Balance de la
Economía Argentina
SEGURIDAD PÚBLICA
4.3. SEGURIDAD PUBLICA
La realidad indica que en los últimos años se produjo un dramático aumento de la delincuencia en toda Latinoamérica.Argentina no ha permanecido ajena a dicha realidad, por el contrario, en la última década se registró un crecimiento sostenido de los índices de criminalidad. Este aumento en la actividad delictiva acompañado por un deterioro en la distribución de la riqueza, un incremento en los índices de desempleo y pobreza, y la falta de un desempeño eficiente del sistema judicial y policial, pone a Argentina en una situación de alto riesgo que requiere de acciones inmediatas y del compromiso de toda la sociedad.
4.3.1. Tasa de Delincuencia
Una de las formas de medir el problema de la actividad delictiva es a través de un indicador que relacione los delitos con la cantidad de habitantes en un momento dado del tiempo. A tal fin, se construye la tasa general de delincuencia.
Este indicador se calcula como la cantidad de delitos totales cometidos en un año y región determinada, en relación a la cantidad de habitantes de esa jurisdicción.
El gráfico 4.36 muestra la evolución de este indicador en Argentina y en las provincias de la Región Centro. En todos los casos se puede observar un comportamiento similar en los últimos veinte años. La delincuencia aumentó durante toda la década del ´80, alcanzando su pico en el año 1989; a partir de allí cayó hasta 1992, para luego aumentar nuevamente. A mediados de la década del ´90 comenzó a superar los niveles históricos, llegando en el año 2001 a registrar una tasa de 318,2 delitos cada 10.000 habitantes para el total del país.
Dentro de la Región, la provincia de Córdoba es la que presentó los niveles más altos de delincuencia durante las dos décadas consideradas, ubicándose la provincia de Entre Ríos en el otro extremo.
Cabe aclarar que esta tasa presenta algunas limitaciones que es necesario considerar, derivadas principalmente del cálculo de los delitos totales.
Por un lado, se debe tener en cuenta que se consideran los hechos "presuntamente delictuosos registrados"; es decir, se trabaja con información brindada por la fuerza de seguridad al momento de conocer los hechos y previo a su investigación. Nada impide que un hecho considerado "a priori" como delictivo, posteriormente pueda ser negado como tal en el marco de un proceso legal.
Por otro lado, se debe tener presente que dicha información llega a la fuerza de seguridad a través de la actividad de prevención desarrollada por las mismas, como también a través de denuncias particulares. Por ello, las variaciones que presenten los datos pueden deberse a cambios en la modalidad de registro o a la mayor o menor tendencia de la población a denunciar un delito. En este sentido, puede existir una subestimación de la cifra total, dada la cantidad de hechos delictivos no denunciados por los particulares (ver recuadro).
De todas maneras, este indicador es muy utilizado para analizar la distribución territorial de la criminalidad, ya que nos permite tener una medida del riesgo de victimización existente en cada provincia.
CIFRA NEGRA
Un avance realizado en los últimos años para suplir las falencias del indicador de tasa de delincuencia está representado por los estudios de victimización. Los mismos consisten en encuestas que fueron realizadas en el año 2000 para las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Gran Buenos Aires. A través de las mismas, se llegó a comprobar que tan sólo el 28% de las personas que sufrieron algún delito realizaron la denuncia, mientras que en 1999 dicha cifra había alcanzado el 34%. Esto demuestra que existe un alto porcentaje de la actividad delictiva que permanece oculta, conocida como "cifra negra".
Esta caída en el porcentaje de denuncias puede deberse a una menor confianza de la población en la eficacia de la policía y el sistema judicial. A su vez, el nivel de denuncia varía notablemente de acuerdo al tipo de crimen. El delito denominado robo con violencia junto con el robo de vehículos son los delitos que más se declaran. Por otro lado, en base a estas encuestas, es posible conocer algunas características tanto de las personas que denuncian como de las que no lo hacen (comportamientos según sexo, nivel de estudios, nivel económico, etc). Esta información podría ser muy interesante para la formulación de políticas de seguridad. Lamentablemente estas encuestas no se realizaron en el último año.Para un análisis más detallado de la situación regional, en el mapa 4.2 se expone la delincuencia por departamento. En él se puede observar la gran variabilidad existente dentro de la región.
