CAPITULO 1.11 – ASPECTOS SOCIALES
1.11 ASPECTOS SOCIALES
1.11.1 Mercado laboral
El mercado laboral argentino ha perdido la dinámica que lo caracterizó durante la recuperación posterior a la crisis de 2001. Hace tiempo que los indicadores laborales dejaron de enviar señales favorables en cuanto a su evolución, en gran medida debido al enfriamiento de la actividad, los costos laborales crecientes y la incertidumbre que se vive en el país. En el Cuadro 1.21 se presentan tasas de actividad252, de empleo253 y de desempleo254 correspondientes al tercer trimestre de 2010 a 2013, a partir de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) cuyo relevamiento se lleva a cabo en los principales aglomerados urbanos del país.
En el último año la desocupación cayó 0,8 puntos porcentuales (p.p.), arrojando la menor tasa de desempleo desde la crisis de 2001 (6,8% de la PEA). Sin embargo, esto no vino solo sino que estuvo acompañado de una reducción de la tasa de actividad en 0,8 p.p. y de la de empleo en 0,4. Por tanto, esta cuestión requiere un análisis más profundo.
252 Tasa de actividad: porcentaje de la población económicamente activa sobre la población total.
253 Tasa de ocupación o empleo: porcentaje de la población ocupada sobre la población total.
254 Tasa de desempleo: porcentaje de la población desempleada sobre la población económicamente activa.
En el tercer trimestre, 11,782 millones de personas conformaban la población económicamente activa. Entre estas, 804 mil se encontraban desempleadas. Un año atrás, en el tercer período de 2012, estos valores eran iguales a 11,889 millones y 906 mil, respectivamente. Con lo cual, en tan solo un año la cantidad de desempleados se redujo en 102 mil personas y la población económicamente activa (PEA) más aún, en 107 mil personas. Dado que la reducción de la PEA fue mayor, la cantidad de también ocupados disminuyó.
Esto lleva a replantearse el “éxito” o la “bondad” de tener una tasa de desempleo más baja. En este caso particular, una tasa de desempleo igual al 6,8% no representa una mayor inclusión laboral y aumento del empleo sino todo lo contrario. Se vincula estrechamente al desaliento de los trabajadores que decidieron salir del mercado laboral por la falta de oportunidades y de calidad laboral.
A su vez, resulta importante adentrarse en la definición misma del cálculo de la tasa de desempleo para dilucidar algunas cuestiones importantes. Según las definiciones que utiliza INDEC para el cálculo de los indicadores de mercado laboral, las personas que cuentan con una ocupación pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, quienes tienen una ocupación plena (trabajan como mínimo 35 horas semanales) mientras que, por el otro, están quienes se encuentran en una situación de subempleo (trabajan menos de 35 horas semanales). Estas últimas suelen ser identificadas con empleos de menor calidad y pueden estar disconformes con su empleo y/o desear trabajar más horas.
Advirtiendo este hecho, se puede considerar de manera conjunta a las personas que no consiguen empleo con aquellas que trabajan menos horas de las que desean a los fines de aproximar una medida de desempleo más cercana la realidad. De esta manera, se estima una desocupación cercana al 12,6% y se observa que la misma disminuyó 1,2 p.p. respecto al mismo período del año 2012. Pese a esta reducción, todavía se encuentra por encima del valor más bajo de la serie, el cual se había dado en el primer trimestre de 2012.
De este modo, se concluye que la problemática del desempleo es más amplia y relevante que lo que demuestra el indicador oficial y, a la luz de la enorme incertidumbre que se vive actualmente, es fundamental monitorear el fenómeno de cerca y llevar adelante medidas para atenuar los efectos que el freno al crecimiento del nivel de actividad puede generar sobre los trabajadores.
Si se desagrega un poco más el análisis de esta problemática, se puede observar que el fenómeno golpea con distinta intensidad a las personas según su edad y género. Se destaca que los segmentos de la sociedad más afectados son los conformados por mujeres y jóvenes menores de 30 años (ver Gráfico 1.113). Puntualmente, el 17,4% de las mujeres y el 12,3% de los varones de entre 14 y 29 años dispuestos a trabajar estaban desempleadas en el tercer trimestre de 2013 (último dato disponible). Si se considera la medida ampliada de desempleo presentada anteriormente, la situación es aún más alarmante para este grupo etario. Frente a esto, no se puede evitar concluir que pese a los avances realizados desde la crisis 2001, el mercado laboral todavía presenta señales de discriminación y pone en riesgo su desenvolvimiento futuro. En este sentido, resulta imprescindible fortalecer el vínculo educación/trabajo para favorecer la inclusión de los jóvenes a la fuerza laboral.
