Redactor/a: Alejandro Medrano

Sala: Sala de Derecho Arbitral

Visitas: 273

La emergencia y el arbitraje

Atravesamos una situación inédita, inesperada, que hasta los más previsores se ven azotados: el ¨COVID19¨.

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote del nuevo Coronavirus-COVID-19 como Pandemia, a tenor de su expansión a nivel global.


Ante el agravamiento de la situación internacional, el Presidente de la Nación mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, estableció la Emergencia Sanitaria en la Argentina, por el plazo de un (1) aÁ±o, a los efectos de adoptar medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus y su impacto.


Que a tenor de la evolución de la situación epidemiológica del CORONAVIRUS- COVID-19 y el avance en nuestro paÁ­s, con el objetivo de resguardar la salud pública, el Presidente de la Nación mediante Decreto DNU Nº 297/2020 y su correlativo DNU 325/2020 declaró el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio desde el 20/03/2020 hasta el hasta el dÁ­a 12/04/2020 inclusive. Por Ley la Provincia de Córdoba adhirió a la Emergencia Pública en materia sanitaria declarada por el Estado Nacional, y a las demás normativas que en ese marco se dicten, con las adecuaciones que resulten pertinentes a la situación provincial y por Decreto Provincial se acopló y extendió las medidas de ¨Aislamiento¨, en sus mismos términos y condiciones, en consonancia con la normativa nacional.


El presente no tiene como objetivo analizar ni la pertinencia, menos aún la Constitucionalidad de la normativa mencionada. Sino, visualizar cómo aún es necesario profundizar la educación legal, para la resolución de controversias, por medio del Arbitraje.

En el marco de esta emergencia y profusa normativa que dÁ­a a dÁ­a se publica en el BoletÁ­n Oficial de la Nación y Provincial, el pasado 29 de Marzo de 2020 fue el turno del Decreto de Necesidad y Urgencia N°320/2020, ¨Emergencia – Alquileres¨, el cual in extenso se encuentra como anexo al presente.


Sin embargo, en lo que aquÁ­ ataÁ±e, de dicha normativa, llamó la atención la buena voluntad en someter cualquier divergencia que de su interpretación surgiese, a un método de los denominados ¨alternativos¨ de resolución de conflictos: La mediación.


Muchos de los lectores del presente, seguramente son profesionales, prestadores de bienes o servicios monotributistas, o integrantes de una Micro, PequeÁ±as y Medianas Empresas (MiPyMES), que ¨alquilan¨ inmuebles, y se encuentran junto a otros, alcanzados por la resolución y despertará su interés, conocer cómo canalizar un potencial conflicto derivado de ello, y advertir además que pudo haberse previsto otras alternativas.

Esta baterÁ­a normativa, que modifica montos, penalidades y plazos de vencimientos de contratos suscritos en el marco de la autonomÁ­a de la voluntad, se enmarca, como se dijo, en el contexto de emergencia, que puso en jaque a todos los sectores, sin excepción.


Claramente que se apunta a reflotar esa autonomÁ­a de la voluntad, la buena fe contractual, y que las partes puedan de alguna manera, con ¨esfuerzos compartidos¨, solucionar sus diferendos en relación a cada uno de los puntos arriba mencionados.


Ahora bien, si ello no surte efectos, el Decreto de Necesidad y Urgencia prevé en su artÁ­culo 12, que el método de resolución de los conflictos derivados de la aplicación de la nueva regulación, será la Mediación, obligatoria;  Invitando a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos aires a establecer la mediación previa y obligatoria, en forma gratuita o a muy bajo costo.

Una Pandemia de lÁ­mites geográficos ¨lÁ­quidos¨, cuyas consecuencias de toda Á­ndole aún se desconocen, también genera incertidumbre en cuanto a la temporalidad durante la cual estas medidas excepcionales tendrán vigencia. Por lo pronto, en éste asunto, hay dos fechas claras: Septiembre 2020, y la posibilidad de prorrogar por Decreto ese dies ad quem.


Por ello, es posible que surjan problemáticas entre locadores y locatarios al respecto, y actualmente por el propio ¨Aislamiento¨, no tenemos en la Provincia, ni en la Argentina, un sistema de mediación que esté prestando servicios, y desconocemos como se implementarán los procesos con la gradual ¨liberación¨ de actividades.

Bien es sabido que en nuestra Provincia, ya rige la Mediación Prejudicial Obligatoria para ciertas situaciones (Ley 10543), que a la luz de la experiencia, aún está transitando un proceso de adaptación, entre un mix de centros privados, y otros estatales.


Ahora bien, ya lo habÁ­amos dicho en una publicación anterior, cuando celebrábamos  que en el 2017 (12/4), la Ley N° 27349, titulada  ̈Apoyo al capital emprendedor ̈, que entre otras cosas reguló las S.A.S. (Sociedades Anónimas Simplificadas) incluyó una norma expresa – art. 57 -, que si bien no es imperativa, es una ¨invitación¨ a que la resolución de conflictos internos de la sociedad, sean resueltas de manera amigable, ¨… pudiendo preverse en el instrumento constitutivo un sistema de resolución de conflictos mediante la intervención de árbitros…¨


Creo personalmente, que el Decreto aludido, bien podrÁ­a haber permitido que además de la ¨Mediación obligatoria¨, se pueda optar por ¨Árbitros¨, en lÁ­nea con una tendencia regional, de dotar de eficacia a todos los denominados ¨Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos¨, para descongestionar al tan saturado Poder Judicial, e inclusive el propio proceso de mediación, a partir del dictado de la Ley 10543 en Córdoba.


Por último, esto se verifica cuando uno revisa qué tipo de contratos están alcanzados.

Ojalá sea una visión errada, pero al reanudarse la actividad judicial, y se reprogramen las audiencias suspendidas, y reacomoden todas las peticiones que quedaron paralizadas desde el cierre de puertas de los Tribunales, Centros de Mediación, etc., éste tema puede fatigar aún mas esa carga.


Son nociones preliminares, que con el correr y profundización de la  importancia de éste método de resolución de conflictos, se irán mejorando.


En palabras de Raúl A. Etcheverry (Resolución Alternativa de Conflictos, Hammurabi, Buenos Aires, 2010), Su uso provechoso para resolver conflictos es una cuestión cultural, que implica un esfuerzo de educación legal en ello.


Es allÁ­ donde aparecen los especialistas en éstos procedimientos, con una formación conciliadora y una vocación no adversarial.