Balance de la
Economía Argentina
ASPECTOS MACROECONMICOS
CAPÍTULO 6: ASPECTOS MACROECONMICOS
La política macroeconómica es un factor de suma importancia para la evolución de la economía de un país. La fuerte volatilidad del producto y las recurrentes crisis macroeconómicas que ha sufrido Argentina son dos de los factores que han determinado el pobre desempeño del país en materia de crecimiento. De cara al Bicentenario se debe buscar una trayectoria estable y sostenible de las variables agregadas a través de la implementación de políticas contracíclicas adecuadas, evitando patologías como la elevada inflación, las crisis financieras y cambiarias y la volatilidad macroeconómica.
6.1 Introducción
La macroeconomía se enfoca en el estudio y análisis del comportamiento de variables económicas agregadas, como son el producto bruto interno, el nivel de precios, la tasa de desempleo, por mencionar sólo algunas. El desempeño macroeconómico ha sido un aspecto de suma importancia (en numerosas ocasiones el único) dentro del análisis del proceso de crecimiento de una economía. Los desarrollos en el campo de la teoría económica han ido aumentando la importancia otorgada a otros factores como determinantes del crecimiento; actualmente se reconoce que existen otros ámbitos que deben contemplarse a la hora de encarar un proceso de crecimiento sostenido y equilibrado, de manera tal que una buena performance macroeconómica es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente.
Los estudios que desde hace más de 15 años realiza el IIE siguen este esquema, enfatizando la necesidad de una visión integral del sistema económico como parte del sistema social. El desempeño macroeconómico es sólo uno de los factores que determinan las posibilidades de desarrollo, de ninguna manera el único. Sin embargo, es necesario destacar que tampoco puede prescindirse de este a la hora de encarar un proceso de crecimiento sostenido y equilibrado: ninguna experiencia exitosa de crecimiento se ha dado en un marco de inestabilidad macroeconómica. Siguiendo a Rodrik (2002), independientemente de la configuración específica que se le de a las políticas económicas, existen ciertos principios universales que todo programa de desarrollo debe seguir, dentro de los cuales figura un manejo macroeconómico sólido y prudente.
La presente sección intenta definir los lineamientos y principios generales dentro de los cuales debiera formularse la política macroeconómica en el marco de nuestra propuesta de planificación estratégica de cara al Bicentenario; no intenta en forma alguna definir todas las cuestiones específicas referidas a su implementación sino brindar un marco de referencia, construido sobre la base de las prescripciones que al respecto realiza la teoría y las prácticas observadas a nivel internacional. Adicionalmente, se proponen configuraciones específicas de política en ciertas áreas, como son el caso de la política fiscal y la política monetaria. En estos últimos casos debe señalarse que, si bien enmarcadas dentro de principios económicos básicos, las prescripciones de política no tienen un carácter universal y que formas alternativas pueden ser asimismo exitosas.
6.2 El desempeño macroeconómico y la conveniencia de las políticas contracíclicas
Tras seis años de crecimiento ininterrumpido (2003-2008), en 2009 la economía argentina mostraría una contracción en un contexto de disminución de la actividad económica a nivel mundial. La recesión global, producto de la crisis financiera internacional presente desde mediados de 2007, es un factor que ha jugado un rol importante en el freno de la actividad económica del país. Sin embargo, existen elementos de orden interno que también han ejercido influencia: al enrarecimiento del clima económico, social y político que produjo el intento por parte del gobierno Nacional de implementar un esquema de retenciones móviles a la exportación de productos agrícolas a principios de 2008, se suma la falta de políticas contracíclicas (o su poca magnitud y efectividad) durante la fase ascendente del ciclo.
Una política económica contracíclica tiene en cuenta la fase del ciclo por la que está atravesando la economía: cuando la economía opera por debajo de su nivel potencial se aplica una política expansiva para estimular la economía y acercarla a sus posibilidades de producción; alternativamente, cuando la economía está sobrecalentada, una política contracíclica tiene carácter contractivo, tratando de corregir el exceso del producto efectivo por encima del PBI potencial. En ese sentido debe recalcarse que la estabilización de la economía debe tener un carácter simétrico.
Otro principio económico básico es que las políticas contracíclicas deben comenzarse durante la fase de expansión, cuando el crecimiento de la economía permite al gobierno obtener ingresos mayores a los que obtendría si la economía operara a su nivel potencial y los precios relevantes estuvieran en un nivel normal.
Comenzar a realizar políticas contracíclicas en la fase descendente del ciclo puede ser difícil, más aún para países como Argentina que no tienen acceso a los mercados internacionales de crédito y cuya confiabilidad sigue un comportamiento marcadamente procíclico, profundizada por un entorno internacional claramente adverso al riesgo, tal como se ilustra en el Gráfco 6.1.
Tanto la política fiscal como la política monetaria han demostrado un escaso margen de maniobra para contrarrestar el descenso en el nivel de actividad económica, si bien las razones difieren según el caso: en relación a la política fiscal, el fuerte crecimiento del gasto a partir de 2007 (por encima del ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios), la inflexibilidad a la baja de algunas de sus partidas, y la falta de crédito interno y externo impidieron que el sector público pudiera responder en la magnitud y tiempo requeridos ante el freno en el nivel de actividad; en cuanto a la política monetaria, la magnitud de la salida de capitales supone una limitación importante a la hora de realizar políticas monetarias expansivas.
La falta de timing de las políticas de estímulo encaradas por el gobierno nacional quedó evidenciada en el incremento registrado en la tasa de inflación desde comienzos de 2007. El fuerte aumento del gasto público (en conjunción con otros factores como el aumento en la cantidad de dinero) provocó un incremento de la demanda agregada (principalmente del consumo) más allá de las posibilidades de producción, lo que produjo presiones inflacionarias parcialmente reprimidas a través del otorgamiento de subsidios por parte del gobierno nacional a las empresas de servicios públicos. Este desfasaje provocó que desde mediados de 2008, cuando el nivel de actividad y los ingresos del Estado comenzaron a desacelerarse, se redujera el otorgamiento de subsidios (con el correspondiente aumento de tarifas) impidiendo un descenso de la inflación mayor al registrado.
Como se puede apreciar en el Gráfico 6.2, el gasto público muestra un comportamiento marcadamente procíclico en Argentina, mientras que en países como Chile (en los últimos años) la situación es claramente opuesta. Es entonces necesario un diseño institucional que corrija (o al menos atenúe) el marcado sesgo procíclico que exhibe el gasto público (exacerbado por la fuerte prociclicidad de la recaudación tributaria, como se verá más adelante), con un carácter prudencial y estabilizador. Si bien el abanico de opciones es amplio, las experiencias de Chile y otros países invitan a considerar una política fiscal basada en la regla del balance estructural 1.
6.3 La política fiscal y la regla de Balance Estructural
La formulación de la política fiscal sobre la base del concepto de balance estructural es una de las configuraciones de política que tiene en cuenta la instancia cíclica de la economía.
Hay que tener en cuenta que el balance presupuestario del gobierno refleja la influencia de factores tanto permanentes como temporales. Los últimos incluyen típicamente los efectos transitorios, sobre los gastos e ingresos del gobierno, de las desviaciones cíclicas del producto con respecto a su tendencia.
1 Si bien el análisis de la política fiscal se realiza desde una óptica nacional, el desempeño de los gobiernos subnacionales en la materia es un aspecto de suma importancia. En el Anexo 6.1 se puede encontrar en análisis de la situación fiscal de las provincias de la Región Centro.
En contraste, los factores permanentes hacen referencia a componentes duraderos de gastos e ingresos, observados bajo circunstancias normales, es decir en ausencia de shocks externos y cuando la economía se encuentra operando en su nivel potencial con niveles de inflación bajos y estables. Conceptualmente, el balance estructural del gobierno aísla el impacto del ciclo económico sobre las cuentas públicas, proveyendo una imagen de la situación fiscal de largo plazo en contraposición al balance efectivo que muestra la situación prevaleciente en un momento particular.
El balance estructural estima los ingresos fiscales que se obtendrían independientemente de la fase del ciclo en la que se encuentre la economía, sea esta positiva o negativa. Esto implica conocer los ingresos fiscales que se recaudarían si la economía creciera de acuerdo con su tendencia, lo que significa ajustar los ingresos de acuerdo a una medida que refleje al diferencia entre el PBI efectivo y el PBI potencial.
Se determina la trayectoria esperada de la recaudación tributaria de acuerdo al crecimiento tendencial de la economía y se establece un nivel de gasto que sea consistente con el resultado fiscal deseado, la trayectoria potencial de la economía y de sus principales precios (el del cobre en el caso de Chile y de la soja en el caso de Argentina). De esta forma se busca aislar las decisiones de gasto público, en particular en materia de gasto e inversión social (en el Capítulo 7 se puede observar como la tasa de asistencia al nivel primario es muy variable, lo que podría estar explicado por los vaivenes en el gasto público), de los vaivenes del ciclo económico y de las fluctuaciones en el precio de las commodities de exportación. La política de balance estructural es, de este modo, contracíclica ya que permite déficit cuando la economía se desempeña por debajo de su potencial y superávit en caso contrario.
En relación a la metodología de estimación la estimación del balance presupuestario estructural requiere estimar el producto potencial de la economía y su trayectoria esperada, y cuantificar el componente cíclico de los distintos tipos de ingresos y gastos. En relación a los ingresos, significa discriminar aquellos ingresos normales (que obtendría el gobierno cuando la economía opera en su nivel potencial) de aquellos ingresos excepcionalmente altos (o bajos), debido a que la economía está sobrecalentada y/o los precios relevantes (de commodities de exportación tales como soja, trigo y maíz) son favorables. En relación a los gastos, es necesario analizar el carácter cíclico de cada una de sus partidas, aunque es de esperar que sólo aquellas vinculadas a la evolución de la economía (por ejemplo, el seguro de desempleo) presenten un carácter cíclico bien definido.
