Los planes sociales aumentan en 21% los incentivos a no buscar trabajo

• Las transferencias monetarias como parte de ayudas estatales pasaron de una cobertura menor al 2% de la población en edad de trabajar (de entre 15 y 65 años) en 2003 a más del 8% durante el primer trimestre de 2021.

• La cifra de titulares de beneficios en centros urbanos pasó de 250 mil durante 2003 a más de 1 millón y medio a inicios de este año.

• De los 141 programas sociales existentes, la Asignación Universal por Hijo (AUH), creada en 2009, es el de mayor magnitud, con casi 2,5 millones de titulares a lo largo del país.

• Entre los titulares de la AUH, el 90% no tiene trabajo o se encuentra en la informalidad.

• Si bien los programas sociales podrían contribuir a contener la pobreza, también pueden tener efectos no deseados en el mercado de trabajo.

• De la comparación del 47,2% de beneficiarios con el 39,1% de no beneficiarios que estaban inactivos en el mercado laboral en el primer trimestre de 2021, se deduce que el porcentaje de personas que no buscan empleo es casi 21% mayor entre quienes reciben transferencias monetarias del Estado.

• Similarmente, los subsidios estatales reducen un 17% las chances de estar empleado en Argentina.

• Además de reducir los incentivos a buscar trabajo, las ayudas monetarias estatales generan incentivos a mantenerse en la informalidad para conservar los beneficios; en el primer trimestre de 2021, la informalidad entre beneficiarios de programas sociales fue de 59,4% y 41,6% entre los no beneficiarios.

• En síntesis, los planes sociales aparecen como respuesta al estancamiento del empleo y el deterioro del poder de compra del salario, pero su diseño genera efectos no deseados en el mercado laboral, aumentan la presión sobre el gasto público, y además son un instrumento de clientelismo político que debilita la democracia.

• Los desafíos para salir de esta trampa van desde lograr la estabilidad macroeconómica, en base a un ordenamiento fiscal y monetario, hasta mejorar condiciones para la creación de empleo privado, con una menor carga regulatoria y menos presión tributaria, de la mano de potenciar el capital humano, con más educación y capacitación para el trabajo, que derive en una mayor productividad.

  
  

Desde inicios de siglo, los planes sociales para los sectores de menores ingresos en Argentina nacieron como respuesta a la prolongación del estancamiento económico y fueron creciendo de manera descoordinada.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC contiene información sobre los ingresos en conceptos de transferencias monetarias estatales de todo tipo en centros urbanos. Considerando a la población en edad de trabajar (de entre 15 y 65 años), esos subsidios pasaron de una cobertura menor a 2% de la población de referencia en 2003 a más del 8% en el primer trimestre de 2021. En valores absolutos, tal como muestra el Gráfico 1, esa cifra pasó de 250 mil titulares de beneficios de centros urbanos en 2003 a más de 1 millón y medio a inicios de este año.

Gráfico 1: Titulares de subsidios en centros urbanos. Millones de personas, periodo 3T-2003 – 1T-2021

Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

En la actualidad existen 141 programas sociales; el programa de mayor magnitud, creado en 2009, es la Asignación Universal por Hijo (AUH), que otorga un subsidio mensual por hijo a hogares en donde el 90% de los titulares de beneficios no tienen trabajo o están en la informalidad. A marzo de 2021, la AUH alcanzaba a 2.481.424 titulares de beneficios, en su mayoría mujeres.

Una preocupación en torno a estos programas, es que, si bien podrían contribuir a contener la pobreza, también pueden tener efectos no deseados en el mercado de trabajo, reduciendo los incentivos a buscar trabajo y a mantenerse en la informalidad. Comparando a la población que recibe ayudas monetarias estatales, con personas con las mismas características en términos de sexo, edad, educación y composición de miembros del hogar, el Gráfico 2 muestra que, al comparar el 47,2% de beneficiarios con el 39,1% de no beneficiarios que son inactivos en el mercado laboral, el porcentaje de personas que no buscan empleo es casi 21% mayor entre quienes reciben transferencias monetarias del Estado.

Gráfico 2: Situación laboral de la población de entre 15 y 65 años según alcance de subsidios
Beneficiarios y no beneficiarios de ayudas monetarias estatales. Primer trimestre de 2021

Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

Además, se observa que las tasas de desempleo de los beneficiarios no son estadísticamente diferentes a las de los no beneficiarios. Esto implicaría que si un beneficiario de planes sociales buscara trabajo tendría similares chances de no encontrar trabajo que un no beneficiario, lo cual sugiere que el incentivo a “quedarse en la casa” vendría por recibir el subsidio y los bajos ingresos esperados por trabajar, más que por las menores chances de encontrar un empleo, si salieran a buscarlo. Como consecuencia, los datos sugieren que las transferencias monetarias estatales reducen en 17% las chances de estar empleado.

Por su parte, como es de esperar, en el Gráfico 3 se observa que la informalidad es mayor entre los titulares de beneficios, lo cual se relaciona a que, para muchos planes sociales tal como la AUH, la informalidad es una de las condiciones de elegibilidad para recibir el subsidio.

Por último, también se observa que, si bien los ingresos individuales totales son bajos, por tratarse de personas de bajo nivel educativo y con débil inserción laboral, estos no difieren entre quienes reciben ayuda del Estado versus quienes no. Es decir que ganarían lo mismo quienes no trabajan y reciben ayuda estatal que quienes trabajan y no las reciben. Por su parte, si bien en promedio el ingreso total del hogar es menor entre los que reciben subsidios que entre los que no, la diferencia es tan pequeña que no alcanzaría a cambiar los incentivos a no buscar trabajo y seguir dependiendo de la ayuda estatal. Vale destacar que el subsidio estatal promedio, según la EPH, fue en el primer trimestre del año de unos 8.800 pesos (a precios de julio).

Gráfico 3: Informalidad, ingreso individual e ingreso familiar según alcance de subsidios

Población de entre 15 y 65 años. Primer trimestre de 2021

Nota: * a precios de julio de 2021.

Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

En síntesis, los resultados presentados reflejan los bajos incentivos a buscar trabajo que generan las transferencias monetarias estatales, y, para quienes trabajan, los incentivos a mantenerse en la informalidad para conservar la elegibilidad para recibir los beneficios. Esto forma parte de un círculo vicioso, en donde los planes sociales aparecen como respuesta al estancamiento del empleo y el deterioro del poder de compra del salario, pero generan los efectos no deseados descriptos en el mercado laboral, aumentan la presión sobre el gasto público, y además constituyen un instrumento de clientelismo político que debilita la democracia.

Los desafíos para salir de esta trampa son múltiples y van desde lograr la estabilidad macroeconómica, en base a un ordenamiento fiscal y monetario, hasta mejorar las condiciones para la creación de empleo privado, con una menor carga regulatoria y menos presión tributaria. También debe potenciarse el capital humano, con más educación y capacitación para el trabajo, que derive en mayor productividad.

En definitiva, si los ingresos esperados por trabajar aumentaran sustancialmente, dejaría de ser rentable para muchos seguir dependiendo de los planes sociales. Pero en la medida que las condiciones económicas continúen deteriorándose, esa condición seguirá estando lejos de cumplirse.