor del Pueblo provincial

En la Provincia existe un Defensor del Pueblo, que es designado por la Legislatura con el voto de dos tercios de sus miembros, “como comisionado para la defensa de los derechos colectivos o difusos, la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones, de acuerdo con lo que determine la ley” (Artículo 124, Constitución Provincial).

Según la normativa, este organismo está protegido de interferencias políticas, no solamente porque su titular es designado por la Legislatura, sino también porque goza de las mismas inmunidades que los legisladores, dura cinco años en sus funciones y no puede ser separado de ellas sino por las causales y el procedimiento establecido para el juicio político. Además, la Ley 7741 establece que en el desempeño de sus funciones, el Defensor del Pueblo no recibirá instrucciones ni estará sujeto a mandato de autoridad alguna, ni puede interrumpirse su actividad por ningún motivo.

A diferencia de lo que ocurre en el nivel nacional y en otras provincias, en Córdoba el Defensor del Pueblo no tiene facultades para iniciar investigaciones de oficio, ni legitimación procesal, y sus resoluciones no son vinculantes. Como resultado, es inusual que el Gobierno provincial adopte medidas correctivas sobre la base de los informes y recomendaciones del Defensor del Pueblo. La Defensoría recibe financiamiento regular, pero éste resulta insuficiente. Por otra parte, la Defensoría no dispone de plantel técnico debidamente calificado y seleccionado para las distintas tareas específicas que se deben realizar.

El Defensor del Pueblo produce habitualmente informes públicos. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, tanto éstas como los informes del Defensor pueden ser consultados en el sitio web de la Defensoría. La Defensoría atiende todos los reclamos aunque pueden producirse demoras, pero

²³⁴ Ibíd, pp. 19 y 20.

éstas se deben sobre todo a la poca celeridad que tienen los organismos del Estado para responder a los pedidos de la Defensoría²³⁵.

8.3.1.3 Accountability social

Como se señaló más arriba en la definición de rendición de cuentas, la accountability incluye tres tipos: vertical, horizontal y social. Esta última hace referencia al control que ejercen tanto los medios de comunicación como los pobladores en particular y la sociedad organizada respecto de los actos de gobierno. El ejercicio de este tipo de accountability supone que existen ciudadanos preocupados por conocer y monitorear el funcionamiento de las administraciones públicas, bajo el convencimiento de que es posible y deseable debatir y opinar acerca de los asuntos públicos sin tener que esperar al momento de las elecciones para sancionar o premiar a los gobernantes. En este sentido hay que señalar que el accountability social se refiere entonces a una nueva modalidad de participación ciudadana centrada en la exigencia de rendición de cuentas, en la garantía del acceso a la información pública, en el cambio de comportamiento de políticos, funcionarios públicos y empresas (mayor receptividad y apertura al diálogo con la ciudadanía) y en la construcción de estándares formales e informales para evaluar los desempeños y resultados de la gestión pública. Las debilidades y fracasos de los mecanismos de Rendición de Cuenta mencionados en el apartado anterior dan cuenta de la necesidad de contar con nuevos dispositivos de carácter relacional entre el Estado y la Sociedad Civil.

Dos experiencias en Córdoba

Se puede considerar que el período en el que se desarrollan las campañas electorales es clave para el monitoreo, en tanto que es el momento en que los candidatos realizan sus propuestas de gobierno en las cuales establecen prioridades y metas a lograr que se supone implementarán una vez electos.

En nuestro país, si bien existe la obligación por parte de los candidatos a los distintos niveles de gobierno (presidente, gobernador, intendente) de presentar junto con la inscripción de su candidatura una plataforma de gobierno, en general, la misma no constituye el eje de las campañas electorales.

Es decir, la mayoría de la población no conoce dichas plataformas, reduciéndose las campañas a la publicidad y debate de algunas medidas puntuales o a ciertos rasgos y aptitudes de los candidatos. No obstante, hay interesantes iniciativas tendientes a revertir esta situación. En las últimas elecciones generales en la Provincia, se desarrolló la iniciativa Agenda del Gobernador con el objetivo de “promover el debate público, basado en ideas y propuestas sobre las prioridades de la Provincia de Córdoba”. Se reunió a distintas organizaciones educativas, sociales, empresariales, comunicacionales y políticas de la Jurisdicción236, las cuales elaboraron un diagnóstico sobre algunas de las problemáticas centrales que afectan a la Provincia. Dicho documento fue presentado a los distintos candidatos con el objetivo de conocer sus alternativas de solución y difundirlas a toda la comunidad. La experiencia fue positiva en tanto promovió la difusión de las respuestas de los candidatos y el desarrollo de debates en torno a los mismos.