1.11.1.1 Condición laboral
Los indicadores de empleo presentados anteriormente son de carácter genérico y, por tanto, agrupan individuos que desarrollan su actividad laboral en trabajos de distinta calidad. En este sentido, la presente sub-sección expone algunos indicadores, tomando la calidad del empleo como factor de diferenciación.
A los fines de explorar respecto de la calidad del empleo, se advierte que la tasa de asalarización alcanza al 76,6% de los ocupados en el tercer trimestre de 2013, luego de reducirse en 114 mil personas con respecto al mismo período del año anterior. Si se tiene en cuenta que la cantidad de ocupados se redujo en una magnitud de cinco mil personas, se pone de manifiesto que durante el último año se ha dado un considerable traspaso hacia otras modalidades de trabajo como el cuentapropismo, patronato y trabajos familiares sin remuneración.
La informalidad, expresada a través del porcentaje de asalariados a los cuales no se les efectúa descuento jubilatorio, se ha reducido en un punto porcentual entre el tercer trimestre de 2012 y el mismo período de 2013, alcanzando al 34,6% de los asalariados. No obstante, como se puede observar en el Gráfico 1.114, la evolución de la tasa de informalidad laboral fue variable en los últimos períodos. En el primer trimestre de 2012 se produjo una modificación de la tendencia decreciente que evidenciaba y se incrementó en 2,7 puntos porcentuales hasta el tercer trimestre de tal año. A partir de ese momento, evidenció una tendencia declinante que tan solo duró dos períodos hasta el primer trimestre de 2013 y, entre ese período y el último dato disponible (tercer trimestre de 2013), el indicador se incrementó en 2,6 p.p.
Por la relevancia del fenómeno, a la luz de las dos cuestiones advertida s anteriormente , se puede concluir que esta mejora interanual en términos de formalidad laboral es relativa. Esto se deduce del hecho de que a la vez que existen 116 mil trabajadores informales menos (entre el tercer trimestre de 2012 y mismo período de 2013) también hay 114 mil asalariados menos.
En consecuencia, una reducción de la tasa de informalidad puede no ser tal si, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia se dedican a “changas” o trabajos temporales y no realizan aportes por sí mismos.
La informalidad es una de las problemáticas más graves del mercado laboral argentino y se caracteriza por representar empleo desarrollado fuera del marco normativo legal, sin los derechos ni beneficios que el mismo provee. Sus efectos negativos repercuten tanto en el bienestar de los trabajadores como en el crecimiento económico. Tal irregularidad lesiona derechos fundamentales del trabajador y su familia. Es un problema heterogéneo que incide sobre un amplio rango de personas: desde quienes están excluidos del mercado laboral y marginados de los mecanismos formales de protección social, hasta aquellas personas que, viviendo en condiciones socioeconómicas aceptables, eligen por voluntad propia evadir obligaciones tributarias y laborales como los aportes a la seguridad social.
A pesar de esta heterogeneidad, la concentración de la informalidad es marcada en los tramos inferiores de la distribución del ingreso. Según datos basados en la EPH del segundo trimestre de 2013, casi siete de cada diez trabajadores informales se encuentran entre el 50% de la población más pobre según el Ingreso per Cápita Familiar (IPCF de aquí en adelante), mientras que tres pertenecen al 50% más rico. Adicionalmente, en el Gráfico 1.115 puede observarse que la tasa de informalidad varía desde el 73,0% en el decil más bajo de la distribución del IPCF hasta el 13,5% en el decil más alto de la misma.
Otro aspecto a destacar, es el perfil que prevalece entre los trabajadores informales, el cual puede ser analizado a través de la relación que existe entre el nivel educativo de los trabajadores y la calidad del empleo que consiguen. Se puede esperar que quienes carezcan de una buena formación educativa tengan menores posibilidades laborales y terminen aceptando, ante la escasa oferta, un trabajo de baja calidad. La mayor proporción de trabajadores que se desempeñan dentro del mercado laboral informal no han completado aún sus estudios secundarios (suman el 55%). En contraposición, el 29% de los empleados formales tienen incluso un título universitario (ver Gráfico 1.116).
