La reducción de jornada en el sector público aumenta la eficiencia y la equidad

Al revisar el impacto de la pandemia en el empleo, se advierten marcadas desigualdades entre el sector público y el privado. Por un lado, más de 10 millones de trabajadores informales e independientes tuvieron sustanciales pérdidas de ingresos o empleos, ante lo cual reciben una ayuda parcial del Estado. Por otro lado, unos 6 millones de asalariados registrados del sector privado estarían manteniendo sus empleos, pero en gran magnitud están suspendidos y/o tuvieron reducciones de sus remuneraciones de más de 25%. Esta delicada situación del empleo privado contrasta con la de los más de 3 millones de trabajadores del sector público, que conservan sus empleos y, en la mayoría de los casos, no vieron afectadas sus remuneraciones.

Esta inmunidad del empleo público es muy costosa ante la pandemia. La fuerte caída en recursos tributarios por la depresión económica, junto con los necesarios aumentos del gasto público para proteger a los afectados, comprometen severamente las finanzas públicas de Nación, provincias y municipios. Ante la falta de crédito, gran parte de estos desequilibrios financieros se financian en última instancia con emisión monetaria, lo que, si bien es un instrumento inevitable en las circunstancias actuales, de sostenerse en el tiempo acrecentará las expectativas inflacionarias.

En ese contexto, la pandemia es una oportunidad para avanzar en reformas del sector público que permitan afrontar el problema coyuntural de financiamiento y, al mismo tiempo, corregir los desequilibrios estructurales, causados por el excesivo tamaño del Estado, que están en el origen del magro desempeño económico de la Argentina observado por décadas.

El gasto salarial representa la tercera parte del gasto público consolidado y equivale a un 11,8% del PBI. El desigual impacto de la pandemia en empleo plantea analizar en qué medida podría reducirse la carga salarial del sector público, sin afectar el empleo y con un mínimo costo en el bienestar de los afectados.

Al considerar la composición del empleo estatal a nivel consolidado, a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2019, se encuentra que solamente 4 de cada 10 empleados estatales se desempeñan en tareas consideradas esenciales, tales como salud, educación, policía, fuerzas armadas y servicios sociales, entre otras. El resto de los trabajadores, ocupados en tareas que podrían considerarse no esenciales, absorbe el 61% de la masa salarial del sector público.

Tabla 1: Diferencias de salario y horas entre empleos no esenciales del sector público y privado

Fuente: IIE sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC, Cuarto trimestre de 2019.

Al comparar el salario y las horas trabajadas de este grupo de trabajadores estatales con trabajadores de las mismas ocupaciones en el sector privado se advierten diferencias importantes a favor de los primeros. La Tabla 1 muestra que existe una diferencia salarial promedio de más de 43% en favor del sector público, que se reduce a casi 13% si se compara con asalariados privados formales. Además, tal como se aprecia en la tabla, dado que los empleados estatales trabajan menos horas en promedio que los privados, las diferencias de salario por hora con el sector privado son aún mayores. Por último, se encuentra que existe un “premio salarial puro” por trabajar en el sector público de al menos 19% en relación al sector privado, es decir, comparando sobre la base de trabajadores de ambos sectores con características similares en términos de edad, sexo, experiencia y educación, entre otras. Ante el desigual impacto de la pandemia en empleo mencionado antes, es probable que estas diferencias de salarios a favor del sector público se hayan profundizado.

En tiempos de presupuesto de pandemia, es necesario profundizar medidas de austeridad y reasignar prioridades. Existe evidencia de iniciativas recientes que apuntan en esa dirección; la Municipalidad de Córdoba redujo a 6 horas diarias la jornada laboral de sus empleados, lo que permitiría ahorrar un 10% de la masa salarial. El gobierno de Ecuador, por su parte, anunció un amplio paquete de ordenamiento fiscal que también reduce la jornada (en 2 horas) con ahorros equivalentes al 0,9% del PBI. También, Uruguay y Paraguay anunciaron recortes salariales de entre el 10% y 20% a partir de cierto nivel de ingresos para ocupaciones específicas.

Una medida similar aplicada al caso argentino permitiría obtener importantes reducciones del gasto estatal. En efecto, en base a datos de la EPH, si se redujera el número de horas trabajadas del personal no esencial del sector público consolidado a un máximo de 30 o 35 por semana, se obtendrían ahorros de entre 210 y 370 mil millones de pesos, es decir, entre el 44% y el 78% de la emisión monetaria realizada desde el comienzo de la cuarentena; esto representaría un ahorro fiscal de entre 0,7% y 1,3% del PBI. Cabe resaltar que, aun con el ajuste de salarios resultante de la reducción de jornada, no se alcanzaría a eliminar el premio salarial puro a favor de los trabajadores del sector público en relación al privado, para trabajadores de características similares. 

Este es un ejemplo de políticas para racionalizar el gasto del sector público, sin despidos, mejorando de manera genuina la posición financiera del Estado y sin tener que recurrir a la emisión. A su vez, esta sería una forma para que desde el sector público se brinden señales de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas. Superada la pandemia, una reducción del tamaño del sector público permitiría reducir la presión tributaria sobre el sector privado, condición necesaria para generar un marco favorable para darle impulso a la actividad económica y el crecimiento.