Balance de la
Economía Argentina
SEGURIDAD PÚBLICA
11.5. SEGURIDAD PUBLICA
Luego de la problemática laboral, la cuestión de la seguridad constituye quizás, una de las principales preocupaciones de la sociedad argentina. El incremento en las estadísticas delictivas se siente en la vida cotidiana, modificando los hábitos y la forma de vida de millones de personas.
Entre las posibles causas de este flagelo se señalan, por un lado aquellas relacionadas con la impunidad y la falta de confianza en los organismos encargados del control; y por el otro, como se mencionó en capítulos anteriores, el incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso, las escasas posibilidades laborales y la marginación.
11.5.1. CONTEXTO INTERNACIONAL
Resulta interesante comenzar con la comparación de algunos indicadores delictivos entre países desarrollados y países en desarrollo. En el cuadro 11.25 se presentan los porcentajes de personas victimizadas según tipo de delito para algunos países seleccionados. Si bien los datos corresponden a encuestas de distintos años y en el caso de los países de Latinoamérica sólo a las principales ciudades, permiten realizar una primera aproximación al problema de la violencia delincuencial.
En general, se observa que todos los países de América Latina tienen una tasa de delincuencia mayor que los países desarrollados. Asimismo, se destacan las cifras para Argentina, en donde el porcentaje de personas víctimas de algún delito y de delitos contra la propiedad, y el porcentaje de personas a quienes un funcionario de gobierno les ha solicitado o de quienes se ha esperado un soborno, son las mayores en relación a los países considerados.
Otro indicador muy utilizado para realizar comparaciones internacionales es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. La misma se considera como una aproximación a la probabilidad de morir asesinado en alguna región determinada. En el gráfico 11.43 se advierte que a comienzos de los '90 la tasa de homicidios en Argentina era relativamente baja en comparación con otros países de América Latina (e incluso que Estados Unidos). Sin embargo, creció un 23% con respecto a principios de los '80. Con respecto a los otros países considerados, se destaca el incremento de la violencia criminal en Colombia y Perú. El primer país mantenía a principios de los '90 la tasa de homicidios más alta (89,5 c/100.000 hab.)1, mientras que Perú fue el país en el que más creció este indicador durante el período considerado (380%).
En una publicación reciente de la CEPAL2 se señala que en las dos últimas décadas en América Latina se evidenció un proceso paralelo de disminución de la violencia política y de aumento de la violencia delincuencial.
En el mismo se señala que, cuando se considera información sobre victimización, se confirma que América del Sur ocupa el segundo lugar entre las regiones con mayor porcentaje de población víctima de un crimen (68%).
Por otro lado, la información sobre las características particulares de los hechos delictivos, como características de las personas afectadas (edad, sexo, nivel socioeconómico), lugar de residencia, tipos de delitos más comunes, etc. resultan de fundamental importancia para la definición de políticas de control y prevención del delito. En este sentido, el informe de CEPAL comenta un estudio (Gaviria y Pages 1999) en el que se confirma la hipótesis de que el mayor porcentaje de víctimas pertenece al quintil de más bajos ingresos. Asimismo, se detecta que los actos violentos ocurren con mayor frecuencia en las ciudades grandes.
Esta difícil situación que atraviesan los países latinoamericanos ha derivado en nefastas consecuencias tanto económicas como morales. Cuando se piensa en políticas de control y prevención de la delincuencia, el correcto y eficiente accionar del Estado juega un rol fundamental. En este sentido, desde organismos internacionales se recomiendan diversas medidas de acción, enfatizando los múltiples beneficios que esto tendría sobre el bienestar de los habitantes y su contribución a los derechos humanos, así como el impacto positivo en la reducción de la pobreza y la desigualdad 3.
11.5.2. LA CRIMINALIDAD EN ARGENTINA Y EN LA REGION CENTRO
Un indicador con el que se realizan aproximaciones al estudio de la criminalidad en nuestro país es la tasa de delincuencia cada 10.000 habitantes. Bajo esta definición se agrupan delitos de distinto tipo, independientemente de las características que tengan. Este indicador es elaborado por el Sistema Nacional de Información Criminal y se basa en la información registrada por la policía y demás fuerzas de seguridad sobre realización presunta de hechos delictuosos, provenientes de tareas de prevención y de denuncias de los particulares4. Es importante destacar que este indicador señala los delitos denunciados y no los efectivamente cometidos. En general, según sea el tipo de delito, mayor o menor será el porcentaje de denuncia. Los motivos que pueden llevar a que un individuo no denuncie un delito son varios, entre estos la negación a exponer a la víctima (como en el caso de abusos sexuales), porque no son considerados muy graves, por la pérdida de tiempo que implica, por el descreimiento en la justicia o en la policía, etc.
1 Sólo superada por Guatemala y El Salvador, con una tasa de homicidios del 150 por 100.000 habitantes.
2 Lucía Dammert (2000) Violencia criminal y seguridad pública en América Latina: la situación en Argentina.
3 Buvinic, M. Morrison A. Y Shifter M. (1998) La Violencia en América Latina y el Caribe: un marco de referencia para la acción, Banco Interamericano de Desarrollo.