Entre las consecuencias de una inserción laboral precaria se encuentran la inestabilidad laboral, el acceso desigual a la protección social y a la cobertura de salud y las brechas salariales desfavorables. Con respecto a este último punto, cabe mencionar que un empleado registrado percibe un salario superior al de un empleado informal. En base a lo relevado por la EPH en el segundo trimestre de 2013, el sueldo promedio de los trabajadores registrados fue de $5.264 mientras que los informales, en promedio, cobraban $2.395. A su vez, se destaca que tal valor es inferior al salario mínimo vital y móvil ($3.600).
Por el lado de los empleadores, esta insuficiencia en la creación de empleo de calidad no solamente es el reflejo del pobre desempeño del nivel de actividad económica, sino que también tiene que ver con aumentos salariales que no tienen su origen en aumentos de productividad sino más bien en la necesidad de restablecer el poder adquisitivo deteriorado producto de la inflación, y con aumentos de otros costos laborales (impuestos sobre los salarios, litigiosidad).
Estos factores generan incentivos negativos hacia la creación de empleo formal. Por consiguiente, en esta etapa de enfriamiento en el crecimiento económico, se debe poner especial atención a la prevención de la expansión del fenómeno de la informalidad laboral, colocándola como una de las prioridades de las políticas económicas y sociales. Se destacan medidas de implementación concretas como el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, el Régimen Especial para el Servicio Doméstico, el Monotributo Social, el Programa de Simplificación Registral y las campañas de sensibilización en los medios de comunicación. Sin embargo la informalidad, por ser un problema estructural y heterogéneo demuestra ser un núcleo duro de atacar. El diseño de políticas que eviten la propagación y, más aún, reduzcan la informalidad deben ser el resultado de un compromiso del Estado, las empresas, los trabajadores y sus gremios, que aseguren una contracción de la precariedad en el tiempo brindando protección social y comprometiendo a mejoras en la productividad.
1.11.1.2 Sectores
Las repercusiones de un enfriamiento de la economía sobre el mercado laboral formal, generalmente, son más moderadas que sobre el informal. Esto es así producto de los importantes costos que puede representar el despido de un trabajador. Frente a una situación complicada, la primera respuesta de los empleadores es reducir las jornada laboral, las horas extras e incluso disminuir las nuevas contrataciones, es decir, la creación de puestos de trabajo. El despido y consiguiente destrucción de puestos de trabajo suele ser la última alternativa. Así, entre el tercer trimestre de 2013 y el mismo período del año anterior, la creación neta de empleo fue de 129.701 puestos, que representan el incremento interanual de 1,7% en el total del empleo registrado. Si bien este porcentaje es superior al registrado el año pasado, todavía se encuentra muy por debajo de la creación de empleo registrado que se daba años atrás. A su vez, es de destacar que la mayor dinámica en la creación de puestos de trabajo registrado se encuentra en el sector público, ya que fue del 3,9% interanual mientras que en el sector privado fue de 1,2%.
En el Gráfico 1.117 se observa que desde el tercer trimestre de 2011 las tasas de crecimiento en la creación de empleo comenzaron a reducirse tanto en el sector privado como en el público, siendo más leve en este último. A su vez, durante el año 2013 pareciera que comenzaría a acelerarse de a poco la dinámica de creación de empleo, situación que no se espera perdure durante el año 2014. A la luz de las importantes subas de costos e inestabilidad económica que enfrenta el país, resulta importante seguir de cerca la evolución de este indicador en el futuro.
La baja creación de empleo privado que se evidenció entre el tercer trimestre de 2013 y el mismo período de 2012 se dio en la mayoría de los sectores. Por debajo del porcentaje de creación de empleo total se ubicaron los siguientes sectores: Agricultura (-0,04%), Construcción (0,1%), Intermediación Financiera (0,7%), Industria (0,8%), Comercio (0,9%) y Actividades inmobiliarias (1,0%). Transporte (1,4%), Servicios sociales (2,1%) y otros sectores de menor impacto en el empleo registrado total fueron los únicos sectores que presentaron un incremento porcentual de la cantidad de puestos de trabajo superior al total.
