¿Cuál es el alcance de las medidas para mitigar la retracción histórica en actividad por el Covid-19?

La pandemia del COVID-19 llevó a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas que llevaron al confinamiento de la población con el objetivo de generar distanciamiento social y moderar así su ritmo de propagación. Más allá de su efectividad para combatir la pandemia, esta estrategia tiene grandes costos económicos debido a la interrupción de gran parte de las actividades productivas. Esto ha llevado a la implementación de políticas públicas de emergencia para asistir a la población afectada por el shock económico.

En este sentido, el gobierno argentino lanzó un paquete de medidas que incluye tanto acciones de asistencia social directa (reforzamiento de planes sociales, refuerzos en jubilaciones y pensiones o transferencias directas a la población) como facilidades para empresas (postergaciones de obligaciones contributivas, subsidios al salario, líneas crediticias especiales), que de acuerdo a las autoridades significarían un 5,6% del PBI. Sin embargo, puede advertirse que en algunos casos el grado de ejecución de estas medidas es limitado para llegar a los potenciales beneficiarios. En la Tabla 1 se resumen las principales medidas en cuanto a su alcance potencial y el efectivo a la fecha. 

Tabla 1: Beneficiarios efectivos de las principales medidas de apoyo a los ingresos al 8 de mayo

Nota: * trabajadores informales, monotributistas categorías A y B, asalariados de casas particulares y desocupados. Fuente: IIE sobre la base de AFIP, BCRA, INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Argentina cuenta con una fuerza laboral ocupada de poco más de 18 millones de personas. Dentro de aquellos que se desempeñan en la formalidad (el 67%, de acuerdo a la EPH), se encuentra el grupo de asalariados, públicos y privados, que están en relación de dependencia. La pandemia los afectó desigualmente, dado que la administración pública no interrumpió por ahora el pago de salarios para la gran mayoría de sus empleados, pero el sector privado sí se encuentra con dificultades para afrontar estos compromisos (al no poder producir normalmente). En el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el gobierno se comprometió a afrontar el pago del 50% del salario de cada empleado para las empresas que lo soliciten, con un subsidio mínimo de un salario mínimo y un tope de dos salarios mínimos. Más de 420 mil empresas se inscribieron (indicando las dificultades que atraviesa el sector), pero hasta el momento sólo recibirían el beneficio 180 mil firmas, que concentran 1,7 millones de empleados. Esto dejaría 4,3 millones de trabajadores (y sus empresas respectivas) en dificultades económicas, excepto en el grupo minoritario de aquellos en que su actividad no haya sido afectada. Parte de la baja cantidad de empresas aprobadas puede deberse a que se estableció inicialmente como requisito que la potencial beneficiaria haya visto reducida su facturación en términos nominales respecto de 2019 (lo cual es muy restrictivo en un contexto de alta inflación como el nuestro). Actualmente se acaba de flexibilizar ese requisito, permitiendo un incremento de hasta un 5% en términos nominales en la facturación para poder acceder al programa.

El resto del empleo formal se conforma en mayor medida por los trabajadores independientes no informales (autónomos y monotributistas), que representan un 13% de la fuerza laboral ocupada (2,4 millones de personas). Las medidas para este grupo (particularmente en el caso de autónomos y monotributistas categoría C y superiores) se limitaron únicamente a una línea de créditos personales a tasa 0 con un periodo de 6 meses de gracia, cuyo monto tiene un tope relacionado con un porcentaje de la facturación máxima dentro de su categoría de monotributista (hasta $150 mil). A la fecha de este informe aproximadamente 200 mil personas cuentan con el crédito aprobado, por un monto promedio de $100 mil, lo que indicaría que la medida no parece atractiva para este grupo, cuyos ingresos no son estables y dependen de la facturación de cada mes (por lo que estarían entre los más afectados por el confinamiento). Por otro lado, la liquidez del monto al que se accede es restringida dado que se acredita en una tarjeta de crédito.

El sector del empleo informal está compuesto por casi 6 millones de personas, sobre las cuales puede resultar más difícil canalizar asistencia estatal dado que no están registradas o no se desempeñan en una empresa registrada (y se dificulta identificarlos). El enfoque de asistencia se basó en transferencias directas a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y consiste en una asistencia monetaria de $10 mil por grupo familiar por única vez (a entregarse en abril y mayo) para trabajadores informales y también para algunos monotributistas (sociales y de las categorías más bajas, A y B) y trabajadores de casas particulares (personal doméstico). En este caso ocurrió lo contrario que en las demás medidas, dado que el monto ejecutado fue muy superior al previsto. Se aprobaron 8 millones de transferencias sobre un total de 12 millones de solicitudes (inicialmente estaba pensado para 3,6 millones de beneficiarios). Esta medida se complementó con otras trasferencias directas de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Desde el lado de las empresas, además del programa ATP mencionado y algunos beneficios impositivos como la postergación de las obligaciones contributivas, las medidas se basaron casi exclusivamente en ofrecer líneas especiales de crédito. Se abrieron líneas destinadas a MiPyMEs, en algunos casos otorgadas directamente por los bancos privados y estatales (a una tasa preferencial del 24%, con garantía estatal a través del FOGAR), y en otros por instituciones como el BCRA, el Banco Nación y el BICE. Se trata de préstamos para el pago de sueldos y capital de trabajo, y en total suman montos disponibles por alrededor de $670 mil millones. De acuerdo al BCRA, 91 mil MiPyMEs habrían accedido a los créditos para el pago de sueldos, un número muy bajo teniendo en cuenta que existen más de medio millón activas en el país. Varios motivos pueden explicar la baja cantidad de solicitudes. En primer lugar, la baja profundidad del sistema financiero, con un número reducido de empresas que son agentes de crédito, limitaría el acceso al financiamiento; y segundo, dichos créditos incluyen restricciones a la comercialización de moneda extranjera (en cualquiera de sus canales), lo cual desincentivaría parcialmente su solicitud. De acuerdo a la UIA, el 80% de las empresas no pudieron acceder a estos créditos bancarios, lo cual acarrearía graves problemas sobre la cadena de pagos, dada la imposibilidad de hacer frente a compromisos con los empleados y proveedores.

En resumen, los avances en materia de ejecución muestran que hasta ahora en muchos casos las medidas han tenido un limitado alcance para asistir rápida y adecuadamente a los sectores más perjudicados por el freno económico. Esto se hace evidente al haber flexibilizado su ejecución por parte del gobierno, anunciando que más empleados (400 mil) serán beneficiarios por el programa ATP y una línea adicional de crédito (por $22 mil millones) anunciada por el BCRA proveerá fondos a PyMEs con menos requisitos por parte de los bancos. En una economía con baja difusión del crédito y sectores productivos en dificultades previas a las generadas por la pandemia se requeriría una asistencia más flexible y generalizada, sin entrar en restricciones que imposibiliten la percepción de los beneficios, priorizando la velocidad con que se asiste a la mayor cantidad posible de afectados.