A nivel municipal, la red ciudadana Nuestra Córdoba, durante el Panel organizado de manera conjunta con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entregó a los Candidatos a Intendente para las elecciones de setiembre de 2011, un documento denominado Diez Áreas de la Ciudad miradas desde la ciudadanía. Nudos críticos, problemas y líneas de acción237. Este documento resume los resultados de las sesiones temáticas que tuvieron lugar durante el I Foro de Nuestra Córdoba el 2 y 3

²³⁵Ibíd, pp. 21 y 22.

²³⁶La iniciativa fue coordinada por el Instituto Federal de Gobierno de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba.

²³⁷Lucio Scardino. Virginia Ramanutti. Diez áreas de la ciudad miradas desde la ciudadanía. I foro ciudadano Nuestra Córdoba. 2011. Disponible en www.nuestracordoba.org.ar/documentos/Diez_areas_miradas_ciudadania.pdf

de junio de 2011. Desde la Red se les solicitó a los candidatos que hicieran llegar sus posicionamien-tos y propuestas en cada una de las áreas temáticas y nudos críticos identificados. Las respuestas de los candidatos fueron sistematizadas en un documento que reúne las respuestas por área temática analizada²³⁸.

8.3.1.4 Promoción de la participación desde el Estado

De acuerdo a datos del Informe Latinobarómetro 2011, en el caso de Argentina la falta de participa-ción ciudadana es evidenciada como un problema de la democracia de relativa importancia; esto hace visible la necesidad de que el Estado genere políticas activas al respecto, desarrollando un mo-delo de Estado abierto hacia la sociedad, que promueve el diálogo y la búsqueda de consensos acer-ca del proyecto colectivo a construir. La participación de la ciudadanía en la definición y puesta en práctica de las políticas públicas se enmarca en una visión relacional del Estado que tiene en cuenta la interacción con los demás sectores.

En el Gráfico 8.4 se muestra a las claras la percepción de los encuestados con respecto a cuestiones claves referidas a la calidad de la democracia.

La participación en la ciudad de Córdoba, el caso del Presupuesto Participativo

Si bien la participación ciudadana en la definición e implementación de políticas no constituye una práctica habitual en nuestro país, sí existen algunos mecanismos institucionalizados que habilitan distintos espacios atinentes. A nivel local los principales son:

el Presupuesto Participativo, las Juntas de Participación Vecinal, las audiencias públicas y los centros vecinales.

Del análisis realizado por la red ciudadana Nuestra Córdoba acerca del funcionamiento de estos instrumentos, se destaca como un serio problema el nivel de retraso en la ejecución del Presupuesto Participativo (PP).

²³⁸ lucio Scardino. Virginia Ramanutti; Propuestas de los candidatos sobre los nudos críticos y problemas priorizados en el I tolo ciudadano de Nuestra Córdoba, 2011. Disponible en www.nuestracordoba.org.ar/documentos/deyoluciones/Devoluciones_Candidatos.pdf

Durante el año 2009 el porcentaje de PP ejecutado en relación a lo presupuestadofue del 31,5% lo que equivale a decir que de cada $10 ejecutados del presupuesto municipal 40 centavos fueron corresponden al Presupuesto Participativo, en 2010 la relación fue de 2,5% o sea sólo 3 centavos. Esta situación claramente desincentiva la participación en tanto los ciudadanos se sienten defraudados al no ver materializadas las obras y proyectos decididos colectivamente.

Otro tipo de análisis es posible si se compara el total de población habilitada para participar de los Cabildos Barriales con el total de los que estuvieron involucrados; entre dos y cuatro de cada 1.000 habitantes mayores de diecinueve años fueron activos en los Cabildos Barriales del Presupuesto Participativo en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a un estudio realizado a partir de treinta experiencias en desarrollo en América Latina y Europa, se concluye que la tasa de participación promedio se sitúa entre el 2% y el 7% de la población, en el caso de Córdoba esta cifra es entre el 0,18% y el 0,23% del total de la población (Cf. Cabannes, 2004).

