Balance de la
Economía Argentina
CAPITULO 5: INTERRELACIN DEL SECTOR PBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL
CAPÍTULO 5: INTERRELACIN DEL SECTOR PBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL PARA ALCANZAR LA GOBERNABILIDAD
Para lograr la sostenibilidad en el desarrollo, se necesita impulsar innovadoras políticas públicas respaldadas en una visión dinámica, que conjuguen importantes innovaciones institucionales, con esfuerzos sectoriales de tipo social y la gran voluntad colectiva para construir importantes alianzas con el sector privado, la sociedad civil y las comunidades1.
5.1 Introducción
En el último tiempo, las ideas de desarrollo socioeconómico y las consiguientes estrategias para alcanzarlo han ido mutando, hasta llegar a una concepción en la que se piensa en la esfera de lo público no sólo como un ámbito que incorpora el accionar del Estado, sino también la interacción de este con el mercado y la sociedad civil.
Distintas organizaciones a nivel mundial reconocen que el desarrollo sostenible y sustentable, junto con la competitividad de las naciones, solamente podrá obtenerse mediante las alianzas y la cooperación de los tres actores mencionados, trabajando de modo colectivo.
De este modo, el presente capítulo se propone realizar un aporte con relación al estado de situación de la gobernanza moderna, para lo que se estructura de la siguiente manera. En el apartado dos, se analiza el actual concepto de gobernabilidad y en el tres se desarrollan los distintos modos de cooperación existentes entre los principales actores que participan de este modo de gobernanza moderna.
Posteriormente, se hace énfasis en las fallas de los distintos agentes, por lo que el apartado cuatro está destinado al desarrollo de las fallas del Estado y del mercado, mientras que el cinco se centra en aquellas referidas a la sociedad civil. Como este último tipo de fallas hacen referencia a la ausencia de acción colectiva, el apartado seis se centra en analizar la participación pública y el siguiente desarrolla los mecanismos de participación ciudadana. Luego se aborda el tema del Plan de Metas, no como herramienta directa de acción pública, pero sí como instrumento para mejorar las condiciones para poder ejercerla. En el apartado nueve se da a conocer el Modelo de Desarrollo Social Integral existente en Medellín y una de sus diez prácticas vivas, la del Macroproyecto de Intervención Integral en el barrio Moravia y su área de influencia. Por último, en el apartado diez se exponen las conclusiones.
1 Alcaldía de Medellín. Laboratorio Medellín: Catálogo de diez prácticas vivas. Mesa Editores. 2011, p.16.
5.2 Antecedentes de la gobernabilidad
En las últimas dos décadas, ha ido surgiendo un nuevo modo de ver al gobierno, caracterizado por el uso de la palabra gobernanza (Mayntz, 2000). La misma, hace referencia a un modelo que no busca el control jerárquico, sino que por el contrario, establece como esenciales la cooperación y la interrelación entre actores públicos y privados. Bajo este concepto, es primordial abordar los conflictos de modo colectivo para lograr el desarrollo socioeconómico de un país.
Es así que en la interacción y cooperación de los tres actores, Estado, mercado y sociedad civil, es que se logra mejorar la esfera de lo público, desde un control informado por parte de la sociedad civil y un impulso de las actividades de mercado que piense en el desarrollo social y ambiental del país, además del de su propio negocio.
Es importante a su vez tener en cuenta los roles que cumplen los tres actores, cómo se vinculan y las consecuencias que estas distintas articulaciones generan (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001).
De este modo, sólo la relación entre los tres sectores trabajando de manera colectiva, genera la gobernabilidad, que implica derechos humanos para todos. A su vez, la actuación de cada actor por separado genera caos. Por último, los sectores pueden vincularse de modo parcial; si intervienen sociedad civil y empresa producen deslegitimación, Estado y empresa generan corporativismo y Estado y sociedad civil conducen al populismo. En el esquema a continuación se detallan las distintas articulaciones posibles.
Debido a que cada uno de los actores posee bases ideológicas diferentes, su complementariedad resulta altamente beneficiosa (Banco Mundial, 2013). Por un lado la sociedad civil hace referencia a conceptos vinculados con la acción colectiva, justicia, reciprocidad, debate crítico abierto, entre otras, los que contribuyen a mejorar el desempeño económico, la calidad del gobierno y la estabilidad política. El mercado por su parte, involucra actores con objetivos individuales de maximizar sus propios beneficios. Y por último el Estado, se organiza alrededor de la política y tiene como objetivo la reproducción del poder. De este modo, las diferencias entre las esferas les permiten balancearse y crear un círculo virtuoso.
5.3 Modos de cooperación entre Estado, mercado y sociedad civil2
Existen distintos modos de cooperación entre los tres actores mencionados, que son desarrollados a continuación.
5.3.1 Negociaciones institucionalizadas vinculadas con temas de política macroeconómica
Se trata de estructuras que existen en diversos países de Europa Occidental, que permiten mejorar la competitividad y refuerzan la sustentabilidad social y ambiental (World Economic Forum, 2013, p.54-55).
En las conferencias de las Naciones Unidas, los representantes de los distintos Estados reconocieron que el desarrollo sustentable solamente podría ser alcanzado mediante las alianzas de los tres actores trabajando juntos. La competitividad y el desarrollo sustentable no podrán ser alcanzados mediante el accionar público únicamente, sino que es necesario incorporar de modo colaborativo al sector empresario y a la sociedad civil, a través de visiones compartidas y un compromiso en la planificación y toma de decisiones. Lo anterior presenta diversos beneficios: financieros, experiencia y habilidades del sector privado que al sector público pueden faltarle, alcance a áreas remotas y comunidades marginales y aceptación en el largo plazo.
Recuadro 5.1: Casos de alianzas existentes a nivel mundial
En Alemania, las llamadas alianzas para el empleo permiten que funcionarios públicos se reúnan con empresarios y sindicatos para ponerse de acuerdo sobre determinados problemas existentes. De este modo, estas negociaciones tripartitas buscan darle soluciones a conflictos macroeconómicos considerados como esenciales por los diferentes actores.
La Organización Mundial de la Salud por su parte, estableció que para lograr que la salud alcanzara a toda la población, se necesitarían lograr alianzas con el sector privado y la sociedad civil, y estableció esta coordinación como parte de la estrategia de la organización.