1.11.1.3 Salarios
Otra cuestión preponderante en el mercado laboral es la lucha salarial existente para mantener el poder adquisitivo del salario. Actualmente, este tema constituye la principal preocupación de miles trabajadores y sindicalistas y se agrava aún más por causa de la incertidumbre.
Durante los últimos años, la evolución salarial le ganaba a la inflación, con lo cual los trabajadores se beneficiaban de aumentos en el poder adquisitivo de su salario. Esta situación pareciera haberse revertido durante el año 2013, en gran parte debido a la fuerte aceleración inflacionaria que se desató en los últimos meses del año. Como puede advertirse en el Gráfico 1.119, con una inflación del 31,9% y un incremento del salario promedio (incluye trabajadores registrados y no registrados) del 25,9%, el salario real se contrajo 4,6%.
Tal situación complica aún más la negociación de las paritarias para el año 2014. Muchos gremios han optado por demorar el comienzo de la negociación para no perder la carrera con la inflación y ganar previsibilidad. Los reclamos para 2014 se encuentran entre el 30% y el 61%, este último valor principalmente en aquellos gremios cuyos trabajadores se encuentran más rezagados (por ejemplo, educación y salud). En muchos casos, se reclama el pago de sumas fijas de dinero antes de comenzar las discusiones y la negociación de paritarias dos o hasta cuatro veces al año para cubrirse de la incertidumbre. En contraposición, la pretensión oficial es que las negociaciones se cierren por períodos no inferiores al año y con incrementos que no superen el 25%. En tal contexto, es de esperar que se prolongue el clima de tensión social.
1.11.2 Pobreza
La pobreza es la situación social y económica caracterizada por la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas humanas, tanto físicas como psíquicas. Se manifiesta por la carencia de los recursos necesarios para el sustento digno del nivel y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la medición de la pobreza abarca aspectos conceptuales y metodológicos variados, con lo cual puede ser abordada desde distintas perspectivas (Feres & Mancero, 2001). Por un lado, el enfoque más utilizado para la medición del fenómeno es el de la “Línea de la Pobreza” (LP), basado en la escasez de recursos, a partir del cual se considera como pobres a aquellas personas cuyo ingreso no resulta suficiente para alcanzar el nivel de vida considerado como mínimo. Por otro lado, el enfoque de las “Necesidades Básicas Insatisfechas” (NBI) se basa primordialmente en la concepción de la pobreza como necesidad y no importa si los individuos poseen o no ingresos para satisfacerlas sino que éstas hayan sido cubiertas efectivamente.
En cuanto al primero de los enfoques mencionados, para determinar la cuantía de la pobreza en el territorio se recurre a indicadores monetarios, comparando los ingresos de las familias con el costo de una canasta básica de bienes y servicios. En este sentido, se considera que una persona está en situación de pobreza cuando su nivel de ingreso no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total (CBT), definida como la línea de la pobreza. A su vez, la indigencia representa una situación de pobreza más extrema y se mide por el porcentaje de la población que con sus ingresos no logra cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual se define como línea de la indigencia.
Al intentar cuantificar el fenómeno de la pobreza en Argentina, resuena la controversia en torno a los precios y productos contemplados en el cálculo del valor de las canastas por parte del INDEC. Por esta razón, y siguiendo la línea de lo presentado en El Balance de la Economía Argentina 2012 (Instituto de Investigaciones Económicas, 2013), en la presente sección se expondrán adicionalmente los datos relevados por organismos privados especializados en el tema.
En el primer semestre de 2013, la CBT relevada por el organismo oficial costaba en promedio $1.651,97 mientras que la CBA costaba $724,75 para una familia tipo255. De tales valores se desprende que el 3,7% de los hogares argentinos es pobre mientras que el 1,5% se encuentra, incluso, en una situación de indigencia.
Estas cifras distan considerablemente de lo que miden organismos no oficiales como el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODESA-UCA) y el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES). El primero de ellos relevó, para el año 2012 una CBT de $3.022 y una CBA de $1.449. Tales valores determinaron que la pobreza alcanzaba al 16,9% de los hogares mientras que el 3,2% se encontraba incluso en una situación de indigencia.