De esto se deduce que mientras el promedio de participación en el mundo es entre 20 a 70 personas de cada 1000, en Córdoba el promedio es de 1 a 3 personas de cada 1.000.

8.3.2 Sociedad civil

Para tener un mejor Estado, se necesita una mejor sociedad civil

De acuerdo a John Gaventa, en la actualidad existe un consenso generalizado en la necesidad de combinar un Estado fuerte y una sociedad civil equivalente ya que, “ambos se fortalecen y apoyan mutuamente: ciudadanos fuertes, conscientes, responsables, activos y comprometidos, junto con gobiernos democráticos fuertes, incluyentes, abiertos, atentos, capaces de escuchar y dar respuestas”.

Sin embargo para que la Sociedad Civil logre incidir en la calidad institucional, eje de desarrollo de este capítulo, se considera que no es suficiente ser ciudadanos cualificados sino que es necesario lograr el máximo posible en el entramado de confianza tejido en una sociedad, equivalente a lo que se denomina Capital Social. Concepto al que Carlos March, en su libro Dignidad para Todos define como “ todo proceso de continua construcción y todo flujo dinamizador de la sociedad, compuesto de la sumatoria de los bienes públicos (todo aquello accesible a todos en iguales condiciones de calidad y cantidad), de las políticas públicas (las que genera el Estado más las que decide impulsar el ámbito privado), de los bienes comunes (todo aquello que es generado por los individuos para ser invertido en garantizar la vida digna del planeta, los animales, los vegetales e inclusive, los seres humanos). Estos recursos se crean y recrean en el “espacio de los flujos”, lugares geográficos predeterminados y al mismo tiempo, determinados por los movimientos de alcance global y las personas globalizadas, que combinan aspectos presenciales y virtuales”239.

²³⁹Carlos March, Dignidad para Todos pág. 38. 2009, Temas Grupo Editorial.

Es a partir de su capacidad de generar Capital Social que la sociedad civil tiene mayor o menor oportunidad de ser un agente facilitador y transformador de oportunidades que incidan en mejorar la calidad institucional y como consecuencia de ello incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. A la vez que tendrá mayor o mejor efectividad en el control y exigencia de rendición de cuentas, en función de la autonomía, de los recursos de poder directos o indirectos con que cuentan y de los roles que juegan. En cuanto “la autonomía condiciona tanto la efectividad como la legitimidad del accountability social”; que los recursos y poderes directos e indirectos con que cuenta le permiten traducir su vigilancia, sus exigencias y sus demandas en consecuencias y efectos reales sobre los poderes públicos y la administración pública y que las estrategias definidas e implementadas permiten lograr el objetivo buscado²⁴⁰.

Existe una gran diversidad de estudios y enfoques elaborados para medir el nivel de capital social de una sociedad. No es el caso de este artículo profundizar en ellos, sólo se tomará un subcomponente de los desarrollados en el Índice de Desarrollo Local²⁴¹ para complementar esta propuesta conceptual.

Participación en Grupos y Asociaciones: mide el involucramiento activo en grupos y organizaciones formales e informales, como indicador del tejido del que forman parte los individuos. De acuerdo a los datos de la medición realizada por Latinobarómetro en 2011, ante la pregunta qué implica ser un buen ciudadano, participar en organizaciones sociales ocupa el cuarto lugar con el 12,2% y participar en organizaciones políticas el quinto lugar con un 7,5%. Si bien este dato no hace referencia al porcentaje de personas que efectivamente participa en este tipo de organizaciones, sí evidencia que la participación y el involucramiento en los problemas públicos no es entendida como parte importante del ejercicio de la ciudadanía. Por lo tanto, se puede inferir que este componente del Capital Social se encuentra un tanto debilitado en la sociedad argentina.

Antes de culminar este apartado, como contrapeso al análisis de la débil participación ciudadana, es necesario destacar también el fenómeno de proliferación de experiencias innovadoras en sus mecanismos de construcción de capital social y participación ciudadana; algunas de las mismas están indicadas en el punto 8.4: Ciudades Sustentable.