En Chile, el uso de la regla de superávit estructural (instaurada en el año 2000) ha fortalecido y ha dado un carácter más formal a la política fiscal del país vecino, si bien hay que señalar que la responsabilidad y disciplina estaban presentes desde antes de la instauración de dicha regla (De Gregorio, 2007). En el Recuadro 6.1 se puede encontrar una explicación detallada de la aplicación de la regla de balance estructural en Chile.
Recuadro 6.1: Chile y la regla de Balance Estructural
Desde el año 2001, el gobierno de Chile ha llevado adelante una política fiscal fundamentada en el concepto de balance estructural, cuyo objetivo es mantener un superávit estructural anual equivalente al 1% del PBI. Una particularidad de esta regla fiscal es que en un principio no era una obligación legal que enfrentaba la administración central sino un compromiso voluntario de parte del mismo.
La metodología utilizada en dicho país para estimar el objetivo de balance estructural, se basa en los criterios usados por el FMI y la OCDE, realizando los ajustes necesarios para tener en cuenta características específicas de la economía chilena. Este indicador aísla el impacto cíclico de tres variables económicas que afectan los ingresos fiscales: nivel de actividad, precio del cobre y precio del molibdeno. En este sentido el balance estructural de Chile refleja el resultado financiero que el gobierno central tendría en un año particular si el PBI se encontrara en sus niveles de tendencia y los precios del cobre y molibdeno estuvieran en sus niveles de largo plazo. Esto permite distinguir los efectos en la situación fiscal causados por decisiones de política de aquellos relacionados con el efecto del ciclo económico en las variables mencionadas.
El objetivo de superávit estructural equivalente al 1% del PBI fijado a partir de 2001 tuvo el propósito de asegurar la acumulación de activos con los que cumplir futuros compromisos del sector publico, considerando la situación en que se encontraba el Banco Central de Chile y la vulnerabilidad externa que enfrentaba el país.
En el mes de Agosto de 2006 fue aprobada por el congreso la ley de responsabilidad fiscal (Ley Nº 20.128), reforzando la credibilidad y transparencia de las políticas que venían siendo aplicadas hasta el momento por el gobierno chileno. En lo concerniente a la política de balance estructural esta ley establece algunos aspectos de vital importancia, dentro de las cuales se destacan los siguientes:
El cálculo del balance estructural del sector público se convirtió en una parte obligatoria en la programación de las cuentas fiscales.
Se estableció la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para hacer frente a los futuros incrementos de gastos previsionales.
Se facultó la creación de un Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
Se autorizo al gobierno a capitalizar al Banco Central usando parte del superávit efectivo de años previos por un periodo de 5 años.
La atención a los puntos aludidos es trascendental ya que forman parte de los factores tenidos en cuenta al momento de establecer el objetivo exacto de balance estructural. Consistentemente con lo mencionado, la revisión de los factores que justifican la meta de superávit estructural resultó en una disminución del mismo al 0,5% del PBI como objetivo para 2008.
El indicador de balance estructural en base al que opera esta regla permite limitar el efecto del ciclo sobre los ingresos fiscales a la operación de los estabilizadores automáticos del presupuesto. La certidumbre que ha dado la regla de política fiscal a la conducción económica, por otra parte, ha contribuido, además, a reducir fuertemente el costo de financiamiento que enfrenta el país, lo que se ha manifestado en una reducción del riesgo soberano chileno a niveles históricamente bajos, permitiendo a la autoridad fiscal sustituir deuda contraída en períodos anteriores en condiciones menos ventajosas con nueva deuda más barata. La combinación de ambos efectos se ha reflejado en una notoria reducción del costo financiero de la deuda pública.
Luego de que la política de balance estructural fuera aplicada en Chile, se verificaron los siguientes beneficios de su implementación:
Sus propiedades contracíclicas, por una parte, permiten sostener los niveles de gasto público en momentos de desaceleración de la actividad económica, evitando que la política fiscal se convierta en un factor de amplificación del ciclo económico y protegiendo los recursos requeridos en el presupuesto público para sostener los programas sociales prioritarios.
Incremento en el ahorro publico durante los periodos de fuerte crecimiento.
Incremento en la credibilidad como emisor de deuda internacional: se redujo la prima de riesgo soberano que el gobierno debe enfrentar, mejorando el acceso a financiamiento externo.
Reducción de las necesidades de financiamiento externo: es el resultado del impulso generado en el ahorro público.
Apoya el desarrollo de programas públicos plurianuales, sin que estos se vean sometidos a los vaivenes de la actividad económica global, fenómeno que ha afectado históricamente la gestión pública en nuestra región.
En suma, los beneficios mencionados de llevar adelante una política de balance estructural aseguraron la sostenibilidad financiera de las políticas públicas, como corolario de la reducción de la exposición a crisis externas, la posibilidad de reasignar recursos antes destinados al pago de servicios de la deuda y la generación de ingresos adicionales provenientes de la aplicación de los mayores ahorros públicos.
Fuente: IIE sobre la base de Structural Balance Policy in Chile (2007) y Crispi y Vega (2003).
De cara al futuro, la mencionada instauración de metas fiscales de acuerdo a la regla de balance estructural brindará la posibilidad de reforzar la posición fiscal del país. El nivel de gasto público debería fijarse en función del nivel del PBI efectivo, del nivel del PBI potencial y considerando los precios de los principales productos de exportación respecto al que se estima es su nivel de equilibrio en el mediano plazo, ya que impacta en la recaudación tributaria a través de las retenciones a la exportación. De esta manera, cuando el precio de los principales cultivos es mayor al considerado normal o cuando el producto está por encima de su nivel potencial, la mayor recaudación no se destina a gasto público sino que se ahorra para poder utilizarla cuando los precios de exportación o la economía están por debajo de su nivel normal.
Como se detalló previamente, a nivel técnico el cálculo del resultado estructural requiere información económica y estadística que actualmente no está disponible de manera regular para Argentina: se requieren proyecciones oficiales a mediano plazo del producto potencial de la economía y de los precios de las principales commodities agrícolas de exportación, no sólo por cuestiones técnicas sino también para dotar de transparencia al proceso de toma de decisiones. La deficiencia en la información relativa a la generación del ingreso por el lado de los factores de la producción (determinación del stock de capital reproductivo, y de la participación del capital y del trabajo en el producto total) es un obstáculo a la estimación del PBI potencial mediante el método de la función de producción, forma de cálculo estándar en las economías avanzadas.
Asimismo, es necesario definir el resultado a alcanzar (como porcentaje del PBI) dentro de un esquema que tenga en cuenta la trayectoria deseada de la deuda pública, la tasa de inflación a mediano plazo, la amplitud y duración de cada una de las fases del ciclo económico (ya que influye en la determinación de la secuencia y monto de las extracciones a realizar) y del ciclo de precios de los productos de exportación, entre otros factores.
El Balance Estructural se constituye, de acuerdo a lo desarrollado previamente, en un ancla para la conducción de la política fiscal, limitando la arbitrariedad en las decisiones de gasto por parte del gobierno y con un carácter eminentemente contracíclico y estabilizador. Estrechamente ligados al Balance Estructural se encuentran los fondos soberanos.
Un Fondo Soberano (Sovereign Wealth Fund (SWF), en sus siglas en ingles), es un fondo de inversión de propiedad estatal compuesto de activos financieros diversos. El crecimiento en el número y tamaño de los fondos soberanos a nivel mundial estuvo guiado por el fuerte incremento en los precios de commodities de exportación (petróleo, gas, commodities agrícolas, cobre, oro, etc.), el aumento en las reservas internacionales de muchos países emergentes y la búsqueda de mayores rendimientos para éstas. Brasil, por ejemplo, decidió constituir un fondo soberano con parte de sus reservas internacionales, para obtener un mayor rendimiento para estas y para apoyar la internacionalización de sus empresas. En el Cuadro 6.1 se presentan los principales fondos soberanos del mundo.
Los fondos soberanos pueden diferenciarse de acuerdo tanto al origen de sus fondos como también de acuerdo a sus objetivos. En relación a sus objetivos, el FMI distingue cinco tipos de fondos soberanos: a) Fondos de inversión de reservas que intentan incrementar el rendimiento de estas; b) Fondos de reserva de pensiones; c) Fondos de estabilización fiscal; d) Fondos de ahorro fiscal; e) Fondos de desarrollo.
En lo que concierne al financiamiento del fondo, si bien en la mayoría de los casos los aportes provienen de los ingresos provenientes de la explotación de un recurso natural, pueden agregarse otros ingresos excedentes que obtiene el gobierno. En el caso del FEES (Chile), se entiende por ingresos excedentes todo superávit mayor al que implica la regla de balance estructural (de allí la relación entre ambos conceptos). Debido al notable incremento en el tamaño del FEES, este es gestionado actualmente como un SWF (ver Recuadro 6.2).
Recuadro 6.2: El Fondo de Estabilización Económica y Social de Chile
El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), creado en marzo de 2007 en el marco de la ley de responsabilidad fiscal, se constituyó con un aporte inicial de US$ 2.580 millones y refundió los recursos adicionales de estabilización de los ingresos fiscales (decreto ley Nº 3.653 de 1981) y los del Fondo de Compensación para los Ingresos de Cobre. El Fondo de Estabilización Económica y Social recibe cada año todo el superávit fiscal efectivo, neto de los aportes que deban realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones y al Banco Central de acuerdo con la ley de responsabilidad fiscal.