En el gráfico 11.44 se advierte el marcado incremento de este indicador para todas las provincias consideradas, especialmente a partir de 1992. La ciudad de Buenos Aires presenta el mayor crecimiento de la tasa de delincuencia entre 1992-2000 (537%), seguida por la ciudad de Córdoba con un aumento del 87%. Por otro lado, la tasa de delincuencia de Entre Ríos se ubica por debajo de la media nacional (209,1), mientras que en Santa Fe es levemente inferior (287,7).
11.5.2.1. TIPO DE DELITO
Los tipos y características de los delitos constituyen un aspecto importante en la formulación de políticas preventivas. La dirección Nacional de Política Criminal distingue 8 grandes categorías de delitos, los cuales se presentan en el cuadro 11.26.
En el mismo se observa que la mayoría corresponden a delitos contra la propiedad y contra las personas, representando ambos el 85% del total de hechos denunciados. En valores absolutos, la jurisdicción que concentró la mayor cantidad de registros de hechos presuntamente delictuosos en el 2000 fue la provincia de Buenos Aires, luego la ciudad de Buenos Aires y, en tercer lugar, Córdoba, la cual registró el 10% del total de ilícitos cometidos en todo el país.
Sin embargo, si se evalúan estos resultados considerando la población total de cada provincia, es decir si se considera la cantidad de delitos por habitante, Córdoba pasa a ocupar el sexto lugar5.
Como se mencionó, la mayor proporción de delitos corresponde a los delitos contra la propiedad. Estos representaron el 67% de los ilícitos cometidos en todo el país durante el año 2000. Asimismo, dentro de este grupo los robos (incluyendo tentativas) representaron el 48 % (ver gráfico 11.45).
Los delitos contra las personas fueron el segundo grupo de hechos presuntamente delictuosos más importante cuantitativamente, representando el 18% del total. Dentro de esta categoría, las lesiones dolosas son el grupo con más denuncias presentadas (ver gráfico 11.46).
5 En relación a los hechos delictuosos cada 100.000 habitantes para el año 2000, las provincias con mayores índices son Ciudad de Buenos Aires (6.551), Mendoza (5.702), Neuquén (4.603), La Pampa (4.232), Chaco (3.971) y Córdoba (3.761).
11.5.2.2. HECHOS DELICTUOSOS Y SENTENCIAS CONDENATORIAS
La comparación entre hechos delictuosos y sentencias condenatorias permite analizar lo acontecido en los segmentos extremos del sistema judicial penal. La policía es el primer paso, la boca de entrada al sistema y, por otro lado, las sentencias son el último eslabón del proceso penal. A esta instancia llega sólo una mínima parte de las causas iniciadas, y se debe tener en cuenta que la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria.
Al comparar delitos y sentencias, resulta sumamente importante considerar algunas aclaraciones que realiza el Sistema Nacional de Información Criminal:
Las estadísticas de sentencias condenatorias hacen referencia al número de condenados. La mayor parte de las sentencias condenatorias que se dictan en sede penal durante un año no se refieren a los hechos presuntamente delictivos que son oficializados por las instituciones policiales y fuerzas de seguridad en ese mismo año.
Muchas veces ingresan casos a la justicia penal, pero no a través de la institución policial y las fuerzas de seguridad sino a través de denuncias directas ante las fiscalías, los juzgados y las cámaras.
Existen varios mecanismos de desviación de los hechos presuntamente delictuosos registrados por las instituciones policiales y las fuerzas de seguridad del cauce del proceso penal: que la institución policial o que el ministerio compruebe que no se trata de un hecho delictuoso, que el imputado del hecho sea inimputable, etc.
En el cuadro 11.27 se advierte que las sentencias representaron solamente el 1,63% del total de los hechos delictivos cometidos en el año 2000 en todo el país. Esta situación puede ser considerada un indicador negativo del sistema de eficiencia penal, ya que estaría indicando una baja probabilidad de condena. Sin embargo, en este punto resultaría muy útil considerar la probabilidad de sentencia por tipo de delito, ya que ésta puede influir en la intención de cometer un delito.
En el gráfico 11.47 se muestra la probabilidad de sentencias6 por provincia durante el período 1990-1997. Si bien este indicador disminuyó para el promedio nacional, en las distintas provincias el comportamiento de la probabilidad de condena no fue uniforme. Así, provincias que solían tener altas probabilidades de sentencia (como la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos) disminuyeron abruptamente en los últimos años. Otras (como Córdoba y Santa Fe) la han mantenido constante o incrementado levemente; aunque manteniéndose en niveles muy bajos de probabilidad de sentencia. Otro indicador de la eficiencia del sistema judicial es la duración del proceso. Con respecto a este indicador, el gráfico 11.48 revela un incremento de los procesos que tienen una duración de entre 6 meses y 1 año, y una disminución de los procesos más largos que implican más de tres años. De todos modos, estos siguen representando un porcentaje muy alto (mas del 16%). La prolongada duración de los procesos trae aparejadas distintas consecuencias negativas, como el aumento en el costo judicial, el costo de prisión para los procesados no condenados (que se incrementa si la persona resulta ser inocente)7.
