ASPECTOS SOCIALES
CAPÍTULO 8: ASPECTOS SOCIALES
8.1 Introducción
En las últimas décadas, en la Argentina fueron incontables las oportunidades que se presentaron para construir una república con bases sólidas en materia de educación, salud, empleo y distribución del ingreso. Sin embargo, el oportunismo político y la falta de un modelo de país consistente en el tiempo no permitieron aprovecharlas. La decadencia permanente tanto en las variables económicas como de las sociales, no deja vislumbrar un buen panorama hacia el futuro.
Las altas tasas de pobreza y el empeoramiento de los indicadores de equidad en estas últimas décadas han contribuido a reforzar las secuelas tan temidas del círculo vicioso de la pobreza (Esquema 8.1). Este se explica básicamente de la siguiente manera: los países pobres tienen una gran cantidad de ciudadanos con rentas bajas, que la destinan fundamentalmente al consumo, por ende, no tienen capacidad de ahorro. Cuando esto sucede, no pueden invertir (no hay formación de capital). Sin inversiones no aumenta la producción ni se producen mejoras en la productividad y en el empleo. Si no aumenta la producción el país se estanca y se empobrece. Entonces, una nación pobre no ahorra, sino que consume casi toda su renta para poder sobrevivir Y si sólo se producen bienes de consumo, sin incremento en el stock de capital, no hay crecimiento económico.
En otras palabras, un mayor nivel de pobreza produce niños desnutridos o mal alimentados, lo que se manifiesta en una disminución de su capacidad para aprender. A lo largo de su vida, sufrirán episodios de marginación y malas oportunidades laborales, lo que genera potenciales situaciones de violencia. Asimismo, debido a las deficiencias que existen en el sistema sanitario, no tendrán acceso al beneficio de una buena salud ni recibirán la información necesaria para prevenir enfermedades.
Los últimos cinco años se caracterizaron por una etapa de fuerte crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), lo que permitió una continua mejora de los indicadores sociales. Sin embargo, el actual desempeño económico presenta un enorme contraste: se aceleró el proceso inflacionario, se redujo de manera significativa el salario real de los trabajadores, se estancó la creación de empleo y aumentó la cantidad de despidos y suspensiones. Estos hechos influyeron en la calidad de vida y afectaron la distribución del ingreso, contribuyendo a reforzar la iniquidad social. Como consecuencia de ello, parece inevitable el surgimiento de un clima de tensión e inseguridad social. Frente a este panorama, cabe ahondar en la pregunta ¿por qué la Argentina presenta actualmente igual proporción de personas pobres que antes del período de bonanza, a pesar del crecimiento económico más importante de los últimos 60 años?
8.2 El deterioro social de los últimos años
En las últimas décadas, la economía argentina ha demostrado ser altamente volátil (ver Capítulo 6). A modo de ilustración, un individuo de cincuenta años convivió la mitad de su vida laboral con diferentes tipos de recesiones. Sin lugar a dudas, estas variaciones bruscas en el nivel de la actividad económica son en parte responsables de los problemas sociales que hoy sufre la Argentina. La volatilidad económica genera no sólo costos económicos y políticos, sino que también impacta en cuestiones más generales que tienen una fuerte influencia sobre el bienestar de la sociedad. Esto se observa al analizar diversos indicadores socio-económicos como la distribución del ingreso, pobreza, informalidad laboral, salud y violencia en la Argentina durante los últimos años.
8.2.1 La distribución del ingreso
Para medir la desigualdad en la distribución del ingreso se utilizan diferentes medidas que brindan una idea sobre la concentración de los ingresos de las personas. Un índice de desigualdad es una medida que resume la manera en que se distribuye una variable, como por ejemplo el ingreso, entre un conjunto de individuos. Un modo de calcular el grado de desigualdad es determinar la brecha de ingresos entre el grupo más rico de la población y el más pobre.
El Gráfico 8.1 muestra cuántas veces más recibe el 10% más rico de la población con relación al 10% más pobre, desde el año 1974 hasta principios de 2007 (último año del que se cuenta con datos disponibles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
La desigualdad en los últimos 35 años fue creciendo sin interrupciones hasta alcanzar el máximo nivel en mayo de 2002, fecha a partir de la cual experimentó un leve descenso. En 1974 el ingreso del 10% más rico era sólo 7,5 veces mayor al que percibía el 10% más pobre, mientras que en el 2007 dicha relación fue de 25,5 veces. La brecha más grande se registró en mayo de 2002, año en el que el 10% más pobre recibía 41 veces menos ingresos que el 10% más rico de la población.
El indicador más usado para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. Cuando el valor del mismo es igual a cero, se dice que hay completa igualdad en la distribución, mientras que cuando es igual a uno implica que el percentil más rico de la población posee todo el ingreso, es decir, existe completa desigualdad.
El Gráfico 8.2 muestra el valor que alcanzó el coeficiente de Gini en cada una de las provincias del país en dos años en particular: 1993 y 2006. En la década pasada, así como durante cinco años luego de la crisis del 2001, hubieron años de fuerte crecimiento económico, que no se tradujeron en un mejoramiento de las condiciones sociales: el crecimiento por sí solo no garantizó una mejora en la distribución del ingreso. En 1993, el coeficiente de Gini alcanzó un valor promedio en el país de 0,41, mientras que trece años después, el mismo fue de 0,45; es decir, la distribución empeoró a pesar del aumento en el PBI. En 2006, la distribución más equitativa corresponde a la provincia de Santa Fe (0,38), mientras que la más regresiva se dio en San Juan (0,49).
Recuadro 8.1: Diferentes propuestas en torno a la justicia en la distribución.
Enfoques filosóficos y económicos “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Las leyes e instituciones no importa cuán eficientes y bien estructuradas sean, deben ser reformadas o abolidas si son injustas” (Rawls, 1971). Las corrientes de pensamiento respecto a este tema son las que se nombran a continuación:
• La visión utilitarista: según ésta, existe una función de bienestar social, que se define como un conjunto de juicios de valor sobre las preferencias. Como estos juicios se realizan sobre la base de las utilidades de cada una de las personas, debe existir la figura de un “juez” quien determine qué es justo y qué no lo es. Es decir, alguien que evalúe la situación social desde un punto de vista moral. Según Paul Harsanyi (1982) este juez debe ser un observador imparcial, pero humano y comprensivo, que debe buscar maximizar el bienestar de toda la sociedad.
• La visión liberal: este enfoque está basado en los derechos morales necesarios para asegurar la libertad de los individuos. Ponen la libertad de las personas por sobre todas las cosas.
Existen dos pensadores que comparten esta base filosófca:
• John Rawls: dándole suma importancia a las libertades individuales y basándose en el enfoque del contrato social 1, define a la sociedad como “una asociación de personas que cooperan para alcanzar una ventaja mutua, y que por lo tanto está marcada por el conflicto que surge de la distribución de los frutos de la cooperación”. De aquí se derivan dos principios de justicia: 1) que las personas tienen derecho a la más amplia libertad posible y que; 2) las desigualdades sociales y económicas podrán ser aceptables sólo si se dan bajo igualdad de condiciones y si favorecen a los menos favorecidos (principio de diferencia). Para Rawls, lo importante es que estos últimos obtengan una mejor calidad de vida. Para ello, propone un sistema de igualdad democrática según el cual, todas las personas deben poder acceder a las mismas condiciones de vida y todas las ventajas que cuenten los más favorecidos deben ser compartidas con los menos favorecidos, ya que nadie merece haber nacido con menos recursos y talentos que otra persona. Por este motivo, es esencial la intervención del estado.
• Robert Nozick: basa su pensamiento en que los derechos de propiedad de cada persona son los determinantes de la justicia en la distribución. Es decir que, cuando lo que posea cada una de las personas que forma parte de una sociedad haya sido adquirido de una manera justa, entonces la distribución total de esos recursos es justa. Es por esto que Nozick considera que el estado no debe intervenir en la distribución del ingreso, porque si lo hace estaría violando los derechos fundamentales de las personas.
El enfoque de Amartya Sen 2: según éste economista, el bienestar de una persona puede ser evaluado en términos de su calidad de vida. Esta última es considerada un conjunto de funcionamientos 3, consistentes de lo que la persona es y hace. El conjunto de los funcionamientos que una persona puede alcanzar es lo que Sen llama capacidades. De este modo, los funcionamientos son los elementos constitutivos del bienestar y las capacidades representan la libertad para alcanzar esos elementos.
En otras palabras, el bienestar de las personas se mide a través de lo que éstas puedan alcanzar y por la libertad que tienen para hacerlo.
1 Es una especie de acuerdo original en las sociedades que se basa en el principio en que las personas son libres, racionales y que se encuentran inicialmente en una posición de igualdad. Cuando se lleva a cabo el acuerdo original, las personas no conocen su posición social, la fortuna que tendrán, su inteligencia, etc. De este modo, los principios de justicia son el resultado de un acuerdo justo e imparcial.
2 Para una explicación más minuciosa, ver inciso “Definición de pobreza”.
3 Sen define como funcionamientos al estar bien nutrido, gozar de una buena salud, ser feliz, tener libertad de expresión, poder votar, etc.
.2.2 Pobreza
Entre 2003-2006 casi nueve millones de personas lograron salir de la pobreza, gracias a la suba en el nivel de ingresos y el fuerte aumento en la actividad. Si bien entre 2007 y mediados de 2008 el PBI siguió creciendo, cayeron bajo la línea de pobreza aproximadamente dos millones de personas: es decir, uno de cada cuatro argentinos no podía comprar los bienes y servicios básicos para vivir.