La acción de la Alianza de Crecimiento Verde es un grupo que colabora con proyectos de infraestructura verde a través de la alianza de más de cincuenta instituciones financieras líderes, corporaciones, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. En Vietnam por ejemplo, la Alianza apoya los esfuerzos del gobierno de transformar el sector agrícola del país con el objetivo de lograr una reducción del 20% de la pobreza y de la emisión de sustancias y un incremento del 20% del crecimiento.
2 Este apartado ha sido realizado en base a las clasificaciones abordadas por el trabajo de Renate Mayntz titulado El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna (Mayntz, 2001).
El Grupo de Recursos de Agua moviliza a actores de sectores públicos y privados, sociedad civil, centros de experiencia académica e institutos de financiamiento para que ayuden a los gobiernos en el manejo del agua de un modo que se encuentre en concordancia con sus planes de crecimiento económico. De este modo, si bien la provisión de agua es una tarea netamente pública, el Grupo brinda experiencia que han ido desarrollando con el tiempo y que puede ser utilizada por los gobiernos para asegurar un uso de dicho recurso que sea equitativo y sustentable.
En Nepal, la colaboración entre la Federación de Cámaras de Comercio e Industria, la Asociación Municipal de Nepal, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Banco de Desarrollo Asiático busca ampliar la cobertura y la calidad de servicios urbanos básicos a los pobres y ampliar la participación local de la sociedad civil en este proceso. El proyecto ya ha apoyado a las municipalidades para que implementen 88 proyectos que demuestran este modo de proveer servicios y desarrollar infraestructura. La mayoría de estas iniciativas han mejorado el medioambiente urbano, a la vez que han generado empleo para residentes locales, al contratarlos para los mencionados proyectos.
5.3.2 Redes mixtas público-privadas
Se trata de otro modo de cooperación que se aplica en niveles más específicos de los sectores de las políticas. En estas redes, el Estado deja de ser el centro de las políticas y los actores colaboran y se complementan de modo flexible. Se busca que las partes interactúen y consensuen mediante negociaciones la elaboración de políticas. Este consenso permitirá que al momento de la implementación, exista mayor aceptación que en el caso de que esta alianza no hubiera existido.
5.3.3 Autorregulación de la sociedad
Se trata de un modo de cooperación que no es directo como los dos anteriores. En este caso, los actores privados realizan funciones de regulación que les fueron asignadas por el Estado, de modo explícito o implícito.
Estas formas suelen establecerse como delegaciones de funciones del Estado en organizaciones privadas y son controladas por el mismo para que, en caso de que dicha delegación resulte ineficaz, el gobierno realice una intervención directa. De este modo, se requiere de un Estado fuerte que controle la autorregulación y evite que se beneficien los intereses de los actores participantes.
Recuadro 5.2: Casos de autorregulación de la sociedad
Un ejemplo de autorregulación de la sociedad está dado por los sistemas de negociación como el alemán, donde se debaten de modo institucionalizado los salarios, entre la fuerza laboral y el empresariado, sin participación del gobierno.
En Alemania, existe también el sistema de salud público, donde las organizaciones de médicos de fondos de salud y de hospitales públicos negocian con los representantes de los fondos de salud lo referente a las tarifas y servicios que se ofrecen.
A su vez, pueden mencionarse los denominados gobiernos privados. Se trata de organizaciones que imponen normas a sus miembros que sirven a sus propios intereses y a los públicos. Un ejemplo de esto son las normas éticas existentes en diferentes asociaciones profesionales o las normas de calidad definidas por diversos sectores económicos.
5.4 Fallas de los mercados y del Estado3
5.4.1 Fallas de mercado
Se considera que, si existe competencia perfecta en todos los mercados, los agentes racionales, al maximizar su utilidad individual, alcanzan un equilibrio óptimo, dada la distribución del ingreso existente y la disponibilidad de recursos (González, 2000).
Los supuestos para lograr competencia perfecta son: información perfecta, perfecta movilidad de factores, todos los agentes son pequeños respecto al tamaño de mercado por lo que son tomadores de precios y no existen externalidades de ningún tipo.
Se denominan fallas de mercado a los elementos que hacen que el libre equilibrio de mercado no sea óptimo. Dichas fallas, evitan la asignación eficiente de los recursos. Si bien la inequidad y la pobreza pueden coexistir tanto con mercados eficientes como ineficientes, las fallas de mercado suelen profundizar la pobreza e inhibir el crecimiento. De este modo, la corrección de estas fallas puede ayudar a mejorar el desarrollo de un país y contribuir al logro de una mayor equidad.
Muchas de las fallas de mercado son causadas por la existencia de externalidades. Las mismas, son situaciones en las que un determinado acto produce un costo o un beneficio que es soportado o disfrutado por una parte que no estuvo involucrada en la situación.
Otra causa de fallas de mercado es la existencia de información asimétrica, que se produce cuando algunos agentes en una relación poseen más que otros.
Como se mencionó, la pobreza y la desigualdad pueden existir sin la necesidad de que haya fallas de mercado, y viceversa; sin embargo, la existencia de inequidad puede amplificar los efectos de las fallas de mercado, y estas últimas a su vez pueden generar mayores desigualdades.
3 Este apartado y los dos posteriores fueron realizados en base a (Banco Mundial, 2013).
De este modo, la inequidad es una preocupación en sí misma, que si se ve amplificada por fallas de mercado puede producir situaciones que generan una marcada pérdida de bienestar, que será soportado en mayor medida por los pobres debido a que, en su mayoría, no poseen las herramientas para cubrirse de las mismas. Para lograr que un país crezca y a su vez reducir la pobreza y la inequidad, estas fallas de mercado necesitan ser corregidas. Los factores mencionados proveen justificación para la intervención estatal, siempre que la misma mejore los resultados existentes.
Un ejemplo de lo mencionado, sería el caso de una empresa que brinde servicios de salud, que en el caso de ser privada no tendría incentivos a brindar el servicio en ciertas comunidades alejadas o empobrecidas. En este caso, el gobierno debería intervenir, ya que de este modo se logrará el alcance del servicio a toda la población del país, mejorando de este modo el resultado que surgiría en el caso de que dicha intervención no hubiera ocurrido.