En el caso de CIPPES, determinó que la CBT para una familia tipo en el conurbano bonaerense costaba en promedio $4.152,04 y la CBA $1.813,12 (segundo trimestre de 2013). A partir de la definición de estos valores para las líneas de la pobreza e indigencia y de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se infiere que la pobreza alcanzaba al 17,6% de los hogares mientras que el 4,1% se encontraba, incluso, bajo una situación de pobreza extrema en el segundo trimestre de 2013.
Otra medición que se puede considerar para obtener un indicador aproximado de la pobreza y la indigencia, es la Canasta Básica Alimentaria que calcula mensualmente el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Según lo informado por dicha fuente, en el segundo trimestre la CBA costaba en promedio $1.878,99 en Córdoba y la CBT $4.302,86. A partir de esto, se infiere un valor de 18,7% para la tasa de pobreza y 4,3% para la de indigencia. Alternativamente, puede medirse la pobreza a partir de un enfoque estructural basado en las necesidades. El mismo consiste en determinar el porcentaje de hogares que tienen insatisfecha alguna necesidad básica. Así, un hogar será clasificado como poseedor de NBI si cumple con al menos una de las siguientes condiciones: i) hacinamiento crítico, hogares con más de tres personas por cuarto; ii) vivienda, hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria, etc); iii) condiciones sanitarias, hogares carentes de inodoro; iv) asistencia escolar, hogares que tienen al menos un niño en edad escolar que no asiste a la escuela; v) capacidad de subsistencia, hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y en los que el jefe tiene bajo nivel educativo (dos años o menos del nivel primario). Por consiguiente, la construcción del índice integra las cinco variables mencionadas y para obtener un resultado preciso deben relevarse todas en el mismo momento, por lo cual la medición de la pobreza mediante este enfoque queda sujeta a la realización de censos poblacionales. En Argentina, el censo poblacional más reciente fue el realizado en el año 2010 y arrojó como resultado que el 9,1% de los hogares tenía alguna necesidad básica insatisfecha. Córdoba, conjuntamente con la ciudad de Buenos Aires, evidenció la menor tasa de pobreza por NBI del país (6,0%).
Alternativamente, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina presenta un indicador de las NBI en los principales aglomerados urbanos del país256. Según lo relevado por este, el 11,3% de los hogares presentaba alguna necesidad básica insatisfecha en el año 2012. Este porcentaje se ha reducido levemente desde el año 2010, cuando representaba al 11,7% de los hogares.
255 Una familia tipo es aquella conformada por un matrimonio y dos hijos.
256 El relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipoletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia.
1.11.3 Distribución del Ingreso
Históricamente, el nivel de ingresos ha sido la variable empleada para medir el bienestar de la sociedad, puesto que representa la capacidad económica. En general, las políticas públicas provocan modificaciones en el nivel de ingreso y en la distribución del mismo, afectando de ese modo la satisfacción de los miembros de la sociedad.
La distribución del ingreso en un país es desigual cuando un sector o grupo poblacional se apropia de una proporción mayor que el resto, quedando de esta manera en ventaja económica con respecto al resto de la población. Asimismo, se da cuando la proporción que se apropian difiere entre sectores, es decir, está asociada a la dispersión de la variable en la población. Una situación hipotética de equidad es aquella en la que todos los miembros de la población reciben el mismo ingreso per cápita, lo cual no es frecuente (Medina, 2001).
Este aspecto es de importancia debido a que aún cuando una economía se encuentra en crecimiento, si el fruto del mismo es apropiado totalmente por el sector de mayor poder económico, no logrará reducir los niveles de pobreza y empeorará la posición relativa de aquellos grupos marginados. Lo anterior, generará una situación de tensión en la sociedad (Bourguignon, 2004).
Existen distintas medidas para valorar la distribución del ingreso de un país, destacándose entre ellas el Coeficiente de Gini (CG). El mismo se calcula a través de la comparación entre la Curva de Lorenz (indicativa de la distribución del ingreso del país) y una línea hipotética de equidistribución, es decir, aquella que supone que la distribución del ingreso es igualitaria entre todos los individuos. Tal indicador asume valores entre cero y uno y representa una situación de mayor desigualdad en los ingresos cuanto más cercano se encuentre al último valor (Medina, 2001).