²⁴⁰ Andrés Hernández – Director del proyecto Análisis y Estudio de Experiencias de Accountability Social en América Latina 2011.

²⁴¹Eduardo Arnoletto et al, Índice de Desarrollo Local para la gestión, PROFIM, Universidad Católica de Córdoba, 2005.

8.3.3. El rol de la empresa

“Puede parecer una contradicción decir que lo público y los bienes colectivos se pueden producir desde el interés privado. Sin embargo, cuando las empresas producen bienes y servicios bajo un criterio ético ‐que contribuya a hacer posibles los derechos humanos‐ están contribuyendo a favorecer el interés común”²⁴². Esto es lo que se denomina Responsabilidad social empresarial (RSE). Ahora bien, el concepto comenzó a forjarse lentamente, pasando de una visión centrada en la simple filantropía a la concepción de ciudadanía corporativa que tiene como principio básico que la empresa no es una entidad aislada, sino que es parte de la misma sociedad donde opera con lo cual debe tener en cuenta no sólo las consecuencias económicas y financieras de sus actividades sino también los aspectos sociales, ambientales, de desarrollo y de género.

En este sentido, el informe En Busca de la sostenibilidad²⁴³ elaborado por Fundación AVINA da cuenta, a partir de un análisis realizado entre el período 2000–2010 en Latinoamérica, que muchas empresas empiezan a tener una visión a mediano y largo plazo, buscando obtener confianza y asumiendo que su rol en el desarrollo sostenible es parte de una agenda colectiva. En cuanto a la forma que toma la RSE en términos generales, si bien el enunciado es la tendencia a la sostenibilidad, en las prácticas se evidencia una convivencia de filantropía con inversión social y algunos ejemplos aislados de gestión integral, según corroboraron los entrevistados. En especial las empresas grandes participan en debates sobre su rol ante la pobreza (por ejemplo, en el marco de iniciativas internacionales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio impulsados por Naciones Unidas), seleccionan proveedores que implementan criterios responsables y comunican sus buenas prácticas laborales y ambientales. Cada vez con más frecuencia empiezan a aparecer novedosos casos empresariales en cuestiones diversas como la ecoeficiencia y los negocios inclusivos.

El movimiento en torno a la RSE genera expectativas de cambio de roles y de vínculos entre los distintos actores. El cambio más notorio es la creciente cantidad de alianzas que se concretan entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil (tanto por el tipo de vínculo como por las soluciones encontradas a problemáticas sociales), produciéndose un intercambio en el cual todos encuentran su beneficio. Por otra parte, los sectores privado y social coinciden en las demandas de cambio hacia el Estado. A grandes rasgos esa exigencia podría resumirse en un pedido de que se involucre más, de que interactúe y dialogue; la diferencia es que unos generalmente buscan incentivos, en tanto los otros suelen reclamar regulación e intervención. Pero hay casos en que esta diferencia empieza a desaparecer, como muestra el compromiso que asumieron empresas de Brasil para la reducción de emisión de CO2 y la solicitud formal que hicieron ante el gobierno para que asuma el liderazgo en este tema y se trabaje en equipo entre todos los sectores para lograr una reglamentación.

Se puede decir entonces que uno de los objetivos intrínsecos a la RSE es lograr cambios de comportamiento que tiendan hacia la sostenibilidad y la transformación social. Desde este punto de vista es fundamental establecer por qué las empresas latinoamericanas deciden realizar una gestión socialmente responsable. Éstas son las principales motivaciones de las empresas para un cambio de comportamiento²⁴⁴:

²⁴²José Bernardo Toro y Martha C. Rodríguez: Lo público es aquello que conviene a todos, de la misma manera, para la dignidad de todos. La Comunicación y la movilización social en la construcción de bienes públicos, 2001, para el Banco Interameri‐

cana de Desarrollo, Washington DC, p. 28.

²⁴³ Fundación Avina y Mercedes Korin. En busca de la sostenibilidad. El camino de la responsabilidad social empresaria y contribución de la Fundación Avina, Buenos Aires, 2011. Disponible en http://www.avinarse.org/.