5.4.2 Fallas del Estado
Al hablar de fallas del Estado, se hace referencia al caso en el que una política pública de intervención hace que la asignación de recursos sea menos eficiente que la que se hubiera producido en el caso de dejarse al mercado actuar con libertad. Estas fallas pueden darse por:
Fallas de información: estas se suelen dar porque el gobierno no conoce las necesidades puntuales de cada comunidad, por lo que provee servicios que pueden no ser los que se requieren en cada barrio. La solución a esta falla, se encuentra por lo general en descentralizar el poder, para que de este modo el gobierno pueda acercarse a las necesidades de la sociedad civil y cubrirlas.
Otro motivo por el cual pueden darse fallas de este tipo es por la llamada información asimétrica, que se produce cuando en un vínculo, algunos agentes tienen más información que otros. Para el caso en el que el gobierno posee más información que los ciudadanos en distintos aspectos, la solución consiste en mayor transparencia pública, que implica que se socialice la información del gobierno relativa a proyectos, contratos, presupuestos, entre otros, para que toda la sociedad civil tenga acceso a la misma.
Las fallas de coordinación también pueden surgir cuando los incentivos en el sistema político evitan que los buenos candidatos se presenten a elecciones, lo que resulta en sociedades que son manejadas por líderes inefectivos.
Al igual que lo mencionado para el caso de las fallas de mercado, cuando existen fallas de gobierno, el peso suele ser soportado principalmente por las comunidades más desiguales y aisladas.
5.5 Fallas de la sociedad civil
En términos generales, se considera que las fallas de la sociedad civil son situaciones en las que la acción cívica está ausente u opera de un modo que resulta en una reducción neta de eficiencia. Lo anterior, puede ocurrir ya que el grupo no es capaz de actuar de modo colectivo o porque un subgrupo pueda movilizarse colectivamente para ampliar sus intereses mientras que otros con diferentes intereses no sean capaces de hacerlo.
La falta de participación pública, se produce cuando las personas no se involucran en distintas actividades que hacen a la sociedad civil. Entre estas pueden mencionarse, desde el hecho de no formar parte de los eventos organizados en las escuelas de sus hijos o los clubes a los que asisten, hasta el decidir no ser fiscal cuando se es convocado en elecciones. Todas estas, son situaciones que hacen a la participación ciudadana y que contribuyen al desarrollo de un país.
La participación activa de los ciudadanos, es una herramienta esencial para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del accionar gubernamental (Peruzzotti, 2010) y es mediante la coordinación entre este sector, en conjunto con Estado y mercado, que se trabaja en post del logro de la mencionada gobernabilidad moderna.
Por un lado, la transparencia en la información pública es un derecho de la sociedad civil, que le permitirá evaluar las políticas realizadas por el Estado y exigir a partir de ella la mejora de los aspectos considerados convenientes4. Por el otro, a través de la rendición de cuentas, lo que se busca es supervisar el accionar de funcionarios públicos, denunciar casos de violación de la ley y activar los mecanismos de sanción correspondientes5.
De este modo, la participación ciudadana activa implica un seguimiento permanente del accionar público y no una actitud pasiva de los sujetos. Lo anterior, permite premiar o castigar a los políticos, no sólo en momentos de votaciones, sino también a lo largo de su gestión. Este modelo derendición de cuentas y evaluación de los resultados de las políticas implementadas permite definir el modo de acción a seguir y complementa la autorización política en momentos eleccionarios.
5.5.1 Fallas de coordinación
Dentro de las fallas de la sociedad civil pueden mencionarse las fallas de coordinación. Estas fallas a nivel local se producen principalmente por dos causas: la ausencia de mecanismos que aseguren que los individuos en un grupo tengan preferencias comunes y la falta de instituciones que hagan que las promesas individuales a los grupos sean creíbles. La descentralización de las decisiones permitiría reducir los problemas de coordinación, al permitir que las personas más afectadas por los proyectos los manejen directamente.
Recuadro 5.3: Un ejemplo de falla de coordinación
Para que un proyecto resulte más efectivo, sería importante que su líder estuviera en total acuerdo con los objetivos del mismo y que fuera considerado honesto. Además, podría existir un método en el que las promesas fueran consideradas creíbles porque cada individuo confiara en aquellas realizadas por otros, basado en lazos de largo plazo y una fuerte convicción de que violarlas resultaría en una condena por parte de la comunidad. De este modo, el proyecto introduciría suficientes incentivos adicionales en el favorable ambiente para sostener dicha cooperación en períodos de cambio y vulnerabilidad. Caso contrario, si no existiera una figura de autoridad o vínculos de largo plazo entre las personas de la comunidad, el proyecto sería uno en el que los individuos buscarían obtener rentas extraordinarias, creando de este modo, una falla de la sociedad civil.
5.5.2 Fallas de información
Otras de las fallas de la sociedad civil son las vinculadas con las fallas de información, es decir, la incapacidad de los gobiernos centrales de observar las preferencias de personas que se encuentran social, administrativa o geográficamente lejos de quienes toman las decisiones. Esta falta de información, se torna particularmente grave cuando las preferencias son altamente variables, ya sea por poblaciones heterogéneas o a lo largo del tiempo. La descentralización surge nuevamente como una posible solución, ya que busca hacer a los gobiernos más sensibles a las necesidades de los ciudadanos, al acercarlos más a la sociedad.
Las mencionadas fallas incluyen imperfecciones en el acceso a información sobre temas básicos como transparencia presupuestaria, conocimiento legal y de procedimientos burocráticos y oportunidades de crédito y seguros.
Una mayor inequidad contribuye a generar mayores asimetrías en la información. Es probable que las personas más ricas y poderosas tengan mejores redes de conexión, mejor acceso a personas influyentes que forman parte del gobierno, mayor educación y mayor consciencia y capacidad de participar en la toma de decisiones.
4 Instituto de Investigaciones Económicas. Balance de la Economía Argentina 2012. 2012, p.320.
5 Enrique Peruzzotti. La política de accountability social en América Latina. 2010, p.3.
La mejora en las fallas de información permite mejorar la capacidad de los ciudadanos de movilizarse para exigir a los estados accountability6. Con mejor información, los ciudadanos son más conscientes y están mejor capacitados para tomar decisiones electorales informadas.
5.6 Participación pública
La acción pública, es un término que hace referencia a la participación de las personas en organizaciones y actividades de distinto tipo y en diferentes ámbitos, que contribuyen a la gobernabilidad, entre las que podemos mencionar:
Participación en la toma de decisiones, mediante procesos de consulta o cuerpos deliberantes sin la autoridad para tomar o vetar decisiones vinculadas con la asignación de recursos.