Actualmente, la tasa de pobreza según estimaciones no oficiales es igual a aquella observada a comienzos del 2001 y notablemente superior a la registrada en los años previos a la década de los ’90, tal como se puede apreciar en el Gráfico 8.3. Esto se dio a pesar de que los últimos cinco años se caracterizaron por presentar un alto nivel de actividad y crecimiento del producto, bajas tasas de desempleo, incremento en los ingresos, programas sociales masivos, entre otros.
Según las últimas estimaciones de la consultora Ecolatina, durante el primer semestre de 2009 doce millones y medio de argentinos estaban bajo la línea de la pobreza, mientras que de ellos, casi cinco millones eran indigentes. En cambio, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) existen siete millones de pobres menos y tres millones de indigentes menos en comparación con los guarismos no oficiales.
En conclusión, si bien la desigualdad y la pobreza son variables que pueden medirse de manera independientes, la experiencia argentina de los últimos años, así como aquella de la década de los ’90, mostró la interrelación existente entre ambas, ya que se combinó el aumento de la desigualdad con un marcado deterioro de los indicadores de pobreza e indigencia, los cuales alcanzaron en este período valores inéditos para la historia del país.
8.2.3 El mercado de trabajo
Desde principios de los años ’90 (cuando la tasa de desocupación superó los dos dígitos) el desempleo fue adquiriendo importancia en la Argentina tanto en el ámbito económico como en el social, por su inmediata relación con la calidad de vida de la población. Afortunadamente, gracias a factores internos y externos, en los últimos años la desocupación ha disminuido (vale aclarar que si bien no se cuenta con estimaciones no oficiales de la tasa de desempleo, hay razones para creer que las cifras oficiales, al igual que las referidas a la pobreza, no reflejan la verdadera situación).
Sin embargo, existen grandes diferencias en lo que respecta a la composición de la población desempleada del país, según la calificación ocupacional y el nivel educativo de los mismos. Al parecer, en la Argentina el desempleo no disminuye a medida que aumenta el nivel de educación.
Esto demuestra que el desempleo está relacionado con otras variables más allá de la educación, como ser la creación de nuevos puestos de trabajo, el comportamiento de las variables demográficas y los incentivos a participar en la fuerza laboral.
En el primer trimestre de 2007, un millón y medio de personas del total de la población urbana estaba desocupada. De ellas, el 85% tenía experiencia laboral, mientras que el 15% restante no la tenía. El mayor nivel de desempleo se dio entre las personas con educación media, ya sea completa o incompleta. Resulta extraño que las menores tasas de desempleo la obtengan tanto las personas con la primaria incompleta (es decir, con el mínimo nivel de instrucción) como aquellas con el máximo nivel de instrucción (ciclo superior completo). Una explicación de las bajas tasas de desocupación del segmento de población con menor calificación es su empleo como trabajadores informales, más conocidos “empleados en negro”.
Los altos niveles de informalidad en la Argentina son un síntoma de fallas institucionales y al mismo tiempo limitan las oportunidades de crecimiento y bienestar social mientras que corroen la integridad de las sociedades en la región. Si bien es cierto que la informalidad laboral es un fenómeno ya conocido en la Argentina, en las últimas dos décadas el retroceso en términos de calidad y cantidad de empleados informales ha sido enorme. Las políticas de fexibilización laboral impulsadas en la década de los ’90 contribuyeron a profundizar la precariedad de las relaciones laborales.
Según el INDEC y el Banco Mundial (2005), la informalidad laboral, además de afectar a una proporción significativa de los trabajadores, es un fenómeno heterogéneo y complejo. Los trabajadores informales son empleadores, trabajadores por cuenta propia o asalariados y se encuentran no sólo en unidades productivas informales, donde cabe esperar que el empleo comparta las características de la unidad productiva, sino también en unidades productivas formales y en hogares particulares 4. Esta heterogeneidad de situaciones indica que las políticas orientadas a reducir la informalidad requieren de una especificidad que reconozca las diferencias existentes.
Según el estudio mencionado, el 30% de los trabajadores informales está ocupado en unidades productivas formales. Se trata de asalariados contratados al margen de la normativa laboral, por empresas que tienen al menos una mínima capacidad económica. Por otro lado, también se identifica al grupo de trabajadores que desempeña sus actividades en unidades productivas informales, es decir, al margen de toda normativa que regula su actividad.
4 Para un mayor grado de detalle ver “El Balance de la Economía Argentina 2008”.
Se trata de asalariados y trabajadores independientes, que en total constituyen el 44% del total del trabajo informal. Por último, un 18% del trabajo informal se concentra en hogares particulares, siendo en su mayoría mujeres dedicadas al servicio doméstico.
En el Gráfico 8.4 se muestra el porcentaje de empleados asalariados formales e informales en toda la economía argentina. En él se observa que la proporción de asalariados registrados aumentó levemente en los últimos años. Sin embargo, esto no fue a costa de una disminución de los asalariados no registrados, que se mantuvieron estables en torno al 25% y 30%.
La pobreza es uno de los elementos que lleva a generar y aceptar puestos de trabajo en la economía informal; los bajos ingresos obtenidos por estos empleos, así como la precariedad y la falta de protección social, contribuyen al círculo vicioso de la pobreza, que es bastante difícil de abandonar. Según datos aportados por SEL Consultores, el 45% de los empleados informales está debajo de la línea de pobreza y el 17% son indigentes, mientras que en el sector formal la incidencia de la pobreza y de la indigencia se reduce al 17% y al 3%, respectivamente. Por ello, reducir la economía informal es otro de los temas pendientes de las últimas décadas.
El empleo informal es muy inestable (en el sentido que en épocas de crisis son los primeros en ser despedidos) y cuando los trabajadores en situación irregular son despedidos no tienen derecho a cobrar ningún tipo de indemnización. Al mismo tiempo, la mayoría no cobra aguinaldo, días de enfermedad ni vacaciones. Tampoco pueden jubilarse ni tener una obra social. Por otro lado, al no tener documentos formales que acrediten su nivel de ingresos (recibo de sueldo), estas personas enfrentan enormes dificultades para obtener acceso al crédito. De este modo, la informalidad laboral se constituye en una de las principales causas de exclusión social.
8.2.4 El deterioro del sistema de salud argentino 5
A pesar de los avances científicos y sanitarios ocurridos en los últimos años, el sistema de salud en la Argentina estuvo lejos de mejorar. Al analizar los datos arrojados por los dos últimos censos nacionales se puede obtener un indicador del porcentaje de la población sin cobertura de salud, reflejado en el Gráfico 8.5. Allí se observa claramente un aumento de dicho indicador en todas las provincias del país, con excepción de Tierra del Fuego.
5 Para mayor información ver “El Balance de la Economía Argentina 2008”.
En el año 2001 se identificó que un 48,1% de la población argentina no hacía ningún tipo de aporte (voluntario u obligatorio) para tener cobertura de salud. Lo preocupante es que en diez provincias más del 50% de su población vive sin ningún tipo de cobertura de salud (cinco de ellas superan el 60%). En 1991 sólo tres jurisdicciones superaban el 50% de población sin cobertura, no registrándose ninguna jurisdicción por encima del 60%. Tanto las provincias de Chaco y Formosa como las jurisdicciones que le siguen, presentan los perfiles epidemiológicos más retrasados y por lo tanto, mayores necesidades de financiamiento que el resto de las provincias del país.
8.2.4.1 La mortalidad infantil
La mortalidad infantil refleja la proporción de bebés que dejan de existir en su primer año de vida. Es, por lo tanto uno de los indicadores más sensibles de las condiciones de salud de la población, pero también de mayor amplitud que esto debido a que la mortalidad infantil tiene una relación muy estrecha con las condiciones de vida. De esta manera se constituye en una referencia importante para medir también otros aspectos sociales, como la disponibilidad de los servicios de agua potable y las condiciones ambientales de vida de los sectores más pobres de la población.
En el Gráfico 8.6 se muestra la relación directa que existe entre la población que no tiene cobertura de salud con la tasa de mortalidad infantil.
En 2008 fallecieron en la provincia de Córdoba 703 niños de cero a doce meses, veintiséis más que el año anterior y 80 más que en 2006. De los decesos registrados el año pasado, a su vez, 309 corresponden a la capital provincial, donde murieron 14 bebés más que en 2007.
8.2.5 La inseguridad, ¿una sensación?
La volatilidad de la economía argentina impacta también en la problemática de la inseguridad y la violencia. Tanto los condicionantes económicos, es decir el nivel de desempleo, la pobreza y la distribución del ingreso, así como las condiciones del núcleo familiar y el grado de urbanización, actúan como incentivos o barreras al ingreso a las actividades delictivas.
Si se observa la evolución de la tasa de delito por cada cien mil habitantes (lo que queda reflejado en el Gráfico 8.7) en el total del país durante los últimos años, se observa que los valores actuales superan ampliamente a los registrados durante la mayor parte de la década de los `90. En el 2002, el peor año de la crisis económica, la Argentina registró la mayor tasa de delitos de la historia.
Distintos estudios 6 concluyen que los ciclos económicos expansivos coinciden con disminuciones en los niveles de criminalidad, al tiempo que los recesivos tienen el efecto contrario. Si se analiza la situación laboral del delincuente antes de ingresar al servicio penitenciario se concluye que casi el 50% de los delincuentes no tenía trabajo, lo que confirma la hipótesis según la cual el desempleo es un condicionante importante de la criminalidad (ver Gráfico 8.8).