La creación de este fondo se diseñó como complemento a la regla fiscal implementada basada en el balance estructural, para proveer al gobierno de un horizonte estable en sus cuentas. En este sentido, los recursos disponibles en el FEES permiten financiar eventuales déficit y realizar amortizaciones de la deuda publica, contribuyendo a que el gasto publico no se encuentre afectado en gran medida por los ciclos económicos mundiales y la volatilidad de los ingresos fiscales dependientes del precio del cobre y sus derivados.
Con el objetivo de suavizar el gasto, el gobierno ahorra el excedente del superávit efectivo sobre el estructural en el Fondo de Estabilización Económica y Social para ser usados cuando los ingresos caen. Las decisiones acerca de las opciones de inversión de estos fondos son tomadas por el Banco Central de Chile dentro de las instrucciones del gobierno, el Ministerio de Finanzas envía las instrucciones al Banco Central, el cual implementa las inversiones. El manejo de estos fondos se esta orientando hacia una asignación estratégica de activos en pos de obtener mayores retornos.
Desde su origen, el FEES recibió aportes por un monto total de US$ 18.100 millones, de los cuales US$ 13.100 millones correspondieron al año 2007 y US$ 5.000 al 2008; estos aportes se relacionan con altos precios del cobre en el mercado mundial. Para el primer semestre de 2009 se registraron retiros por US$ 4.376 millones y recursos adicionales generados por las inversiones financieras de US$ 2.044 millones, en concordancia con los objetivos planteados en la creación del fondo.
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Hacienda de Chile.
Independientemente de la conveniencia o no de las retenciones a la exportación de ciertas commodities vigentes en Argentina, los buenos precios internacionales posibilitarían la constitución de un fondo soberano financiado con lo recaudado por ese concepto; alternativamente pueden destinarse otros recursos excedentes, como los superávit por encima del balance estructural definido como meta, si se decidiese guiar la política fiscal de acuerdo a ese concepto (tal como fue propuesto anteriormente). Los beneficios de un fondo de este tipo se aprecian con toda claridad al considerar el carácter marcadamente procíclico de la recaudación tributaria nacional (como se puede apreciar en el Gráfico 6.4) y las dificultades de diverso tipo que actualmente tiene Argentina para acceder al financiamiento externo, es decir, la dificultad de emprender una política contracíclica de suficiente magnitud en la fase descendente del ciclo económico. Además del rol estabilizador que tiene un fondo soberano de este tipo, pueden existir efectos a nivel microeconómico: en el Capítulo 9 se analiza el eventual impacto positivo sobre el sector financiero y en especial sobre el mercado de capitales.
Es necesario aclarar, sin embargo, que se requiere una cuidadosa evaluación de cada una de las posibilidades de financiamiento de un eventual fondo, de los usos alternativos que se les pueda dar a esos recursos y de las cuestiones operativas pertinentes. Un esquema de los pasos a seguir para la implementación de un fondo soberano se puede encontrar en el Esquema 6.1.
El primer paso con vista a la constitución de un fondo de este tipo, consiste en definir qué recursos son considerados excedentes, y por lo tanto son capaces de proveer de financiamiento al fondo.
En el caso de que los recursos provengan de recursos tributarios en exceso de cierto nivel de referencia, este último viene determinado por la regla de balance estructural propuesta anteriormente. En el caso de que provengan de las reservas oficiales, debe fijarse cual es el nivel óptimo de las reservas de acuerdo a un objetivo determinado. Es decir, es necesario establecer un valor de referencia para las reservas de manera tal que aquellas que superen dicho valor sean invertidas con un criterio diferente; estrechamente relacionado a esta idea se encuentra relacionado el concepto de mental accounting. Este concepto puede ser utilizado para entender como un país divide sus activos soberanos: si un país acumula reservas para hacer frente a eventuales problemas de liquidez, con una fuerte orientación a la prevención de crisis cambiarias, solo estará dispuesto a embarcarse en una política de inversión más agresiva cuando las reservas hayan alcanzado un nivel adecuado y suficientemente amplio. Es entonces pertinente la definición de un nivel óptimo de reservas por motivo precaución; las reservas por encima de ese nivel pueden ser aplicadas a la constitución de un fondo soberano (más detalles en el Capítulo 9).
En segundo lugar, deben evaluarse los usos alternativos que se pueden dar a los recursos. Los recursos provenientes de la exportación de commodities en épocas de altos precios y los eventuales ingresos excedentes de acuerdo a la instancia cíclica de la economía y el objetivo fijado para el resultado estructural pueden ser aplicados a una variedad de objetivos, como bien señalan Das et. al (2009). La constitución de un fondo soberano es solo una de las opciones: otras opciones comprenden la cancelación anticipada de deuda pública (a fn de disminuir la carga de intereses correspondiente) o de deuda denominada en moneda extranjera (para disminuir el riesgo cambiario asociado), o bien la constitución de un fondo soberano para un fin en particular (distinto a un fondo de estabilización fiscal). En el caso de que los recursos provengan de las reservas oficiales otra de las opciones es la inversión de estas (o de una parte) con una perspectiva de más largo plazo o bien el financiamiento de proyectos de inversión 2. El punto a señalar es que se debe realizar una evaluación de los usos alternativos de estos fondos, a fin de lograr su asignación más eficiente dentro del esquema macroeconómico y de crecimiento en general.
A continuación se deben definir aspectos operacionales relativos al fondo soberano. Dentro de estos, se deben establecer con claridad las circunstancias que permiten realizar extracciones del fondo: por ejemplo, definir el número de trimestres consecutivos con resultado significativamente por debajo del balance estructural objetivo (establecer, a su vez, qué desviaciones respecto del resultado estructural son significativas) que se deben verificar para poder empezar a extraer parte de los recursos acumulados y aplicarlos a gasto público. La claridad y transparencia de estas reglas es de vital importancia, y es uno de los aspectos más importantes que señalan los desarrollos en la materia.
La definición de una política de inversión (cuarto paso) es de fundamental importancia. Al considerar el horizonte temporal de las inversiones debe considerarse la duración promedio del ciclo de precios de los distintos cultivos (en el caso de que los recursos provengan de lo recaudado en concepto de retenciones a las exportaciones agrícolas), la amplitud y la duración estimada de cada una de las fases del ciclo económico (si las fases de expansión son cortas, entonces el horizonte temporal debe ser más bien reducido porque deben poder ser liquidadas para hacer uso de ellas una vez que el país entra en la fase de contracción), entre otros factores. La simulación por técnicas estadísticas y econométricas, por ejemplo con modelos VAR, así como la consulta a paneles de expertos son opciones a tener en cuenta. Es de particular importancia la definición de estos aspectos dentro de un esquema teórico bien definido, así como la profesionalización en la gestión de los recursos del fondo y, en general, en todo el manejo de la política económica. Los trabajos en la materia resaltan la transparencia que da a la regla el que la metodología sobre la que opera sea pública y que los insumos para la determinación del PIB tendencial y la estimación del precio del cobre de largo plazo hayan sido delegados a paneles de expertos, cuyos resultados se documentan y explican públicamente.
En la presente sección se enfatizó el carácter contracíclico que debe tener la política económica, sugiriendo la instauración de una regla fiscal basada en el concepto de balance estructural. Asimismo se detallaron los pasos a seguir en caso de decidirse la constitución de un fondo soberano para gestionar los recursos obtenidos a través del ahorro fiscal (u otros recursos). A continuación se analizarán más en detalle las consecuencias que tiene la volatilidad macroeconómica sobre el sistema económico y social, para poder apreciar mejor los beneficios de la estabilización.
2 Ver sección 6.6 Cuentas externas.
6.4 El impacto de la volatilidad y de las crisis macroeconómicas sobre el proceso de crecimiento
Estrechamente vinculada a las políticas contracíclicas, la estabilidad en las principales variables macroeconómicas es reconocida como un factor con un impacto positivo sobre el crecimiento 3, tal como lo recalca Di Gregorio (2003). La teoría económica reconoce que los individuos prefieren una senda de ingresos estable a tener ingresos extraordinariamente altos en un período y bajos en otro (Modigliani, 1960; Friedman, 1957), lo que refleja una percepción negativa de la volatilidad 4 por parte de los agentes económicos. Las sociedades prefieren un sendero de crecimiento constante antes de que la economía crezca mucho en algunos períodos y no tanto en otros, porque se supone que las preferencias de los agentes son cóncavas (Kydland y Zarazaga). Ramey y Ramey (1995) presentan evidencia empírica acerca de una fuerte asociación negativa entre volatilidad y crecimiento: muestran que países con mayor volatilidad tienen un menor crecimiento promedio, incluso después de considerar el efecto de otros determinantes del crecimiento. En el Gráfico 6.5 se puede apreciar la relación entre volatilidad del PBI y tasa de crecimiento promedio para un conjunto de países tomando como referencia el período 1980-2008: la asociación negativa entre las dos variables parece ser más clara para niveles de volatilidad elevados.
Hakura (2007), al analizar las causas de las fluctuaciones en el crecimiento del PBI real per cápita, sugiere que casi el 75% de la volatilidad observada en los países en desarrollo es atribuible a shocks específicos de cada país. La menor variabilidad en estos factores específicos explica alrededor del 50% de la disminución de la volatilidad del producto en Latinoamérica en las últimas décadas. Estos resultados sugieren (aún en mayor medida en el caso de países en vías de desarrollo) que, al momento de diseñar políticas tendientes a estabilizar la marcha de la economía es necesario prestar atención a factores de orden interno, tales como la política macroeconómica y/o las reformas estructurales que se implementan.