Contribución con dinero, bienes materiales o trabajo físico para construir bienes o proveer servicios públicos.
Monitoreo y sanción de los proveedores de servicios públicos y privados.
Proveer información e involucrarse en actividades que incrementen la consciencia pública.
Creación de comités en barrios.
Elección de representantes locales.
La participación colectiva en sus diferentes formas posee dos etapas. En primera instancia, los individuos deben decidir participar en grupos cívicos, y luego estos grupos deben ser capaces de resolver los retos de la participación colectiva y de este modo actuar con un objetivo en común. Los individuos se ven incentivados a participar en actividades cívicas por motivos basados en cuestiones:
Instrumentales: se vinculan con los beneficios económicos y políticos que un individuo puede obtener al participar.
Ideológicas: tienen que ver con adherir a una creencia común. La participación comunitaria, en muchos países suele ser vista como una señal de patriotismo.
De Identidad: se relacionan con una identidad social o religiosa.
A su vez, la participación colectiva involucra algunos costos, que serán tenidos en cuenta por los individuos, junto con los incentivos a participar, para de este modo realizar un balance al momento de decidir si involucrarse colectivamente o no:
El primero y más evidente, es el costo de oportunidad del tiempo7, que dependerá de las condiciones económicas, laborales, familiares, entre otras, del individuo en cuestión.
Deben tenerse en cuenta además los costos sociales, que pueden llegar a ser lo suficientemente elevados como para convertirse en prohibitivos para algunos individuos o grupos que de otro modo están proscriptos de involucrarse libremente en la vida pública, como es el caso en algunos lugares de mujeres, ciertos grupos étnicos, tribus, entre otros.
Por último, pueden existir costos psíquicos: algunas sociedades, pueden haber llegado a internalizar hasta tal punto las ideologías discriminatorias vividas, que resulta muy difícil lograr movilizarlos para que se incorporen en actividades de desarrollo.
6 En cuestiones vinculadas a la gobernanza, el concepto de accountability se vincula al de rendición de cuentas, dar cumplimiento del nivel de gestión pública.
7 Al hablar de este concepto, se hace referencia al caso en el que un individuo tenga más de una opción para elegir, por lo que el costo de oportunidad de la decisión tomada es el valor de la mejor opción no realizada, es decir lo que la persona deja de disfrutar por hacer lo que eligió. En este caso, se refiere a lo que deja de ganar (no solamente en términos económicos) el individuo por dedicar su tiempo a la participación colectiva. Por ejemplo, si el individuo pudiera realizar un trabajo en esas horas en las que está involucrándose en actividades cívicas, el costo de oportunidad es el sueldo que deja de cobrar por no trabajar.
Si bien cada individuo tomará en consideración incentivos y costos personales al momento de involucrarse en actividades cívicas, una persona puede decidir participar y que el grupo al que pertenezca sea incapaz de tomar una decisión colectiva. De este modo, la determinación individual de involucrarse está fuertemente vinculada a la habilidad de un grupo de cooperar y llegar a un consenso.
Es importante notar que existe una necesidad de que el Estado se reforme y busque fomentar la acción colectiva que les permita a los ciudadanos ejercer el control estatal8. El campo de la participación ciudadana continúa aún abierto a la experimentación, lo cual hace referencia a la reconstrucción de la escena pública. Se apunta así al logro de una sociedad civil efectiva en donde los ciudadanos se involucren y organicen voluntariamente para trabajar en post de un beneficio colectivo. De este modo, se facilita la actividad democrática y se limitan las fallas de mercado y de gobierno, mediante la coordinación de este tercer actor con el sector público y privado.
Por el lado del sector privado, debido a que el objetivo de maximización de utilidades empresarial no siempre se encuentra en línea con el bienestar social, la participación efectiva de la ciudadanía logrará encauzar el accionar privado. En este caso, la sociedad podrá actuar no sólo a través de organizaciones que defiendan los derechos de los consumidores en cuanto a acciones que afectan su salud, sino que también podrá limitar prácticas de mercado ineficientes, comportamientos corporativos, discriminaciones de precios en determinados sectores, entre otras.
Por el lado del sector público, una efectiva acción cívica que regule los intereses de los políticos buscará mejorar el proceso de delegación del poder y crear mecanismos institucionalizados que castiguen a los políticos9. Lo anterior, busca minimizar las acciones que ellos realizan en beneficio propio y que traicionan la confianza depositada por la sociedad al momento de votarlos. De este modo, una sociedad civil que participe activamente en la esfera pública, podrá controlar la acción de los políticos electos, poner en la agenda pública temas de su interés y cuestionar políticas implementadas.
5.7 Mecanismos de participación ciudadana10
Para que la participación ciudadana activa exista, la población debe preocuparse por conocer el funcionamiento público y estar convencido de que lo más deseable para mejorar la elaboración e implementación de las políticas públicas es el debate, la participación y el compromiso con los asuntos públicos11.
Los mecanismos de participación ciudadana buscan mejorar la Democracia Participativa, entendida como un conjunto de derechos, prácticas, saberes, actitudes y valores políticos, tanto de los ciudadanos como del Estado, que permiten concretar objetivos comunes dentro de la esfera pública.
De este modo, la participación ciudadana es fundamental en el proceso de Democracia Participativa, ya que esta última fortalece la capacidad de auto organizarse de la sociedad, al integrar la diversidad de actores que componen las ciudades.
Debe mencionarse que en nuestro país, la participación ciudadana no es muy habitual, aunque si existen algunos mecanismos a tener en cuenta:
8 Oscar Oszlak. De menor a mejor: el desafío de la ´segunda´reforma del Estado. 1999, p.13.
9 Instituto de Investigaciones Económicas, 2012.
10 Este apartado fue realizado en base al libro Indicadores Ciudadanos Nuestra Córdoba 2012.
11 Instituto de Investigaciones Económicas. 2012, p.327.
5.7.1 Presupuesto participativo
De acuerdo a la Ordenanza N° 11.499, un presupuesto participativo es un proceso de participación vecinal, voluntario y universal, donde la población debate, decide y controla el destino de los recursos a presupuestar para proyectos de obras, servicios y políticas sociales que realizará, prestará y ejecutará en el ejercicio siguiente la Municipalidad de Córdoba. Consta de tres etapas o fases: Asamblea Barrial o Encuentro Vecinal, Cabildo Barrial y Taller del Presupuesto Participativo12.
