EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CAPITULO 14: EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Córdoba se encuentra en una encrucijada. Las oportunidades no se presentan frecuentemente y muchas veces no se repiten. Resistirse a los cambios y proteger los intereses que obstaculizan la transformación necesaria es excesivamente arriesgado. Tenemos los recursos y la cultura necesaria para ganar espacio en una nueva era del desarrollo económico, sin perder la ventaja de mantener nuestras raíces y valores. La forma de hacerlo puede ser más fácilmente encontrada si recordamos lo que decía Domingo Faustino Sarmiento en su discurso de inauguración del Observatorio Astronómico de Córdoba en octubre de 1871. «Es una cruel ilusión del espíritu creernos y llamarnos pueblos nuevos. Es de viejos que pecamos. Los pueblos modernos son los que resumen en sí todos los progresos que en las ciencias y en las artes ha hecho la humanidad, aplicándolas a la más general satisfacción de las necesidades del mayor número. Lo que necesitamos es, pues, regenerarnos, rejuvenecernos, adquiriendo mayor suma de conocimientos y generalizándolos entre nuestros ciudadanos».
Pocos días después de la presentación de la edición 1998 del Balance de la Economía, realizada a mediados de diciembre del año pasado, ganaba las elecciones el actual gobernador de la provincia, Dr. De la Sota, centrando su campaña en lograr eficiencia en todas las actividades, procesos y estructuras de la administración pública, bajar los impuestos e incorporar capital privado al Banco de Córdoba y Epec. Probablemente, buena parte de los ciudadanos pensó que, luego de dieciseis años seguidos de gobierno radical, eran convenientes algunos de los cambios que proponía el principal partido opositor. A su vez, el Dr. Mestre tenía en sus espaldas el desgaste de haber aplicado drásticas medidas de recorte de sueldos y reducción de personal para enfrentar la peor parte de la crisis a la que se había llegado a mediados del año 1995, como consecuencia de la acumulación de un déficit fiscal provincial insostenible, en un contexto de escasez de capitales, junto a serias deficiencias en el funcionamiento de la administración local.
Afortunadamente para el país, comenzamos a aprender que, más allá de los intereses partidarios, hay que lograr implementar políticas de Estado y construir consensos. Luego de los resultados de las diversas elecciones realizadas en todo el país hasta el 24 de octubre del corriente año, se plantea la necesidad de «cohabitar» en todos los niveles de la política. En el ámbito provincial, las tres jurisdicciones con mayor número de habitantes (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), representan aproximadamente el 60% de la población del país y están gobernadas por el principal partido opositor a la Alianza, quien ejerce el gobierno nacional. En Córdoba, la coalición que gobierna la provincia no tiene mayoría en el senado provincial. En la «Región Central Amplia» (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y San Luis) la mitad de las jurisdicciones están gobernadas por la Alianza y la otra mitad por el Partido Justicialista.
En este contexto político, las expectativas de los consumidores cordobeses han mejorado substancialmente respecto al promedio de los últimos años, ayudadas por el cumplimiento de las promesas electorales del Dr. De la Sota durante sus primeros meses de gobierno y el menor nivel de conflictividad que se observa en la provincia. La madurez alcanzada en el comportamiento político, económico y social durante las últimas elecciones presidenciales contribuyeron también en ese sentido.
Los rasgos generales del programa de gobierno de la nueva administración provincial, están resumidos en un documento denominado «Córdoba Nuevo Siglo», donde se anuncian profundas reformas en la organización del sector público, mediante la utilización de técnicas modernas de programación presupuestaria, tales como presupuesto por programas y base cero, con costeo por actividades. Se mencionan también otras herramientas, tales como la reingeniería de procesos, la tecnología informática, el contrato por resultados, etc.
Deben resaltarse dos rasgos de la política regional del actual gobernador que ya se pusieron en práctica: el traslado de la sede del gobierno al interior de la provincia en forma periódica y el fuerte respaldo a la Región Centro, otorgándole continuidad a una política de Estado provincial que había sido inaugurada por la administración anterior. En cuanto a los procesos administrativos, debe ponderarse la tercerización del cobro de impuestos mediante una licitación internacional, las auditorías y estudios solicitados sobre la deuda pública y el análisis de la situación de las empresas estatales. Otras iniciativas anunciadas son igualmente destacables: la idea de construir un Centro Cívico para el traslado de la administración pública desde los actuales emplazamientos, el próximo envío de una ley de responsabilidad fiscal provincial, los programas de capacitación y entrenamiento, la informatización de los procesos administrativos, etc.