Al respecto, una de las implicancias del comportamiento procíclico del gasto público es que, al acentuar el efecto del ciclo sobre el nivel de actividad, incrementa la volatilidad de la economía;
3 Cabe aclarar que algunos desarrollos sugieren una asociación positiva entre volatilidad y crecimiento, debido por ejemplo al impacto positivo de la volatilidad sobre el rendimiento y por lo tanto sobre la inversión. Por otra parte las grandes caídas en el nivel de actividad (crisis macroeconómicas) son asociadas a veces a oportunidades de reasignación de recursos que mejoran el perfil de crecimiento de la economía en el largo plazo (Hakura, 2007).
4 La volatilidad hace referencia a la variabilidad de una serie respecto de su nivel de equilibrio. En la presente sección se calcula la volatilidad como la desviación estándar del crecimiento del PBI respecto del crecimiento promedio del período.
la política contracíclica a través, por ejemplo, de los llamados estabilizadores automáticos (un impuesto a las ganancias progresivo) o de un manejo conveniente del gasto público (por ejemplo, al seguir la regla de balance estructural), contribuye a amortiguar la caída o a frenar la expansión resultando en una trayectoria más suave del PBI.
En términos simples, es conveniente frenar la economía cuando está creciendo por encima de sus posibilidades para tener margen para estimularla cuando muestra tasas de crecimiento inferiores a la potencial. Si bien la referencia a un freno en la economía nacional ha sido enfocada aquí desde el punto de vista de una reducción del gasto público, existen otras opciones de política económica cuya elección depende de circunstancias particulares: reducciones del gasto público de carácter asistencialista a expensas del aumento en el gasto público destinado a lograr la reinserción de los desempleados en el mercado laboral formal, uso de los recursos excepcionales (mayores a los previstos) para disminuir la carga de la deuda pública, entre otros.
Estrechamente asociadas con la volatilidad de la economía, los episodios de crisis macroeconómicas constituyen otras de las patologías que deben ser evitadas (Rodrik, 2002). El efecto de las crisis macroeconómicas es bien conocido para los países emergentes: a las pérdidas de producto significativas que ocasiona, se suma el efecto contagio derivado de la actitud de los flujos financieros internacionales. Hakura (2007), siguiendo la misma metodología comentada anteriormente para analizar los factores que guían los movimientos del PBI, concluye que los episodios de crisis con significativas pérdidas de producto en los países en desarrollo y mercados emergentes están asociados principalmente a eventos específicos de cada país. Asimismo, sugiere la existencia de una relación positiva entre volatilidad del producto y severidad de las crisis (medidas por la mayor caída en el PBI en el período bajo estudio), tal como se puede apreciar en el Gráfico 6.6: aquellas economías con mayor volatilidad tienden a sufrir crisis más severas en términos de caída del producto.
Evitar las crisis macroeconómicas constituye un principio fundamental a seguir desde el manejo de la política económica, no sólo por las pérdidas de producto asociadas sino por el impacto duradero que tiene sobre variables como el nivel de pobreza. En el Gráfico 6.7 se puede observar una clara asociación negativa entre variación de la pobreza (medida como el cambio en el porcentaje de población bajo la línea de la pobreza) y crecimiento del PBI per cápita. Se aprecian claramente los fuertes incrementos en el índice de pobreza con motivo de la crisis macroeconómica de fines de la década de los `80, la crisis del Tequila y la salida de la Convertibilidad. Cabe aclarar, siguiendo a CEPAL (2008), que en la evolución de la pobreza juega un rol importante, además del crecimiento del producto, la distribución del ingreso. En el capítulo 8 se puede encontrar un análisis más extenso acerca del efecto de ambas variables sobre la evolución de la pobreza.
Las crisis macroeconómicas tienen efectos negativos y persistentes sobre los sectores más pobres de la población. Cuentan con escaso o nulo acceso a esquemas públicos de seguro social porque en su mayoría trabajan por cuenta propia o son trabajadores familiares no remunerados. Dada su falta de acceso a los mecanismos de seguro, las familias de bajos ingresos se ajustan en los tiempos difíciles acudiendo a sus escasos ahorros, vendiendo activos, bajando el consumo y reduciendo sus demandas de servicios médicos y de educación. Estas estrategias pueden tener impactos irreversibles en la base de activos (considerando tanto activos tangibles como intangibles) y en la capacidad productiva de los hogares pobres, contribuyendo a perpetuar la pobreza crónica. La disminución del ingreso permanente de los más vulnerables genera un círculo vicioso por medio del cual las crisis llevan a una mayor desigualdad, la que a su vez genera una mayor vulnerabilidad frente a las futuras crisis (Banco Interamericano de Desarrollo). Un tratamiento más extenso de este tema se puede encontrar en el Capítulo 8 de la presente edición de El Balance de la Economía Argentina.
6.5 La política monetaria y la inflación
6.5.1 La problemática de la inflación
La inflación, que es el incremento generalizado y sostenido de los precios de una economía, es otro de los tópicos clásicamente estudiados dentro de la esfera macroeconómica. El Banco Central de la República Argentina (BCRA), como conductor de la política monetaria, es el encargado de preservar el valor de la moneda. Si bien el análisis de la inflación suele realizarse bajo una óptica monetaria (desarrollada en esta sección), la dinámica del nivel general de precios está también influenciada por el comportamiento cíclico de la economía. Las recomendaciones realizadas al respecto de las políticas contracíclicas son también pertinentes en este ámbito: no puede ignorarse el impacto que sobre el nivel de precios ha tenido el fuerte crecimiento de la demanda (principalmente debido al aumento del gasto público).
Es difícil establecer una definición (cuantitativa) precisa de lo que constituye una tasa de inflación óptima, o una tasa de incremento de los precios que no suponga un obstáculo a la actividad económica. Desde un punto de vista conceptual, se puede decir que la inflación es elevada (y por lo tanto constituye un problema) cuando los agentes económicos la tienen en cuenta al momento de tomar sus decisiones. De acuerdo al World Economic Forum (2009), la elevada inflación en los últimos años fue señalada por los empresarios como uno de los principales problemas a la hora de realizar negocios, junto con la inestabilidad de las políticas y la falta de financiamiento (Gráfico 6.8).
De acuerdo al Observatorio PyME (2009), el aumento en los costos de producción (tanto de mano de obra como de las materia primas) y la consecuente disminución de la rentabilidad se han constituido en las principales preocupaciones de los empresarios industriales durante los últimos años. Estos resultados sugieren que la inflación es uno de los principales problemas presentes en la esfera macroeconómica.
Si bien las discusiones académicas acerca de la existencia o no de una relación inversa entre inflación y desempleo en el corto plazo no tienen una respuesta definitiva, existe el consenso de que el alza continua de los precios tiene efectos negativos sobre el proceso de crecimiento a mediano y largo plazo (Di Gregorio, 2007). Entre los argumentos que intentan dar cuenta del efecto adverso de la inflación se pueden mencionar los siguientes:
Redirecciona recursos de las actividades productivas a las especulativas y a la planificación financiera.
Aumenta la incertidumbre acerca del fujo de fondos de los proyectos de inversión.
Provoca una redistribución de riqueza, con efectos sobre los niveles de pobreza, debido al impacto que tiene sobre el poder adquisitivo de los salarios.
Síntoma de la importancia otorgada a estos problemas, es el reconocimiento por parte de los bancos centrales (autoridades monetarias en general) de los distintos países de que su principal misión es la lucha contra la inflación 5, tal como lo demuestran las prácticas internacionales en la materia. Al margen de las cuestiones específicas de implementación de la política económica, es esencial lograr un compromiso irrevocable y primordial de lucha contra la inflación por parte de la autoridad monetaria, que prevalezca incluso ante eventuales conflictos con otros objetivos (particularmente las necesidades de fondeo por parte del Tesoro Nacional).
5 La visión tradicional en macroeconomía ha sido analizar el alza en el nivel general de precios como el problema a combatir; debe aclararse, sin embargo, que el descenso continuo y generalizado en los precios (deflación) también es perjudicial para el funcionamiento de la economía. La relevancia del comentario estriba en que la meta de la autoridad monetaria no debe ser inflación cero, sino una inflación baja y estable.
Es un principio básico que debiera guiar la política monetaria, independientemente de la configuración específica que se le de en última instancia.
Por otra parte, la inflación ha sido un tema de candente debate en los últimos años debido a la creencia de una subestimación deliberada por parte del Gobierno Nacional de las cifras de inflación.
Tal como se trató con mayor detalle en las ediciones 2007 y 2008 de El Balance de La Economía Argentina, tanto las estimaciones realizadas por diversas consultoras privadas como los cálculos indirectos (por ejemplo, el análisis de la evolución de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado) sugieren que el alza en los precios es mayor al que muestran las cifras oficiales. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el reporte particular para Argentina pone de manifiesto la existencia de discrepancias en los niveles de inflación difundidos. En el Gráfico 6.9 se pueden apreciar tres mediciones distintas de la inflación minorista: las calculadas por el INDEC, por una gerencia de estadística provincial y por una consultora privada.
El World Economic Forum en su Global Competitiviness Report 2009 sitúa a Argentina, con 8,6% de inflación durante 2008, en el puesto 70 entre 133 países en lo que respecta al crecimiento en los precios al consumidor.