Por otro lado, la identificación de algunos parámetros de la identidad de los delincuentes son otros indicadores que se pueden utilizar para orientar las políticas de control y prevención de los delitos.
A modo de ejemplo, cuando se considera el nivel de educación de las personas condenadas en el año 2000 se advierte que el 50% sólo alcanzó el nivel primario y un 10% el nivel secundario. Cabe aclarar que de los restantes, un alto porcentaje (36%) se ignora su nivel de instrucción.
Otra de las características a considerar puede ser la edad de los sentenciados. En este sentido, se destaca que el 26% de los condenados en el año 2000 eran menores de 21 años, lo que señala una considerable participación juvenil en actividades delictivas, la cual ha ido en aumento en los últimos años. También creció la participación masculina en hechos delictivos, representando en el 2000 el 92,7% de los condenados.
6 La probabilidad de sentencia es la proporción de sentencias con relación al total de individuos arrestados por un delito.
7 Lucia Dammert (1998).
Otro dato de interés es el número de sentencias condenatorias reincidentes8. Estas corresponden a los casos de los delincuentes que, habiendo cumplido total o parcialmente una pena privativa de la libertad, cometen un delito punible con esa misma clase de pena. A su vez, la proporción entre el número total de reincidentes y el número total de condenados representa la tasa de reincidencia, la cual puede ser interpretada como un indicador del poder de corrección del sistema penal9. Este indicador alcanzó para el año 2000 aproximadamente el 23% para todo el país. En el caso de Córdoba se estima que el porcentaje de internos que registran haber estado alojados en un establecimiento penitenciario con anterioridad alcanzó en 1999 el 37,3% de los presos10.
11.5.2.3. ACTIVIDAD DELICTIVA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION CENTRO
Un indicador disponible para los departamentos de la región, es la tasa de delincuencia cada 10.000 habitantes (mapa 11.3). Este indicador presenta una amplia variabilidad en la Región. Así, existen departamentos con niveles muy bajos de delincuencia por habitante como La Paz (91) y Tala (88,3) en Entre Ríos, Belgrano en Santa Fe, y Río Segundo (145,4) y Marcos Juárez (150,3) en Córdoba.
Los departamentos con valores más altos de este indicador son Punilla (650,7) y Capital (517,3) en la provincia de Córdoba y La Capital (560,2) en Santa Fe.
8 El Registro Nacional de Reincidencias distingue tres tipos: 1) genérica: cuando el delito pertenece a cualquiera de los campos de la delincuencia; 2) específica: cuando los delitos pertenecen a un mismo campo pero son distintos entre sí y 3) especificidad delictual: cuando el delito es el mismo en todos los casos.
9 Navarro Lucas (1997) En Argentina: ¿el crimen paga?
10 Estimaciones de la Gerencia de Estadísticas y Censos en base a datos del servicio penitenciario de la provincia.
RECUADRO 11.5: ESTUDIO DE VICTIMIZACION
Con el objeto de completar los datos correspondientes a hechos delictivos registrados y considerar los casos que no son denunciados a organismos de seguridad, el Ministerio de Justicia lleva a cabo encuestas de victimización en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ciudad de Mendoza y Gran Mendoza.
En la misma se pregunta a los entrevistados si fueron víctimas de algún delito en el último año y si lo han denunciado. Esto permite constatar un fenómeno denominado como "cifra negra", es decir los delitos que no son registrados en el sistema formal de justicia por falta de denuncia.
De todas maneras, es importante destacar que sigue existiendo algún subregistro, por la particularidad de algunos tipos delictivos como ofensas sexuales y corrupción, y porque hay figuras delictivas que no son abarcadas por la encuesta, como robos a comercios, delitos contra la administración pública, y otros.
El porcentaje de población victimizada varía según la ciudad. En Mendoza el 51,6% de la población fue víctima de algún hecho delictivo durante el año 2000, el 46,1% en Rosario y el 37,5% en Córdoba.
Esta encuesta provee una amplia diversidad de información muy valiosa para el análisis de las particularidades de la actividad delictiva en cada ciudad.
Los resultados promedios para todas las ciudades consideradas en la encuesta confirman la sospecha de la subdeclaración de los delitos, ya que sólo el 28,2% de las personas que sufrieron algún delito durante el año 2000 hicieron la denuncia a la policía o a algún organismo judicial. Dicha información varía según sea el tipo de delito.
Los resultados destacan también que no existen marcadas diferencias de genero, edad y nivel económico social en lo referente a las características de las personas que denuncian el delito. En general puede decirse que, en el caso de lesiones, las mujeres tienen mayor índice de denuncia. En el caso de robos con violencia los que más denuncian son las personas de 30 a 49 años. En relación a los sectores socioeconómicos, los resultados indican que los más altos tienen un elevado nivel de denuncia de robos con violencia y de robos o hurtos a la vivienda, mientras que los de nivel socioeconómico más bajo tienen mayor participación en la denuncia de lesiones.