En los países en desarrollo, la introducción de cambios drásticos en las políticas económicas trae aparejado una suba en la tasa de delitos. Esto explica el marcado aumento de la delincuencia en la década de los ’90, luego de la implementación del Plan de Convertibilidad.
De todos modos, la relación entre la tasa de delitos y el nivel de actividad no es lineal. El aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso es un factor importante a la hora de explicar las altas tasas de delito, aún en los casos en los que el PBI aumenta.
8.3 El problema de la pobreza
Algunas personas atribuyen el creciente número de personas pobres a la elevada inflación (que disminuye el poder adquisitivo del dinero) agravado por el gran número de despidos que se produjeron en el corriente año. Otros culpan a las políticas de los organismos internacionales y a los políticos locales. Independientemente de las causas de la pobreza, lo cierto es que se ha convertido en un problema grave, complejo y creciente; y hay mucho que hacer al respecto.
6 Por ejemplo, Lousteau y Fraga (2005).
Como primer punto para combatir efectivamente la pobreza, a través de la implementación de diversas políticas sociales, es menester reconocer la existencia y alcance del problema. Asimismo, se debe estar al tanto de su gravedad, su origen, sus características, para luego analizar las alternativas para hacerle frente. Si no se reconoce su existencia, no se podrán hacer avances para erradicarla.
Desde inicios del 2007, hay cada vez mayores sospechas respecto a la confiabilidad de las estadísticas elaboradas por el INDEC: numerosas variables socio-económicas, entre ellas el nivel de pobreza, muestran valores que difieren sustancialmente de aquellos reportados por estimaciones privadas.
¿Por qué difieren las cifras de la pobreza publicadas por consultoras privadas con aquellas publicadas por el INDEC?
Básicamente, porque el índice de inflación que publica el INDEC, que incluye el relevamiento de los precios de los bienes y servicios que contiene la Canasta Básica Total y de Alimentos, difiere sustancialmente del publicado por consultoras privadas y otros organismos.
Las canastas mencionadas sirven para medir la línea de la pobreza y de la indigencia, respectivamente. Según consultoras privadas, el incremento de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo desde enero de 2007 hasta agosto de 2009 fue de $710,73. Al comparar este guarismo con aquel publicado por el INDEC ($113,89), quedan explícitas las razones que explican las grandes diferencias observadas en las cifras de la pobreza publicadas por los distintos entes.
8.3.1 Definición de la pobreza
La definición de pobreza está relacionada con los siguientes conceptos: necesidad (que guarda relación con la falta de bienes y servicios requeridos para vivir dignamente), estándar de vida (que se refiere al hecho de vivir con menos que otras personas) e insuficiencia de recursos (cuya interpretación está asociada con la falta de dinero para adquirir lo que una persona requiere para vivir).
Los conceptos arriba mencionados guardan una cierta relación entre sí. Sin embargo, existe otro modo de definir a la pobreza que difiere con los anteriores. Es el enfoque de Amrtya Sen, Premio Nóbel de Economía. Sen argumenta que el nivel de vida de una persona está determinado por sus capacidades y no por los bienes que ésta posea ni por el bienestar que le brinden los mismos.
¿Qué son las capacidades? Son las combinaciones alternativas que una persona puede hacer ciertas cosas que por alguna razón juzga valiosas, es decir, son los funcionamientos que pueda lograr. La razón para esa valoración puede ser directa (el funcionamiento involucrado puede enriquecer su vida de manera directa, como estar bien nutrido) o indirecta (el funcionamiento involucrado puede contribuir a la producción futura o alcanzar un precio en el mercado). Los funcionamientos, por su parte, son las cosas que logra hacer o ser un individuo durante su vida.
Algunos funcionamientos son básicos para vivir, como por ejemplo, alimentarse, gozar de buena salud, saber leer y escribir, etc. En cambio, otros son más complejos, pero no menos importantes, como es el caso de tener un medio de movilidad propio o la capacidad de votar.
Las sociedades entre sí pueden diferir mucho en la apreciación de cuáles funcionamientos son más importantes y vitales y cuáles no. Por ejemplo, en las economías en desarrollo, para definir la pobreza se utilizan como parámetro a los funcionamientos más básicos (estar bien nutrido, tener una buena vivienda, gozar de buena salud). Por el contrario, en los países más avanzados, la lista es más extensa e incluye no sólo a los funcionamientos básicos sino también a otros no tan vitales.
En conclusión, existen en la literatura numerosas formas de defnir a la pobreza. La más común de ellas es que existe pobreza cuando en una sociedad una o más personas no alcanzan un nivel de bienestar material considerado como mínimo indispensable. De la mano de esta definición vienen tres preguntas: ¿cómo se mide el bienestar?, ¿a qué nivel de bienestar se puede decir que una persona es pobre?, ¿cómo se pueden agregar los indicadores individuales para llegar a una medida de pobreza?
Los dos primeros interrogantes se asocian con el problema de la identificación y reconocimiento de la pobreza (de aquí la importancia de la transparencia de las estadísticas oficiales), mientras que el último se relaciona con el problema de la agregación.
8.3.2 El problema de la identificación
¿Quién es considerado pobre? Aquella persona que, comparando su grado de bienestar con el de otras personas, tiene un nivel por debajo del mínimo razonable fijado socialmente.
Existen numerosos indicadores del bienestar de un individuo. Los más usados en la práctica son los que se detallan a continuación:
1. Nivel de ingreso: es un buen indicador del bienestar cuando la pobreza se define como la falta de titularidades, en el que se admite que las personas tienen derecho a un cierto ingreso mínimo del cual pueden hacer uso libremente (Atkinson, 1991). Asimismo, a la hora de medir la pobreza, se pude utilizar el ingreso per cápita o el ingreso total de la familia. Según éste último, dos hogares con el mismo ingreso tienen el mismo bienestar, sin considerar que uno tenga el doble de integrantes que el otro. Por el contrario, no surgen estos inconvenientes si se usa el ingreso per cápita como indicador del bienestar.
2. Ingreso ajustado por escalas de equivalencia: este indicador no sólo considera las necesidades de los miembros del hogar (según el sexo, edad, tipo de actividad, etc.), sino que también tiene en cuenta la existencia de economías de escala. Para ilustrar este último concepto se puede tomar el siguiente ejemplo que compara dos familias, una conformada por dos adultos y dos niños y otra integrada sólo por dos adultos. Si bien la primera debe gastar, en términos absolutos, una mayor cantidad de dinero que la otra, no necesita gastar el doble. Esto se da por dos razones, 1) los niños tienen un consumo inferior a los adultos y; 2) existen bienes que pueden ser utilizados al mismo tiempo por muchas personas sin que su costo aumente con el número de individuos que los utilicen (por ejemplo, la calefacción, una heladera, etc.).
3. Proporción de gasto en alimentos: a medida que el ingreso aumenta, es menor el porcentaje del mismo que se destina al gasto de alimentos. Es decir, las personas con menores ingresos gastan casi todo su ingreso en alimentación, mientras que aquellas con más ingresos gastan su dinero en otro tipo de bienes.
4. Necesidades básicas: las mismas brindan información sobre las diferentes carencias que tienen los individuos, como por ejemplo, en vivienda, educación, alimentación, vestimenta, etc.
Al respecto del problema de la identificación, en el Recuadro 8.2 se explica uno de los principales elementos que utiliza Chile para identificar y jerarquizar aquellas personas o grupos vulnerables: la Ficha de Protección Social.
Recuadro 8.2: La identificación como primer paso para la focalización de los programas públicos: la Ficha de Protección Social en Chile
Las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza deben estar focalizadas en las personas y/o familias donde este problema se manifiesta. Un elemento necesario para focalizar la acción social es la identificación de los individuos y/o grupos familiares pobres.
La Ficha de Protección Social (FPS) implementada por el Gobierno de Chile es un instrumento que permite identificar a las familias vulnerables y ordenarlas de mayor a menor necesidad, para poder canalizar hacia estas los subsidios y programas sociales, focalizando de esta manera la política social en aquellos grupos que presentan mayores niveles de vulnerabilidad.
Con anterioridad a la FPS, se utilizaba un instrumento denominado Ficha CAS (Julio de 1987).
La Ficha CAS fue diseñada para estratificar a las familias más pobres y, aunque tuvo cambios a fines de los noventa (Ficha CAS 2) y otros más recientes (Ficha CAS-Familia), su concepción original se mantuvo. En el año 2006, atendiendo a las demandas que señalaban dificultades de la Ficha CAS, el nuevo gobierno anuncia el cambio de esta última por la FPS. Este nuevo instrumento de estratificación social cambia su fundamento desde la pobreza – carencia a la vulnerabilidad, operando con una concepción más dinámica de la pobreza que permite identificar oportunamente a aquellas personas y familias cuyos rasgos de vulnerabilidad los priorizan como destinatarios de la protección social.
La Ficha CAS se inspiraba en la noción de carencias y recogía una concepción estática de la pobreza, que clasifica a los hogares y personas según sus ingresos presentes. En cambio en la FPS, la vulnerabilidad se entiende como el riesgo de estar en situación de pobreza y abarca tanto a los hogares que actualmente están en ese estado, como a los que pueden estarlo en el futuro.
Para caracterizar la situación de las familias y poder así detectar aquellas en situación de vulnerabilidad, la FPS recoge información de variables pertenecientes a tres tipos de categoría:
1) Variables relacionadas con recursos económicos
• Ingresos efectivos y capacidad de generación de ingresos que deriva de las competencias laborales de las personas en edad de trabajar, incluyendo a quienes están ocupados, como a los podrían estarlo (los actuales inactivos y desocupados).
