Los desafíos de la política económica para reducir la incertidumbre ante la pandemia

Los efectos adversos de la pandemia del COVID-19 sobre la economía son amplios y heterogéneos entre sectores, provincias y distintos grupos de trabajadores.

En este contexto, la pérdida de ingresos de importantes grupos de la población genera una creciente incertidumbre sobre cómo enfrentar los meses venideros, tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva de facilitar las políticas de aislamiento social preventivo y obligatorio.

En el caso particular de Argentina, con sus problemas estructurales y coyunturales, esa incertidumbre microeconómica se ve magnificada a nivel macroeconómico.

El impacto de la crisis generada por la situación sanitaria a nivel mundial y en nuestro país es marcado; aún no se sabe cuándo se logrará controlar la pandemia, y más allá de esto, las perspectivas de recuperación de la actividad son muy inciertas. En Argentina, la paralización de las actividades laborales fue de un 30% a finales de mayo en relación a los niveles previos a la pandemia. Por su parte, la disminución de la movilidad laboral es de solo 15% en Uruguay, país que viene controlando la pandemia sin medidas compulsivas de confinamiento.

Estos datos muestran dos realidades; por un lado, la flexibilización progresiva de la cuarentena contribuirá a la recuperación económica, pero por el otro, la recuperación de la actividad no será rápida y posiblemente tampoco suficiente para volver a los niveles previos a la pandemia.

La política económica del gobierno juega un rol crucial para reducir (o ampliar) la incertidumbre y la pérdida de bienestar que las difíciles circunstancias actuales ocasionan a la población.

En efecto, para atenuar el impacto de la crisis, un compromiso de extender los planes de ayuda a empresas y trabajadores (a través del programa ATP y el IFE), mientras dure el impacto de la pandemia, contribuiría a reducir la incertidumbre a nivel microeconómico.

Sin embargo, aquí aparecen factores inherentes a problemas estructurales de la economía argentina, previos a la pandemia, que a la hora de avanzar con esas medidas acrecientan la incertidumbre a nivel macroeconómico. Cada mes de extensión del IFE y el ATP, aun con su alcance limitado, implicaría un gasto público adicional de 0,5% del PBI. El problema es que, ante la fuerte caída en ingresos tributarios por la pandemia y la falta de alternativas de financiamiento, esas medidas requerirían expandir la base monetaria a un ritmo de 10% mensual.

Esta situación genera una fuerte presión sobre las expectativas inflacionarias y, por ende, de devaluación de la moneda, que derivan en un aumento de la demanda de dólares tanto a través de canales formales e informales. En este contexto, las crecientes restricciones para operar en los mercados cambiarios no logran evitar un preocupante drenaje de reservas, a la vez que se profundizan distorsiones y crecen las brechas cambiarias.

Lo anterior refleja una falta de confianza e incertidumbre sobre cuál será el programa económico del gobierno. ¿Qué se puede hacer para avanzar con las medidas necesarias para paliar el impacto de esta particular crisis en las personas sin generar más incertidumbre macroeconómica?

En primer lugar, tiene que definirse un programa fiscal que contemple que la expansión del gasto y el déficit que vemos en la actualidad sea transitoria, de manera que se retire una vez superada la pandemia. Disminuir esta inercia fiscal tendría la ventaja adicional de permitir un saneamiento de la hoja de balance del BCRA, reduciendo así sus pasivos (o conteniendo su crecimiento) y contribuyendo a un control más estricto de la emisión monetaria.

Como condición necesaria para recuperar el valor de la moneda, se debe contar con una institucionalidad que evite la subordinación de la política monetaria a la política fiscal. Específicamente, se debe converger hacia un esquema institucional en donde el financiamiento con emisión monetaria del déficit fiscal sea la excepción, para tiempos como los actuales, y no la regla, como lamentablemente viene sucediendo por décadas.

Finalmente, es crucial lograr un acuerdo por la deuda. La estrategia de negociación adoptada ha generado innecesariamente una mayor incertidumbre, reflejada en el mercado cambiario, que podría haberse evitado. Más allá de esto, las perspectivas son favorables; llegar a un acuerdo podría descomprimir el mercado cambiario, facilitar el financiamiento internacional al sector privado y mejorar las condiciones de crédito al gobierno en el mercado doméstico en el corto plazo, todos factores que sin dudas contribuirán a reducir la incertidumbre.

Pero para maximizar los beneficios de un acuerdo de restructuración de la deuda, se debe definir un programa económico consistente, que siente las bases para recuperar la confianza y dar impulso a la recuperación de la economía, superada la crisis sanitaria. Las difíciles circunstancias actuales se presentan como una oportunidad para avanzar en esa dirección y hacer frente de la mejor manera a los desafíos que plantea la pandemia.