Puede observarse la fuerte caída en la Participación Ciudadana en Cabildos Barriales, que en el año 2011 fue la más baja, e implicó una caída del 78% en relación al pico de 3.042 personas observado en 2009.
5.7.2 Juntas de participación vecinal
De acuerdo a la Ordenanza N° 11.448, las Juntas de Participación Vecinal son definidas como Institutos Públicos Municipales de Gestión Asociada entre el Centro de Participación Comunal, los Centros Vecinales, las Comisiones de Vecinos, las instituciones educativas y religiosas y las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil que desarrollan sus actividades dentro del ámbito territorial del CPC. Posee tres instancias de participación: Asamblea, Mesa Coordinadora y Comisiones Temáticas13.
Si bien se observa una reducción en la cantidad de organizaciones y centros vecinales que participaron de las Mesas Coordinadoras en 2011 en relación al año 2009, donde se observa el pico, dichos números no son comparables. Lo anterior, se debe a que los datos brindados por la Subsecretaría de Participación Ciudadana para el año 2011 no incluyen información respecto de dos CPC (Guiñazú y Pueyrredón) por lo que el análisis no puede realizarse de modo completo.
12 Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, 2008.
13 Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, 2008.
5.7.3 Audiencias públicas
De acuerdo a la Ordenanza N° 11.709, se entiende por Audiencias Públicas a la instancia de participación ciudadana en la que la autoridad municipal competente habilita un espacio para que la comunidad interesada en informarse o en participar en el proceso de toma de decisiones administrativas y/o legislativas, se exprese de manera directa. Las audiencias pueden ser convocadas por el Concejo Deliberante, por el Departamento Ejecutivo Municipal, como también solicitadas por un número determinado de vecinos o entidades de participación ciudadana. Las audiencias tienen carácter consultivo no vinculante. Esto significa que la autoridad que convoca a la audiencia pública no está obligada a tomar en cuenta las opiniones expresadas en la audiencia para definir las acciones relacionadas con el tema de convocatoria de la misma14.
A partir del cuadro se concluye que la cantidad de Audiencias Públicas realizadas en 2011 ha caído en relación a su pico de 2008 en un 38%.
5.7.4 Centros vecinales
De acuerdo a la Ordenanza N° 10.713, los Centros Vecinales son asociaciones de vecinos sin fines de lucro, con participación en la gestión municipal, representativas de los vecinos del barrio o sector de su jurisdicción, constituidos para la satisfacción de sus necesidades comunes y el mejoramiento de su calidad de vida, sobre la base de principios de participación democrática, colaboración mutua y solidaridad vecinal15.
Se observa así que entre febrero de 2011 y de 2012 hubo nueve Centros Vecinales más en la Ciudad de Córdoba.
De este modo, debe tenerse en cuenta también en el análisis que el porcentaje de Centros Vecinales con estatus legal regularizado se redujo en un 9,5% en Febrero de 2012 en relación a igual mes de 2011. A su vez, aquellos centros con estatus de mandato vencido, proceso de regularización y sin base documental se incrementaron en un 2,1%, 5,5% y 6% respectivamente.
14 Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, 2009.
15 Municipalidad de Córdoba-Dirección de Asuntos Vecinales, 2004.
5.8 Plan de Metas: instrumento para mejorar las condiciones para la participación16
Debido a que la participación ciudadana es muy difícil de lograr, se ha buscado generar articulaciones con distintas instituciones que representan a la sociedad civil, para que a su vez cada organización pueda transmitir el mensaje de participación activa en sociedad hacia su interior.
Algunas de las estrategias implementadas para esto son:
Campañas de adhesión a los proyectos de Plan de Metas, no como herramienta directa de participación, pero como instrumento para mejorar las condiciones para poder ejercerla.
Pedidos de adhesión a otras ciudades que forman parte de la Red Latinoamericana de Cudades.
Encuentros de difusión y debate con representantes de diversas organizaciones sociales.
Instalación del tema participativo en la agenda mediática.
El Plan de Metas específicamente es un instrumento de planificación , gestión, información pública, rendición de cuentas y control de las acciones que un gobierno promete desarrollar
durante su mandato. De este modo, el funcionario da a conocer a la ciudadanía su plan de gobierno (al materializar sus propuestas en metas basadas en indicadores de cumplimiento) y la sociedad puede ir realizando un monitoreo a lo largo del tiempo.
Es así como dicha herramienta mejora el vínculo entre los ciudadanos y el Estado, ya que la sociedad puede conocer las acciones públicas, realizar un seguimiento de las mismas y participar de modo activo de la agenda estatal.
De lo contrario, si existe ausencia de información sobre los propósitos públicos, no sólo se limita la participación ciudadana efectiva, sino que además se fomenta la discrecionalidad de los funcionarios y se permiten evadir los costos del no cumplir con las metas establecidas.
Como ventajas de la aplicación de un Plan de Metas pueden mencionarse:
Transforma las propuestas de campaña en objetivos especificados y mensurables.
Permite a la ciudadanía conocer las prioridades y justificaciones de las decisiones tomadas por el gobierno.
Mejora las condiciones para la participación ciudadana efectiva, lo cual es una condición indispensable para que el Plan de Metas sea exitoso.
Moderniza la gestión ya que, con objetivos y metas, planifica el accionar gubernamental.
Permite que la ciudadanía realice un seguimiento y monitoreo sistemático y objetivo, a partir de la elaboración de indicadores para evaluar el cumplimiento o no de las metas establecidas por el gobierno en el desempeño de las diversas áreas.
Incrementa la transparencia en la gestión pública.
Fortalece la legitimidad social de los gobiernos.
Permite que los gobernantes puedan no sólo comunicar sus planes de gobierno, sino también las dificultades que van surgiendo al momento de cumplir con dichos objetivos.
Lo anterior, puede lograr mayor apoyo por parte de los ciudadanos, que en el caso que se prometan soluciones que son imposibles de llevar a cabo.
16 Este apartado fue realizado en base al documento de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba titulado Instrumentos de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. Aprendizajes en América Latina (Romanutti, 2012) y Plan de Metas en Córdoba. Una experiencia de incidencia colectiva (Romanutti, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, 2012).
Acorta la distancia entre los ciudadanos y el Estado en pos de la construcción de una democracia participativa.
Elimina la necesidad de esperar a las elecciones para evaluar la gestión pública.