²⁴⁴ Fundación Avina y Mercedes Korin. En busca de la sostenibilidad. El camino de la Responsabilidad social Empresaria y contribución de la Fundación Avina, Buenos Aires, 2011,pág. 41. Disponible en http://www.avinarse.org.

Empresas en general:

Las crisis económicas y políticas que sufrieron varios de los países de la región en la década estudiada contribuyeron a que las empresas buscaran nuevas estrategias para vincularse con la comunidad y, en ese contexto, la RSE fue vista como una buena estrategia, muchas veces aplicada como inversión social o de manera eventual y reactiva.
El mandato de mercados que comenzaron a exigir prácticas responsables motivó que muchas empresas de la región proveedores de empresas internacionales incorporan la RSE de manera integral.
La moda del tema de la RSE: el interés de las empresas de posicionarse en nuevas tendencias.
La oferta de herramientas como los indicadores de medición de RSE que facilitan la implementación en las empresas.

Empresas grandes:

La gestión de riesgos centrados en la presión social (generada por el descontento social y la inequidad que caracteriza al continente, sumado a comportamientos irresponsables de las empresas).

La reputación ( son las empresas grandes, que suelen realizar importantes inversiones en su imagen pública las que más toman su reputación como componente indispensable para ser competitivas).

Las exigencias de casas matrices localizadas en países desarrollados.

Empresas Pymes:

La exigencia de cumplimiento de estándares por parte de las empresas clientes.
La necesidad del propietario de dejar instalada en la empresa una cultura de gestión ética para cuando él no esté presente.
La voluntad del propietario de ayudar a la comunidad vecina que, en muchos casos, lo vio nacer.

En la medida en que la RSE se instala conceptualmente, se empieza a ver un cambio de comportamiento de las empresas involucradas en la búsqueda de mecanismos de transparencia para sus procesos, lo cual resulta fundamental a la hora de interactuar con la sociedad civil y el Estado.

8.4. Ciudades Sustentables, como propuesta innovadora

8.4.1 El Diagnóstico

Hace más de una década el Fondo de Población de las Naciones Unidas²⁴⁵ declaró que “en la primera mitad del siglo XXI, el crecimiento de las ciudades sería el factor más influyente en el desarrollo”. Hoy es posible reafirmar el desafío que representan los espacios urbanos en tanto escenarios principales de la actividad política, social, cultural y económica del mundo actual. Las ciudades son reconocidas como agentes de cambio y lugares de alta productividad y desarrollo económico. Puede decirse por ejemplo, que Sao Paulo representa el 12% del Producto Interno Bruto de Brasil, Buenos Aires el 24% del de Argentina, Bogotá el 25% del de Colombia y Lima el 47% del de Perú²⁴⁶. A la vez que, los retos siguen siendo exigentes en materia de degradación ambiental, desigualdad de ingresos, marginalización y diversas formas de exclusión. Las cifras evidencian que Latinoamérica se sitúa a la cabeza del fenómeno global de urbanización y que los índices de marginalización son preocupantes: 75% de sus 500 millones de habitantes están viviendo en zonas urbanas y 120 millones se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En Argentina, según datos del Censo Nacional de 2010, el 60% de la población está concentrada en una región integrada por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, y en una superficie que no alcanza el 22% del total del país²⁴⁷. A su vez, los conglomerados urbanos concentran 2.086.000 de personas por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 592.000 personas son indigentes²⁴⁸. Este escenario común, complejo y con esquemas débiles de gobernabilidad y estructuras políticas en las ciudades de la región nos pone ante el desafío concreto de generar condiciones que reviertan el diagnóstico y que exigen trabajar a partir de la co‐responsabilidad, involucramiento y compromiso de todos los sectores y de todos los ciudadanos, lo que se ha llamado en el transcurso de este capítulo: triángulo virtuoso. Un esfuerzo deliberado, consciente y organizado para lograr las transformaciones necesarias.

8.4.2 La oportunidad

Existen hoy experiencias, acciones, organizaciones y movimientos sociales que están trabajando en pos de la necesidad del reconocimiento del Derecho a la Ciudad, “definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.

Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos”²⁴⁹.