• Si bien la calidad de la vivienda y la tenencia de bienes durables pueden entregar información indirecta de los ingresos de los hogares, sabemos que entregan evidencia equívoca: por tal motivo, no se incluirá materialidad de la vivienda, ni la tenencia de bienes durables (sólo se incluirá saneamiento).
• Con el fin de priorizar para subsidios habitacionales, sólo se consideran la tenencia del sitio y de la vivienda, el hacinamiento (relación entre tamaño de la familia y de la vivienda) y el allegamiento (identificando núcleos dentro de la familia).
2) Variables relativas a las necesidades de las familias
• Tamaño del grupo familiar
• Estructura de edades de los miembros de la familia
• Composición de la familia y rasgos de sus miembros: relación existente entre perceptores de ingreso y dependientes, características de sus miembros (niños, ancianos, personas con discapacidad, etc.).
3) Variables relativas a los riesgos que enfrentan las familias
• Riesgos individuales del hogar: factores de salud, dependencia, discapacidad y precariedad laboral.
• Riesgos del territorio: la variable urbano-rural, por una parte, y la comparación de la situación laboral de los miembros de la familia con las tasas de desempleo regional, por otra.
La FPS recaba información pertinente para la aplicación de los programas de protección social, constituyéndose de esta manera en la puerta de acceso al Sistema de Protección Social. A pesar de que la FPS identifica y prioriza, a la hora de seleccionar deja primar los criterios de los programas específicos.
La Ficha de Protección Social es un elemento de suma utilidad para poder direccionar los distintos programas sociales hacia aquellos grupos de la población que mayores necesidades tienen. La identificación y estratificación de la población objetivo es necesaria para poder focalizar los esfuerzos en estos grupos, y no tiene en modo alguno ningún fin discriminatorio.
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Planificación de Chile – Unidad Sistema Integrado de Información Social.
8.3.3 Medición de la pobreza
A fin de establecer si una persona es pobre o no, se pueden utilizar tres enfoques diferentes:
1. Método Directo, que relaciona el nivel de bienestar con el consumo. Según este método, es pobre aquél que no satisface una o varias necesidades básicas. Hay dos variantes: las Necesidades Básicas Insatisfechas y el Índice de Desarrollo Humano.
a) Necesidades Básicas Insatisfechas: Bajo el método directo se observan fácilmente las condiciones de vida de la población. Dentro de este grupo, el método más utilizado es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Para medir la pobreza a través de este procedimiento se deben elegir de antemano qué características de los hogares serán relevadas para la encuesta.
El acceso a una vivienda adecuada se caracteriza a partir del hacinamiento 7 y de la calidad de la vivienda 8.
También se tienen en cuenta la disponibilidad de agua, es decir, el abastecimiento permanente de agua de buena calidad y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de alimentación e higiene. Otros indicadores que se consideran en la medición son el acceso a los servicios sanitarios básicos (que incluye la disponibilidad de servicio higiénico y el sistema de eliminación de aguas servidas) y la educación básica (asistencia de los menores de edad a la escuela).
Por último se utiliza un indicador indirecto de la capacidad económica del hogar, el cual pretende reflejar cuál es la probabilidad que tiene el hogar de obtener los recursos suficientes para vivir, así como su capacidad de consumo. Este concepto incluye el nivel educativo del jefe del hogar (bajo el supuesto que a mayor educación, mayor es la posibilidad de generar ingresos) y el número de personas que dependen económicamente de quienes aportan los recursos al hogar.
El método de las NBI es muy útil a la hora de caracterizar la situación en la viven los hogares carenciados, lo cual permite y facilita el diseño de políticas focalizadas destinadas a permitir que los habitantes de un país puedan gozar de un adecuado nivel de vida. Los datos de las necesidades básicas se obtienen mediante censos de la población y por medio de éstos se puede construir mapas de pobreza, que permitan identificar las zonas del país más carenciadas y así poder intensificar el gasto social en ellas.
b) Índice de Desarrollo Humano: El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida alternativa al PBI per cápita para medir el avance de las condiciones de vida de la humanidad. Mediante éste indicador se evalúa el grado de desarrollo humano, que se define como el proceso de ampliación de las posibilidades de elección de las personas.
El IDH abarca tres dimensiones fundamentales de la vida humana: la longevidad (medida por la esperanza de vida al nacer o por la tasa de mortalidad infantil), el conocimiento (es decir, el grado de alfabetización de los adultos así como la tasa de matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria) y el nivel de vida decente (evaluado por el ingreso per cápita).
7 La condición de hacinamiento se mide a partir del número de personas que habitan por cuarto.
8 La calidad de la vivienda se determina en función de los materiales de construcción usados en el piso, paredes y techo.
Este índice se construye haciendo un promedio simple de las tres privaciones mencionadas más arriba. El mismo puede variar entre cero y uno y normalmente no toma estos valores extremos ya que si lo hace significaría que la región presenta un máximo o un mínimo de las tres privaciones. Cuanto más cercano a uno sea el IDH, más desarrollada estará la región, lo contrario ocurre cuando el índice asume valores más próximos a cero.
Recuadro 8.3: El desarrollo humano desde el punto de vista de Amartya Sen
La economía del mainstream considera que los logros de las personas a lo largo de sus vidas deben ser valuados como fines por si mismos. Ve a los seres humanos como un recurso, como un insumo de la producción. De este modo, el desarrollo de los recursos humanos es visto en términos de su contribución a la generación de ingresos, como una inversión necesaria para alcanzar el máximo nivel de producción (inversión en capital humano).
Según Amartya Sen, el desarrollo humano debe valuar las capacidades relacionadas a la salud, la nutrición y la educación básica como fines en sí mismos y al ingreso sólo como un medio para alcanzarlas.
El ingreso, los bienes que posea una persona o su riqueza, si bien son variables que indican en cierto modo el nivel de bienestar, no constituyen una medida directa de la calidad de vida. Por ejemplo, el nivel de ingreso de un individuo no refleja cuál es su expectativa de vida ni tampoco si es una persona sana o si está bien alimentada.
Los ingresos de las familias pueden ajustarse en algunos casos específicos para hacer comparaciones y poder determinar el grado de bienestar. Los ajustes pueden efectuarse según la edad y sexo de los integrantes de la familia, la cantidad de personas que la componen y el nivel de precios de la región en que habitan.
Específicamente, un niño requiere menos alimentos que un adulto para cubrir un mismo nivel de nutrición, por lo que el ingreso que éste necesita es menor; una mujer lleva una dieta más baja en calorías que un hombre, lo que se traduce en el consumo de una menor cantidad de alimentos; una familia grande precisa un mayor ingreso que una más pequeña para alcanzar el mismo nivel de consumo, aunque no en proporción con el número de sus miembros (por las economías de escala); una familia que vive en una región con precios más altos que otra, necesita un mayor monto de ingresos para comprar los mismos bienes y servicios.
Si bien estos ajustes sirven para realizar comparaciones, no logran hacer del ingreso un instrumento que mida las diferencias en la morbilidad, mortalidad o discapacidad de las personas, variables que influyen significativamente en la calidad de vida. De allí que el mismo no debe ser considerado como un fin, sino que debe ser sólo el medio para alcanzar un adecuado nivel de vida.
Por otro lado, hay ciertos bienes que son proveídos por la naturaleza (como el medio ambiente limpio) o por el Estado (como por ejemplo la electricidad, las rutas y la protección epidemológica) que no pueden ser comprados con dinero, pero que sí influyen en el grado de bienestar de una sociedad. Por lo tanto, el volumen de ingresos no es una medida adecuada para determinar el verdadero nivel de vida. Otras variables deben ser tenidas en cuenta.
Recuadro 8.4: El Índice de Desarrollo Humano provincial y la brecha porcentual de desarrollo
En el Cuadro 8.1 se muestran los valores del IDH en las veinticuatro provincias de la Argentina y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En la última columna se expone la brecha porcentual que existe entre cada una de ellas y las más desarrollada (es decir, la que presenta el mayor IDH).
La CABA es la jurisdicción con las mejores condiciones de vida de la Argentina, presentando un índice cuyo valor está cercano a la unidad. El análisis de las variables que conforman la construcción del IDH permite explicar las diferencias que existen con el resto de las provincias.
La razón por la que la CABA es la jurisdicción más desarrollada se debe a que en ella se registran los mayores ingresos del país además esta ubicada en el segundo mejor nivel de conocimientos (luego de Tierra del Fuego). Asimismo, se posiciona segunda en cuanto a mayor longevidad (el primer lugar lo ocupa Córdoba). Registrando una brecha cercana al 6% respecto a la CABA, está la provincia de Córdoba, que es la novena más desarrollada.
Es preocupante la situación en que se encuentran las provincias de Jujuy, Formosa, Misiones y Chaco en las que la brecha de desarrollo respecto a la jurisdicción con más alto índice es superior al 9,5%. Jujuy es la que ocupa el último lugar y por ende es la provincia más subdesarrollada. Por ello es menester atenuar las desigualdades a través de políticas que incentiven la educación y el empleo y que al mismo tiempo mejoren el sistema sanitario, de modo tal que se logre la convergencia de las distintas regiones hacia un desarrollo más equitativo.
2) Método Indirecto: evalúa el bienestar por medio de la capacidad de la persona para realizar el consumo necesario para vivir. En otras palabras, es pobre aquél individuo que no tiene recursos para satisfacer sus necesidades. Éste enfoque usa líneas de pobreza, por lo que se considera pobres a todas aquellas personas que estén por debajo de ella.