Al incorporarse al marco jurídico (municipal, provincial o nacional) genera una práctica institucional y, de este modo, el cumplimiento de las metas no queda librado a la voluntad del gobernante.
5.8.1 El caso del Plan de Metas aplicado a la Ciudad de Córdoba (Enero 2012)
En la Ciudad de Córdoba puntualmente, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba atravesó un proceso de promoción, debate y sanción de una ordenanza municipal que establece que los intendentes están obligados a presentar un Plan de Metas, con el detalle de los objetivos que planean alcanzar durante su gestión.
En primer lugar, se organizaron reuniones con todos los que formaban parte del Concejo Deliberante, para trasmitirles la intención de conseguir la sanción de la ordenanza que estableciera la obligatoriedad del Plan de Metas. Se buscó que el proyecto fuera aceptado por todos los bloques para así lograr legitimizarlo y conseguir la apropiación por parte de toda la sociedad.
Además, desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, junto con la Universidad Católica de Córdoba, se conformó una mesa de trabajo para elaborar un primer borrador de dicha ordenanza y construir los argumentos para defenderlo frente a toda la sociedad.
Luego de posteriores encuentros en los que se debatieron diversas cuestiones, los concejales acordaron que la Red Ciudadana Nuestra Córdoba presentará el proyecto de ordenanza elaborado, de modo de institucionalizar la discusión.
Después de meses de debates, los asesores de todos los bloques participantes del Concejo Deliberante lograron llegar a consensuar una propuesta que fue aprobada en Mayo de 2011.
5.8.1.1 Temas debatidos en el Concejo Deliberante
Rol del Concejo Deliberante: se determinó que la función del mismo es verificar el cumplimiento de la presentación del Plan de Metas y de los informes anuales, en relación a plazos y contenidos mínimos. A su vez, en post de mejorar el proceso de monitoreo, el Concejo está habilitado a pedir informes que amplíen la información brindada y sugerir medidas para pulir el proceso.
Rol de la sociedad civil: se estableció la necesidad de fomentar y fortalecer una participación ciudadana activa, para así debatir los principales problemas de la ciudad a ser tenidos en cuenta y que participaran del monitoreo (pero no de modo compulsivo).
Consecuencias del incumplimiento del Plan de Metas: en primer lugar, se determinó que las sanciones se aplicarían, no al hecho de que el Plan no fuera alcanzado, sino al caso en el que el mismo no fuera presentado con sus respectivos informes. Lo anterior, debido a que se consideró que lo importante es que el intendente pueda dar a conocer las razones por las que no pudo lograr algunos de los objetivos establecidos, lo que brinda mayor transparencia y le permite brindar a la sociedad en su conjunto los fundamentos de las decisiones que fue tomando.
En segundo lugar, se determinó que en caso de que se detectara una sanción a aplicar, la misma debería recaer sobre el intendente, como máximo responsable del gobierno local, y no sobre sus funcionarios.
Plazos para la presentación: se determinó un plazo para la presentación del Plan de Metas de 120 días a partir de la asunción del intendente, como una posibilidad de prórroga de treinta días corridos.
5.8.1.2 Estrategias de comunicación
Se diseñó una Campaña de Comunicación y Sensibilización sobre el Plan de Metas para dar a conocer la idea de la ordenanza a toda la sociedad y lograr su participación en el debate. Los objetivos más importantes de la Campaña fueron:
Instalar la idea de lo importante que es para la ciudadanía contar con una herramienta para el monitoreo de los objetivos del gobierno.
Incluir la problemática de la ordenanza del Plan en la opinión pública local.
Movilizar a la sociedad para que apoye la ordenanza. Para lograr que la misma pudiera ser conocida y apropiada por los ciudadanos, se organizaron encuentros con representantes de los Centros Vecinales y diferentes organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior permitió hacer visibles las dificultades a las que se enfrentan estas organizaciones y analizar las dificultades vinculadas con la puesta en práctica de los institutos de participación.
Dar a conocer la iniciativa impulsada desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, sus fundamentos y fortalezas y experiencias similares en América Latina.
5.8.1.3 Condiciones que favorecieron la aprobación de la ordenanza
Apoyo de organizaciones y actores referentes de la ciudad: la adhesión de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, 50 organizaciones de la sociedad civil junto con organizaciones miembro de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba hizo visible el peso social con el que contaba la propuesta.
Visibilidad en los medios de comunicación.
5.9 Modelo Medellín: Modelo de Desarrollo Social Integral17
Medellín es una ciudad que en los últimos años ha buscado realizar una transformación social a partir del planteo de diversos proyectos sociales, económicos y urbanos para superar las adversidades, derrotar la violencia y eliminar las brechas sociales.
A su vez, el gobierno buscó plantear a la sociedad civil como protagonista y buscó que participe activamente en la solución de sus problemas, le de valor a lo colectivo, respete las normas y le asigne mucha importancia a la legalidad y transparencia. Se planteó una estrategia que comprende a la seguridad como parte esencial en la convivencia y pone a su servicio a la planeación y al urbanismo, para así mejorar la gobernabilidad. Dicha estrategia posee diversos componentes:
Movilización social: fomentar la democracia y la participación en empresarios, gremios, líderes barriales, académicos, iglesia, Organizaciones No Gubernamentales, artistas y medios de comunicación. Se buscó fortalecer y dar importancia a todas las instituciones, siendo el papel del Estado el de unir a los diferentes actores. Se generó de este modo una alianza multisectorial involucrada en muchos proyectos, bajo la lección de Juntos sí podemos.
Oferta institucional: se considera que los valores por sí solos no sirven, sino que debe existir una oferta urbana que permita vivir de acuerdo a ellos. Se debe dar a las bandas criminales el mensaje de que las oportunidades de trabajar, estudiar y recrearse existen y están a su alcance si deciden tomarlas. Deben recuperar la confianza en el Estado y un sentido de pertenencia a la sociedad.
17 Este apartado y el posterior fueron elaborados en base al libro Laboratorio Medellín: Catálogo de diez
prácticas vivas (Alcaldía de Medellín, 2011).