Sin embargo, es necesario aclarar que si el aumento efectivo en el nivel de precios fue mayor al 20%, tal como lo señalan las dos fuentes alternativas citadas anteriormente, entonces Argentina hubiese ocupado el puesto 121 (Cuadro 6.2).
La explicación que han encontrado los analistas para este proceder es el ahorro logrado por el Gobierno Nacional en el pago de intereses correspondientes a aquellos títulos públicos que poseen un ajuste por inflación (CER). Más allá del ahorro que pudiera haber realizado el Gobierno Nacional por este concepto, la contracara es el descrédito del que goza el INDEC, la desconfianza por parte de los inversores y el consiguiente rechazo por parte del mercado hacia los instrumentos de deuda pública en general y particularmente aquellos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Si bien existen implicancias económicas concretas, tal como el impacto sobre el precio de aquellos instrumentos que ajustan por inflación y sobre sus tasas de interés, es necesario subrayar que las implicancias rebasan lo que tradicionalmente ha sido considerado el ámbito económico; dentro del esquema de crecimiento propuesto por Rodrik, la manipulación de los datos de inflación entra como un factor institucional de riesgo que supone la expropiación de una parte de las ganancias que obtiene un inversor 6.
De cara a un proceso de crecimiento sostenido, la normalización del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es un ejemplo claro e indiscutido del tipo de reformas que debe incluir cualquier agenda de políticas: sirve para dotar al sistema económico de un entorno institucional confiable, con reglas de juego claras y estables, que posibilite el normal desenvolvimiento de la actividad económica en general y no que signifique un escollo al mismo. Resulta asimismo un paso indispensable para tener la posibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales a un costo razonable, para poder establecer salarios que sean compatibles con el costo de vida y la productividad de los actores involucrados, y para la implementación y monitoreo de una política monetaria sólida.
6.5.2 La política monetaria y la lucha contra la inflación
La dinámica de la infación está estrechamente vinculada a la política monetaria. Como se mencionó anteriormente, hay ciertos principios básicos dentro de los cuales debe enmarcarse la política económica independientemente del formato específico que adopte esta última. En relación a la inflación, lo primero que debe reconocerse es la conveniencia de alcanzar una inflación baja y estable, por lo que la preservación del valor de la moneda debe constituir la misión fundamental de la autoridad monetaria. Este es un requisito fundamental, anterior a la adopción de un régimen particular de política monetaria, a la hora de construir una buena reputación y credibilidad (dos activos muy valiosos a la hora de emprender políticas). El principio de independencia del banco central está dirigido a aislar a la autoridad monetaria de otras presiones, particularmente las provenientes del poder ejecutivo relacionadas a la monetización del gasto público.
6 Si bien en este caso específico se considera una inversión financiera, no una inversión real, constituye un ejemplo de cómo los factores institucionales pueden alterar la rentabilidad de las actividades económicas reduciendo la proporción de las ganancias de la que pueden apropiarse los actores económicos.
En relación a la cantidad de dinero, la autoridad monetaria debe emitir para satisfacer la demanda correspondiente. Desde la salida de la Convertibilidad, el BCRA ha seguido una política monetaria basada en el control del crecimiento de la cantidad de dinero (monetary growth targeting). En un principio, el ancla nominal fue la base monetaria amplia, pero a partir del año 2006 el agregado monetario de referencia pasó a ser el M2 (desde fines de 2008 también se establecen metas para la evolución del M2 privado). En el Gráfico 6.10 se observan las metas fijadas para el M2 y su comportamiento efectivo.
Como señalan numerosos desarrollos en la materia (Mishkin, 2000), la estabilidad de la demanda de dinero es uno de los requisitos para el éxito de una política monetaria basada en el control de la cantidad de dinero.
Como se puede apreciar en el Gráfico 6.11, la relación ha sido bastante inestable: la diferencia entre el crecimiento de la cantidad de dinero, medida por el M2, y del PBI nominal (la variación en la velocidad de circulación del dinero) superó los diez puntos porcentuales durante el 2008 mostrando gran inestabilidad y sembrando dudas sobre la efectividad de las metas fijadas sobre el control de la inflación. Si bien resta ver si este desfasaje es transitorio o más bien estructural, arroja una advertencia sobre la conveniencia de elegir a los agregados monetarios como ancla nominal para la política monetaria.
Asimismo, hay que recalcar que, además de anunciar públicamente las metas fijadas para el crecimiento en el agregado monetario seleccionado, debe haber un mecanismo que haga responsable a la autoridad monetaria de los desvíos respecto al objetivo.
Dentro de las prácticas observadas a nivel internacional para lograr la estabilidad de precios, el sistema de metas de inflación (inflation targeting) ha ganado adeptos alrededor del mundo 7. El atractivo de este esquema de política monetaria radica no sólo en cuestiones técnicas referidas a su implementación sino también en el fuerte compromiso en la lucha contra la inflación que impone a la autoridad monetaria. El sistema de metas de inflación se basa en cinco pilares o principios (Mishkin y Savastano, 2001):
1) El anuncio público de objetivos numéricos de mediano plazo para la inflación;
2) Un compromiso institucional con la estabilidad de precios como principal objetivo de la autoridad monetaria;
3) No puede haber un compromiso con ninguna variable o instrumento (como la cantidad de dinero o el tipo de cambio) excepto que dicha variable contenga toda la información necesaria respecto a la tasa de inflación;
4) Transparencia en las decisiones de política monetaria, a través de un estrecho canal comunicativo del banco central con el público y el mercado. La autoridad monetaria debe informar los planes y objetivos fijados, así como los fundamentos de sus decisiones de política.
5) Existencia de mecanismos que hagan responsable a la autoridad monetaria por el cumplimiento de la meta fijada.
Recuadro 6.3: Inflation targeting en Brasil
En junio de 1999, mediante el Decreto Nº 3.088, se estableció el sistema de metas de inflación como directriz de la política monetaria. El Consejo Monetario Nacional (CMN), mediante propuesta del Ministro de Hacienda, fija la meta y los correspondientes intervalos de tolerancia para la inflación, medida a través de la variación anual del índice de precios de amplia divulgación (IPCA). En el Gráfico 6.12 se puede observar la evolución efectiva de la inflación así como las metas puntuales y los rangos de variación establecidos.
7 También ha sido desprestigiado por numerosos autores, según los cuales la adopción de inflation targeting se debe a que no hay otras salidas posibles más que a méritos inherentes al sistema.
En caso de que la meta no sea cumplida, el Presidente del Banco Central debe informar públicamente los motivos del incumplimiento y las previsiones para retornar la inflación dentro de los límites establecidos y el plazo estimado para que esto ocurra.
En cuanto a la comunicación y transparencia de sus acciones, el Banco Central divulga trimestralmente, a través del Informe de Inflación, los resultados de las decisiones de política monetaria y las perspectivas futuras.
Fuente: IIE sobre la base de Banco Central de Brasil.
Es necesario hacer hincapié en los requisitos (tanto de corte institucional como técnico) para la implementación de inflation targeting. En primer lugar, la existencia de un indicador confiable de la inflación subyacente es crucial para la implementación de este esquema de política. Como se analizó en la sección anterior, las mediciones oficiales de inflación minorista reportan niveles sustancialmente más bajos a los informados por consultoras privadas. Segundo, debe haber un compromiso irrevocable por parte del BCRA en la lucha contra la inflación. Este compromiso institucional requiere que la autoridad monetaria tenga independencia para poder elegir los instrumentos necesarios para cumplir la meta fijada, e independencia respecto del proceso político, por ejemplo de las presiones por parte del poder ejecutivo en lo que respecta al financiamiento de gasto público.
Si bien no es estrictamente necesario para un sistema de inflation targeting, también sería conveniente contar con una tasa de interés de referencia como instrumento de política. En lo que concierne al tipo de cambio, las experiencias a nivel internacional sugieren que la intervención en el mercado cambiario debe ser más bien excepcional, sólo para evitar fluctuaciones bruscas en la cotización de la moneda.
En esta sección se delinearon los principios básicos que debe contemplar el esquema macroeconómico en cuanto a la inflación; para su instrumentación se necesitan definir cuestiones específicas relativas al esquema de política monetaria elegido. Si bien no hay un esquema de política de aceptación general, se recalcó la necesidad de monitorear la estabilidad de la demanda de dinero. El movimiento gradual (previa construcción de requisitos fundamentales en la esfera institucional) hacia un sistema de metas de inflación es una de las opciones a tener en cuenta, impulsada por la efectividad que ha tenido este esquema en países como Brasil y Chile 6.6 Cuentas externas El sector externo ha sido uno de los más dinámicos en los últimos años: el benévolo contexto internacional, reflejado en los altos precios de las commodities de exportación, permitió la obtención de abultados superávit comerciales que significaron un fuerte impulso para la economía en su conjunto. El Gráfico 6.13 muestra la evolución del saldo comercial de Argentina durante la década de los noventa y tras la salida de la Convertibilidad; allí se puede apreciar el elevado superávit comercial obtenido en los últimos años. Un análisis más detallado de este tema se puede encontrar en las ediciones 2007 y 2008 de El Balance de la Economía Argentina.