Existen cuatro métodos para construir una línea de pobreza:
a) Consumo Calórico: este método está basado en la satisfacción de una sola necesidad: la calórica. La misma se estima vía diversos estudios nutricionales 9. De este modo, la línea de pobreza que se obtiene corresponde al monto de ingreso necesario para alcanzar un determinado nivel de consumo calórico.
b) Método Relativo: según éste, la línea de pobreza se determina con relación al ingreso promedio del país. Por ello, se considera a la pobreza como una situación de privación relativa, es decir, un individuo es más o menos pobre según cuánto dinero tengan los demás. Ésta técnica, al hacer comparaciones entre habitantes del país, tiene en cuenta las nuevas necesidades que surgen con el paso del tiempo, razón por la cual no es necesario realizar ajustes.
c) Método Subjetivo: ésta definición no viene dada por quien realiza el estudio, sino por la percepción de la sociedad. El encuestador pregunta al individuo cuál es el ingreso mínimo que cree que necesita su familia para vivir dignamente. Entonces, el nivel de ingreso mínimo es el que determina quién es considerado pobre y quién no. La línea de pobreza subjetiva se define a partir de la respuesta de aquellas personas cuyo nivel de ingreso corriente es el considerado el mínimo indispensable, tal que con el mismo no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
d) Costo de las Necesidades Básicas: éste método utiliza una canasta básica de consumo compuesta por diversos bienes y servicios, las denominadas Canasta Básica de Alimentos (CBA) y Canasta Básica Total (CBT) 10, tales que satisfagan las necesidades nutricionales. Así, la línea de pobreza está determinada por el gasto necesario para adquirir la CBT, mientras que la CBA marca la línea de indigencia.
3) Método combinado de la línea de la pobreza (LP) y las NBI: este enfoque pretende distinguir entre los pobres estructurales, que surgen de la medición por el método de las NBI, y los transitorios, que surgen del enfoque de LP, reconociendo que los resultados que arrojan ambas metodologías pueden superponerse. De este modo, se clasifica a los pobres en tres categorías: 1) pobres estructurales: aquellos hogares clasificados como pobres por ambos métodos (NBI y LP); 2) pobres recientes: hogares clasificados como pobres por LP y no por NBI; 3) pobres inerciales: hogares clasificados como pobres por NBI y no por LP.
9 No es equivalente a la medición de la desnutrición.
10 La CBT es la cantidad de recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, educación, salud, vestimenta y transporte.
El método de las líneas de pobreza, en especial la técnica del costo de las necesidades básicas, es el más usado por los investigadores y organismos oficiales, dado que el costo del mismo para la elaboración de los datos es relativamente bajo. Por ello, en lo que resta del trabajo, se usará la técnica del costo de las necesidades básicas para determinar las cifras reales de la pobreza en la Argentina actual.
8.3.4 Las cifras reales de la pobreza
8.3.4.1 El verdadero costo de vida
La suba generalizada del nivel de precios provoca una continua pérdida de bienestar social, deteriora la capacidad de crecimiento y provoca una mala asignación de los recursos en una economía. Por otro lado, genera incertidumbre y distorsiones en el proceso de inversión (cuanto más alta es la inflación, mayor es el premio exigido por los inversores) y crea fragilidades globales en el sistema económico porque la misma aumenta la correlación en la probabilidad de cesación de pagos de las empresas y gobiernos. Además, destruye toda la información necesaria para el correcto funcionamiento de una economía de mercado.
La evidencia empírica indica que el impuesto inflacionario es el más recesivo. Las personas de menores recursos, que mantienen una mayor proporción de su riqueza en forma de dinero son las que tienen menos protección por la vía de la indexación u otra forma de compensación de sus ingresos laborales erosionados por el aumento de precios.
Desde principios del 2007, el incremento de los precios internos ha sido permanente, lo que se vio reflejado en un aumento del nivel del costo de vida, que afectó de manera significativa a las diferentes mediciones de la pobreza.
Actualmente, la inflación no oficial se mantiene firme en torno al uno por ciento mensual.
El impacto de la caída en los niveles de actividad económica no se tradujo, por lo menos hasta ahora, en una desaceleración muy marcada del proceso inflacionario y de las expectativas de los consumidores, con lo cual el incremento del costo de vida anualizado no logra perforar el piso de los dos dígitos.
La CBA nacional observada, que sirve para definir la línea de indigencia, dista de ser la que publica el gobierno.
Consultoras privadas afirman que la misma fue en agosto un 70,5% más cara de lo que calculó el INDEC. Aun calculando la variación mensual del 5,06% de la canasta de productos más baratos del mercado, estimada por la asociación de consumidores Adelco, las cuentas no cierran.
Según el INDEC, una familia tipo (de cuatro miembros, compuesta por un jefe de familia varón de 35 años, su esposa de 31, una hija de 8 y un hijo de 5 años) gasta $453,33 al mes en alimentos (es decir, $146,71 por adulto equivalente 11). Esta cifra dista de aquellas calculadas por organismos privados (Gráfico 8.10). Según el relevamiento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el costo de la CBA para un adulto que reside en la ciudad de Buenos Aires registró un alza del 2,4% mensual en agosto, y alcanzó un valor de $248,9. Para una familia tipo, el costo fue de $769,1, es decir, un 69,6% más que lo que indicó el organismo oficial. Por otro lado, Ecolatina estimó una variación del costo de la CBA del 5,1% en el primer semestre, y un valor de $809 para una familia tipo. Según SEL Consultores, la CBA real es un 58% más cara que la del Indec y cuesta $716.
Es importante destacar que el 60% de los ingresos de quienes pertenecen al decil más bajo en términos de ingreso, se gasta en alimentos, mientras que dentro del decil más alto, el consumo de alimentos sólo representa el 10% del mismo. En consecuencia, quienes se ven más castigados por la inflación son las familias más carenciadas.
Como es de esperar, las mediciones de la CBT (que sirve para definir la línea de pobreza) realizadas por consultoras privadas también difieren con la publicada por el INDEC.
Este último asegura que el valor de la misma se ubicó en agosto de 2009 en torno de los $326 por adulto equivalente, es decir, $1.025 para una familia tipo.
En cambio, en las estimaciones privadas, como la de SEL Consultores o de la fundación FIEL, esas cifras se multiplican por 1,5 o aun más (según SEL, la misma llegó a los $1.618).
Recuadro 8.5: ¿Por qué hay una diferencia abismal en las cifras publicadas por el gobierno y los índices de estudios privados?
“Resulta difícil comprender por qué el INDEC anunció una baja de la pobreza, pocos días después que dio a conocer para el período, una caída del nivel de actividad y un alza del desempleo.
En este escenario, lo esperable era un anuncio con el signo opuesto” (Ernesto Kritz, 2009). Dado este contexto, es oportuno preguntarse ¿por qué hay una diferencia abismal en las cifras publicadas por el gobierno y los índices de estudios privados?
La fuente primaria para estudiar la pobreza en la Argentina es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realiza este relevamiento cuatro veces al año.
11 Varón adulto de entre 30 y 59 años con actividad moderada
Su publicación debería ser cuatrimestral y semestral. Incluye 31 zonas urbanas donde reside el 30% de la población urbana argentina. Cada EPH comprende a alrededor de 80.000 individuos y recaba datos sobre las características socioeconómicas de los habitantes del país: situación laboral, horas trabajadas, salario, ingresos, nivel educativo, etc.
En el presente, la estimación del tamaño de la pobreza realizada por consultoras privadas es un tanto difícil de contrastar con la estimación oficial debido a que los datos que provienen de la EPH quedaron salpicados por la crisis del organismo estadístico: hace nueve trimestres que no se publica.
Un problema adicional que surge en la actualidad al momento de calcular el nivel de pobreza, es que las mediciones del costo de vida publicadas por el INDEC, que incluyen el relevamiento de los precios de los bienes y servicios que contiene la Canasta Básica Total y de Alimentos, son cuestionados en cuanto a su verdadero valor. De este modo, los niveles de pobreza publicados por el organismo ofcial, que distan de los divulgados por consultoras privadas, parecen estar subestimados.
Es importante advertir en este sentido, que para combatir efectivamente la pobreza, a través de la implementación de diversas políticas sociales, es indispensable, como primer requisito, reconocer que existe y poder localizarla. Por ello, las estadísticas deben ser útiles, oportunas y confiables para la toma de decisiones de parte de los gobiernos.
La Universidad Católica Argentina realiza anualmente un estudio acerca de la situación social argentina en el que se realiza una encuesta a 466 personas. Una de las preguntas que se les hizo es si el dinero ganado ese mes le alcanzaba para afrontar los gastos del hogar y al mismo tiempo ahorrar. La cantidad de personas a quienes el dinero recibido les alcanza para este último propósito no varió significativamente de 2008 a 2009, lo que indica que la resignación de algunos gastos en los estratos altos tiene que ver con la incertidumbre y la previsión. La contracara de este fenómeno es que mientras que en 2008, el 37% de los hogares referían que el dinero no les alcanzaba para afrontar los gastos mensuales, en 2009 dicho porcentaje se incrementó en un 19% llevando el indicador al 44% de los hogares (Gráfico 8.12).
8.3.4.2 Las cifras ajustadas de la pobreza
En el apartado 8.3.5.1 se señaló que el cálculo efectivo de la pobreza necesita, además de corregir la CBT y la CBA, imputar el crecimiento del ingreso de los hogares. Ante la ausencia de la EPH para varios trimestres, se deben realizar estimaciones de la variación de los ingresos.