Operatividad y justicia: no debe existir la impunidad. A pesar de la centralización de la seguridad existente en Colombia, resulta importante acompañar a las autoridades locales dentro de la ciudad y darles estímulos para que trabajen con mayor compromiso. Si la impunidad no cede, es muy complejo construir convivencia.El concepto de seguridad adoptado por Medellín no es aquel que sólo incluye la prevención y el combate contra la violencia y el crimen, sino que se toma el enfoque de seguridad humana de Naciones Unidas, que define una ciudad segura como aquella en la cual está garantizada la estabilidad política, el acceso equitativo a los bienes y servicios urbanos, el desarrollo territorial ordenado, el uso racional de los recursos naturales y la convivencia pacífica de sus habitantes, y en la cual existen condiciones adecuadas para prevenir y mitigar los diferentes tipos de vulnerabilidades y amenazas que se enfrentan.
En Medellín se había producido una saturación generalizada en la sociedad por los excesos de violencia, que tuvo como consecuencia una maduración social y política y el aprendizaje de que los problemas no deben ser resueltos solamente por el Estado, sino que deben buscarse respuestas conjuntas, mediante la participación colectiva, el encuentro ciudadano y el diálogo democrático.
El planteo del Modelo de Desarrollo Social Integral en Medellín permitió construir consciencia ciudadana, reduciendo la existencia de violencia y desigualdad. A través de sus áreas, aplicó proyectos para mejorar todas las dimensiones del desarrollo humano, para lo cual se implementaron diversos mecanismos. Se partió de la planeación, se continuó con la gestión eficiente y transparente de los recursos del Estado, buscando generar participación ciudadana para el diseño, implementación y socialización de los programas y difundiéndolos por distintos medios de comunicación. Por último se intentó lograr una evaluación de lo realizado para actualizar nuevamente la planeación, lo cual fue llevado a cabo no sólo por la Municipalidad, sino también por todos los ciudadanos.
A través de la implementación de proyectos educativos, económicos, culturales, recreativos, urbanísticos y de bienestar, como el mencionado anteriormente, Medellín puso en marcha una transformación social y urbana con un alto impacto, que sigue aún hoy buscando el desarrollo humano de todos sus habitantes. Todo el esfuerzo realizado por la ciudad durante siete años, apuntó a lograr que la ciudad sea vista como una:
Ciudad Pensada: en el modelo, la ciudadanía participa del proceso de construcción del territorio. El hecho de pensar la ciudad implica que cada acto está dirigido a resolver los problemas reales de la ciudad, garantizando su impacto y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. La planeación, lleva a la participación de la sociedad y hace que la población ocupe el territorio de modo responsable.
Ciudad Equitativa: se realizaron políticas de intervención en las zonas pobres de la periferia de la ciudad, haciéndolas parte integral de la misma. Se buscó recuperar en los habitantes de estas áreas el sentimiento de formar parte de la ciudad y tener igualdad de condiciones, brindándoles herramientas que les garantizaran una mejor calidad de vida.
Ciudad del Conocimiento: el modelo apostó a la educación. Se buscó construir valor agregado en la formación en todos los ámbitos para brindar oportunidades a todos sus habitantes, para lo que se adecuaron los equipos públicos con calidad.
Ciudad para vivir en familia: el bienestar familiar es una de las principales preocupaciones para Medellín. Se buscó cubrir necesidades básicas de la población, al estructurar espacios dignos, brindar mayores oportunidades a sectores vulnerables, apuntar con políticas específicas a la primera infancia y construir una política de vivienda integral.
Ciudad para Recorrer: se apuntó a aplicar un modelo de movilidad que traspasara los límites de la municipalidad, permitiendo conectar a la población con distintas partes del valle, para lograr la equidad territorial.
Ciudad para la Tranquilidad y la Convivencia: se implementaron instrumentos legales y jurídicos, para garantizar la seguridad dentro del municipio. A su vez, se buscó desarrollar la noción de lo público, para que el ciudadano sea consciente de los derechos y deberes que implica vivir en sociedad.
Ciudad para la Ciudadanía: se buscó recuperar la importancia del espacio y el edificio público como elemento para construir los escenarios que permiten reencontrarse como ciudadanos y sociedad. Desde las calles, parques y plazas se buscó retomar la ciudad como lugar para la vida social y cultural.
Ciudad Verde: se buscó desarrollar políticas para reconfigurar el paisaje de la ciudad, dotar al territorio de espacios verdes, implementar sistemas de movilidad limpios y lograr construir una ciudad sostenible y viable desde el punto de vista ambiental. Se definieron políticas públicas que apuntaron al manejo eficaz de residuos, reducción de emisión de gases y preservación del ecosistema.
5.9.1 Macroproyecto de Intervención Integral en el barrio Moravia
Debido a su ubicación, Moravia es considerado centro popular y territorio estratégico para Medellín. Lo anterior se debe a que se encuentra en las proximidades de equipamientos de importancia relativos a cuestiones urbanas y regionales, como por ejemplo el Sistema Metro, el sistema vial del río Medellín, la Universidad de Antioquia, la Terminal de Transporte del Norte, el área de extracción de materiales del río, entre otros.
En 1977, la Alcaldía localizó en Moravia el basurero municipal y las familias, desplazadas por el conflicto armado o atraídas por el auge económico, decidieron ubicarse allí, dedicándose al reciclaje para subsistir.
Debido a problemas vinculados con el narcotráfico, la delincuencia y el conflict o armado , el sector se consolidó como un territorio de pobreza y deterioro social, urbano y ambiental. De hecho, el censo 2004 mostraba para la población de Moravia privaciones en el hábitat, fragilidad de sus construcciones, inestabilidad del suelo, altas pendientes, emanación de gases tóxicos, contaminación ambiental y una configuración espacial irregular, laberíntica y de alta densidad.
De este modo, Moravia se presentaba como una ciudad con una existencia de gran cantidad de hogares en hacinamiento crítico, viviendas construidas con materiales inestables, bajo índice de espacio público, escasez de equipos colectivos, viviendas en zona de amenaza alta no mitigable, altas tasas de desempleo y una elevada informalidad. Además, debido a la exclusión social y a la segregación que sufrió Moravia, el delito y la violencia se vieron estimulados.
5.9.2 Implementación del Macroproyecto Urbano
Los Planes de Desarrollo intervinieron el barrio de modo integral mediante un Macroproyecto Urbano, que buscó ampliar el espacio público, dotar de equipamiento de importancia a la ciudad y mejorar las condiciones de habitabilidad de la población.
El mencionado Macroproyecto se trataba de un instrumento de gestión que se insertaba como proyecto estratégico dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social que contaba con la participación de socios estratégicos pertenecientes al sector privado y sociedad civil. Se observa así como se buscó lograr la interrelación, coordinación y complementariedad entre los tres actores, para así alcanzar el desarrollo del barrio.