Los departamentos con mayor actividad delictiva se concentran en la provincia de Córdoba (como Punilla y Córdoba Capital) y, en segundo lugar, en la provincia de Santa Fe (en mayor medida en Santa Fe Capital).
Por otra parte, en Entre Ríos se encuentran los departamentos con menor tasa de delincuencia (como La paz, Tala y Colón).
Resulta de suma importancia analizar el crecimiento anual promedio de la delincuencia. Esto permite obtener una idea de la dinámica de este fenómeno y de las zonas geográficas con una mayor expansión en este sentido.
Si se considera este indicador para el periodo 1992-20011, se observa que las tres provincias registran tasas de crecimiento inferiores al promedio nacional, siendo Córdoba la de mayor ritmo de aumento (ver gráfico 4.37). De esta manera, a nivel regional, Córdoba se convierte en la provincia con mayor tasa de delincuencia y mayor tasa de crecimiento en la misma.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra muy por encima tanto de las provincias de la Región Centro como del total del país. Sin embargo, no se debe olvidar la importante limitación que presenta este indicador para esta jurisdicción, debido al alto porcentaje de población transitoria que no es considerada en dichas mediciones
1Se considera a partir de 1992 ya que fue el año en que se logró el menor nivel de tasa de delincuencia.
4.3.2. Características de los distintos tipos de delitos2
4.3.2.1. Argentina
Continuando con la tendencia registrada durante toda la década del '90, en el año 2001 la mayor parte de los hechos presuntamente delictuosos correspondieron a los delitos contra la propiedad, ubicándose en un segundo lugar los delitos contra las personas (ver gráfico 4.38).
En el caso de los delitos contra las personas, las lesiones dolosas se ubicaron en primer lugar con un 55% seguidas por las lesiones culposas con un 32%, y por último, los homicidios culposos y dolosos con una frecuencia aproximada al 1,8% cada uno.
2 La DNPC dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina considera 10 tipos de delito, a saber: contra las personas (dolosos y culposos), contra la honestidad y el honor, contra la propiedad, contra el Estado y la comunidad, contra la libertad, contra el estado civil, estupefacientes (ley 23737), delitos previstos por leyes especiales, figuras contravenciones y suicidios.
4.3.2.2. Región Centro
En el cuadro 4.9 se exponen los delitos registrados durante el 2001 en las provincias de la Región. En lo referente a la tasa de delitos contra la propiedad, Córdoba se ubica entre las cinco provincias con mayor registro.
Con respecto a los delitos contra las personas, tanto Córdoba como Santa Fe superan la tasa para el total del país, ubicándose Entre Ríos por debajo del promedio nacional.
Dentro de esta categoría de delito, el homicidio doloso es uno de los que revisten mayor relevancia social, tanto por su gravedad e irreversibilidad como porque funciona a modo de indicador del grado de violencia social existente. Cabe mencionar que en la Región Centro, Entre Ríos registra la tasa más alta de homicidios dolosos, superando la tasa para el total del país. En segundo lugar, se encuentra Santa Fe y por último Córdoba.
4.3.3. Características de los Victimarios
Para comprender y analizar en un sentido más amplio el fenómeno de la criminalidad es necesario considerar otros indicadores, como aquellos que hacen a las características de los delincuentes. En Argentina, los registros de personas inculpadas en proceso judicial3 son los únicos datos disponibles para caracterizar a las personas que cometen delitos. Para tener una idea de la limitación de esta información basta considerar que en el año 2001 el total de sentencias en relación al total de hechos delictuosos alcanzó sólo el 1,95%. A pesar de ello, estos datos permiten extraer algunas conclusiones preliminares.
4.3.3.1. Delincuencia Juvenil
La delincuencia juvenil e infantil presenta un claro problema social ya que caracteriza una sociedad con poca valoración por la vida y, consecuentemente, con un futuro muy complejo.
La proporción de inculpados menores de 21 años para todo el país creció entre 1991 y 1997 a una tasa promedio anual de 2,1%, alcanzando en el año 1997 su punto máximo con un 26,6%4.