En este contexto de fuerte superávit comercial, el BCRA ha llevado adelante una política de compra de divisas que derivó en un notable incremento de las reservas internacionales. Los desarrollos teóricos sugieren que existen beneficios asociados a la acumulación de reservas, ya que estas significan una red de seguridad durante episodios de stress financiero y/o cambiario. Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente al tratar la conformación de fondos soberanos, también existen costos asociados: estos vienen dados por la diferencia entre el rendimiento que obtienen las reservas y el que podrían obtener. Como señala Rodrik (2006), aún en el caso de que el spread entre el rendimiento obtenido mediante la inversión de las reservas oficiales y la tasa de rendimiento social de la economía sea pequeño, el costo social derivado de la acumulación excesiva de reservas líquidas puede ser significativo. La aplicación de las reservas al financiamiento de proyectos de inversión con alto rendimiento social puede ser de particular importancia en aquellos casos en que la falta de financiamiento adecuado supone la limitante principal al crecimiento, dentro del proceso de diagnóstico propuesto por Rodrik (2004).
Es necesario, por lo tanto, contar con un criterio para definir el nivel adecuado de reservas líquidas y así maximizar el beneficio derivado de su acumulación: la regla de Guidotti-Greenspan, por ejemplo, sugiere que las reservas deben ser iguales a la deuda externa de corto plazo.
Las reservas por encima de este nivel pueden ser invertidas con una perspectiva de más largo plazo y/o agresiva en términos de riesgo, por ejemplo a través de la conformación de un fondo soberano.
El ratio reservas/importaciones es otro de los indicadores frecuentemente utilizados para evaluar el nivel de reservas: mide los meses (o años) de importaciones a los que se puede hacer frente con las reservas internacionales. El ratio reservas/base monetaria (o considerando otro agregado monetario en moneda nacional) brinda una idea acerca de la cobertura que ofrecen las reservas internacionales ante una eventual corrida contra la moneda nacional. En el Gráfico 6.14 se puede observar la evolución de estos dos últimos indicadores en Argentina durante el período 1996-2009.
Estos indicadores han sido criticados por su carácter univariado y por lo tanto se han propuesto mecanismos más complejos para determinar el nivel óptimo de reservas; sin embargo, el punto a destacar es la necesidad de determinar el nivel adecuado para la acumulación de reservas para maximizar sus beneficios y minimizar los costos asociados. A la hora de computar el nivel óptimo de reservas deben tenerse en cuenta variables tales como la evolución esperada de los términos de intercambio que enfrenta el país, trayectoria prevista de la deuda denominada en moneda extranjera y de las tasas de interés relevantes, entre otros. Estos factores influyen en los requerimientos de divisas del país y por lo tanto deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar una política de reservas tendiente a minimizar el riesgo de crisis externas, cuyo impacto negativo sobre el crecimiento en Latinoamérica bien remarca Edwards (2007). Es por ello que debe adoptarse un enfoque prudencial (no sólo en la gestión de las reservas internacionales sino también en los otros aspectos ligados al sector externo), que trate de evitar este tipo de crisis; los indicadores mencionados así como otros sistemas de alerta (como por ejemplo el Market Turbulence Index) son herramientas útiles en esta tarea.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la compra de divisas puede desviar el tipo de cambio del que sería su nivel de equilibrio. Como se mencionó anteriormente, no hay un formato universalmente aceptado para el esquema cambiario, si bien es necesario tener en cuenta dos aspectos.
En primer lugar el tipo de cambio no debe estar muy alejado del que es su nivel de equilibrio (un problema de este tipo se dio en la segunda mitad de la década de los noventa, durante el régimen de Convertibilidad). Segundo, si eventualmente se adopta un sistema de metas de inflación tanto la literatura como las prácticas observadas sugieren la conveniencia de un esquema de tipo de cambio flexible. Sin embargo, el Banco Central debe intervenir durante aquellos episodios en que los shocks alejen sustancialmente al tipo de cambio de su nivel de equilibrio. De Gregorio (2006), al analizar la política económica chilena, recalca que la flotación cambiaria no excluye intervenciones en el mercado por parte del Banco Central; más aún, recalca que es deseable evitar desviaciones importantes en el tipo de cambio que no respondan a cambios en sus fundamentals.
La implementación específica de política económica en este aspecto debe seguir los lineamientos generales esbozados en la presente sección. Las recomendaciones están dirigidas a sostener una posición que evite los distintos tipos de crisis externas (frecuentemente asociadas a un fuerte atraso cambiario), de manera de lograr un adecuado funcionamiento del sistema de pagos externo.
6.7 Conclusión
Lo expuesto hasta el momento sugiere que la disciplina macroeconómica es un requisito indispensable para poder encarar con éxito un proceso de crecimiento sostenido. Es necesario recalcar nuevamente que es sólo uno de los factores que contribuyen al crecimiento y que de ninguna manera es la panacea, tal como se explicó con mayor detalle en la sección 6.1. La teoría ha ido incorporando nuevos elementos (que se encuentran fuera de la órbita de lo estrictamente macroeconómico) como determinantes del crecimiento: aspectos institucionales ligados a la protección de los derechos de propiedad, la acumulación de capital humano, el esfuerzo en Investigación y Desarrollo, por mencionar algunos. La interacción de estos pilares sugiere una relación de complementariedad entre ellos, conformando una relación multiplicativa en la que si uno de los factores es cero el crecimiento también es nulo: por lo tanto un programa de desarrollo no puede prescindir de un buen manejo macroeconómico, así como tampoco puede basarse enteramente en él.
La política macroeconómica debiera estar dirigida (en su nivel más general) a lograr una trayectoria estable de las principales variables agregadas, reduciendo su volatilidad a través de la implementación de políticas contracíclicas y tratando de evitar las crisis macroeconómicas, debido a los efectos perdurables que pudieran tener, especialmente en los sectores de menores recursos. Debe remarcarse que la estabilización de la economía debe ser simétrica: así como debe evitarse que la economía opere por debajo de su nivel potencial (subocupación de los recursos), es necesario evitar que crezca por encima de sus posibilidades debido al incremento de la volatilidad consiguiente y la aparición de presiones inflacionarias. De esta manera la política económica goza de mayor credibilidad, lo que ayuda a reducir los costos de la estabilización, hecho particularmente notado en el caso de la política monetaria.
El manejo de la política económica teniendo en cuenta la instancia cíclica de la economía es un factor necesario en la búsqueda del crecimiento: la constitución de fondos anticíclicos, siguiendo el ejemplo de Chile, aparece como uno de los instrumentos apropiados. Sin embargo, debe complementarse con una mayor disciplina fiscal en relación al gasto público, no sólo en relación a su cuantía sino también a su composición, de manera tal de reforzar su carácter contracíclico: el rediseño de los programas de seguro social, tema que se tratará con mayor detalle en el Capítulo 8, es un ejemplo de esto.
En este capítulo se delinearon los principios básicos que deben guiar la política macroeconómica en el marco de la propuesta de planificación estratégica de cara al Bicentenario. Asimismo, se propusieron diseños específicos en el caso de la política fiscal y monetaria; hay que destacar, sin embargo, que el abanico de opciones es muy amplio y que las medidas propuestas no constituyen el único curso de acción posible: otras configuraciones pueden resultar igualmente exitosas, siempre y cuando estén enmarcadas en los principios básicos mencionados.
Anexo 6: Análisis fiscal de las provincias de la Región Centro
Las provincias que integran la Región Centro acompañaron de manera notable la evolución de la actividad económica nacional; es decir, se expandieron fuertemente desde mediados de 2002, sin embargo esta tendencia se revirtió a partir de 2007, haciendo que hoy el panorama sea incierto. Esta situación se observa, entre otras variables, en la evolución de las cuentas públicas provinciales. Por tal motivo, de aquí en adelante se analizarán los principales componentes de las cuentas publicas, lo que permitirá visualizar tanto la evolución cuantitativa como la eficiencia de cada una de estas variables, y de esta manera dilucidar posibles soluciones ante el escenario en el cuál se encuentra la Región Centro. El período de análisis es 2005-2009.
A6.1 Ingresos y gastos corrientes
En Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe entre 2005 y 2008 los ingresos corrientes han ido en aumento. Esto se debe principalmente a la suba en los ingresos tributarios, y dentro de éstos los de origen nacional, los que aportan entre el 50% y 60% de los ingresos corrientes totales. Por su parte la recaudación tributaria provincial, representa aproximadamente entre el 15% y 20% de los ingresos corrientes totales, destacándose por su mayor participación dentro de los mismos el impuesto a los Ingresos Brutos. Es decir, que del total de los ingresos corrientes, en promedio el 75% corresponde a recursos tributarios, entre de los cuales se destacan significativamente los provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Los restantes componentes de los ingresos corrientes son, en orden de importancia, las Contribuciones a la Seguridad Social representando aproximadamente entre el 12% y 16%, las Transferencias corrientes con el 3% y 9% aproximadamente, la Recaudación no tributaria (principalmente multas y regalías) con el 3%, y por último, la Venta de bienes y servicios de la Administración pública y las Rentas de la Propiedad con participaciones inferiores al 1%.
En términos absolutos se habla de una recaudación que para el caso de Córdoba en 2008 superó los $12.854 millones, seguido de Santa Fe con $11.705 millones, mientras que Entre Ríos alcanzó los $5.800 millones, como puede verse en el Cuadro A 6.1.
Al considerar estos conceptos en términos per cápita puede notarse que Entre Ríos, en 2008, alcanzó los mayores niveles de recaudación por habitante, esto es $4.618, mientras que Córdoba y Santa Fe sólo obtuvieron $3.848 y $3.609 per cápita respectivamente, es decir, alrededor de $1.000 menos por habitante que Entre Ríos.
