La inamovilidad de los jueces como garantÁ­a de la República.

El pacto social plasmado en el texto de la Constitución Nacional previó la inamovilidad de los jueces para asegurar la estabilidad de la República.

Tal previsión no fue la de instalar una casta, sino asegurar decisiones imparciales y justas por parte de aquellos ciudadanos, los Jueces, encargados definir sobre la libertad, la propiedad y la dignidad de las personas según lo prescripto por la ley en cada caso. Esta es la razón por la que su tarea no puede estar condicionada por los vaivenes de la vida de la sociedad, cuya expresión más notoria es la que manifiesta la acción polÁ­tica y sus voceros los polÁ­ticos.

La garantÁ­a de imparcialidad se logra evitando que los Jueces se vean coaccionados con la amenaza de ser removidos de sus cargos. No se trata de un privilegio personal sino de una garantÁ­a social.

El ordenamiento jurÁ­dico, que tiene como máxima expresión a la Constitución Nacional, tiene una supremacÁ­a no solo legal, sino también polÁ­tica, y por ello es que debe ser observada y cumplida en todo momento y por todos los habitantes, por mas encumbrada que sea suposición.

Pretender cambiar a los jueces porque cumplen su función de manera independiente es una herejÁ­a jurÁ­dica y polÁ­tica que debilita a la República, cuya continuidad se basa en la estabilidad del orden jurÁ­dico y, en consecuencia, de los que Jueces que son sus últimos guardianes.

La legitimación democrática de los jueces no se encuentra ligada a la representatividad polÁ­tica sino a la intangibilidad de los derechos fundamentales que expresan sus resoluciones. Es útil recordar que entre los derechos fundamentales se encuentra la seguridad jurÁ­dica que provee la estabilidad de la República.

No se contribuye a fortalecer la República arengando en contra de los Jueces que constituyen uno de los pilares que le dan estabilidad al sistema democrático, casualmente por no estar sujeto a los resultados de los procesos eleccionarios.