Redactor/a: Leandro Aringoli

Sala: Sala de Derecho Público

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Servicios Legales de Alto Valor Agregado para el Crecimiento Empresarial

A raíz de un estudio realizado por el Área de Derecho Público del Instituto de Investigaciones Jurídicas Empresariales de la Bolsa de Comercio de Córdoba, se logró vislumbrar las preocupaciones legales que aquejan a las empresas por ramas del derecho: a) fiscal, b) laboral y c) público.  A simple vista surge que dichas materias tienen un común denominador: en mayor o menor medida el rol del Estado en la regulación –económica administrativa - es sumamente relevante. Por ello conviene entonces, en este caso, referirse a la problemática dentro de una rama común: el derecho regulatorio – por cierto, hoy cada vez más extensivo -. En este breve texto se propondrá una solución a dicha preocupación a partir de la incorporación de los servicios legales como agregado de valor a la estructura empresarial.


Los “dolores de cabeza” en materia legal que se detallan están relacionados a las opiniones públicas de los empresarios. Es imposible no oír las quejas sobre un Estado cada vez más costoso, deficitario, presente -  en términos de inflación normativa – e ineficiente. Características que exceden las líneas que se pretende introducir aquí pero que ameritan un análisis profundo sobre los fines del Estado actual argentino en relación al libre mercado. Discusiones que de plano deben estar alejadas de las ideas del neoliberalismo “para unos pocos” y del populismo “para otros pocos”.


Ante una situación similar prevalece en gran parte del mundo occidental, principalmente en los países anglosajones, una idea poco arraigada en nuestra sociedad: los cambios estructurales ante los mismos desafíos se generan desde la sociedad civil y no son impuestos por el Estado, sino mejor, reconocidos y promocionados por éste. Esta idea implica en la práctica que las empresas deben utilizar instrumentos de cambio en materia regulatoria, generando activos intangibles y derechos de propiedad eficiente que robustecerán la tan mentada seguridad jurídica. Una excelente iniciativa para lograrlo es mediante la incorporación de los servicios legales de alto valor agregado que conforman una industria competitiva en clara expansión. Servicios que hoy giran en torno a nuevas formas de brindar asesoramiento mediante servicios alternativos o también llamados ALSP (por sus siglas en ingles Alternative Legal Service Providers).


Por ello, una de las principales características del sector empresario de las economías desarrolladas, a diferencia de la nuestra, es el valor que se le otorga a la estructura jurídica y regulatoria de la actividad empresarial. Primero se analiza el marco legal de la operación o actividad de una empresa, luego se diseña una estrategia de actuación acompañada y finalmente se comienza con la actividad. Sin embargo, en Argentina, el circuito (asesoría legal – empresario) es inverso y hasta podría decirse inexistente. Los desafíos legales diarios de una empresa son atendidos por sus directivos, empleados y profesionales - de todo tipo, menos abogados – en tanto se menosprecia las implicancias económicas de buenas decisiones legales. Corresponde decir que los servicios legales tradicionales tienen su cuota de participación en la pérdida de valor del asesoramiento, en tanto están anclados en metodologías antiguas para resolver los conflictos, prevaleciendo la idea del letrado como el único conocedor de la ley, sin trabajo multidisciplinario, alejado del negocio y disponible solo en momentos críticos ya no solucionables por el propio empresario a un costo muy alto. Todo esto, sin dudas, se debe al descreimiento de los instrumentos legales como activo, generando una gran resistencia al cambio para la incorporación de servicios legales de alto valor agregado.


La situación planteada encuentra hoy en la Argentina, de la inflación normativa y la inseguridad jurídica, un aliado: los proveedores de servicios legales alternativos, preocupados por generar mayores ganancias, menores costos, e ideas creativas. Letrados conocedores del negocio de su cliente y preocupados por agregar valor cuantificable. En un nuevo abanico de posibilidades se abren oportunidades de trabajo conjunto entre el sector legal y las empresas a partir de distintos instrumentos: la estandarización de procesos internos, la asesoría preventiva, el trabajo por proyectos, la investigación legal aplicada, entre otros, y todo mediado por la tecnología y la inmediatez.


La conjunción de los problemas legales existentes, la inflación regulatoria, la necesidad de las empresas de generar ingresos con perspectivas globales y las nuevas formas de trabajo desde el sector legal generan una oportunidad importante para el crecimiento empresarial actual.  En definitiva, todo lo anterior podría resumirse en una frase de cabecera: confiar en una estructura jurídica propia que garantice derechos de propiedad eficientes es sinónimo de crecimiento económico y productivo.