En este período, el segmento que incluye a los mayores de 16 años pero menores de 18 es el que más creció, seguido por los que oscilan entre los 18 y 21 años (Cerro y Meloni, 1999).
Estas cifras se tornan más preocupantes aún si consideramos que entre 1998 y el año 2000 aproximadamente el 48% de las sentencias fueron para personas de entre 18 y 26 años. Esta situación nos presenta un futuro complejo donde se torna cada vez más difícil recuperar a aquellos jóvenes inmersos en la criminalidad, que han perdido la noción de valores sociales y comunitarios básicos.
A esta situación preocupante habría que sumarle la falta de una estructura adecuada para contener y asistir a los delincuentes juveniles. Un claro ejemplo de este colapso del sistema está dado por la provincia de Buenos Aires, donde la cantidad de menores ingresados en institutos de menores provinciales creció un 142% en apenas 4 años (1997-2001)5. Ante este importante incremento de la delincuencia juvenil, fue superada la capacidad del sistema provincial de asistencia6.
En Córdoba, según un informe del Ministerio de Asuntos Institucionales7, el porcentaje de menores detenidos y derivados al área correccional por homicidios sufrió un abrupto aumento en las últimas dos décadas. En 1985 dicho porcentaje sólo alcanzaba el 0,64%, mientras que en el primer semestre de 1996 llegó al 28%. Entre estos años se produjo también un incremento en el porcentaje de menores internados por imputación de robo calificado.
Otra manera de aproximarse al perfil de edad de los delincuentes es a través del análisis de la población carcelaria por grupo de edades (ver cuadro 4.10). En este sentido, en el año 2000 el porcentaje de jóvenes menores de 21 años detenidos en penitenciarias, comisarías, hospitales, cárceles y unidades de fuerza regionales alcanzó el 11% para todo el país.
Tanto en Córdoba como en Santa Fe el porcentaje de menores detenidos es mayor que en el promedio nacional. Por el contrario, Buenos Aires, Entre Ríos y el Servicio Penitenciario Federal poseen un porcentaje de menores detenidos inferior al porcentaje nacional.
3 Datos proporcionados por el Registro Nacional de Reincidencias en base a información resultante de las sentencias dictadas en cada año. Delitos inculpados se refiere proporción del total de delitos cuyo posible culpable se ha identificado.
7 La Voz del Interior, 14/04/97.
Según datos de Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba, en Julio del año 2002 el porcentaje de menores entre 18 y 21 años alojados en penitenciarias provinciales ascendió al 13%.
4.3.3.2. Delincuencia según género
Si se observan los datos sobre el sexo de los delincuentes para los últimos 10 años se puede decir que la participación de los hombres en actos delictivos se mantuvo casi invariable en el 92%8.
En el caso de la población carcelaria se repite la misma relación. En el año 2000, los internos de sexo masculino mayores de 18 años fueron cerca del 94% del total, mientras que las mujeres alcanzaron el 6%9.
Por otra parte, si se analiza las variaciones en el tiempo de la cantidad de inculpados por cada 10.000 habitantes según sexo, la tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 1991-1997 de los hombres fue del 7,2%, mientras que la de las mujeres fue de 5,5%10. Es decir que los indicadores analizados parecerían mostrar que el delito es una actividad predominantemente masculina.
No obstante, Cerro y Meloni (1999) realizan un estudio muy interesante donde analizan la participación de las mujeres en actividades delictivas por tramo de edad y encuentran que la tasa de crecimiento promedio anual de las mujeres menores de 21 años es superior por una décima a la de los hombres de la misma edad. Concluyen entonces, que en las actividades ilegales sucede lo mismo que en el mercado laboral tradicional (legal): la mujer se retira durante unos años del mercado para dedicarse a la maternidad.
4.3.3.3. Nivel de instrucción de los delincuente
Otra variable importante para caracterizar a la población de delincuentes es su nivel de instrucción. Como se puede ver en el gráfico 4.40, para todo el país entre 1996 y 1999 el porcentaje de inculpados con bajo nivel de instrucción superó el 91% en todos los años, correspondiendo al nivel secundario y universitario el restante 9%.