En el Gráfico 1.120 se observa la evolución de la distribución del ingreso per cápita familiar desde el año 2008 a la actualidad. Si bien se aprecia que desde entonces ha habido una tendencia de mejora en la misma257, tal situación no es clara en el último año y medio. Desde el segundo trimestre de 2012, el indicador presenta un comportamiento de serrucho entre los límites 0,43 y 0,41. De este modo, no puede sostenerse la idea de que Argentina continúa en el camino hacia una sociedad más igualitaria.
257 La mejora en la distribución del ingreso es más notoria si se considera la evolución desde el año 2003, cuando se habían alcanzado los niveles más altos de desigualdad consecuencia de la crisis.
La misma conclusión se desprende del análisis de la evolución de la brecha de ingresos, medida como el cociente entre el ingreso del percentil 90 de la distribución del ingreso y el del percentil diez. Tal medida indica, por ejemplo, que en el tercer trimestre de 2013 el ingreso más bajo del 10% más rico de la población era ocho veces superior al ingreso más alto del 10% más pobre.
En tal contexto, resulta importante examinar la situación de la distribución del ingreso con un mayor grado de detalle. En primera instancia, se analizará el ingreso medio de los distintos deciles de la población. En el Gráfico 1.121 se advierte que en el tercer trimestre de 2013 el IPCF promedio fue igual a los $2.833. Sin embargo, existen importantes disparidades dentro de la población ya que éste varía desde $440 en el decil más pobre hasta $7.316 en el 10% más rico, generando una brecha de 20,1 veces entre ellos. Es de destacar también que el 65% de la población tiene un IPCF inferior al promedio.
Adicionalmente, un análisis de los ingresos acumulados permite notar que el 60% del total es apropiado por el 30% más rico. Tal situación resulta en una muestra más de las fuertes disparidades existentes en la sociedad.
Un aspecto que se encuentra fuertemente vinculado a la distribución del ingreso es el nivel educativo de los individuos. Generalmente, es de esperar que quienes alcanzaron mayores niveles de estudios sean los que se hallan en una mejor posición relativa en términos de ingresos. Esto se da en las dos direcciones, es decir, por un lado, tener mayores estudios le permite a una persona alcanzar un empleo de mayor calidad y, por consiguiente, un mayor ingreso. Por otro lado, también se puede esperar que quienes tienen mayores ingresos cuenten con más posibilidades de continuar sus estudios y no se verán presionados a abandonarlos por la necesidad de salir al mercado laboral. Esto se observa con claridad en el Gráfico 1.122, donde el 80% de los individuos que se encuentran en el cuartil de más bajos ingresos tiene incompleto el nivel secundario mientras que en el cuartil más alto este grupo solamente representa el 35%. Adicionalmente, dentro del cuartil de ingresos superiores, el 27,5% tiene estudios universitarios completos en contraposición al 2,7% y 4,9% que representan en los cuartiles de menores ingresos.
1.11.4 Educación
Como se destacó en el capítulo ocho de El Balance de la Economía Argentina 2012, Argentina, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, ha avanzado mucho en cobertura de la educación. La cobertura en la educación primaria es total y asume valores muy importantes en el nivel secundario. Sin embargo, un aspecto no menor parecía encontrarse rezagado: la calidad de la educación que se imparte. Hoy en día, el mayor desafío para la educación argentina se encuentra en la calidad. Por tanto, ésta sub-sección estará destinada a realizar un análisis profundo de la calidad educativa a partir de los datos más actualizados que se disponen.
En diciembre de 2013 se publicaron los resultados de las evaluaciones del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), realizadas durante el año 2012 la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Como se mencionó en El Balance de la Economía Argentina 2012 (Instituto de Investigaciones Económicas, 2013) el programa fue implementado por primera vez en el año 2000 y ha continuado llevándose a cabo cada tres años, enfocándose cada vez en un área específica. En el año 2000 el foco estuvo puesto en Lectura, en 2003 en Matemática, en 2006 en Ciencias y luego comenzó nuevamente el ciclo. En el año 2012, al igual que en el año 2003, la principal atención estuvo en matemáticas. En total, participaron 43 países en la primera edición y el número creció a un total de 65 en 2012. Argentina ha participado en todas las ediciones menos en el año 2003.