Dada la evolución de las variables involucradas en los indicadores para el cálculo de la pobreza, a pesar de la mejora que experimentaron los ingresos, se estima que el número de pobres ha aumentado como consecuencia del fuerte encarecimiento de los alimentos y de otros productos que conforman ambas canastas (CBT y CBA).
Estimaciones propias indican que en la región del noreste argentino, en el primer trimestre del 2008, casi el 50% de la población era pobre; mientras que acorde a las estimaciones oficiales, la misma era 12 puntos porcentuales más baja. La región con menos pobres era la patagónica: “solo” el 16% de su población no puede adquirir una CBT, según estimaciones propias. Por otro lado, la región pampeana, dentro de la cual se encuentran los aglomerados Gran Córdoba y Río Cuarto entre otros, no estaba mal posicionada en términos relativos. En esta, el nivel de pobreza se ubicó en el 28% de la población de la zona. La región del Gran Buenos Aires se encuentra en una situación bastante similar.
Junto a la mayor inflación iniciada en 2006 y el estancamiento del crecimiento del empleo a partir de 2007 (en ambos casos, con consecuencias directas sobre el incremento de la pobreza) dos nuevos problemas irrumpieron a lo largo del año 2008, afectando la realidad económica, social y política del país: la crisis del campo y la crisis financiera mundial. De este modo, el 2008 finalizó con una situación desalentadora. Según estimaciones de SEL Consultores, era pobre el 32,3% de los argentinos, lo que desafaba fuertemente a las cifras oficiales, que marcan una constante caída.
Así, los niveles de pobreza en el segundo semestre del año pasado eran iguales a los de comienzos de la década de los ’90 y del 2000.
En su último informe de pobreza, el INDEC difundió las cifras de la pobreza e indigencia registradas en el primer semestre de 2009: nuevos datos para la polémica, que siguen marcando una mejora de estos indicadores sociales. El cálculo oficial detectó que el 13,9% de los argentinos vive en la pobreza y el 4% en la indigencia. Así, en el país había en el primer semestre de 2009, seis millones de pobres, de los cuales, un millón era indigente.
Acorde a los datos publicados por el INDEC, la tasa de pobreza cayó 3,9 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2008, cuando había sido del 17,8%. A su vez, la indigencia tuvo una merma de 1,9 puntos porcentuales con relación al primer semestre del año pasado, cuando la indigencia llegaba al 5,9%.
Esta situación se da aún cuando, en medio de una crisis de la actividad y de un escenario de inflación, no se produjeron cambios sustanciales en los planes sociales ni hubo medidas que explicaran una mejora del escenario social.
Los valores de los índices no llegan ni a la mitad de los que estiman los estudios privados.
Según la consultora Ecolatina, la pobreza en el primer semestre sería del 31,8% y la indigencia, del 11,7%, lo que equivaldría aproximadamente a 12,5 millones y 4,6 millones de personas que sufren esas situaciones, respectivamente. Las cifras del INDEC admiten unos cinco millones y medio de pobres, de los cuales un poco más de un millón y medio son indigentes.
La estimación de Ecolatina no difiere demasiado de datos que habían surgido de otros estudios, e incluso es moderada en relación con algunos cálculos no oficiales, como el de la Universidad Católica Argentina (UCA), que con otros parámetros la ubica cerca del 40%.
8.4 El mapa de la pobreza en la provincia de Córdoba
8.4.1 Necesidades básicas insatisfechas
En el Cuadro 8.2 se muestra que a lo largo del tiempo hubo una mejora en la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de la provincia de Córdoba. Sin embargo, las diferencias del indicador de las NBI en los distintos departamentos de la provincia son notables. Esto a pesar que las zonas más pobres tuvieron una mejor performance que el resto de la provincia.
Los datos relevados en los últimos censos permiten observar que en los departamentos del norte cordobés, como Pocho y Minas, por ejemplo, casi la mitad de sus habitantes viven en una situación de privación. En contraste, la región centro y este de Córdoba tiene el menor número de individuos con NBI. Esto puede deberse a que esas poblaciones se encuentran asentadas en la región agropecuaria más rica de Córdoba y en el medio de dos polos industriales (ciudad de Córdoba y Rosario).
El hecho que habiten más de tres personas por cuarto se considera hacinamiento. 12
Dentro de las NBI, la situación más preocupante es la sanitaria, en especial para los departamentos del norte y noroeste de la provincia, dado que, por ejemplo, en Minas y Pocho, más de la mitad de las viviendas no disponen de retretes con descarga de agua. Al igual que antes, la región centro de Córdoba presenta los mejores indicadores. Asimismo, la magnitud de personas que residen en viviendas con déficit habitacional es considerable en varios departamentos, como ser Pocho, Minas, Sobremonte, Río Seco y Tulumba entre otros, en los que más del 50% no vive en condiciones de hacinamiento.
8.4.2 El Índice de Desarrollo Humano en la provincia de Córdoba
El Gráfico 8.13 ilustra los valores que adoptó el IDH en los departamentos de la provincia de Córdoba. Del análisis del mismo se infiere que la diferencia de desarrollo entre aquél que presenta el índice más alto (Juárez Celman, 0,773) y el más bajo (Sobremonte, 0,062), es abismal (92,04%).
Acorde a este índice, Juárez Celman es el departamento más desarrollado de la provincia, seguido por Totoral. Ambos tienen un alto producto bruto geográfico (PBG) por persona, pero el primero no presenta un buen desempeño en salud (medido por la tasa de mortalidad infantil, que fue superior a la media provincial).
Por otro lado, Totoral no está bien posicionado en el ámbito de los conocimientos, presentando registros inferiores al promedio de la provincia.
Todos los departamentos, excepto cinco, exhiben una brecha de más del 20% con respecto a Juárez Celman. La ciudad Capital, con un IDH de 0,531, se ubica en el décimo tercer lugar en el ranking, desde el más desarrollado al menos. La situación más alarmante es aquella de Sobremonte.
8.4.3 La situación de la pobreza en la provincia de Córdoba según el método de las líneas de pobreza
Como sucede a nivel nacional, en Córdoba se desprende que desde comienzos del 2007 aproximadamente se revirtió la tendencia a la baja de los indicadores de la pobreza. Lo más desalentador de este panorama es que parece que esta situación podría seguir empeorando en los próximos meses.
Acorde a los datos oficiales, en los últimos tres meses del 2008, la incidencia de la pobreza en el Gran Córdoba fue del 12,7%, mientras que para igual período en Río Cuarto fue del 14%.
En el Gráfico 8.14 se muestran las estimaciones propias del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) sobre la pobreza en el Gran córdoba para diferentes semestres. Los resultados obtenidos revelan que los datos oficiales están claramente reflejando una situación inverosímil y alejada de toda realidad. Según el IIE, en el último trimestre del 2008, el 26,7% de la población del Gran Córdoba era pobre, es decir, un poco más de 382 mil cordobeses viven en hogares donde los ingresos no logran cubrir el valor de una canasta básica de productos. La situación en Río Cuarto es un poco más alentadora, ya que se ubica por debajo de la media regional: el 19,76% de la población río cuartense es pobre, lo que equivale a 48.549 personas (Gráfico 8.15).
La cantidad de personas bajo la línea de pobreza (estimada por el IIE) no ha crecido en gran medida durante el 2008 en los dos grandes aglomerados de la provincia de Córdoba. La razón de esto se encontraría en el hecho en que las remuneraciones de los empleados cordobeses, así como la de los jubilados y pensionados, subieron al ritmo del aumento en el costo de vida.
A aquellas personas que no pueden adquirir los alimentos necesarios para la subsistencia (que están incluidos en la Canasta Básica Alimentaria) se las considera indigentes. Según estimaciones de INDEC, la cantidad de indigentes en el Gran Córdoba en el cuarto trimestre del 2008 fue sólo del 3,4% (cifra que se mantuvo estable a lo largo del año). Sin embargo, utilizando una CBA valorizada por consultoras privadas, los resultados distan de los oficiales.
Estimaciones propias indican que el 11% de los habitantes del Gran Córdoba están bajo la línea de indigencia, este guarismo equivale a casi 158 mil personas. Una vez más, la situación en Río Cuarto es un poco mejor, ya que los cálculos del IIE muestran que el 6,1% de la población río cuartense no puede adquirir una CBA (según INDEC esta cifra es del 2,5%).
Estos datos se presentan en los Gráficos 8.16 y 8.17.
Lo más desalentador es que esta situación podría seguir empeorando en los próximos meses en todas las provincias de la Argentina por varias razone, como el continuo aumento del costo de vida y el incremento del desempleo.
8.5 ¿Hacia dónde debería ir la Argentina? ¿Cómo puede llegar?
8.5.1 Las metas del milenio para la Argentina
Dirigentes de casi 200 países adhirieron en el marco de la Cumbre del Milenio en el año 2000 a la consagración de ocho objetivos que fueron definidos como una hoja de ruta para trabajar por un mundo más justo y con menos desigualdades. Se fijaron metas cuantificables en materia de salud, educación, medio ambiente y desarrollo, y se establecieron plazos para su cumplimiento: el año 2015 es el límite para lograrlas. La Argentina, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), se comprometió a realizar las acciones correspondientes afines a esos objetivos mundiales.
Las metas propuestas para el año 2015 para la Argentina podrán ser alcanzadas en la medida en que los estados provinciales, así como el Estado Nacional, comprometidos con el logro de los Objetivos del Milenio, sumen y coordinen sus esfuerzos. En total son diecisiete las provincias con
las que el CNCPS ha firmado el convenio: Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, Buenos Aires, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
La Argentina estableció metas específicas que tienen que ver con problemáticas particulares del país, fundadas en asimetrías regionales. De este modo, los Objetivos del Milenio, a los que la Argentina debería llegar en los próximos seis años son:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre:
Erradicar la indigencia y el hambre Reducir la pobreza a menos del 20%.