En relación a lo que cada una de las provincias ha fijado en sus presupuestos, al segundo trimestre del 2009, Córdoba ha recaudado el 49%, Entre Ríos el 48% y Santa Fe el 39% de lo proyectado, lo cuál estaría indicando que en el año 2009 algunas provincias podrían estar cerrando el año con ingresos corrientes por debajo de los presupuestados. En relación a esto, la distancia entre los recursos predeterminados y los devengados indica, en cierta medida, el grado de solvencia de cada una de las provincias para afrontar el gasto público presupuestado.
Este aspecto adquiere mayor relevancia al observar que en las tres provincias los gastos corrientes representan más del 90% de los ingresos corrientes, siendo el caso de Córdoba el más preocupante ya que esta relación, en 2008, fue del 99%. A su vez, es importante notar que esta situación empeoró a lo largo del período analizado, ya que en 2005, en Córdoba, los gastos corrientes representaban el 91% de los ingresos corrientes, el 88% en Entre Ríos y 78% para Santa Fe.
En cuanto a la evolución del gasto corriente y de cada uno de sus componentes corresponde destacar, como se puede apreciar en el Cuadro A6.2 la participación promedio del gasto en Consumo (personal, bienes y servicios). Este representa entre el 50% y 60% del total de los gastos corrientes, seguido de las Prestaciones a la Seguridad Social y las Transferencias corrientes que se encuentran entre el 18% y 25% cada una de ellas, mientras que las Rentas de la propiedad representan no más del 3%.
Al primer trimestre de 2009, las provincias ya realizaron aproximadamente el 20% del gasto proyectado en cada uno de sus presupuestos. Al primer semestre, Córdoba y Entre Ríos presentaron un gasto del 50% en relación al presupuestado, mientras que Santa Fe sólo el 45%, lo cual es favorable teniendo en cuenta que los ingresos corrientes de esta provincia tampoco han alcanzado los niveles esperados. Sin embargo, es importante notar que el margen de reducción del gasto corriente es sumamente limitado en el corto plazo, debido a que su destino principal corresponde a remuneraciones, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, transferencias a instituciones educativas y a municipios y comunas.
A pesar de ser esta una limitación para la administración de las finanzas públicas, puede observarse el caso particular de la cantidad de personal y en consecuencia la rigidez que genera sobre la reducción del gasto corriente.
En la provincia de Entre Ríos entre 2005 y junio de 2009 la planta de personal se ha incrementado en 5.116 empleados, es decir un 9%. Esto hace que a mediados de 2009 la provincia de Entre Ríos sume un total de 62.025 empleados, de los cuales el 82% (50.618) son empleados permanentes. Esta relación se ha incrementado con el transcurso de los años, en el año 2005 la misma era de 76%.
En la provincia de Santa Fe, la cantidad total de empleados a junio de 2009 fue de 97.611, de los cuales el 99% (96.771) correspondían a planta de personal permanente, relación que se mantuvo en todo el período analizado. Entre 2005 y 2009, el incremento de la planta total fue de 5.988 empleados (7%).
En Córdoba a fines de 2008 la planta era de 94.528 empleados de los cuales el 86% (81.298) correspondían a la planta permanente.
Sin embargo, la situación que se refleja en los últimos años en cuanto crecimiento en la cantidad de empleo público, se observa desde al menos el año 1996, lo cuál nos lleva a considerar que en gran parte, las limitaciones presentes en cuanto a la reducción del gasto son producto de conductas asumidas a lo largo del tiempo por distintas administraciones públicas.
A6.1.1 Planta de personal
En términos globales se considera el gasto total en la planta de personal como la suma de la partida Personal más las Prestaciones a la Seguridad Social, ya que éstas últimas hacen referencia a la asistencia que se brinda al personal mediante los Organismos de previsión y Asistencia social.
De esta manera como se aprecia en el Cuadro A6.3, los montos destinados a la planta de personal de la administración pública, en el año 2008, alcanzaron en Córdoba los $8.722 millones, en Santa Fe los $7.528 y en Entre Ríos los $4.015 millones, lo que indica que en las tres provincias el gasto en la planta de personal superó, en 2008, el 70% de los gastos corrientes.
En términos per cápita y si se considera sólo los empleados permanentes, la provincia de Entre Ríos, en el año 2008, presentó un gasto en la planta de personal de $3.269, superando ampliamente a Córdoba y Santa Fe con $2.611 y $2.321 respectivamente. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de empleados por cada mil habitantes Santa Fe presenta 101 empleados, mientras que Córdoba y Entre Ríos, 86 y 58 empleados permanentes, respectivamente.
A6.1.2 Comparación del ingreso y gasto corriente entre las provincias de la Región Centro
En primer lugar, se observa que en términos absolutos, la provincia de Córdoba siempre se ubicó por encima de Santa Fe y Entre Ríos en cuanto a los montos de ingreso y gasto corriente.
Por otro lado, las tasas de crecimiento de ambas variables han sido crecientes en el tiempo, acentuándose a partir de 2008 el crecimiento del gasto corriente por encima del ingreso, lo cuál se ve reflejado en el gráfico A6.1.
A6.2 Indicadores de solvencia fiscal
Uno de los principales problemas que enfrentan las provincias de la región centro es la capacidad de financiamiento del gasto y deuda pública. Esta situación es compartida por el conjunto de las provincias argentinas. El objetivo de los indicadores de solvencia fiscal es mostrar esta situación. Para ello se relacionan las siguientes variables:
Recursos Coparticipados: Son los recursos tributarios de origen nacional provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Recaudación de Impuestos provinciales: Incluye la recaudación de impuestos a los Ingresos Brutos, impuesto Inmobiliario, Sellos, Automotor y otros.
Recursos de Derechos de Exportación: Son los recursos que se obtienen de la imposición tributaria a las exportaciones, más comúnmente llamadas retenciones.
Recursos Propios: Es la suma de los Recursos Coparticipados (1) y la Recaudación de Impuestos Provinciales (2).
Recursos Propios Ampliado: Es la suma de los Recursos Propios (4) más los Derechos de Exportación (3)
A6.2.1 Financiamiento del gasto público provincial
El financiamiento del gasto público provincial con recursos coparticipados, en 2007, era del 57% en promedio. Es decir que las provincias tenían, en promedio, la capacidad de financiar el 57% de su gasto público provincial con recursos provenientes de la coparticipación nacional. Al primer semestre de 2008, el promedio asciende al 60%, lo cuál se debe a que la suba de la recaudación de impuestos nacionales fue mayor al incremento del gasto público provincial. De esta manera se aprecia como en los últimos años se acentuó la dependencia provincial respecto de los recursos provenientes de la nación, lo cuál extiende las conclusiones aportadas en referencia a las provincias de la región centro.
En cuanto al financiamiento del gasto público provincial con recursos tributarios provincia-les, en 2007, las provincias que se encontraban mejor eran: Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. No obstante, sólo las dos primeras se ubican por encima del promedio provincial que alcanzaba el 30%, el resto estaba entre 25% y 30%. Al primer semestre del año 2008, el promedio nacional se ubicaba en 22%, esto responde en parte al continuo incremento del gasto público en todas las provincias y la desaceleración en el crecimiento de la recaudación de impuestos provinciales.
Luego, tal como puede verse en el cuadro A6.6, si se considera como Recursos Propios la adición de los recursos de origen nacional (coparticipación) y la recaudación de impuestos provinciales, ninguna provincia tenía capacidad propia para fnanciar su gasto público provincial total, siendo esta relación del 77% (en promedio) para el año 2007. Al primer semestre de 2008, si bien el promedio ascendió al 82%, solo Capital Federal y Salta podían financiar con recursos propios poco más del 100% de sus gastos. Sin embargo, es importante notar que Salta depende en gran medida (79%) de los recursos de coparticipación federal y esto la hace más débil en cuanto a su capacidad de financiamiento respecto a Capital Federal.
Otro de los puntos a observar es que tanto en 2007 como al primer semestre de 2008, dos de las provincias con capacidad para financiar su gasto público provincial con recursos tributarios provinciales por debajo del 10% - Formosa y Santiago del Estero- son las que mayor dependencia presentan de los recursos coparticipados, lo cuál puede estar indicando, en parte, la falta de incentivos para fomentar la recaudación de impuestos provinciales. Esta situación es similar para Chaco, Jujuy, Catamarca y La Rioja.
En cuanto a la recaudación de derechos de exportación - por origen provincial de las exportaciones-, se observan casos puntuales como la provincia de Santa Fe, Córdoba y Catamarca que son afectados de forma negativa ya sea por no percibir estos recursos como tributarios provinciales (como lo son las regalías), o bien por no ser coparticipados. Para el caso particular de Santa Fe, si hubiese percibido los recursos provenientes de los derechos de exportación habría podido financiar el 74% de los gastos públicos provinciales. Esta misma relación al segundo semestre de 2008 pasó a ser del 120%.
Por último, si se incorpora dentro de los recursos propios la recaudación de los derechos de exportación, y titulándose esta agregación como Recursos Propios Ampliado, las provincias que al primer semestre de 2008 presentaban capacidad para financiar más del 100% de su gasto público provincial eran, de acuerdo con el Cuadro A6.6: Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Entre Ríos, Salta, San Juan, San Luís, Santa Fe y Santiago del Estero. Se destacan las provincias de la Región Centro donde, al considerar la recaudación que generan en concepto de derechos de exportación, el financiamiento del gasto supera al 100%, llegando al 216% en el caso de Santa Fe.