El objetivo de PISA es evaluar en qué medida los estudiantes que se encuentran cercanos a finalizar la educación obligatoria258 han adquirido el conocimiento y las habilidades esenciales para la participación completa en las sociedades modernas, particularmente en lo relacionado a lectura, matemática y ciencias. Esto es, no se busca evaluar si los estudiantes son capaces de reproducir el conocimiento, sino que el objetivo esta puesto en examinar si están capacitados para aplicar el conocimiento adquirido tanto dentro como fuera de la escuela (OECD, 2013). La importancia de los resultados obtenidos en dichas evaluaciones se debe a que constituyen un indicador de la calidad educativa y, como tal, son una poderosa herramienta para que los países definan o re-definan sus políticas educativas
258 Se evalúa a estudiantes de quince años.
Los resultados del año 2012 ponen de manifiesto la existencia de importantes diferencias entre países así como también dentro de ellos (OECD, 2013). En base a estos, se advierte que Argentina obtuvo 388 puntos en la evaluación de matemática, 396 en lectura y 406 en ciencias, ocupando las posiciones 59, 61 y 58 entre 65 países, respectivamente. Es de destacar que los puntajes obtenidos se encuentran por debajo del puntaje promedio de los países latinoamericanos que participaron en las pruebas y del valor que indica el nivel de competencias básicas para la vida, en todos los dominios. La desventaja en relación al promedio de los países de la OCDE, incluso, representaría más de dos años escolares en términos de capacidades.
Dado que Argentina no participó en la evaluación realizada en el año 2003, la comparación en términos de desempeño en matemática no puede ser realizada. No obstante, es posible analizar la evolución con respecto a los resultados del año 2000 y del año 2009 en lectura. Asimismo, de este modo se continúa con la línea de análisis iniciada en la edición previa de El Balance de la Economía Argentina.
Desde el año 2000, Argentina ha disminuido su rendimiento en lectura en 22 puntos (1,6 puntos por año). Si se vincula la variación en el puntaje obtenido entre 2000 y 2012 con el puntaje alcanzado en 2012, se encuentra a Argentina en el cuadrante inferior izquierdo (ver Gráfico 1.123). Esto indica que el país tuvo un bajo rendimiento promedio (que lo ubica por debajo del nivel de competencias mínimas) y ha reducido el mismo en los últimos doce años. Incluso, se posiciona como uno de los países con mayor deterioro del rendimiento educativo en lectura.
En términos de desempeño en lectura, el puntaje de Argentina no difiere estadísticamente del obtenido por los siguientes países: Túnez, Colombia, Jordán, Malasia, Indonesia, Albania y Kazajistán. Por otra parte, es de destacar que Argentina obtuvo uno de los puntajes más bajos de América Latina y fue superado por todos los países participantes a excepción de Perú. Este país, a diferencia de Argentina, se encuentra en inmerso en una mejora continua de su calidad que se tradujo en un incremento de 57 puntos en el puntaje de lectura desde la primera edición del programa hasta la actualidad. Otra comparación importante de notar es la que se da con Chile y México, países que teniendo niveles similares a Argentina en 2000, han mejorado o mantenido constante su desempeño mientras que Argentina ha empeorado (ver Cuadro 1.22)
Otra alternativa para valorar el resultado educativo es en función del porcentaje de estudiantes que no alcanzan el nivel de competencias mínimas que les permita participar efectiva y productivamente en la vida (nivel 2), definido en 407 puntos.
En Argentina, el 53,6% de los estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel 2 de competencias básicas. Es decir, tan solo el 46,4% de los estudiantes se encuentran en el nivel 2 o encima de este. Nuevamente, de los países latinoamericanos que participaron en PISA, solamente Perú se encuentra en una peor situación relativa que Argentina y este se destaca por ser el país con mejoras más importantes. A su vez, el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2 se ha incrementado en 9,7 puntos porcentuales desde el año 2000 y Argentina es el único país latinoamericano en el cual tal porcentaje ha ascendido (ver Cuadro 1.23).
Si, por el contrario, se pone la atención en los estudiantes de mayor desempeño, se advierte que solamente el 0,6% se encuentran por encima del nivel 5. En relación al año 2000, dicho porcentaje se redujo en 1,2 p.p.