El alcance del Macroproyecto buscaba trascender la restitución de la vivienda y de los derechos que le son propios y defender a su vez los derechos humanos, la justicia comunitaria y la preservación del hábitat.
Se planteaba la implementación de una actuación simultánea sobre la dimensión socio-cultural, económico-financiera y urbanístico-ambiental, para lo que se plantearon como estrategias la suscripción de Acuerdos Barriales, la construcción de Pactos Ciudadanos para la Convivencia con el acompañamiento del sector público y la concertación de líneas de acción para la intervención.
La ejecución de estas estrategias generó la posibilidad de crear un puente de confianza, basado en escenarios de encuentro e interlocución, entre la institucionalidad y la comunidad. De este modo se facilitaron los procesos colectivos para la toma de decisiones, en la búsqueda de una mayor gobernanza en el territorio.
Algunas de las acciones llevadas a cabo en Moravia para mejorar el planeamiento urbano, fortalecer el capital social, la convivencia y la gobernanza urbana, contribuir a la seguridad y mejorar la planificación territorial fueron:
Diseño colectivo de la propuesta urbanística e intervención colectiva en el espacio público.
Fomento de acciones de control social para la protección de las áreas de alto riesgo.
Generación de las condiciones para el acceso a la vivienda y un hábitat digno y la mejora en los niveles de vida de toda la sociedad.
Expedición de reglamentos para la convivencia en comunidad donde los intereses colectivos estén por encima de los individuales.
Acompañamiento hacia la formalidad habitacional de las familias.
Realización de talleres para la generación de una identidad colectiva del barrio.
Acompañamiento por parte de funcionarios durante todo el proceso de reasentamiento e integración social en comunidades de la población reasentada.
Las mejoras en los espacios públicos y el paso de la informalidad a la formalidad habitacional fueron dos de los resultados más importantes del Macroproyecto. Se logró el fortalecimiento social y comunitario de organizaciones vinculadas con la participación comunitaria, la recuperación de la confianza institucional y la legitimación de la presencia de la autoridad civil y la policía.
En Moravia, los ciudadanos tuvieron el papel central en la intervención y se buscó como cuestión esencial, la interrelación con el sector público y privado para lograr alcanzar el proceso de transformación urbanística y fomentar la gobernabilidad.
Es así como la experiencia de Moravia resulta interesante para diversos sectores de la sociedad, nacionales e internacionales, en la búsqueda de aprendizajes sobre experiencias que permitieron lograr estos cambios, para así intentar replicar aquellos temas comunes.
5.10 Consideraciones finales
El presente capítulo se propuso como objetivo central realizar un aporte con relación al estado de situación de la gobernanza moderna. Lo anterior se debe a que en el último tiempo, distintas organizaciones a nivel mundial han reconocido que el desarrollo de las naciones podría ser alcanzado mediante las alianzas entre Estado, mercado y sociedad civil.
En este sentido, se analizaron en primer lugar los antecedentes de la gobernabilidad, hasta llegar al actual concepto en el que se hace referencia a la cooperación e interrelación entre los tres actores como esenciales para el logro del desarrollo sustentable y sostenible de un país.
Se analizaron a su vez las fallas que pueden presentar cualquiera de los tres actores, haciendo especial hincapié en aquellas de la sociedad civil, que se producen en situaciones en las que la acción cívica está ausente.
A partir de lo anterior, se describieron algunos mecanismos de participación ciudadana, como ser el Presupuesto Participativo, Juntas de Participación Vecinal, Audiencias Públicas y Centros Vecinales.
Posteriormente se desarrolló el Plan de Metas, como instrumento que busca optimizar las condiciones para la acción colectiva. Esta herramienta, intenta mejorar el vínculo entre los ciudadanos y el Estado, para que de este modo, la sociedad conozca las políticas públicas y pueda realizar un seguimiento de las mismas y participar activamente en la agenda estatal.
Los últimos dos apartados están dedicados a la descripción del Modelo de Desarrollo Social Integral llevado a cabo en Medellín, Colombia. El gobierno de la ciudad buscó plantear a la sociedad civil como protagonista e intentó que participe activamente en la solución de sus problemas. Para esto se planteó una estrategia que articula tres componentes: movilización social, oferta institucional y operatividad y justicia.
A su vez, se describe una de las diez prácticas vivas llevadas a cabo, un Macroproyecto en barrio Moravia, el cual se había convertido en un basural. A través de los planes de desarrollo que intervinieron el barrio de modo integral, se buscó ampliar el espacio público, dotar de equipamiento de importancia a la ciudad y mejorar las condiciones de habitabilidad de la población.
El caso de Moravia fue desarrollado ya que se considera que se realizaron procesos de transformación urbanística en donde se buscó la coordinación entre Estado, sector privado y sociedad civil. De este modo, el caso constituye un puntapié para el desarrollo en sectores conflictivos y una experiencia interesante a tener en cuenta para sectores nacionales e internacionales en búsqueda de aprendizaje sobre experiencias que permitieron lograr estas transformaciones, para intentar replicar aquellos temas comunes.
La noción de gobernanza es muy importante en la actualidad, ya que plantea un nuevo concepto de la esfera de lo público: la sociedad civil aparece como un actor esencial que, mediante la interacción con el Estado y el mercado, permite el logro del desarrollo socio-económico de un país. La ausencia de participación ciudadana es causante de las fallas de la sociedad civil desarrolladas a lo largo del capítulo, que implica una actitud pasiva de los sujetos y no permite complementar la autorización política que se realiza en momentos de elecciones y el control a lo largo de la gestión de los funcionarios.
Debido a esto, es importante notar que existe una necesidad de que el Estado se reforme:
uno de los temas aún pendientes es aquel que establece que el poder reside en los ciudadanos y son ellos quienes deben ejercer el control estatal. El campo de la participación ciudadana continúa aún abierto a la experimentación, lo cual hace referencia a la reconstrucción de la escena pública. Se apunta así al logro de una sociedad civil efectiva en donde los ciudadanos participan y se organizan voluntariamente para trabajar en post de un beneficio colectivo. De este modo, se facilita la actividad democrática y se mejoran las fallas de mercado y de gobierno, mediante la coordinación de este tercer actor con el sector público y privado.