El bajo nivel de instrucción también se refleja en los datos sobre profesiones. Los mismos muestran que en la mayoría de los casos las condenas recaen sobre individuos con profesiones que requieren poca calificación, tales como jornaleros, albañiles, empleados del servicio doméstico, vendedores ambulantes y fundamentalmente sin profesión.
8 Registro Nacional de Reincidencias en base al registro de personas inculpadas en procesos judiciales.
9 CELS en base a un informe de la Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación.
10 Cerro y Meloni, 1999.
Sin embargo, en los años 2000 y 2001 se produjo un cambio en dichos porcentajes. Se incrementaron en gran medida aquellos internos de los cuales se desconoce su nivel educativo, lo que dificulta la lectura del comportamiento de los otros grupos. Por ejemplo, si bien disminuyó el porcentaje de personas analfabetas y con nivel primario, no se puede calcular qué porcentaje de los cuales se desconoce su nivel de instrucción pertenece a estos grupos y, por lo tanto, no se pueden obtener mayores conclusiones. Independientemente de la instrucción académica o escolar, es irrefutable la importancia del contexto familiar. Se podría afirmar que en su mayoría los individuos peligrosos provienen de hogares irregulares de escaso nivel educativo y de barrios carenciados.
4.3.4. Eficiencia del Sistema
Para evaluar la eficiencia del sistema se deben analizar sus dos componentes fundamentales: el sistema policial y la justicia penal.
4.3.4.1. Sistema Policial
Para evaluar el funcionamiento del sistema policial se puede utilizar el porcentaje de delitos con sujeto conocido11 y la probabilidad de arresto12. Para el primer indicador, durante toda la década del '90, se presenta a nivel nacional una relación casi constante donde sólo el 40% de los delitos son con sujeto conocido.
Respecto a la probabilidad de arresto, el análisis sólo es posible hasta el año 1997 por falta de datos oficiales. En el periodo 1990-1997 la probabilidad de arresto a nivel nacional no mostró variaciones significativas, siendo la misma del 40% en el último año (Cerro y Meloni, 1999).
4.3.4.2. Sistema Judicial
Por otra parte, para evaluar la eficiencia del sistema judicial se puede utilizar la duración del proceso y la proporción de sentencias por hecho delictuoso registrado por la policía y las fuerzas de seguridad.
Con respecto al primer indicador, el gráfico 4.41 muestra que a nivel nacional, entre los años 1996 y 2000 aumentaron aproximadamente un 43% aquellos procesos con una duración de 6 meses a 1 año, mientras que disminuyeron los procesos con una duración superior a tres años.
Se advierte entonces una mejora en la duración de los procesos en este periodo, donde aproximadamente el 40% de los procesos dura menos de un año. Sin embargo, la situación dista de ser satisfactoria ya que la duración media continúa siendo alta. Esto influye significativamente en el costo del proceso judicial, el costo de prisión de los procesados no condenados y el perjuicio para el procesado que de ser encontrado inocente no podrá evitar las consecuencias negativas de la prolongada encarcelación.
Al considerar el 2001, surge el inconveniente de que se detecta un alto porcentaje de casos para los cuales se ignora su duración, lo que dificulta el análisis de los restantes grupos.
11 Porcentaje de delitos para los cuales se pudo identificar al victimario.
Por otra parte, para evaluar la eficiencia del sistema judicial se puede utilizar la duración del proceso y la proporción de sentencias por hecho delictuoso registrado por la policía y las fuerzas de seguridad. Con respecto al primer indicador, el gráfico 4.41 muestra que a nivel nacional, entre los años 1996 y 2000 aumentaron aproximadamente un 43% aquellos procesos con una duración de 6 meses a 1 año, mientras que disminuyeron los procesos con una duración superior a tres años. Se advierte entonces una mejora en la duración de los procesos en este periodo, donde aproximadamente el 40% de los procesos dura menos de un año. Sin embargo, la situación dista de ser satisfactoria ya que la duración media continúa siendo alta. Esto influye significativamente en el costo del proceso judicial, el costo de prisión de los procesados no condenados y el perjuicio para el procesado que de ser encontrado inocente no podrá evitar las consecuencias negativas de la prolongada encarcelación. Al considerar el 2001, surge el inconveniente de que se detecta un alto porcentaje de casos para los cuales se ignora su duración, lo que dificulta el análisis de los restantes grupos.