2. Lograr la enseñanza primaria universal:
Asegurar que en el año 2010 todos los niños y adolescentes puedan completar tres nivel de educación básica, es decir, diez años de educación.
Asegurar que en el año 2015 todos los niños y adolescentes puedan completar todos los niveles de educación.
3. Promover el trabajo decente (objetivo agregado por la República Argentina):
Reducir en el año 2015 el desempleo a una tasa inferior al 10%.
Incrementar la cobertura de protección social a dos terceras partes de la población para el año 2015.
Erradicar el trabajo infantil.
4. Promover la igualdad de género:
Alcanzar en el 2015 una mayor equidad de género mediante una mejor participación económica de la mujer, una reducción de la brecha salarial entre varones y mujeres, y manteniendo los niveles de igualdad de género alcanzados hasta el 2000 en el ámbito educativo
Aumentar la participación de la mujer en niveles decisorios, tanto en instituciones públicas como privadas
5. Reducir la mortalidad infantil:
Reducir en tres cuartos la mortalidad en menores de cinco años y en un 20% la desigualdad entre provincias entre 1990 y 2015.
6. Mejorar la salud materna:
Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad materna y en un 20% la desigualdad entre provincias entre 1990 y 2015
7. Combatir el SIDA, el paludismo, el Chagas, la tuberculosis y otras enfermedades:
Haber detenido e iniciado la reversión de la propagación del VIH/SIDA en el 2015
Reducir la incidencia de la tuberculosis un 8% anual y la tasa de mortalidad por tuberculosis un 10% anual, y haber certificado la interrupción de la transmisión vectorial de Chagas en todo el país en el año 2015.
8. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ver Recuadro 8.6):
Haber logrado en el 2015 que todas las políticas y programas del país hayan integrado.
los principios del desarrollo sostenible y se haya revertido la pérdida de recursos naturales (ambientales).
Reducir en dos tercios la proporción de la población sin acceso al agua potable entre 1990 y el 2015.
Reducir en dos tercios la proporción de la población sin acceso al saneamiento básico entre 1990 y el 2015.
Haber reducido a la mitad la proporción de la población residente en villas miserias y asentamientos irregulares.
9. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo:
Desarrollo, buen gobierno y cooperación para el logro de los Objetivos del Milenio
El monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la preparación de los informes nacionales supone una participación activa de los Sistemas Nacionales de Estadística en la producción de los 48 indicadores de carácter principalmente social necesarios para el seguimiento de las dieciocho metas y la evaluación del grado de avance de los países. En la práctica, cumplir con esta misión implica fortalecer la capacidad estadística nacional para cubrir los diversos indicadores, mejorar la coordinación entre los diversos organismos que conforman el Sistema Nacional de Estadísticas así como revisar las metodologías y los procedimientos para asegurar una compatibilidad ínter temporal e internacional de los indicadores. De aquí la importancia de un organismo estadístico creíble.
Un mayor detalle de las Metas del Milenio y del grado de avance de Argentina en la materia se puede encontrar en el Capítulo 3 de la presente edición de “El Balance de la Economía Argentina”.
Recuadro 8.6: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Desarrollo sustentable y crecimiento En la literatura es común observar que el bienestar de las naciones es medido a través del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, así como también por su tasa de variación a través del tiempo. De este modo, se considera que un país es próspero y rico cuanto mayor sea su PBI per cápita. Como consecuencia, los gobiernos se plantean como objetivo principal la búsqueda de políticas que permitan crecer a tasas cada vez más altas.
“Sin embargo, el PBI mide sólo algunos aspectos del bienestar; es por ello que tratarlo como un índice general de la riqueza es un caso típico de falacia de la concreción mal colocada”13. Los desarrollos teóricos de la economía ecológica han demostrado que esta variable sobreestima el bienestar ya que no considera los costos sociales y los efectos negativos sobre el medio ambiente que vienen de la mano con la actividad humana.
Por este motivo la creencia de crecimiento ilimitado debe ser modificada, debido a que es responsable del sacrificio de numerosos recursos naturales no renovables. En este sentido, se debe encontrar una manera eficiente de elevar los niveles de bienestar de la sociedad humana que permita que las generaciones futuras hereden un planeta con niveles de salud ambiental y económica aceptable.
13 Costanza et. al, 1999, p.125
Sobre este principio surge el concepto de desarrollo sustentable. Lo importante no es la mera expansión del producto, sino la calidad del crecimiento y cómo se distribuyen sus beneficios entre toda la humanidad.
La definición de sustentabilidad, publicada en 1980 en el informe llamado “Estrategia Mundial de Conservación”, esboza tres objetivos para la conservación de los recursos vivos: el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas que dan sostén a la vida, la preservación de la diversidad genética y el aprovechamiento sustentable de las especies y los ecosistemas. Por otra parte, uno de los conceptos más citados relativo al significado de “desarrollo sustentable” es aquel presentado en el año 1987 en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocido como el Informe Brundtlant. En él, se afirma que el desarrollo sustentable es aquél que satisface las necesidades futuras sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Dicha definición constituye el tercer principio de la Declaración de Río (1992).
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conocida también como la Unión Mundial de la Conservación 14, definió el desarrollo sustentable en términos de mejorar la calidad de la vida humana sin exceder la capacidad de carga de los ecosistemas que lo sustentan. Esto supone que el desarrollo sustentable es un proceso que requiere de progresos simultáneos en diversas dimensiones: económica, humana, ambiental y tecnológica.
Es importante destacar que el desarrollo será sustentable sólo si se logra el equilibrio de sus tres pilares: económico, social y ecológico. Más precisamente, las variables sociales y económicas están en equilibrio cuando se instrumentan políticas equitativas. Vale aclarar que se hace referencia a la equidad tanto intergeneracional (cuyos intereses no están representados en los análisis económicos estándar ni en las fuerzas que infravaloran el futuro), como intrageneracional (por todos aquellos que no tienen igual acceso a los recursos naturales, sociales y económicos). Por otro lado, las variables ecológicas y las sociales entran en armonía si se desarrollan proyectos que sean soportables para el medio ambiente. Finalmente, si estas variables están equilibradas y además se implementan proyectos que, siendo viables ecológicamente, mejoren el bienestar económico; entonces es posible lograr un desarrollo sostenible.
Otro aspecto a tener en cuenta es la obligación de la generación actual frente a las futuras de dejar los recursos económicos, sociales y ecológicos, para que puedan disfrutar, al menos del mismo grado de bienestar que nosotros.
14 La misión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la promoción y asistencia a las sociedades en todo el mundo para que conserven la integridad y la biodiversidad de la naturaleza; y que al mismo tiempo aseguren que el uso de los recursos sea equitativo y ecológicamente sostenible.
8.5.2 Algunas recomendaciones de política
Como se mostró a lo largo del capítulo, tanto los indicadores sociales como los económicos de la Argentina están lejos de aquellos a los que se debería llegar para cumplir con las Metas del Milenio. Los diferentes problemas analizados son el resultado de la interacción de múltiples elementos y circunstancias; por ello su solución requiere no sólo medidas específicas focalizadas en aquellos grupos donde su incidencia es mayor, sino un progreso en todas las dimensiones del sistema socioeconómico.
A continuación se enumeran las condiciones necesarias para solucionar, o al menos aliviar, los problemas analizados en este capítulo; estos principios o políticas son analizados en los diferentes capítulos de El Balance de la Economía Argentina.
1. Mejorar la calidad institucional
a. Crear instituciones que asuman la responsabilidad del desarrollo y el compromiso con la sociedad nacional e internacional.
b. Transparentar las publicaciones de los indicadores socio-económicos: reconocer los problemas es el primer paso para solucionarlos.
c. Fortalecer el desempeño del sector público dentro del sistema federal de la Argentina, con vistas a mejorar la eficacia de la provisión de servicios básicos así como de la construcción de confianza y transparencia.
d. Establecer mecanismos de promoción de acceso a la justicia efectivos y equitativos para todos los habitantes del país.
Recuadro 8.7: El Índice de Calidad Institucional
Anualmente, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas difunde un Índice de Calidad Institucional (ICI) en el que se miden diversos aspectos que determinan la calidad de las instituciones de 192 países. El ICI incorpora las clasificaciones de Libertad Económica, Competitividad Global, Doing Business (Haciendo Negocios), Corrupción, Libertad de Prensa, Rendición de Cuentas y Vigencia del Estado de Derecho. El objetivo del mismo es mejorar las condiciones de vida en las distintas naciones y a lo largo de la región a las que pertenecen, brindando información para la toma de decisiones y para la promoción de una cultura democrática.
Según la última publicación del ICI, en mayo del corriente año, Argentina se ubica en el puesto 114 entre 192 países, once lugares más abajo que en el 2007, y veintiún posiciones por debajo de lo registrado en el 2006, indicando un claro empeoramiento en la calidad institucional del país.
En el Cuadro 8.3 se muestra la situación en América Latina según los distintos indicadores que conforman el ICI. Cuanto más alto sea el valor del índice, mayor es la calidad de las instituciones.