El primer y fundamental paso para hacer realidad el Derecho a la Ciudad es hacer visible las realidades de inequidad, corporativismo y falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones en cuestiones que hacen al interés colectivo. Si las discusiones públicas no centran la atención en estas problemáticas difícilmente podrán convertirse en cuestiones de la agenda pública y de la agenda del Estado.

En la región latinoamericana existen experiencias que asumieron estos retos y hoy constituyen movimientos de vanguardia al articular enfoques técnicos con una comprometida estrategia de inciden‐

²⁴⁵Estado de la Población Mundial 1996, UNFPA.

²⁴⁶London School of Economics, Cities and social equity, Report 2009, p. 24.

²⁴⁷ Censo 2010 www.censo2010.indec.gov.ar

²⁴⁸ INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, septiembre de 2011.

²⁴⁹Artículo 1, inciso 2 de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Foro Social de las Américas, Quito, julio 2004; Foro

Mundial Urbano, Barcelona, octubre 2004; Foro Social Mundial, Porto alegre, enero2005; Revisión previa a Barcelona, setiembre 2005.

cia en políticas públicas. Esas iniciativas son ejercicios de monitoreo desde la ciudadanía que incrementan el impacto de la rendición de cuentas de los gobiernos locales; optimizan la inversión y el uso del presupuesto a través del diálogo ciudadano sistemático e informado; fortalecen la participación de la ciudadanía en la definición de las prioridades de los territorios donde actúan y, especialmente, le permiten a la sociedad civil involucrada levantar alertas tempranas sobre el uso adecuado de los recursos públicos.

Los movimientos convocan a la construcción de un nuevo imaginario de ciudad, rescatando el sentido de calidad de vida para todos, proponiendo alianzas entre actores de todos los sectores que incluyen nuevas formas de interacción entre los ciudadanos y el Estado y contribuyendo a la visión de largo plazo integral e integrado a la ciudad en su diversidad. Convencidos que la movilización y concertación entre distintos sectores de la sociedad pueden transformar la gestión de las ciudades latinoamericanas.

Sin duda, uno de los componentes centrales de estos procesos, es la promoción de ciudadanos más activos, como “hacedores y formuladores”, antes que “usuarios y escogedores” de intervenciones o servicios diseñados por otros, a través de espacios de concientización, así como de la facilitación de canales apropiados para que la población pueda participar250.

Actualmente diez países de América Latina albergan en sus ciudades más de ochenta movimientos de estas características, con mayor o menor grado de avance y particularidades según el caso, que a su vez constituyen en su mayoría la Red Latinoamericana de Ciudades y Territorios, Justos, Democráticos y Sustentables251.En Argentina hay cinco experiencias: Nuestra Buenos Aires, Nuestra Córdoba, Nuestra Mendoza, San Martín de los Andes Como Vamos y Rosario Sustentable.

8.4.3 Procesos de ciudades Justas, Democráticas y Sustentables

La ciudad es una construcción social, no la consecuencia de un fenómeno espontáneo, natural o externo a nosotros mismos. La definición de qué horizontes alcanzar y de cómo lograrlos son definiciones humanas que en muchos casos no son públicas ni remiten al interés público y, en consecuencia, desconocen y excluyen a vastas mayorías de la posibilidad de formar parte de un proceso activo y consciente de “pensar y hacer” la ciudad252. En este sentido, ciudadanos movilizados por la voluntad de querer cambiar generan espacios de participación ciudadana con el objetivo de articular y conjugar esfuerzos en el convencimiento que una ciudad Justa, Democrática y Sustentable, es posible. Para ello concentran sus esfuerzos en abordar las problemáticas de la ciudad de manera integral, en base a la información (construcción y monitoreo de los indicadores locales de la calidad de vida urbana), impulsando formas más inclusivas y deliberativas de concertación entre los ciudadanos y el Estado (acciones de sensibilización, debate, generación de propuestas e incidencia en políticas públicas).