En segundo lugar, la relación entre las sentencias condenatorias y los delitos cometidos, brinda una medida de la probabilidad de condena y de la interacción entre el sistema policial y la justicia penal.
En el gráfico 4.42 se observa dicho indicador para el promedio del país y para las provincias de la Región Centro para la década de los '90.
Para todo el país esta relación presentó una tendencia decreciente. En 1991, el 4% de los delitos era condenado mientras que en 1999 sólo el 1%. Esta tendencia pareciera revertirse a partir del año 2000.
En Córdoba la cantidad de sentencias dictadas en relación a la cantidad de delitos cometidos fue menor que el promedio nacional, y presenta también una tendencia a crecer en los últimos dos años. En Entre Ríos este cociente fue mayor al promedio nacional hasta el año 1996. En el caso de la provincia de Santa Fe, es la única de la región que presenta en los 10 años un mayor porcentaje de sentencias.
A pesar del cambio en la tendencia en los últimos dos años, estas cifras parecerían indicar la necesidad de una mejora en la eficiencia tanto del sistema judicial como del sistema policial, y de una mayor coordinación de ambos.
En general, los indicadores de una creciente lentitud en la resolución de los procesos penales, sumado al incremento en los niveles de desempleo y pobreza, plantean una situación en la cual el costo de oportunidad de cometer delitos es muy bajo.
En este contexto, surgen ideas como la pena de muerte, reflejo de la acuciante necesidad de respuesta y la falta de confianza y credibilidad en el actual sistema judicial, policial y carcelario. Afortunadamente, existen ejemplos a nivel mundial como Canadá que muestran cómo mejorar el funcionamiento del sistema y bajar los niveles de delincuencia a través de la prevención, en lugar de recurrir a una "política de mano dura". Con este fin, Quebec puso en práctica un sistema penal de menores por medio del cual se considera cada caso en particular. La particularidad de esta normativa es que fija la edad de imputabilidad a los 12 años, porque es el modo de comenzar a prevenir pequeñas faltas que, si no son encaminadas a tiempo, pueden derivar en delitos más graves. Por eso, los jueces cuentan con mecanismos alternativos sustitutivos de la pena, desde la realización de tareas comunitarias para resarcir el daño causado a la víctima hasta trabajos sociales en beneficio del Estado o de la comunidad en la que vive el adolescente, y, sólo como última instancia, el encierro. El punto clave del esquema es que va acompañado de un sistema de contención para los menores en conflicto con la ley, los cuales no son separados de su comunidad sino que, por el contrario, se busca reinsertarlos, contenerlos y formarlos en ella13.
4.3.4.3. Sistema Carcelario
La rehabilitación es una de las funciones del sistema carcelario, utilizando la educación para persuadir a los convictos para que no vuelvan a delinquir. La tasa de reincidencia es un indicador del eficaz desempeño de esta función, ya que mide el porcentaje de convictos que habiendo cumplido total o parcialmente una pena privativa de la libertad, cometen un nuevo delito punible con prisión. El Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal de Argentina distingue tres tipos: 1) genérica, cuando el delito pertenece a cualquiera de los campos de la delincuencia, 2) específica, cuando los delitos pertenecen a un mismo campo pero son distintos entre sí, y por último, 3) especificidad delictual: cuando el delito es el mismo en todos los casos.
A nivel nacional la tasa de reincidencia se mantuvo durante todo el periodo 1996-2001 entre el 22% y el 24%. En lo que respecta a la situación regional, Córdoba es una de las provincias con mayor valor en este indicador. En el año 1996 alcanzó una tasa del 40%, mientras que la tasa a nivel nacional era del 24%. En este mismo sentido, datos suministrados por el Servicio Penitenciario Provincial muestran que para el año 1999 el 37% de la población carcelaria registró haber estado en algún establecimiento penitenciario con anterioridad.
Según Lucas Navarro14, una tasa de reincidencia aproximada al 25% sugiere un deterioro generalizado en la capacidad de rehabilitación del sistema penal, donde el beneficio social de rehabilitar a los condenados se ve drásticamente reducido.
Sistema Penitenciario en la Provincia de Córdoba