Asimismo, el Dr. De la Sota identifica claramente la necesidad de impulsar la competitividad a nivel privado y favorecer la radicación de nuevas inversiones. Como aconteció siempre, las mayores dudas respecto al éxito de su programa de gobierno surgen de la formulación en detalle de la estrategia respectiva y de su implementación. El déficit fiscal es un escollo preocupante. Partiendo de un desequilibrio de alrededor de $ 120 millones registrados en el ejercicio 1998, sumándole al mismo la reducción en un 30% de las alícuotas de una parte substancial de los impuestos provinciales y adicionándole los mayores gastos incurridos en la puesta en marcha del nuevo gobierno, el mismo no puede confiarse demasiado en el efecto de la moratoria, la reactivación económica esperada para el año 2000 o los ingresos provenientes de la incorporación de capital privado a las empresas públicas provinciales para equilibrar sus cuentas. Además, deberían sumarse a los gastos previstos para los próximos años, el costo de la inversión en la reforma del sector público (reingeniería, capacitación, informatización, etc., para mencionar sólo algunos rubros del mismo). Un ejemplo del tremendo atraso en la organización de la administración pública y de lo difícil que resulta revertirlo, es que se estima que tan sólo el 6% de sus empleados tiene acceso a los medios de la tecnología de información.
La historia fiscal de las últimas décadas ha demostrado con claridad que los fuertes recortes del gasto público, tales como el efectuado en Córdoba mediante la aplicación de la ley de emergencia provincial puesta en marcha en el año 1995, sólo tienen efecto por algunos períodos fiscales pero no solucionan el verdadero problema. Al cabo de dos o tres años, el déficit vuelve con más fuerza que antes, conduciendo a un nuevo ajuste que deteriora aún más el funcionamiento de la administración.
La única forma de enfrentar el reiterado y pernicioso efecto del déficit fiscal sobre el bajo nivel promedio de calidad de vida de nuestro país en relación a su potencial y sobre el creciente deterioro en la distribución del ingreso, es realizando una profunda reforma en el sector público. Debe actuarse tanto sobre el gasto como sobre el ingreso y hacerlo simultáneamente. Por ejemplo, es muy difícil combatir la evasión impositiva, si los contribuyentes no perciben una substancial mejora en la calidad y cantidad de servicios públicos que reciben a cambio del pago de sus impuestos. Sobre la base de los resultados electorales y las encuestas de opinión pública puede apreciarse cada vez con mayor claridad cuáles son las prioridades actuales que la mayoría de la población demanda. Un sector público eficiente colaborando con las universidades, las asociaciones intermedias y las empresas, es una de ellas.
Para este desafío, la provincia de Córdoba tiene algunas tareas pendientes: no realizó la mayoría de las llamadas reformas de primera generación. Una buena parte de ellas estaban incluidas en el denominado Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del mes de agosto de 1993. La adhesión parcial de la provincia en enero de 1994 y la posterior firma del mismo durante la gestión del Dr. Mestre, no modificaron la situación en forma substancial. La mayor presión impositiva respecto a otras jurisdicciones provinciales, los problemas del Registro de la Provincia, la enorme pérdida acumulada por los bancos oficiales (que suma una cifra de aproximadamente $1.300 millones, considerando el período 1993-julio 19991), las altas tarifas de EPEC vigentes hasta hace poco tiempo atrás, el costo de no haber transferido la Caja de Jubilaciones2 y la permanencia de algunos honorarios profesionales no desregulados, son ejemplos de los efectos de las reformas postergadas. A todo ello, debe sumarse el impacto de la tasa de riesgo provincia sobre la deuda pública y el costo financiero de las Pymes.
1 Para realizar la estimación se excluye del Cuadro de Resultados la partida «utilidades Diversas» que incluye los ingresos por la actividad del juego administrado por la provincia.
A su vez, el actual sistema de coparticipación federal perjudica a la provincia porque el monto que recibe en términos per cápita es substancialmente menor al promedio de otras jurisdicciones que recaudan impuestos provinciales por sumas insignificantes. Algunas de las propuestas de cambio elevadas a la Comisión Federal de Impuestos empeorarían esa relación aún más. Por otra parte, Córdoba compite con jurisdicciones que tienen la ventaja de contar con regímenes de promoción industrial notablemente generosos.