Otro indicador importante, refiere a la equidad educativa . En este sentido, PISA define una situación de equidad como aquella situación en la que se provee a todos los estudiantes, independientemente de su género, nivel socioeconómico, etc., las mismas oportunidades para beneficiarse de la educación. Esto implicaría que el nivel socioeconómico tiene bajo o ningún impacto en los resultados educativos y que todos tienen acceso a recursos educativos de calidad y a oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, se considera que mientras mayor sea el impacto del nivel socioeconómico del estudiante sobre su performance académica menos equitativo será el sistema educativo (OECD, 2013). Por tanto, la fuerza de la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento será utilizada como medida de equidad.
En el Gráfico 1.124 se presenta la relación entre el puntaje obtenido en la más reciente evaluación y la medida de equidad anteriormente mencionada. A partir del mismo se pueden extraer algunas interesantes conclusiones. Por un lado, se pone de manifiesto que es posible tener equidad y buenos resultados al mismo tiempo. Algunos sistemas educativos, como por ejemplo Hong Kong, Macao, Estonia, Finlandia, Canadá y Japón, han demostrado que es posible asegurar resultados educativos equitativos al mismo tiempo que se encuentran entre los países de mejor desempeño. Por tanto, no es necesario sacrificar la performance para alcanzar mejoras en términos de equidad.
Argentina, por su parte, se encuentra en la parte intermedia e inferior, lo cual indica que tiene bajo rendimiento y los niveles de equidad se encuentran en torno al promedio. En situación similar se encuentran Colombia, Brasil y Malasia. Es importante, en consecuencia, tomar como aprendizaje de este gráfico que tener buenos resultados en términos de equidad no justifica un bajo rendimiento promedio.
1.11.5 Vulnerabilidad de los jóvenes
Para concluir este apartado, es pertinente realizar una pequeña reflexión sobre un tema que ha adquirido gran importancia en el último tiempo y que pone nuevamente en cuestión la inclusión social.
Este es el caso de los jóvenes que tienen entre 16 y 24 años y se encuentran en situación de vulnerabilidad social, es decir, no estudian ni trabajan (los denominados ni ni). En el segundo trimestre del año 2013, 775 mil jóvenes que se encontraban en tal situación y representaban a casi el 20% del total de su grupo etario. Se destaca que este porcentaje, si bien presenta fluctuaciones entre 18% y 22%, no ha evidenciado mejoras importantes en una década de bonanza en el mercado laboral.
Como bien lo señala Kritz (2013), estos jóvenes constituyen un caso extremo de exclusión puesto que por lo general son desertores tempranos del sistema educativo, con lo cual su nivel de habilidades es muy pobre, lo que se suma a su escasa experiencia laboral. Por tales motivos, tienen una baja probabilidad de éxito en el mercado laboral formal y se desata un círculo vicioso que les impide superar la situación de vulnerabilidad.
Más preocupante es aún la falta de incentivos e interés por integrarse en la sociedad. Alrededor de 550 mil jóvenes no estudian, no trabajan y no desean hacerlo tampoco (los ni ni ni). Esto implica que el 14% de las personas entre 16 y 24 años no pretenden siquiera salir de la situación de vulnerabilidad que los caracteriza. Cabe notar, que los denominados ni ni ni son hoy un 32% más que en 2003.
En este marco, se presentan por parte del gobierno nacional y provincial programas tendientes a reinsertar a los jóvenes en la sociedad. El Progresar, a nivel nacional, destinado a jóvenes entre 18 y 24 años, consiste en una ayuda económica de $600, con la condición de que asistan a algún establecimiento educativo y presenten certificados de salud. El Gobierno de la provincia Córdoba, por su parte, anunció el programa Confiamos en Vos, destinado a quienes tienen entre 14 y 24 años. La magnitud de la ayuda económica se encuentra entre $600 y $1.500 pesos según la edad y los de mayor edad recibirán capacitación laboral y tendrán la posibilidad de acceder a pasantías.
En este sentido, resulta imprescindible destacar la importancia de fortalecer el vínculo educación/trabajo a los fines de favorecer la inclusión de los jóvenes a la fuerza laboral. Con lo cual, el éxito o fracaso de los programas anunciados dependerá fuertemente de la medida en que atiendan a esta cuestión.