A6.2.2 Financiamiento de la deuda pública provincial
Los Cuadros A6.7 y A6.8 presentan la posición de las provincias de acuerdo a la capacidad promedio de financiamiento para los años 2007 y 2008 respectivamente. La capacidad de financiamiento de la deuda pública provincial con recursos provenientes de la coparticipación nacional, en 2007, fue del 176%. Hay cinco provincias que superan ampliamente este porcentaje que son Santiago del Estero (851%), San Luís (589%), La Pampa (497%), Santa Fe (405%) y Santa Cruz (356%), las que presentan bajos niveles de endeudamiento en relación al resto de las provincias.
En el otro extremo se encuentran las provincias de Buenos Aires (30%), Neuquén (40%), Río Negro (42%) y Jujuy (51%).
Al primer semestre del año 2008, el promedio nacional pasó a 110%, siendo similar la ubicación de las provincias en el ranking provincial con respecto a los datos del 2007.
En relación a la capacidad de financiamiento de la deuda pública provincial con recaudación de impuestos provinciales, se observa que en 2007 el promedio era del 70%. Las provincias que superaban ampliamente estos porcentajes eran Capital Federal (456%), Santa Fe (197%), Santa Cruz (169%), San Luís (165%), La Pampa (160%), Santiago del Estero (91%) y Tierra del Fuego (72%).
Mientras tanto en 2008 la capacidad de financiamiento de la deuda con derechos de exportación distribuidos según origen provincial de las exportaciones, en promedio, fue del 40%. La provincia de Santa Fe, al contar con un nivel bajo de deuda y dado que le corresponde un alto porcentaje de la recaudación de retenciones, lidera el grupo con una relación de 5,27=1 entre derechos de exportación y deuda.
Por otro lado, al considerarse los recursos propios (recursos coparticipados más recaudación de impuestos provinciales), en 2007 la relación promedio fue de 2,46=1 entre recursos y deuda, superada ampliamente por las provincias que lideraban las listas tanto en la relación de la deuda con los recursos coparticipados como con los provenientes de la recaudación de impuestos provinciales, como se verifica en el Cuadro A6.9.
A6.2.3 Financiamiento del gasto y la deuda pública provincial en las provincias de la Región Centro
Para las provincias de la Región Centro la capacidad de financiamiento del gasto con recursos coparticipados fue en promedio del 50%, mientras que la recaudación de impuestos provinciales representaba un 21%. Por su parte, la recaudación de derechos de exportación imputada a las tres provincias marca que, en promedio, el 54% del gasto público provincial podría afrontarse con dichos montos. Esto da como resultado que la capacidad de financiamiento del gasto con Recursos Propios Ampliados haya sido en promedio del 124%.
Por el lado de la deuda pública provincial se observa que, en promedio, los recursos coparticipados representan más de dos veces la misma, mientras que los recursos de recaudación provincial constituyen el doble. Nuevamente los derechos de exportación marcan una gran diferencia entre la capacidad de financiamiento vía recursos propios y recursos propios ampliado.
A6.3 Síntesis
A partir de los datos presentados hasta el momento se observa que:
En las tres provincias existe una fuerte dependencia de los tributos nacionales, es decir de la coparticipación federal de impuestos. Lo cuál extiende la fuerte dependencia hacia los recursos que la nación envía a las provincias.
En términos absolutos Córdoba y Santa Fe presentan ingresos tributarios mucho más elevados que Entre Ríos, sin embargo, en términos per cápita, ésta última provincia es la que mayor recaudación acumula.
A mediados de 2009, Santa Fe sólo alcanzó a recaudar el 39% de lo estimado según su presupuesto. Entre Ríos el 48% y Córdoba el 49%. A su vez, Santa Fe realizó el 45% del gasto corriente presupuestado mientras que Entre Ríos y Córdoba alcanzaron el 50%.
Los gastos corrientes representan actualmente más del 90% de los ingresos corrientes y a su vez, los ingresos totales en 2009 están siendo inferiores a los estimados en el presupuesto.
Los principales destinos del gasto corriente dificultan, en el corto plazo, la reducción del mismo. De todas maneras, desde hace más de diez años no se observan signos que permitan interpretar que se ha intentado modificar esta situación.
Si las provincias tuvieran acceso a los recursos provenientes de los derechos de exportación, en el caso de la región centro estarían en condiciones de financiar ampliamente su gasto público provincial y a su vez, Córdoba podría financiar el 75% de su deuda pública consolidada, Entre Ríos el 27% y Santa Fe el 917%.
A6.4 Propuesta para incrementar los recursos a percibir por las provincias
Ante este panorama, hoy se plantea una encrucijada en relación al total de gastos corrientes e ingresos necesarios para afrontarlos.
Como posibles políticas a implementar puede pensarse, en primer lugar, en una reducción del gasto corriente, sin embargo, como ya ha sido analizado esta sería una solución factible sólo en el largo plazo ya que hoy no es posible dejar de pagar los salarios, de brindar prestaciones sociales, de transferir recursos a municipios y comunas, entre otras cosas. Sin embargo, es posible controlarlo para que esta situación no empeore aún más.
En segundo lugar, puede considerarse tomar deuda, sin embargo, esto no es posible a partir de la adhesión de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe a la Ley de Responsabilidad Fiscal mediante la cuál se prohíbe el endeudamiento para el financiamiento de gastos corrientes.
La tercer salida, y quizás la más factible entre las planteadas, es el incremento de los ingresos corrientes, ya sea mediante la suba de los tributos provinciales o de aumentos en la masa de recursos que llega desde la nación a las provincias a partir de la recaudación de impuestos nacionales.
En el caso de pretender aumentar los ingresos mediante la recaudación tributaria provincial, el incremento podría darse vía disminución de la evasión impositiva o bien en base a mayores alícuotas tributarias. En el primero de los casos es muy difícil medir los efectos reales de su reducción. Por otro lado, si se consideran incrementos en las alícuotas tributarias, notamos que bajo el esquema actual, los individuos de más bajos recursos no estarían en condición de soportarlo.
Una persona, en promedio, destina $4.026 anuales al pago de impuestos, que mensualizados se convierten en $335. Por otro lado, si se tiene en cuenta que el salario mensual promedio es de $2.251, a ésta persona tipo le estaría quedando un salario mensual neto del pago de impuestos de $1.915. Es decir, el 15% de su salario lo destina al pago de impuestos, y ésto hace que resulte ilógico pensar que se encuentra en condiciones de afrontar un mayor pago de impuestos.
Luego, resta pensar en un nuevo esquema de redistribución a partir del cuál las provincias puedan contar con la cantidad suficiente de recursos como para solventar los gastos propios de su funcionamiento. Para ello se hace referencia a la siguiente propuesta:
1- Coparticipar efectivamente el 30% de la recaudación del Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria. El actual sistema determina que el 70% se destina al Tesoro Nacional y lo administra el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que ocasione la Emergencia Pública declarada por Ley Nº 25.561. Y el 30% restante se coparticipa según Ley de Coparticipación Federal. Ello implica que para el 2010 en función del proyecto de presupuesto, sobre una recaudación estimada de $23.546 millones, las provincias percibirán en su conjunto $3.528 millones, es decir el 14% y no el 30%.
Ahora bien, si se aplica el mismo criterio de coparticipación que se utiliza para el Fondo Federal Solidario (Dto. 243/2009) la situación mejoraría para las provincias.
En síntesis, por este impuesto la situación sería la que se muestra en el Cuadro A6.15.
En este caso las provincias de la Región Centro recibirían $858,12 millones adicionales.
2- Eliminar la deducción del 11% en la recaudación de IVA para hacer frente a défcit que se generaba por las AFJP (esta disposición se estableció en 1994). De acuerdo al presupuesto 2010 la Nación prevé recaudar por este impuesto neto de reintegros $97.409,90 millones. El actual esquema de coparticipación establece, como muestra el Cuadro A6.16, una coparticipación del 54,66% a las provincias con respecto a la coparticipación neta.
Ahora bien si se elimina la deducción del 11%, las provincias recibirían mayores recursos tal como lo muestra el Cuadro A6.17.
Esta modificación en el Impuesto al Valor Agregado representaría $4.978,34 millones más de recursos para el conjunto total de las provincias. Para el caso particular de la región centro los montos serían los presentados en el Cuadro A6.18.
3-Eliminar la deducción del 20% en la recaudación de Ganancias para hacer frente a défcit que se generaba por las AFJP (esta disposición se estableció en 1994). Este ajuste representarían $9.936 millones más para el conjunto de las provincia argentinas.
Para concluir se expresa que con estas modificaciones la Región Centro en su conjunto recibiría $3.312 millones adicionales, que sin dudas darían un alivio a la agobiante situación de sus arcas. El desafío es comprometer a nuestros legisladores para que defiendan en el Congreso de la Nación los legítimos intereses de nuestras provincias, que por otra parte por la actividad económica que desarrollan aportan una cantidad importante de recursos, principalmente vía retenciones a las exportaciones.
La incidencia de esta propuesta en los recursos que administra el Estado Nacional representa $14.726 millones, tal como se puede observar en el Cuadro A6.21.
De acuerdo al proyecto de presupuesto 2010, el total de recursos tributarios alcanzarían los $264.688 millones (neto de contribuciones a la seguridad social), de éstos las provincias recibirían, vía coparticipación y otras transferencias automáticas, $82.938 millones, lo que representa el 31% de los recursos tributarios presupuestados.
En función de lo expresado precedentemente el Estado Nacional dispondría de $181.749 millones para afrontar el gasto público. La presente propuesta representa un 8% de estos recursos, es decir $14.727 millones más que las provincias dispondrían para hacer frente a una creciente demanda de servicios públicos, que en algunos estados provinciales han generado déficit en sus presupuestos.
