En la actualidad es común escuchar en los distintos medios de comunicación la comisión del delito de lavado de activos o blanqueo de capitales. Ahora bien, es importante diferenciar el delito de blanqueo de capitales de la actual ley de sinceramiento fiscal (también llamada ley de blanqueo) a los fines de evitar confusiones.

 

El delito de blanqueo de capitales se refiere a la actividad ilÁ­cita que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado es que el dinero u otros bienes ilÁ­citos aparezcan como el fruto de una actividad económica o financiera legal. Esta conducta está sancionada por nuestro Código Penal con penas que van desde los 3 aÁ±os de prisión hasta más de 10 aÁ±os y con multas pecuniarias de 2 a 10 veces el monto de la operación. Para el caso que esté involucrada una sociedad comercial (p. ej., una sociedad anónima o de responsabilidad limitada) también se podrá imponer una pena de multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito; suspensión total o parcial de las actividades comerciales, la suspensión para participar en concursos o licitaciones, la cancelación de la personerÁ­a jurÁ­dica, pérdida o suspensión de beneficios estatales (p. ej., subsidios) y la publicación de la sentencia condenatoria.

 

Debemos destacar que son prácticamente escasas las sentencias de condenas en nuestro paÁ­s por este delito. Si bien en los últimos tiempos se han comenzado a investigar un mayor número de causas por estos delitos, todas generalmente vinculadas a actividades derivadas del ámbito polÁ­tico, las mismas aún no han alcanzado sentencia de condena ya que debemos recordar que recién en el aÁ±o 2000 nuestro paÁ­s sancionó la ley 25.246 regulando este delito en nuestro Código Penal, ya que debÁ­a cumplimentar con las recomendaciones del GAFI  del cual nuestro paÁ­s fue aceptado como miembro en el 1999.

 

Por otro lado, la ley de sinceramiento fiscal es un régimen lÁ­cito en el que se establece un impuesto especial que sustituye a ciertos gravámenes del régimen tributario nacional incumplidos por los contribuyentes pudiendo ampliarse a tributos provinciales y municipales, siempre que haya adhesión de las provincias y municipios respectivos, lo que ninguna vinculación tiene con el delito de lavado.

Gerard Gramática Bosch.