2. Medidas tendientes a erradicar la pobreza
a. Enfatizar el acceso a mayores oportunidades de aprendizaje a los grupos que secularmente han sido discriminados y excluidos. La educación es un mecanismo fundamental para la igualdad de oportunidades.
b. Aumentar la inversión en educación tal que permita completar el desarrollo de la oferta educativa en las provincias, municipios y áreas más rezagadas.
c. Reforzar las iniciativas por mejorar la eficiencia del sistema educativo, apuntando a reducir los índices de repitencia y abandono escolar.
d. Fortalecer y extender el proceso de capacitación docente, para mejorar los niveles de calidad educativa hasta ahora alcanzados.
e. La promoción y reconstrucción de las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen las principales demandantes de empleo. Éste es precisamente el principal factor para retomar un sendero sostenible de inclusión social, de recuperación del empleo y del nivel de ingresos, de reducción de la pobreza y erradicación de la indigencia.
f. Una política social más focalizada, complementaria del ingreso proveniente del empleo, que asegure mayores niveles de inclusión.
g. Generar y estimular las oportunidades genuinas de empleo.
h. Desarrollar la infraestructura adecuada que esté focalizada en la expansión del acceso de los pobres a los servicios básicos (agua y saneamiento, transporte urbano y transporte regional).
i. Mejorar la distribución del ingreso, ya que una disminución en la concentración del ingreso es un factor central en la disminución de los niveles de pobreza (ver Recuadro 8.6).
Recuadro 8.8: Efecto crecimiento y efecto distribución
Puede suceder que en un contexto de crecimiento económico no se puedan reducir los niveles de pobreza e indigencia. Lo sucedido en la Argentina en los últimos dos años deja esta afirmación en evidencia.
Una forma de evaluar la relación que existe entre la tasa de reducción de la pobreza y el crecimiento del nivel de actividad económica es a través de la elasticidad de la pobreza en términos del ingreso, es decir, el cociente entre la variación porcentual de la tasa de pobreza y la variación porcentual del PBI per cápita. Cabe esperar que la misma tenga un signo negativo, es decir que a medida que aumente el PBI per cápita, menor será la población bajo la línea de pobreza. Cuando la misma es mayor a 1 o menor a -1 implica que el crecimiento tiene un impacto más que proporcional sobre la reducción de la pobreza, mientras que en el caso contrario está indicando que el impacto es menos que proporcional.
En el Gráfico 8.18 se muestra esta relación para los últimos veinte años en la Argentina. En la mayoría de los casos, sucede que la relación entre pobreza y PBI por habitante es negativa, con excepción de los años 1994, en el que la elasticidad fue del 0,30 y del 2007 y 2008, en los que los guarismos fueron del 0,89 y 1,40 respectivamente. Esto signifca que la pobreza aumenta a pesar que el PBI per cápita también se incrementa.
Una explicación a este fenómeno ocurrido en los últimos años es el denominado efecto distribución del ingreso: una distribución del ingreso más desigual provoca un aumento de la pobreza para un nivel dado de ingreso per cápita. La igualdad distributiva es todavía una materia pendiente en la política económica del país.
14 Se utilizaron las cifras de pobreza no oficiales.
j. Hacer un uso adecuado de la política fiscal, ya que constituye uno de los instrumentos más adecuados para que la distribución de los recursos económicos sea más equitativa. La estructura impositiva así como el gasto social deben ser pro-pobre, focalizados en los sectores más afectados por este problema. Esto significa que el monto absoluto de impuestos a pagar debe ser mayor cuanto más alto sea el nivel de ingreso, y por otro lado, que el gasto social debe aumentar a medida que el nivel de ingreso de las personas sea menor.
4. Mejorar la calidad del empleo
a. Renovar la oferta de capacitación tanto por parte del Estado como de las empresas para calificar la demanda de trabajo, tratando de incrementar la participación de la mujer en empleos de mayor calidad.
b. Reforzar el vínculo de las empresas con el sector educativo y de formación profesional, para adecuar las capacidades de miles de trabajadores a las nuevas exigencias que impone un mercado mundial más exigente.
c. Hacer políticas de fiscalización del empleo, orientadas a la reducción del empleo informal. En otras palabras, detectar el trabajo no registrado, el parcialmente registrado, las formas atípicas y encubiertas de relación laboral y la subcontratación elusiva. Una acción que puede llevarse a cabo es la eliminación del régimen fscal monotributo para los asalariados.
d. Facilitar la inscripción de los trabajadores así como la identificación de los empleadores y la fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa vigente.
e. Asegurar el cumplimiento del Salario Mínimo Vital y Móvil así como de la Jubilación
Mínima y fijarlos según el verdadero costo de vida.
f. Reforzar las inversiones en capital humano tendientes a mejorar la productividad.
g. Implementar un seguro de desempleo que actúe de manera contracíclica a las variaciones del producto.
h. Modificar el diseño de los sistemas de protección social para brindar, al menos, ciertos umbrales de prestaciones universales que estén en consonancia con la perspectiva de derechos y de solidaridad.
Recuadro 8.9: Plan de Ingreso Social con Trabajo
El Plan de Ingreso Social con Trabajo, impulsado en agosto del 2009, consiste en la asignación de suma de $1.500 millones con el objetivo de generar cien mil nuevos puestos de trabajo cooperativistas para desocupados que estén en una situación de pobreza e informalidad. El mismo tendrá por objeto y sujeto, barrios, villas, comunidades y aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social, siendo la primera intervención en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, con la idea de abrir nuevas etapas en distintas zonas geográficas del país que presenten también una alta densidad de vulnerabilidad social.
Estas cooperativas que se pretenden crear tendrán como objetivo abordar tareas que van desde el trabajo comunitario, pasando por la construcción de pavimento, de cordón cuneta, de desagüe, de agua potable, de viviendas, de reparación de escuelas, de centros comunitarios y de colegios, entre otras actividades. Es decir, las tareas propuestas para los beneficiarios de este plan de ingreso social con trabajo son no calificadas, de muy baja productividad y escasa contribución a la formación de capital humano. “Parece difícil, sin una mejora sustancial de su empleabilidad que, luego de pasar por este programa, que se supone temporario, estén en capacidad de competir en el mercado por empleos privados formales de mejor calidad” (SEL Consultores, 2009). Cada socio de la cooperativa deberá inscribirse como monotributista social y cobrará el sueldo mínimo por las tareas realizadas.
Es el Gobierno nacional quien financiará los salarios y los materiales para dichas obras.
Por último, como se dijo más arriba, son cerca de cien mil los beneficiarios que formarían las cooperativas, las cuales estarán integradas aproximadamente por cincuenta personas cada una, es decir, serían dos mil emprendimientos nuevos. Esto requiere al menos un tutor por cada cooperativa que esté capacitado en todos los aspectos adecuados a una formación profesional. Pero, ¿existen dos mil tutores que cumplan con los requisitos establecidos?
5. Implementar una reforma sanitaria
a. Alentar a los servicios de salud para que asuman la responsabilidad del cuidado de la salud de la población a su cargo, mejorando la cobertura y calidad de los controles prenatales y pediátricos.
b. Realizar campañas de concientización a las personas para el cuidado de las nuevas enfermedades que aparecieron (o cuya incidencia aumentó) en los últimos meses: dengue y virus N1H1.
c. Mejorar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, aumentando la oportunidad de las notificaciones y reduciendo el subregistro.
d. Capacitar al personal empleado en la salud y brindarles el equipamiento de tecnologías apropiadas así como los insumos y recursos necesarios para trabajar debidamente, conjuntamente con una adecuada organización del sistema de atención.
e. Extender el desarrollo de servicios integrales de salud de la mujer, acompañados de programas de educación y comunicación social que promuevan la procreación responsable. El objetivo es evitar los embarazos no deseados, lo que conducirá a una reducción del número de abortos y de las posibilidades de muertes de la mujer embarazada.
f. Promover el uso de preservativos, lo que impactaría positivamente además en la reducción de la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA.
g. Promover la realización de pruebas del VIH en embarazadas para reducir el contagio a sus niños, teniendo en cuenta el éxito que las drogas antirretrovirales tienen en el tratamiento de las futuras madres.
6. Otras recomendaciones de política
a. Reconocer la desigualdad territorial a la hora diseñar políticas y programas. Admitir la existencia de grupos sociales más rezagados en sus condiciones de vida, por parte del Estado y la sociedad, permitirá brindarles una atención diferencial, y de este modo se logrará reducir las brechas existentes.
b. Promover la participación activa del gobierno nacional y provincial así como de las universidades y el sector privado.
8.6 Conclusión
El caso argentino ha sido un ejemplo tanto de la ejecución de políticas equivocadas como de errores en su implementación, aunque a las responsabilidades nacionales también deben agregarse las responsabilidades internacionales. Sin embargo, la situación argentina puede convertirse en una posibilidad de mostrar la potencialidad de recuperación de un país y de su sociedad, por retomar la senda del desarrollo, así como de la cooperación internacional por facilitar las condiciones que aceleren dicha recuperación económica y social. Argentina cuenta con importantes recursos naturales, económicos y humanos, además de un significativo capital social, para poder afrontar momentos de caída económica.
Para ello es necesario contar con instituciones sólidas que guíen y apoyen a la Argentina durante su recuperación. Los indicadores estadísticos son importantes para concebir y evaluar las políticas destinadas a garantizar el progreso de las sociedades así como para influir en el funcionamiento de los mercados.
Asimismo, en vista de un adecuado diagnóstico de la delicada situación social actual, es necesario definir el tipo de Estado al que se aspira en el mediano plazo. Lo cierto es que debe ser un Estado que estimule el desarrollo de las actividades productivas y que disminuya la volatilidad de la actividad económica. Ambos puntos son indispensables para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes del país.