Por último, recordamos el efecto negativo derivado de la deficiencia en materia de información pública (por ej.: hay dudas sobre el número de empleados y el monto de la deuda, especialmente a nivel de algunas municipalidades), la carencia de series temporales confiables y la escasa información de mercado en casi todos los rubros. Las deficiencias en la infraestructura provincial también tienen un gran peso relativo a la hora de determinar los elementos que componen el denominado «Costo Córdoba».
A pesar de las dificultades señaladas, la provincia tiene sus mayores oportunidades en el contexto de la «Región Central Amplia». Dentro de la misma, y en el futuro más inmediato, deben destacarse las fortalezas de la Región Centro. Dicha Región, formada por las provincias de Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos, es la que tiene el mayor grado de apertura e integración a los mercados internacionales en el territorio de nuestro país. Sus exportaciones (expresadas en porcentaje del PBI) representan por lo menos dos veces el promedio nacional. Por los puertos del río Paraná se embarca aproximadamente el 70% de los granos con destino a los mercados externos y en un radio de trescientos kilómetros alrededor de la ciudad de Rosario se produce el 90% de la soja (que junto con los granos forrajeros, constituyen los principales productos de exportación argentinos). El complejo de molienda de semillas oleaginosas es uno de los más eficientes del mundo. Los buques tipo Panamax (60.000 Tns. de carga) ingresan a los puertos de río hasta 400 km. tierra adentro y la soja se produce a una distancia reducida de los puertos. El menor flete terrestre resultante, la reducción del costo del transporte fluvial debido a las ventajas del dragado, el aumento de la eficiencia de la carga portuaria y la fuerte caída en el costo de la molienda permiten mirar el futuro de este sector con gran optimismo.
La industria láctea también tiene su lugar en la integración con los mercados mundiales, en especial considerando las ventajas de clima y suelo y el gran potencial del mercado brasileño. Córdoba y Santa Fe producen el 55% del total nacional. A pesar de la crisis actual, la industria autopartista y automotriz, radicada principalmente en la ciudad de Córdoba, también busca su destino. La provincia recibió inversiones por aproximadamente U$S 3.300 millones durante la década de 1990. En el transcurso del corriente año, la firma Volskwagen anunció una inversión de U$S 260 millones para ampliar su planta destinada a la fabricación de transmisores con destino a los mercados internacionales fuera del Mercosur. Este es un buen síntoma de la orientación que necesitamos.
Además, Córdoba se está transformando en un centro de servicios cada vez más importante para gran parte del interior del país, especialmente para el noroeste y la zona de Cuyo. Los más de ciento veinte vuelos diarios de su aeropuerto, las numerosas inversiones en hotelería, la multiplicación de los congresos, exposiciones, seminarios, etc., son testigos de un cambio silencioso pero de una enorme trascendencia.
También hay historias de iniciativas empresarias en poblaciones relativamente pequeñas, no ligadas a los recursos tradicionales de la pampa húmeda. Por ejemplo, la fabricación de juguetes de madera para exportación en Colazo, población que no tiene forestaciones cercanas, de chocolates en Jesús María donde por supuesto no se produce cacao, de revestimientos plásticos en San Francisco, de tanques para combustibles en Marcos Juárez y lavarropas en Luque.
2 Se estima que el costo asumido por Córdoba para cubrir el déficit de las Cajas transferidas por otras provincias es de aproximadamente $180 millones anuales. Además debe fondear el desequilibrio de su propio sistema.
Sin embargo, el dinamismo en la evolución económica de la región que intentamos describir a través de los ejemplos anteriores no puede ocultar las debilidades y riesgos que estamos enfrentando. La Región Centro, al igual que el resto del país, tiene que hacer un enorme esfuerzo para aumentar su competitividad. Los elevados índices de desocupación, el aumento de la pobreza y la caída en el nivel de actividad observada durante las últimas crisis internacionales son muestras de ello.
El desafío de la competitividad requiere actuar sobre los costos globales del país y de la región y sobre la productividad. Además de los problemas provinciales que se mencionaron en los párrafos anteriores, el último análisis realizado por el Foro Económico Mundial indica que los principales puntos débiles de nuestro país se encuentran en el sector laboral, en el dinamismo de las instituciones y en los factores tecnológicos.
Finalmente, reiteramos que debe hablarse de competitividad sistémica, es decir de la interacción de los sectores públicos, privado, universidades y sociedades intermedias, para crear las condiciones técnicas, organizativas y sociales requeridas para un desarrollo dinámico, orientado al mercado mundial. Asimismo, es bueno recordar que la competitividad sin integración social, es un proyecto sin perspectivas.