8.4.4 La experiencia de Córdoba: Red Ciudadana Nuestra Córdoba

Nuestra Córdoba es un ámbito de acción colectiva plural que reúne a organizaciones sociales, universidades, empresas, ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Córdoba. Es un espacio no partidario, autónomo con relación con los gobiernos en todos sus niveles, que se ha propuesto como objetivo contribuir a la construcción de una ciudad Justa, Democrática y Sustentable; entendiendo que para ello es necesario reconocer e instalar en la opinión pública y en la agenda del Estado los problemas que conforman obstáculos estructurales en la realización de este propósito. Para lograr este objetivo la red está organizada en diez Grupos Temáticos de Trabajo en torno a tres estrategias centrales:

²⁵⁰Cornwall y Gaventa (2000). Artículo de Temas Sociales Diciembre 2006 Hacia un gobierno local participativo.

²⁵¹ http://redciudades.net/.

²⁵² Carta de principios y propósitos, Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Disponible en http://www.nuestracordoba.org.ar./archivos/cartaprincipios.pdf

En el marco de estas estrategias la red ha organizado, desde su lanzamiento público en mayo de 2010, numerosos foros de debate sobre distintas problemáticas tales como Residuos Sólidos Urbanos, Presupuesto Participativo, Educación, Transporte, entre otros; publicó el documento Indicadores Ciudadanos y Nudos Críticos: diez áreas de la ciudad miradas desde la ciudadanía²⁵³. Asimismo, la red promovió la sanción de una Ordenanza que establece la obligación por parte del intendente de presentar un Plan de Metas de Gobierno a cumplir durante su gestión; dicha norma fue aprobada por unanimidad en junio de 2011.

Nuestra Córdoba forma parte de las redes Argentina y Latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables las cuales están conformadas por iniciativas ciudadanas que comparten el mismo objetivo y las estrategias de trabajo.

8.5. Consideraciones finales

De lo expuesto en este capítulo se concluye que existen importantes desafíos para mejorar la calidad institucional de nuestro país en los tres sectores abordados. Con relación al Estado se observa que la cultura de rendir y pedir cuentas es débil tanto entre los poderes del Estado como desde la sociedad civil hacia el Estado, aunque existen algunas experiencias que están intentando revertir esta situación. Asimismo se advierte la necesidad de avanzar en una mayor regulación de los conflictos de intereses y en el desarrollo de gobiernos más abiertos y transparentes que desarrollen políticas activas de promoción de la participación ciudadana. La sociedad civil necesita fortalecerse en el desarrollo de un rol activo de monitoreo de las acciones estatales y aportar desde su lugar a la construcción de lo público. Se trata de un desafío doble, por un lado es preciso contar un Estado más abierto y transparente que fomente el intercambio con los ciudadanos y por el otro, la ciudadanía debe comprometerse e involucrarse en los asuntos públicos. En el sector empresarial el reto consiste en el desarrollo de la conciencia de que la construcción de lo público también involucra al sector en tanto promotor de la riqueza de una sociedad. Por tanto, es fundamental orientar los esfuerzos hacia la conformación de una cultura empresarial que comprenda que “no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas”. Recapitulando, el desafío mayor consiste en trabajar fuertemente en la articulación y el diálogo entre los sectores para que un desarrollo justo, democrático y sustentable sea posible. El sentido ético del accionar humano es fundamental tanto en la vida cotidiana de todos y de cada uno en particular, como en las muy diversas instancias y organizaciones. Al respecto, las conductas aisladas y los propósitos desarticulados menguan considerablemente sus respectivas posibilidades de incidencia en general; entrados en el siglo XXI es un imperativo inexcusable alcanzar pronta y adecuada capacidad comunitaria para, entre otras, disminuir notablemente las enormes asimetrías socioeconómicas para que el mandato constitucional sea por siempre la base irrenunciable: “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino (…)” ²⁵⁴. La articulación inteligente y complementaria de los tres sectores los fortalece a cada uno por igual y contribuye a alcanzar un estadio superior digno de la condición humana. Esto es posible y vale la pena intentarlo.

²⁵³Lucio Scordino; Virginia Romanutti. Diez áreas de la ciudad miradas desde la ciudadanía. I foro ciudadano nuestra Córdoba, 2011. Disponible en http://www.nuestracordoba.org.ar/documentos/diezareas_miradas_ciudadania.pdf

²⁵⁴ Congreso General Constituyente. Constitución. Preámbulo. Argentina. 1853, 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994.

febrero 19, 2014 Permalink
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